El fiscal federal Federico Delgado pidió el juicio oral y público para el ex ministro de Planificación del kirchnerismo y actual diputado nacional Julio De Vido por fraude agravado contra el Estado Nacional a raíz de la multimillonaria compra de material chatarra para el ex ferrocarril Belgrano a España y Portugal entre 2004 y 2005. El fiscal Federico Delgado pidió juzgar a De Vido por supuesta «defraudación por administración fraudulenta agravada» en perjuicio de la Administración Pública al entender que el ex ministro controló «cada paso de la maniobra» y se ocupó por «formalmente aparecer en la escena lo menos posible» en una «lejanía que en realidad lo acercó» al delito cometido, según el dictamen entregado al juez federal Julián Ercolini, al que accedió Télam.   De Vido puso en marcha una «delegación administrativa de funciones en la Secretaría de Transporte y en la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, pero, por otro lado, esa delegación trajo consigo el gobierno de hecho de toda esta maniobra», entendió Delgado. El fiscal remarcó que, si bien «las firmas de De Vido son escasas», esa «escasez lo acercó a los hechos» y «no lo alejó» porque «conservó en todo momento el dominio de la situación». De hecho, entendió que «un fin genuino» vinculado al supuesto objetivo de reactivar la industria ferroviaria y crear fuentes de trabajo, «alojó un negociado».

El líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche, quien permanece preso en una cárcel de Esquel, se calificó hoy como «detenido político» y afirmó que el presidente Mauricio Macri lo «quiere afuera del país»: «Da la sensación que es más el interés del gobierno argentino por echarme que el del chileno por recibirme». El líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) Facundo Jones Huala, quien permanece preso en una cárcel de Esquel, se calificó hoy como «detenido político». Además, afirmó que el presidente Mauricio Macri lo «quiere afuera del país»: «Estoy esperando volver a mi tierra en algún momento», expresó Jones Huala, quien tiene pedido de captura de la justicia de Chile. En declaraciones a radio Rebelde, el referente de la organización explicó que está «preso porque Chile me pide por una situación de violencia política en la zona de Pilmaiquen, por incendio de una propiedad de un terrateniente». «La inteligencia chilena, de manera ilegal se metió en mi detención» aseguró. «Da la sensación que es más el interés del gobierno argentino por echarme que el del chileno por recibirme», advirtió respecto de su arresto. En ese sentido, manifestó que «Macri me quiere afuera del país» y advirtió: «La ministra de Seguridad Patricia Bullrich sacó un informe en el que hablaba del peligro de la Comunidad Mapuche para la sociedad». En esa línea, Huala invitó «a la sociedad no mapuche a plantear sus propios procesos de emancipación», dijo y afirmó que «a los reprimidos los llamo a luchar para retomar sus valores humanos. Los sectores populares deben tomar las banderas». En ese sentido, señaló: «Nuestro enemigo es el capitalismo». Jones Huala expresó: «Nosotros nos reivindicamos como anti-imperialistas, anti-oligárquicos, anti-capitalistas, anti-colonialistas, pero sobre todo como parte de una humanidad que debe levantar los valores humanos». «Donde estamos ahora están Benetton, Lewis entre otros, con ellos nos enfrentamos», advirtió.

José Gustavo Vergara, intendente de la ciudad entrerriana de General Ramírez, pasó un mal momento cuando una vecina lo quemó con agua durante uno de los clásicos timbreos de Cambiemos. En medio de la campaña por las PASO, Vergara fue agredido por una mujer que había sido despedida de la administración pública. El intendente se encontraba de recorrida este domingo por la tarde en el barrio San Carlos junto a otros dirigentes de Cambiemos, pero al llegar a la calle 10 de junio y Arroyo de la China, fue agredido por Manuela Rodríguez y su madre, quienes le sacaron el termo y se lo arrojaron al cuerpo, quemándolo en sus brazos con el agua. No conformes, las mujeres le tiraron el mate por la cabeza y el marido de Rodríguez comenzó a insultarlo. El médico que lo atendió informó que las lesiones producidas por el agua hirviendo tendrán 21 días de curación. Fuente: Minutouno

Así lo dijo, el subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry. La mayoría del personal fue reincorporado y las actividades de desarrollan normalmente. Sin embargo, queda definir la situación de 75 trabajadores que aún continúan licenciados por la empresa. La crisis en ITEC sumó un nuevo capítulo, pero esta vez generó sensaciones positivas, ya que la mayor parte de los empleados de la planta volvió fueron reincorporados, volvieron al trabajo y la fábrica ya funciona normalmente. Sin embargo, 75 personas continúan licenciadas por la empresa a la espera de una resolución. El subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry explicó los detalles del reinicio de operaciones en la ex Delphi. «Estamos transitando un proceso de conciliación obligatoria entre el Sindicato de los Plásticos y la empresa ITEC. El sábado por la mañana tuvimos una audiencia. La empresa faltó lo cual generó un cierto malestar por parte del sector gremial, pero se comunicó extraoficialmente diciendo que había cancelado la primera quincena de julio totalmente y retomaba las actividades hoy. Quedaban 75 trabajadores suspendido pero la actividad se retomó normalmente», explicó «En ningún momento se vio afectado el pago de los sueldos más allá de los atrasos, está venciendo la segunda quincena de julio, lo que será motivo de conversaciones», añadió.

El reclamo llega por parte del secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que el máximo tribulnal revea el criterio que utilizó en mayo para beneficar a un represor. La grabación se difunde tres días después de que la CIDH dictara una medida cautelar en favor de la líder social Milagro Sala, encarcelada desde enero del año pasado en Jujuy. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, le reclamó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que no aplique el 2×1 a los represores de la última dictadura en una campaña organizada por organismos de derechos humanos argentinos para que el máximo tribunal revea el criterio que inauguró en mayo, cuando habilitó ese beneficio al represor Luis Muiña, condenado por secuestros y torturas en el Hospital Alejandro Posadas. “Esperamos que el Estado argentino tenga una conciencia de su importancia, de su ejemplo para todo el mundo, y que no exista ningún tipo de retroceso en esta materia. Y que el fallo del 2×1 no se aplique para los crímenes de lesa humanidad,” dijo Abrao en el video, que es parte de la campaña Qué la Corte le diga No al 2×1, lanzada hoy por más de 15 organizaciones de derechos humanos y coordinada por Memoria Abierta. La grabación se difunde tres días después de que la CIDH dictara una medida cautelar en favor de la líder social Milagro Sala, encarcelada desde enero del año pasado en Jujuy. La Corte Suprema, que retoma hoy la actividad después de la feria judicial, tiene que resolver planteos de la defensa de la líder de la Tupac Amaru y tiene para examinar alrededor de quince planteos de represores que reclaman se le aplique la ley 24.390 (conocida como la ley del 2×1), derogada desde 2001 y que los supremos Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti aplicaron para beneficiar a Muiña. Los ministros pidieron opinión a los querellantes sobre la aplicación de este beneficio después de la multitudinaria marcha que se realizó el 10 de mayo último para repudiar el fallo de la Corte Suprema y después de que el Congreso aprobara una ley que excluía a los crímenes de la última dictadura de la órbita de la ley que estuvo vigente entre 1994 y 2001. El tribunal ya cuenta con esas opiniones, así como con el dictamen de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, quien sostuvo la inaplicabilidad del 2×1 para delitos de lesa humanidad. En el video Abrao, reprodujo lo que ya había sostenido la CIDH en un comunicado del 27 de mayo. El exjuez de la Corte Suprema y actual integrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Raúl Zaffaroni también se sumó a la campaña y reclamó a sus excolegas que “la justicia argentina termine con esta situación insólita que se ha creado con el pretexto de aplicación retroactiva de ley más benigna”. Jorge Rizzo, el presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, por su parte, señaló que el fallo Muiña se trató de una grave involución por parte de la Corte Suprema. Rizzo es actualmente el abogado de Ricardo Lorenzetti, presidente del máximo tribunal y uno de los dos jueces que votó en contra de la aplicación del 2×1. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez también adhirió a la campaña y le solicitó al máximo tribunal que “vuelva a abrir las fronteras a los derechos humanos”. Distintos fiscales, como Javier de Luca, Ángeles Ramos, Alejandro Alagia y Jorge Auat, ofrecieron argumentos en sintonía con el dictamen de Gils Carbó. La exjueza María Roqueta, que presidió el tribunal que condenó al dictador Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el robo de bebés, dijo que era fundamental que la Corte dictara un nuevo pronunciamiento para recuperar su prestigio.