Lula desafió al Juez Moro a un debate público y aseguró que va a probar su inocencia, por lo que va a salir fortalecido de las acusaciones que se le hacen. En medio de una fuerte tensión, el expresidente de Brasil, Inacio Lula Da Silva, brindó un discurso durante la misa en honor a su fallecida esposa, quien hoy cumpliría años. Ayer a las 17 se venció el plazo para que el exmandatario se entregara a la Justicia, pero las fuerzas de seguridad decidieron no apresarlo para evitar incidentes con la enorme multitud que fue a acompañarlo en el sindicato metalúrgico de San Pablo. Desde un escenario montado ante miles de personas, Lula desafió al juez Sergio Moro «y a los jueces del TRF4 a un debate en una Universidad. Que muestren las pruebas y digan qué crimen cometí» y agregó que «si el crimen que cometí era traer comida y educación a los pobres, quiero seguir siendo un criminal en este país». Da Silva apuntó directamente al Poder Judicial de Brasil, cuyos jueces describió como «mentirosos» y no les concedió su perdón. «No puedo perdonarlos, mintiendo, habíendole dado a la sociedad la idea de que soy un ladrón. Sin pruebas, sólo con convicción. Creo en la Justicia y no estoy por encima de la ley, pero creo en la verdadera Justicia, basada en los registros del proceso. No puedo admitir mentiras y un PowerPoint como justicia. Un juez, a diferencia de nosotros, necesita tener una cabeza fría, responsabilidad cuando se trata de juicio». Por eso, les exigió «que demuestren cualquier crimen que he cometido» y sostuvo que el sueño de esos poderes es que él no sea candidato, y la otra aspiración que tienen «es una foto de mi prisión». «Ellos lo quieren y yo voy a tomar su orden. Pero quiero hacer una transferencia de responsabilidad: ellos piensan que su problema es sólo Lula. Van a descubrir que el problema son todos ustedes. Mis ideas ya están flotando en el aire y no tienen manera de arrestarlos». Lula aseguró que va «a probar mi inocencia. Haz lo que quieras, el poderoso puede matar una, dos o cien rosas, pero nunca puede parar la llegada de la primavera», aseguró en relación a su vínculo con el pueblo de Brasil. Además, adelantó que irá ante la Policía «a decirle que estoy disponible. La historia probará que, quien quiera que cometió el crimen, fue la Policía, el juez que me acusó a mi y al diputado». En el cierre, Lula aseguró que va a salir de esta situación «más grande, más fuerte, más veraz e inocente porque voy a probar mi inocencia».
POÉTICAS TRABAJADORAS
Llega la segunda entrega de nuestra columna literaria de cada semana. Los y las dejamos para que disfruten. Por: Beatriz Zuru – Columnista ESTHER, señora de Boutique Esther no se llama Esther. Como no podemos exponerla le sublimo el rostro retóricamente, ojalá se note y no tanto. Fabiana hace más de quince años que trabaja para una de las familias más pudientes de la provincia. Sí, trabaja para ellos. No para ella, ni para la familia propia. Elvira, trabaja para la dueña de la Boutique, ubicada en un punto estratégico de la acumulación capitalista sanjuanina. La dueña, pongamos que se llama C.B. de P., no se llama así, pero pongamos por caso, la dueña, les decía, hace quince años le paga lo mismo por hora a Laura. A Laura no la dejan hacer paro, ni tomarse los feriados. C.B. de P. le paga en mano, o sea ilegalmente, si las reconocidas damas de la alcurnia local o exitosas profesionales del ámbito mencionado, cancelan deudas o llevan su baúl llenito de bolsas de cartón blanco perfumadas. A veces, como las señoronas pizpiretas salen felices y tienen ganas de conversar, Melisa tiene que quedarse en la calle de apellido compuesto y en las inclemencias climáticas de cualquier época a esperar que las señoras charlen unos varios minutos y arranquen dejando sus méndigos Rocas moraditos. A Victoria no la dejan hacer paro, ni tomarse feriados, ni pedir aguinaldo, sí la dejan tenerle la vela a cuánta vieja se le antoje jugar con el tiempo de las demás. A veces Victoria tiene que abrazar y escuchar a su jefa que sufre, porque tiene marido malo, hijos malos, amante malo y mucho mucho dinero malo que la expone ante las malas lenguas y los peores huracanes de envidia. Lidia consuela y aconseja a su jefa que con la excusa de la dieta de cereales y carne se pedorrea delante de ella. Andrea tiene que fumarse también los eructos y el olor a telo que su patrona trae porque a Andrea no la dejan hacer paro, ni tomarse los feriados, ni pedir aguinaldo, ni tener el aumento estipulado cuando decide ser mamá. Malena tiene que limpiar el local, remarcar los precios de prendas viejísimas, aguantar el sudor y el desprecio de la Madame Apellido-de-Político-Corrupto porque Liliana, que trabaja en la Boutique fina desde hace quince años, es rehén de esa familia de negocios. Cecilia no se llama Margarita. Camila no puede exigir dignidad porque se queda sin sueldo y ni hablar de aportes mínimos, o vacaciones con esperanza de regreso… está expuesta, flaca, plastificada, con la sonrisa de vitrina de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, de lunes a sábados, también domingos y feriados, o si salta la alarma y la señora está viaje en algún lugar hermoso. Anita enviudó a los 42. Anita tenía una chorrera de niños chicos y vivían de prestado en una bodega. A Anita el patrón la acosaba cuando quería. Hasta que un día Anita amenazó con el filo para los carneos y el patrón le tiró unas bordalesas de indemnización. Anita revendía vino. Le echaba agua y revendía más. Gracias Anita, porque entonces Esther, ya sabe lo que tiene que hacer.
Fuerte cruce en la Legislatura por subsidios a municipios
Desde la oposición denunciaron recortes y el oficialismo se defendió con uñas y dientes. La Cámara de Diputados ratificó una ley de necesidad y urgencia para auxilio financiero de los municipios para afrontar incrementos salariales en 2018 por un monto superior a 292 millones de pesos. El tema generó fuertes enfrentamientos entre legisladores depsrtamentales de la oposición y representantes del gobierno. Sobre tablas fue ratificada la Ley de Necesidad y Urgencia remitida por el Poder Ejecutivo, por la que es acordado un subsidio por la suma de Pesos Doscientos Noventa y Dos Millones Novecientos Un Mil Ciento Sesenta y Dos ($ 292.901.172,00), a los Municipios de la Provincia, a los fines de auxiliar financieramente a los mismos para los aumentos salariales por ellos a otorgar para el año 2018, a distribuir conforme a la metodología que establezca el Poder Ejecutivo. El miembro informante de esta ley de Necesidad y Urgencia fue el legislador Rodolfo Jalife quien presentó la moción de ratificar la misma y, al momento del debate, la diputada Susana Laciar planteó la reconsideración de esta ley de necesidad y urgencia y solicitó que fuera remitida a estudio y análisis de las respectivas comisiones y para ello contó con el apoyo de varios diputados. Por su parte, el diputado por Santa Lucía, Carlos Platero acompañó la moción de su colega Susana Laciar y sostuvo que aquel departamento había resultado perjudicado en la distribución de recursos. De idéntica forma expresó la posición el parlamentario Juan José Orrego quien sostuvo que a Santa Lucía le habían recortado los fondos en un 57 por ciento. Mientras que el diputado por Rivadavia y jefe de bloque de Compromiso con San Juan, Sergio Miodowsky, también cuestionó la situación del municipio y aludió que había sufrido recortes superiores a los 15 millones de pesos. El resto de los legisladores de la oposición acompañaron con intervenciones en para apoyar la moción de la diputada Laciar. Previo a la votación, cerró la lista de oradores Pablo García Nieto quien puso énfasis en destacar la exposición del legislador Rodolfo Jalife, titular de la comisión de Hacienda y Presupuesto y las explicaciones ofrecidas al respecto. Finalmente, fue sometida a consideración la moción de reconsideración de la legisladora Laciar que obtuvo 8 votos favorables contra 21 negativos, en tanto que la moción en contrario presentada por el parlamentario Pablo García Nieto obtuvo 23 votos positivos contra 8 negativos, con lo cual quedó ratificada la ley de necesidad y urgencia.
UDAP participa de asamblea convocada por CTERA por la Ley de Financiamiento Educativo
El reclamo que en su conjunto impulsan todas las provincias, después de que en varios puntos del país lograron cerrar las paritarias, es la Ley de Financiamiento Educativo. La semana próxima los docentes nucleados en UDAP iniciarán asambleas desde el 9 al 13 de abril, en el marco de la de las Jornadas Nacionales de Protesta convocadas por CTERA, que desarrollarán en todo el país y que incluirá el paro de actividades en algunas provincias. Los docentes reclaman por la Ley de Financiamiento Educativo y la apertura de la Paritaria Nacional. En la provincia los docentes nucleados en UDAP, acudieran a los establecimientos educativos y conjugarán sus tiempos entre las asambleas y el dictado de clases. Graciela López, secretaria General de UDAP, explicó este viernes en diálogo con Radio Sarmiento que “la idea es que no se perjudique el dictado de clases se verá de qué manera se trabajará. Los docentes sabemos resistir. No tenemos miedo a los aprietes y hoy estamos nuevamente en la calle defendiendo nuestras conquistas y nuestros derechos”. López, señaló “todas las escuelas van a estar en asamblea. De cada establecimiento deberá salir una propuesta de trabajo que enviaremos a Buenos Aires para presentar en el Congreso para agilizar la Ley de Financiamiento. Los primeros días de mayo se realizará una marcha al Congreso que saldrá de todas las provincias”. El mayor reclamo que une a todas las provincias, después de que en varios puntos del país lograron cerrar las paritarias en aumentos salariales del 15 por ciento al 17 por ciento, es la Ley de Financiamiento Educativo. Ésta está realizada en base a la Ley de Educación que indicaba que se debía invertir el 6 por ciento del PBI.
Liberan a unos de los detenidos por el asesinato de Cristian Cortéz
El joven que había sido señalado como uno de los que participó de la golpiza para hacer ‘justicia por mano propia’ recobró su libertad bajo Libertad Asistida. El linchamiento del joven Cristian Cortez (18) en el barrio Güemes hace dos semanas, dejó tres detenidos, un joven de 22 años, otro de 21 y un menor de 17 años de edad. Este último fue excarcelado este jueves después de que la Justicia le concediera la Libertad Asistida. El chico había sido señalado como uno de los que participó de la golpiza para hacer «justicia por mano propia» después de que el fallecido presuntamente robara un celular a un adolescente. Sobre el chico de 17 años caía la figura de «homicidio preterintencional» y se había abstenido de declarar ante el juez de Menores, Jorge Toro. Sin embargo, el magistrad dispuso otorgarle la excarcelación bajo la condición de no acercarse a la casa de Cortez. El caso Cortéz está siendo investigado por el juez Benedicto Correa, del Quinto Juzgado de Instrucción, y esta semana convocó a Tribunales a los otros dos imputados: Josué Rodríguez y Carlos Alva sobre los que cae la imputación de «homicidio en riña», una figura penal cuya condena en juicio podría ser de 2 a 6 años.
Violencia obstétrica: hay una denuncia cada 4 días en el país
Son mujeres que fueron atendidas en clínicas, hospitales o centros de salud por embarazo, parto o posparto. ada cuatro días una mujer denuncia haber sido víctima de violencia obstétrica en alguna clínica, hospital o centro de salud de Argentina al que concurrió durante el embarazo, parto o posparto, según las primeras estadísticas elaboradas por el organismo del Ministerio de Justicia de la Nación que centraliza la recepción de esos datos. La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig) es la única dependencia del Estado nacional que desde inicios del año pasado registra esos reclamos, cuyo recorte anual muestra que en 2017 se recibieron 89 denuncias por ese tipo de violencia de género «ferozmente naturalizada». «Es bastante si pensamos que todavía hay otras bocas de recepción de denuncias, como la Defensoría del Pueblo, el Inadi o la Superintendencia de Seguros de Salud», aseguró Perla Prigoshin, coordinadora de la Consavig. Si bien se trata de un fenómeno de larga data, el creciente número de reclamos permite advertir que «las mujeres están tomando conciencia de sus derechos», consagrados en la Ley de Parto Humanizado, la Ley de Derechos de los Pacientes y la de Protección Integral para prevenir y sancionar la violencia contra mujeres, agregó. Esta última norma define a la violencia obstétrica como «aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales». Y si bien «es una conducta ilegal en tanto va en contra de tres leyes, no constituye delito» a menos que vaya acompañada de otras acciones tipificadas como tales, como lesiones; razón por la cual las denuncias recorren solamente la vía «administrativa», apuntó la abogada especializada en derecho de familia. «El trato deshumanizado es como un gran contenedor de distintos tipos de conductas y se ve tanto en el equipo profesional que infantiliza a la mujer diciéndole ‘mamita’ o ‘chiquita’ porque no se toman la molestia de saber su nombre, como cuando no colocan rápidamente al bebé sobre el pecho de la madre apenas nace», explicó Prigoshin. Además, añadió, «le ponen dificultades para estar acompañada o mantienen diálogos personales en el equipo mientras ella está viviendo un momento bisagra como es el parto». Para Prigoshin, la falta de información obedece a que los efectores de salud se erigen a sí mismos como «los dueños y protagonistas del parto» –siendo que ese lugar «es de la mujer»– y por eso «le ponen una vía (para inducirlo) y no le dicen por qué o deciden hacerle una episiotomía (incisión vaginal) y tampoco se lo explican». «La medicalización ocurre cuando se le da oxitocina a la mujer para apurar el parto a pesar de que todo viene normal, solamente porque así se hizo siempre, y la patologización se refiere a convertir un parto normal en una cesárea innecesaria exponiendo a la mujer y al bebé a una práctica que no está libre de riesgos solamente por cuestiones económicas, lo que se ve sobre todo en el ámbito privado», dijo. Las denuncias que recibe el organismo se pueden iniciar descargando de la página web del ministerio un modelo de nota que la damnificada debe llenar relatando lo sucedido para después entregarla personalmente o enviarla por correo a la Consavig, incluyendo su firma aclarada de puño y letra al final del texto y una copia del DNI. «Estas estadísticas nos tienen que servir como insumo para enfocar los cañones e ir terminando con la violencia obstétrica. El primer trabajo que vamos a encarar es con los colegios profesionales porque los efectores de salud tienen una postura reticente a dejar de considerar esas conductas como meras ‘desinteligencias en el vínculo médico-paciente’», señaló. No obstante aclaró que no debe considerarse que los equipos que incurren en esta forma de violencia de género «son perversos que quisieron hacerle mal» a las mujeres que denuncian. «Son profesionales formados en nuestras universidades que repiten prácticas aprendidas porque la currícula no incorporó la perspectiva de género y las leyes que amparan a las mujeres», dijo. Las denuncias se derivan al Inadi, la Defensoría del Pueblo o la Superintendencia de Seguros de Salud, quienes inician una investigación sumarial para verificar la existencia de prácticas o condiciones en el establecimiento señalado, que generen situaciones de violencia obstétrica. Una vez finalizado, el organismo se pronuncia y, si corresponde, formula recomendaciones para que no se perpetúe la situación denunciada. Hay tres categorías de prácticas destacadas El «trato deshumanizado» (82 por ciento), la «medicalización y patologización» (42 por ciento) y la «falta de información» (44 por ciento)concentraron la mayor cantidad de denuncias por violencia obstétrica ante la comisión nacional que recibe estos casos (Consavig). Fuente: Diario Uno
Macri junto a cinco gobernadores buscan marcar agenda parlamentaria
El Presidente comenzó con un ciclo de visitas regionales para trabajar en conjunto con los gobernadores, esta vez arrancó por el litoral y la mesopotámia donde compartió el día con los jefes provinciales de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y Entre Ríos. Insistió en la necesidad de crear «empleo de calidad». Mauricio Macri puso en marcha su nuevo modo de reunirse con gobernadores y al mejor estilo Carlos Menem comenzará a regionalizar sus visitas en búsqueda de aceitar los modos de trabajo y fijar una agenda parlamentaria en búsqueda de aprobar las reformas que el Ejecutivo buscará sacar durante el mundial de fútbol. La ciudad elegida fue Iguazu, en Misiones, donde además de recibir al gobernador Mario Passalacqua hizo lo propio con los jefes provinciales Gildo Insfrán -de Formosa-, Gustavo Valdez -de Corrientes- y Domingo Peppo -de Chaco. Hoy completará el ciclo mesopotámico-litoral cuando reciba al entrerriano Gustavo Bordet. “El exceso de nombramiento público que ha habido en los últimos años en toda la Argentina, en las gobernaciones, en las intendencias no funciona más, porque terminó en una carga impositiva que aplasta a la ciudadanía que se queja que no puede pagar los impuestos”,apuró Macri a los gobernadores para que puedan fijar sus políticas en crear «empleo de calidad». El primer recorrido de Macri por el país tuvo la compañía de los ministros del Interior, Rogelio Frigerio; de Desarrollo Social, Carolina Stanley; de Agroindustria, Luis Etchevehere; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Producción, Francisco Cabrera; de Energía, Juan José Aranguren; de Turismo, Gustavo Santos, y de Ambiente, Sergio Bergman.
Carrefour prepara despidos masivos y espera la aprobación de Triaca
Para pagar solo el 50 por ciento de las indemnizaciones, la empresa presentó el Procedimiento Preventivo de Crisis ante el ministerio de Trabajo. La empresa Carrefour presentó un Procedimiento Preventivo de Crisis ante el ministerio de Trabajo, «con el objetivo de encontrar soluciones para garantizar la sustentabilidad de sus operaciones en Argentina». Desde el 30 de marzo se conoce el plan de la empresa para achicar sucursales y despedir empleados. En esta sintonía, Carrefour presentó un Preventivo de Crisis ante el ministerio de Trabajo. En caso de ser aprobado por el ministerio (en el caso del Correo Argentino, se aprobó en tiempo express), este trámite permite a la empresa despedir empleados y pagar el 50 por ciento de la indemnización. Para empresas con más de mil empleados, el Preventivo de Crisis se presenta cuando los despidos afectan a más del 5% del personal; en paralelo, la firma tiene unos 15 mil empleados en todo el país. Esto significa que pretende despedir, cuanto menos, a 750 trabajadores. La empresa acusa una una «crisis», después de «tres años de pérdidas». Sin embargo, desde el sindicato de Comercio explicaron a Tiempo que «no es más que una excusa» y que «el problema es que se han llevado todas las ganancias al exterior». Según el vocero del gremio, «esta decisión se veía venir» y «el sindicato intentó dialogar en todo momento, hubo conversaciones con los franceses, pero siguen avanzando». Finalmente, aseguró: «Vamos a tomar todas las medidas necesarias para que no haya un solo despido». Si bien el Preventivo de Crisis es una medida alarmante, la crisis en Carrefour ya se cobró cientos de despidos en los últimos dos años. Tal es así, que para fin de año pasado, cuando las ventas suben por Las Fiestas, la empresa realizó una campaña de colaboración interna y dispuso de sus empleados administrativos y hasta jerárquicos para oficiar de repositores y trabajar en los depósitos. En enero último, una fuente del sector advirtió que «fundamentalmente, los cambios serían en los comercios chicos de Carrefour, en los Express, y por goteo». En el mismo mes, desde la matriz francesa designaron como director a Rami Baitieh, un CEO galo que remplazó a Daniel Fernández. Además de Fernández, cayeron sus dos ejecutivos más cercanos: Hernán Zavaley, director de Supply Chain, y Martín Tolcachir, director general de Carrefour Argentina. Según el ministerio de Trabajo, el Preventivo de Crisis debe tramitarse con carácter previo a la comunicación de despidos o suspensiones por razones de fuerza mayor, causas económicas o tecnológicas. Quien argumente la causal de extinción del contrato, es quien tendrá la carga de la prueba de dicha situación, pudiendo el trabajador impugnar la causal expresada en caso de no reconocer ésta como una situación real. Finalmente, el despido deberá comenzar por el personal menos antiguo dentro de cada especialidad. Fuente: TiempoAr
Chubut: la policía reprime una manifestación de trabajadores estatales
Este mediodía mientras se desarrollaba una marcha de trabajadores estatales y docentes en la capital de Chubut, en rechazo al pago escalonado que ofrece el gobierno de Mariano Arcioni, efectivos de la policía reprimieron a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos y balas de goma. Del operativo policial resultaron heridas 7 personas, las cuaales fueron hospitalizadas. Asimismo falleció un comisario que se descompensó en pleno operativo represivo. Este mediodía mientras se desarrollaba una marcha de trabajadores estatales y docentes en la capital de Chubut, en rechazo a el pago escalonado que ofrede el gobierno de Mariano Arcioni, efectivos de la policía reprimieron a los manifestantes arrojando gases lacrimógenos y balas de goma. Del operativo policial resultaron heridas 7 personas, las cueales fueron hospitalizadas. Roberto Cabeda, secretario General de ATE en Puerto Madryn https://www.facebook.com/798779386989365/videos/911791915688111/ Débora del Valle, secretaria General del gremio de odontólogos resultó herida. Denunció al Gobierno Provincial https://www.facebook.com/798779386989365/videos/911782702355699/ Heridos en la represión en Casa de Gobierno https://www.facebook.com/798779386989365/videos/911760809024555/ Asimismo falleció un comisario que se descompensó en pleno operativo represivo. Se trata del comisario Néstor Chávez, quien se desempeñaba como el Jefe del Área de Asuntos Internos de la Jefatura de Policía. Videos: Prosa Urgente
Bancarios: este viernes no trabajarán los bancos
La medida de fuerza es consecuencia del el reclamo por un mayor porcentaje de aumento de salarios y la semana próxima se extendería por 48 horas. La Asociación Bancaria (AB) ratificó esta noche «el paro nacional activo» de 24 horas de mañana en todas las entidades financieras públicas y privadas ante «la ausencia de propuestas superadoras patronales», y confirmó que de no haber acuerdo definitivo la semana próxima habrá otra huelga de 48 horas. El secretario general del gremio, Sergio Palazzo explicó a periodistas en la sede gremial de Sarmiento 341 ante la prensa «las razones y alcances del conflicto y el paro nacional dispuesto» para mañana ante «la ausencia de una propuesta superadora patronal, que debe implicar un salario justo». Además, Palazzo sostuvo que la protesta de mañana será «activa», es decir, habrá movilizaciones y marchas en las principales ciudades del país. El dirigente denunció que la «falta de propuestas serias y justas» por parte de las cuatro cámaras y el Banco Central (BCRA) provoca consecuencias sobre «la economía familiar de los trabajadores bancarios». En un documento difundido esta noche y firmado por Palazzo y el secretario nacional de Prensa, Eduardo Berrozpe, la Bancaria ratificó que no resignará a «la dignidad y a los ingresos alimentarios familiares por la codicia de banqueros o la irresponsabilidad de quienes quieren imponer topes a los salarios, mientras fogonean el incremento de los precios de los consumos y de los servicios indispensables de la población». El gremio ratificó su rechazo a «la incalificable propuesta de aumento en cuotas, con reducción de derechos adquiridos», y ratificó la huelga en todo el país, que se realizará con concurrencia a los empleos para asistir a las marchas en las seccionales. «Nos asiste la razón a diario ante cada declaración de los funcionarios, la pérdida del poder adquisitivo salarial y las jubilaciones y la injusta carga del impuesto a las ganancias, que no se derogó, como había sido prometido en la campaña», puntualizó. Para los dirigentes, «la opinión pública, los usuarios y los clientes saben que la responsabilidad del conflicto es de los bancos y el gobierno, más allá de las declaraciones u operaciones mediáticas que realicen, porque se llevan por delante la verdad». En otro orden y, luego de una semana de inactividad por un paro de 48 horas y el fin de semana largo de Pascuas, hoy reabrió sus puertas el Banco Provincia de Buenos Aires (Bapro), paralizado en rechazo a la modificación del régimen jubilatorio del personal. Mientras la Bancaria sostuvo que en los dos días de huelga el acatamiento fue superior al 90 por ciento, su presidente, Juan Curutchet, afirmó hoy en el Hotel Hilton -en el contexto de la ExpoEfi 2018- que «la Legislatura bonaerense aprobó una nueva ley y ofreció el marco normativo sobre el que gestiono en la institución financiera». «El Bapro está sólido. En 2017 ganó casi 7.000 millones de pesos. No hay ni observo motivos de zozobra a excepción de que existan intencionalidades políticas», señaló. Curutchet resaltó que la entidad registró el año pasado un aumento de 62 por ciento en los créditos y un incremento de 44 por ciento en los depósitos. Fuente: Télam
Jujuy: feroz represión del gobierno de Morales a trabajadores estatales
Las imágenes son impactantes: mientras Morales inauguraba las sesiones de la Legislatura, afuera se desarrollaba una batalla campal. La provincia de Jujuy, gobernada por el radical Gerardo Morales, fue el escenario de un brutal ataque de la Policía provincial. La represión ocurrió mientras el mandatario provincial iniciaba las sesiones ordinarias de la Legislatura y tuvo a los gremios estatales como víctimas. Manifestantes del Frente Amplio Gremial, que nuclea a los gremios estatales provinciales y algunos partidos políticos, se movilizaron frente a la Legislatura en contra de las políticas de ajuste y por aumento salarial superior al ofrecido por el gobierno provincial, de solo un 5 por ciento. En su discurso ante el Poder Legislativo, el aliado de Mauricio Macri reconoció que la propuesta que realizó a los trabajadores fue «insuficiente». Con un operativo de 300 efectivos, los policías usaron palos y balas de goma para llevar a cabo una represión de la que no se salvó nadie. Varios manifestantes, algunos de ellos mujeres, mostraron su cuerpos con marcas de balas de goma. Fernando Acosta, de ATE Jujuy, dijo a La García que «en una movilización muy grande, le hicimos sentir al gobernador que no puede seguir con las políticas de ajuste. Les tiraron gas pimienta, empezó respuestas, gritos y comenzó la caballería a tirar balas de goma». Según informó el diario El Tribunode Jujuy, hubo tres policías heridos luego del operativo.
