La justicia dio lugar a la denuncia presentada por la Liga Argentina por los Derechos del Hombre contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violación de los deberes de funcionario público. La entidad apunta a la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades nacionales en torno al caso. El fiscal Delgado efectuó el pedido de que se investigue al Ejecutivo por el accionar en el caso de la desaparición de joven chubutense, luego de que la Liga Argentina por los Derechos del Hombre efectuara una denuncia contra el presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por violación de los deberes de funcionario público. La causa estará a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, quien había dado vista del expediente ayer al fiscal. En esa línea, Delgado abrió una investigación acerca del presunto encubrimiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Por su parte, el abogado patrocinante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), Eduardo Barcesat dijo a Página12: “Esta es una causa que no se superpone a la investigación por el paradero de Santiago, que se está llevando en la Justicia de Esquel, sino que apuntamos al encubrimiento de los funcionarios del Gobierno Nacional”. El fiscal advirtió que es “determinante conocer las actividades que llevó adelante el Estado Nacional y para ello la primera de las diligencias es compulsar el expediente judicial” y le exige al juez que le envíe un requerimiento al jefe de Gabinete para “que informe en un plazo perentorio, todas y cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional para dar con el paradero de Santiago Maldonado”. La denuncia presentada por la LADH apunta a la existencia de un “pacto de silencio” de las autoridades nacionales en torno al caso. En el texto presentado en la Justicia, al que tuvo acceso Página12, la entidad advirtió que que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación, en descalificable alianza con los medios masivos de comunicación social”.

El pasado 15 de julio, la fábrica textil Zoberano sufrió un voraz incendio que terminó con el 70 por ciento del edificio consumido bajo las llamas. Tras este hecho, la empresa de Zoberman acordó el despido de 70 empleados y trasladó la producción a un nuevo edificio donde funciona temporalmente hasta que la fábrica de calle Luna y Oro en Chimbas pueda quedar levantada nuevamente. Así lo confirmó la secretaria de Industria, Sandra Barceló quien explicó que aún la empresa no tomó ninguno de los préstamos que el Gobierno de San Juan le ofreció para para poder recuperarse.  «Después del procedimiento de crisis se decidió el despido de 70 empleados con el 70 por ciento de la indemnización. Eso se acordó con el gremio y en este momento está trabajando con una planta menor de personal en otro edificio hasta que reconstruyan el que se incendió», explicó la funcionaria. Según detalló, la empresa ya venía con un problema económico a raíz de la caída de las ventas producto de la importación. Este problema se acrecentó con el incendio de la fábrica y la pérdida de una gran cantidad de materia prima y de producción ya concretada. «Esta empresa trabajaba haciendo confección para grandes cadenas y por la importación venía con disminución. Luego se produjo el despido de las 70 personas y quedaron 200 empleados», informó Barceló. Ante este escenario, la funcionaria destacó que, pese a todo, el propietario de Zoberano no tomó ningún beneficio que otorga el Gobierno para las industrias. «Suponemos que a partir de ahora le daremos la ayuda. Hasta ahora no tomaron el prestamos de un dígito para reconstrucción de la planta ni para compra de maquinaria», finalizó Barceló quien detalló que se buscará que los 70 empleados despedidos puedan recuperar a partir de esto sus empleos.

El Fiscal General de la Corte destacó que se han dictado 65 sentencias en un mes y que el 60 por ciento de los aprehendidos tenía antecedentes. Con estos números cargó las tintas contra quienes quieren «volver atrás con el sistema». Eduardo Quattropani se refirió al hecho que amenaza al aceitado sistema de Flagrancia y fue muy duro al decir que: «No hay margen para que la Corte chacoteé con el innovador sistema». Fiel a su estilo no se guardó nada argumentando: «Conozco el tema que está en la corte y creo que no hay margen político, jurídico ni social para volver atrás con el sistema. Flagrancia no se inventó en San Juan, es una decisión política y lo que estamos discutiendo ahora lo venimos haciendo». Por otro lado, aseguró que por los resultados obtenidos hasta el momento los llevan a planificar que a fin de año se amplíe el sistema para otro tipo de delitos. Antes esto era una puerta giratoria, y ahora tenemos resultados positivos. Está la Policía trabajando con el Ministerio Público Fiscal en perfecta convivencia. A fin de año pedirán que se amplíe la cantidad de delitos que recibe el sistema, porque está funcionando perfecto. La Justicia salió de sus despachos, de aquellos que la gente cree que son majestuosos, pero que en realidad son una porquería. Vamos a evaluar las estadísticas para ampliar la cantidad de delitos que recibe el sistema acusatorio» concluyó.

Gracias a la forma de convenio con departamentos, el director del Lote Hogar adelantó que San Juan volverá a tener viviendas de este tiempo. San Martín, 25 de Mayo, Jáchal, Calingasta y 9 de Julio. El director del Lote Hogar Pablo Zabala se refirió a la posibilidad de construir nuevas viviendas del Lote Hogar en varios departamentos de la provincia. Los primeros serán San Martín, 25 de Mayo, Calingasta y 9 de Julio mientras que Valle Fértil y Sarmiento son las comunas que continuarían. «Los fondos están y todos los pasos se están dando y esperamos que antes de fin de año podamos llamar a licitación. Nosotros hemos firmado convenio con estos municipios. Las intendencias nos van a proveer de terrenos y construir», dijo Zabala en Levantate. Asimismo, explicó que «los municipios nos mandarán las listas de posibles adjudicatarios. Esto tiene que ver con la cercanía de los municipios a sus propias comunidades. Tengamos en cuenta que son comunidades de tipo rural.

Según informó Sandra Barceló, este miércoles se llamó a concurso y en los próximos días se elegirá un representante. ‘Se necesita seguir de forma ordenada mientras está la cautelar de la justicia que obliga a cumplir el contrato’, manifestó. Con la medida cautelar de la Justicia aún vigente, la empresa PCA, ex ITEC, llamó este miércoles a concurso de acreedores y la semana que viene se formará un síndico. Así lo explicó la secretaria de Industria de la provincia, Sandra Barceló quien señaló que esta medida abre la posibilidad de que la semana que viene se cuente con un referente que canalice la administración de la empresa. «Esperamos la semana que viene contar con un síndico con el cual la administración de los ingresos de la planta van a estar dirigidos al esfuerzo de adquirir materia prima para continuar produciendo para PCA y para el pago de salarios. Necesitamos ese paraguas como todos los acreedores de la planta para poder seguir de una forma ordenada, mientras sabemos que hay una cautelar dictada por la justicia de San Juan que obliga a PCA a dar cumplimiento con el contrato», señaló Barceló. Según informó, los fondos de la provincia, que se transfirieron al pago del sector de los empleados, quedaron embargados por once medidas interpuestas por AFIP. «Los trabajadores son el gran sostén de la empresa. Sin estas 163 familias sería imposible llegar a sostener esta empresa y tener algún tipo de negociaciones. Somos los primeros agradecidos a ellos porque están sosteniendo una empresa privada y una situación que no es fácil», finalizó.

El Subsecretario de Trabajo, Roberto Correa Esbry dijo, que la próxima semana mantendrá una audiencia con las autoridades de la fábrica, el sindicato y delegados de los trabajadores para hallar una solución al conflicto que mantiene en vilo a más de 100 trabajadores. La reconocida cerámica San José atraviesa una crisis económica al igual que otras empresas sanjuaninas y esta situación perjudica directamente a los trabajadores que se mantienen en vilo y a la espera de una solución. La caída en las ventas de la fábrica ocasionó un brusco descenso del estado financiero poniendo en riesgo más de 100 puestos de trabajo. En el medio, una interna gremial entre dos facciones que aspiran a quedarse con la conducción del Sindicato de Ceramistas aleja aún más una posible solución. El subscretario de trabajo, adelantó que el próximo martes se llevará a cabo una audiencia como última instancia para destrabar el conflicto. La empresa presentó un proyecto de liquidación y además barajó la posibilidad de un retiro voluntario. Por otro lado, desde el sindicato propusieron reducir la jornada laboral a medio día, pero con todos los trabajadores en planta. Con todas las posibilidades en la mesa, solo resta a esperar al martes para definiciones.

Mucha sotana para cortar le queda a este caso todavía. Las novedades del caso llegan de parte de la defensa de Darío Tapia y Juan Francisco Brozina, extesorero y excontador de la curia sanjuanina, ofrecieron la suspensión del juicio a prueba a cambio de una reparación económica y tareas comunitarias. Ambos fueron procesador por el juez Benedicto Correa en abril del año pasado como presuntos responsables de una estafa por una importante suma de dinero, se estima que alrededor de 700 mil pesos. El juez les endilgó la figura de administración fraudulenta, cuya pena va de 1 a 6 años de prisión, por lo que el delito es excarcelable y, de no mediar inconvenientes, el cumplimiento es en suspenso. Brozina y Tapia fueron denunciados en febrero del año pasado por el entonces arzobispo de San Juan, Alfonso Delgado, lo que salió a luz cuando el administrador dio aviso de que no se habían pagado todas las obligaciones mensuales. Fuentes judiaciles confirmaron que en el caso de Tapia –extesorero- se propone una reparación económica de 3 mil pesos y tareas comunitarias, mientras que Brozina –excontador- propone una reparación económica de 20 mil pesos y tareas comunitarias. La decisión si se acepta o no será resorte de la Sala II de la Cámara Penal, integrada por José Vega, Ernesto Kerman y Juan Carlos Peluc Noguera. Si bien la fiscal de Cámara Leticia Ferrón de Rago es quien corresponde que actúe, podría subrogada por otro par ya que se encuentra de permiso. De todos modos la opinión del fiscal no es vinculante. Si la propuesta fuera aceptada por el tribunal, esto no significa que los acusados reconozcan culpabilidad y tampoco quedan antecedentes en su planilla. Foto: Diario La Ventana

El índice de inflación de agosto trepó a 1,57%, y el acumulado de los últimos doce meses llegó a 26,56 por ciento, de acuerdo con un informe difundido este martes por la CGT. Según la medición mensual del Observatorio de Datos Económicos y Sociales de la central obrera, en agosto una familia tipo, -de cuatro miembros, dos mayores y dos menores- necesitó un ingreso mensual de 15.616,23 pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza, unos 513,41 pesos por día. Además, detalló que, para no ser indigente, la misma familia requirió 6.942,06 pesos, unos 228,23 pesos diarios. Por persona, un adulto necesita 2.225,09 pesos para no ser indigente (73,15 pesos por día) y 5.144,76 pesos para no ser pobre (169,14 pesos por día), de acuerdo con la medición de la CGT difundida este martes. Los datos oficiales de la inflación de agosto serán informados por el INDEC el martes 12, por la tarde. Según el organismo de estadísticas, en julio la inflación alcanzó 1,7 por ciento, con un acumulado interanual del 21,5 por ciento.

Con retrasos por el conflicto aeronáutico que afectó a algunos mandatarios, se concreta el encuentro por el reclamo que hizo la gobernadora de Buenos Aires y que perjudica a las provincias. Dieciséis gobernadores y tres vicegobernadores peronistas y de otros partidos compartían esta tarde, poco después de las 13:30, una reunión en la Casa de San Juan para analizar posturas en torno al reclamo judicial del gobierno bonaerense para recuperar para ese distrito recursos del Fondo del Conurbano, una causa que actualmente está en análisis de la Corte Suprema de Justicia. El mandatario Sergio Uñac es el anfitrión del encuentro. La reunión demoró su inicio por el conflicto aeronáutico que complicó la llegada de algunos mandatarios a Buenos Aires. Vale destacar que la gobernadora María Eugenia Vidal demandó al Estado Nacional para recuperar unos 50 mil millones de pesos, ya que están congelados en 650 millones de pesos, desde 1996. Esta cifra podría multiplicarse por cinco de exigir la Justicia el pago de retroactivos. Actualmente, el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia. Entre las alternativas que estudian los gobernadores, y que evaluarán cuando se reúnan, está la de exigir que Nación revise el esquema de subsidios que beneficia a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires. Por ese rubro, el año pasado se repartieron 273.224 millones de pesos (211.224 a la energía y 62.000 millones al transporte). El otro tema de la reunión será el impuesto al cheque. El gravamen vence a fin de año y prorrogarlo depende del Congreso. La distribución actual es del 70 por ciento para la Nación y 30 por ciento para las provincias. En 2016 el impuesto recaudó 131.700 millones de pesos, lo que representa el 1,6 por ciento del PBI y el 6,4 por ciento del total de la recaudación de Afip. Es el tercero que más volumen general, después del IVA y de Ganancias.