Julio Garro lo anunció a través de una circular interna. También ordenó que no podrán usar remeritas «que dejen al descubierto el abdomen». A quien no cumpla, le impedirán la entrada al trabajo.   “El personal femenino no podrá asistir con prendas que dejen al descubierto el abdomen, como así tampoco con polleras/vestidos que no alcancen o sobrepasen el límite de las rodillas”. Parece un disparate para cualquier ámbito natural de trabajo, sin embargo son las exigencias del intendente de La Plata, Julio Garro, a su personal femenino que desempeña tareas en la municipalidad de la capital de la provincia de Buenos Aires. Cambiemos futuro por pasado, es el slogan repetido de María Eugenia Vidal y parece que Garro le hace caso al pie de la letra. “El incumplimiento a lo anunciado precedentemente implicará que el agente no pueda tomar servicio, consignándose ausente en la planilla de asistencia”, concluye el texto, lo que deja claro que quien no se adapte a la retrógrada medida implementada por Garro, afrontará además un perjuicio económico, con descuento de dinero en su salario. Se espera que a partir de mañana, concejales de la oposición realicen diferentes planteos en el Concejo Deliberante de La Plata para dejar sin efecto la insólita medida de Garro.

Comenzó en Jujuy, pero rápidamente tomo alcance nacional. La política metió la cola en uno de los casos más controversiales de los últimos tiempos. Además de los traumas causados por la vejación, la víctima se vio impedida de realizar la interrupción legal del embarazo producto de la presión ejercida por ciertos sectores de la sociedad y, sobre todo, la dirigencia política, que volvió a meter la cola. No sólo el radical Gerardo Morales se vio inmerso en el caso por el hecho de ser el gobernador de la provincia donde sucedieron los hechos. Resulta que el violador también es un hombre ligado al mismo partido. Se trata de José Luis Dávalos, quien hasta ahora es el único detenido de la causa. Así lo confirmó el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas a InfoBaires24. Según informó el organismo, el hombre de 60 años es reconocido en el pueblo de San Pedro de Jujuy como militante de la Unión Cívica Radical (UCR). La justicia jujeña determinó que el hombre acusado de haber violado y embarazado a la nena de 12 años en la localidad de San Pedro en Jujuy, será sometido a un análisis de ADN para comprobar si existen coincidencias genéticas con el bebé prematuro que fue inducido al parto por cesárea el pasado 18 de enero. Así lo indicaron fuentes de la investigación al El Tribuno de Jujuy, desde donde informaron, además, que la nena brindará su testimonio el próximo lunes en la Cámara Gesell dispuesta por la Fiscalía de Investigación Nº 12 del Centro Judicial San Pedro de Jujuy. Durante la internación de la niña, personal de la fiscalía se presentó en la Sala de Pediatría del hospital Guillermo Páterson -donde estuvo internada hasta que fue derivada al Hospital Materno Infantil- para ver la posibilidad de realizar la Cámara Gesell dentro de las 24 horas de efectuada la denuncia del abuso sexual. Sin embargo, en ese momento profesionales del nosocomio aconsejaron que se postergará por el estado de la niña, quien ya estaba bajo asistencia psicológica. La mamá de la nena de 12 años violada pide remover al ministro de Salud El hombre señalado por la niña y su madre como el autor de la violación continúa detenido. En las últimas horas, se conoció la renuncia de su abogado, por lo que será representado por un Defensor Oficial. En tanto, la Justicia resolvió que los restos de la neonata permanezcan en la morgue hasta tanto se resuelva la causa judicial por abuso sexual a la menor de 12 años. De todas formas, desde la fiscalía informaron que las pruebas biológicas para la realización del ADN ya fueron practicadas el mismo día en que la niña fue sometida a la operación cesárea. El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, fue una de las voces que se expresó en representación del Gobierno respecto al caso. Tras confirmarse el fallecimiento del bebé prematuro, realizó una suerte de mea culpa. “En lo personal estoy en contra del aborto, pero se tendría que haber dado un paso hacia la legalización, en particular en muchos casos de adolescentes o situaciones injustas que no debieran penalizarse”, manifestó el mandatario. (Fuente www.perfil.com).

El valor del millón de BTU del fluido que puso el Gobierno oscila entre USD 3,18 y 3,80 para la exportación, mientras que un usuario argentino paga hasta USD 7,50. Las excusas y las promesas del Ejecutivo para justificar la situación. ¿Los usuarios residenciales están subsidiando las ventas al exterior que hacen las petroleras incluso a precios por debajo del costo? A pesar de la estratagema del Gobierno según la cual los tarifazos gestión Cambiemos tuvieron que ser implementados porque Argentina se había quedado sin energía, en el caso del gas la verdad parece que ser que la escalada de precios fue para que los usuarios residenciales le subsidien a las petroleras las ventas al exterior que hacen incluso a precios por debajo del costo. Es que, aunque parezca increíble, el presidente Mauricio Macri está vendiendo el gas de Vaca Muerta al extranjero a la mitad del precio que le cobra a los consumidores argentinos exactamente por el mismo fluido. Según una nota de Tiempo Argentino, de datos del mercado y de la Secretaría de Energía surge que el valor del millón de BTU -una medida térmica utilizada para el comercio de gas- dispuesto por el gobierno nacional oscila entre USD 3,18 y 3,80. Sin embargo, por la misma cantidad del mismo fluido del mismo origen un usuario argentino paga el doble: hasta USD 7,50. En Energía -la cartera de la que recientemente fue eyectado Javier Iguacel, que en tiempos de macrismo comenzó siendo gestionada por Juan José Aranguren, y que ahora está bajo comando de Gustavo Lopetegui-, argumentan que ese valor irá descendiendo y que se aplica sólo a una parte del gas que consume un usuario residencial. Y agregan que el resto tiene valores similares al de exportación. No obstante, llama la atención que con la «interpretación» más crédula se trata de una situación en la que los argentinos pagan por el gas argentino de Vaca Muerta entre lo mismo y el doble que lo que desembolsan desde el exterior. Es decir, el exceso de pago de los usuarios residenciales nacionales podría estar subsidiando las ventas al exterior que hacen las grandes petroleras, incluso a precios por debajo del costo. Según fuentes del propio Ejecutivo que comparten en el sector empresario, estos precios regalos de exportación les son útiles a las compañías para ganar mercados nuevos. El valor de USD 7,5 por millón de BTU data de cuando lo impuso el gobierno de Cambiemos en 2016 y fue fundamental en el esquema que transformó al sector gasífero a partir de nuevos precios del gas y tarifas hasta 1500% más altas que en 2015. Mientras tanto y de acuerdo con la información oficial, hay 21 pedidos de autorización de exportación de gas a Chile, tres a Brasil y dos a Uruguay, de los cuales prácticamente todos fueron aprobados. El promedio diario de las exportaciones de gas al país andino en las dos primeras semanas de enero fueron de 7,2 millones de metros cúbicos. Para que se tenga una magnitud del volumen en juego, cabe consignar que el promedio de las importaciones de gas desde Bolivia, un tradicional vendedor del fluido para satisfacer la demanda argentina, ha sido en el mismo período de 6 millones de metros cúbicos diarios.

La Secretaría de Energía informó que el tarifazo se aplicará a partir del 1 de febrero. El precio subirá un 23,93 por ciento y los beneficiarios del Plan Hogar tendrán un subsidio de 152 pesos por cada envase. La Secretaría de Energía informó a través del Boletín Oficial, que la garrafa social sufrirá un alza del 23,93% a partir del viernes 1 de febrero. El Gobierno anunció ademñas, que el subsidio para los beneficiarios del Plan Hogar será de 152 pesos por cada envase. De acuerdo con lo dispuesto, la garrafa de 10 kilos saldrá 160,28 pesos para el fraccionador, 240,97 para el distribuidor y 267,70 para el público. En el caso del envase de 12 kilos, costará 321,24 pesos para el público, 192,33 para el fraccionador y 289,17 para el distribuidor. A su vez, la de 15 kilos costará 401,55 pesos, 240,42 y 361,46, respectivamente. Por otro lado, el precio máximo de referencia en planta del productor para el gas butano será de 9.154 pesos la tonelada y para el propano, 9.042. “En la modificación de los precios máximos de referencia deberá tenerse en cuenta la protección de los sectores sociales residenciales de escasos recursos, para lo cual resulta aconsejable continuar aplicando un criterio de gradualidad en la implementación de las actualizaciones de los valores, como así también mantener un esquema de subsidio a la demanda compatible con esos fines», dice el texto.

Surge de datos oficiales a partir de la suba de la canasta de pobreza en diciembre. En total, suman 12,9 millones de personas pobres, que equivalen al 32% de la población cuando hace un año era el 25,7 por ciento. La Canasta Básica Total que mide el umbral de la pobreza llegó a $ 25.943 para una familia tipo compuesta por dos adultos y dos niños y acumuló una suba interanual del 52,9 por ciento. El dato se conoció la semana que pasó y fue publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). De este modo, los precios de los bienes y servicios que necesita una familia para no ser considerada pobre subieron por encima de los valores generales de la economía que, según el mismo organismo, en el período se incrementaron un 47,6 por ciento. El dato oficial de pobreza del segundo semestre de 2018 se conocerá recién el 28 de marzo cuando lo publique el Indec. Sin embargo, sobre la base de esos indicadores que ya están disponibles, diferentes especialistas ya dieron a conocer sus proyecciones. Martín González Rozada, director de la Maestría en Econometría y de la de Economía Aplicada de la Universidad Torcuato Di Tella, publicó un adelanto que indica que el porcentaje de pobreza alcanzó en el mes de diciembre al 32% de los argentinos. En ese caso, 12.893.773 personas se encontrarían en esa situación cuando, según el Indec, en el segundo semestre de 2017 el flagelo alcanzaba al 25,7% de la población equivalente a 10,35 millones de personas que vivían en el 17,9% de los hogares del país. Así las cosas, según las estimaciones de González Rozada, son 2,54 millones los nuevos pobres que la política económica del gobierno ha generado durante el año 2018 y cuyos hogares no llegan a reunir los $ 25.943 que se necesitan para superar ese umbral. Según el especialista, «por ahora es una estimación, a mitad de febrero con los datos oficiales de CBT y los microdatos haré una nueva proyección que va a ser más precisa». El porcentaje es casi idéntico al 32,2% relativo al primer semestre de 2016 que fuera anunciado por el Indec el 28 de septiembre de ese año y sobre la base del cual el propio presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, desafió a la población: «Quiero decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente». En rigor, por el crecimiento vegetativo de la población, en términos absolutos, la situación es prácticamente la misma que entonces. Aquel informe recogió lo acontecido durante el primer semestre de aquel año signado por la devaluación de diciembre de 2015 y las decenas de miles de despidos en el sector público y el privado  pero no pudo ser contrastado con datos previos toda vez que la gestión del Indec del gobierno anterior, en el contexto de las denuncias por manipulación de datos de IPC y EPH, había decidido dejar de publicar esos datos desde el año 2013. Para el oficialismo fue una oportunidad para ponerse a sí mismo una vara bien alta. Con todo, según los datos de pobreza que elabora el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, durante el período que va desde enero a junio de 2016, 1,4 millones de personas habían caído en esa situación. Por otro lado, e incluso con resultados más gravosos, el economista de la CTA Autónoma y director del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyP), Caludio Lozano, señaló a Tiempo que «tenemos una estimación parecida. Nos da un 33% a diciembre de este año. Esto implicaría que, en el curso de este año, la pobreza aumentó casi 8 puntos porcentuales». Por eso, según el exdiputado, «tenemos 3 millones de pobres más en el marco del derrumbe de la actividad económica y del salario que cayó un 12% además de una suba del desempleo, respecto del año 2015, de prácticamente un 50 por ciento». Otro elemento que destacó el economista a la hora de explicar el fenómeno es «el aumento de la informalidad laboral». Las raíces del salto Si bien es cierto que el solo dato que muestra que los productos de primera necesidad que componen la Canasta Básica Total, como los alimentos, el transporte y la energía, subieron por encima del valor general de la inflación, bastaría para que el fenómeno de la pobreza se desarrole, lo que realmente importa analizar son los ingresos de la población. En este punto existen diferentes datos oficiales que permiten confirmar la tendencia y que ratifican las proyecciones de los especialistas. En primer lugar, el índice de salarios, a octubre de este año (último dato disponible)  indica que, en general, las remuneraciones se incrementaron en el período que va de enero a octubre un 21,58% cuando la Canasta Básica Total, en el mismo período, lo hizo en un 42,82 por ciento. Pero si se tomara sólo el segmento del salario privado no registrado, presumiendo que abarca al sector más expuesto a la pobreza, el incremento en ese lapso apenas llegó hasta un 14,64%, consagrando una pérdida del poder adquisitivo de 24,5 puntos porcentuales para el sector en apenas diez meses del año. Otro indicador válido para ratificar la profundidad del proceso es la referencia del salario mínimo vital y móvil (SMVM) que, además de impactar sobre los ingresos de medio millón de asalariados, oficia de pauta para establecer los montos de los ingresos que perciben los beneficiarios de los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, durante todo 2018, el SMVM se incrementó un 18,94%, al pasar desde los $ 9500 de enero hasta los $ 11.300 de diciembre último. Mientras, en el mismo período, la Canasta Básica Total lo hizo en un 50,2%. El retraso consagró una pérdida del poder adquisitivo del haber mínimo con relación a la canasta de pobreza de 26,27 puntos porcentuales. De hecho, en diciembre se necesitaron 2,25 haberes mínimos para reunir los ingresos necesarios para hacer frente a la