Comunicado de prensa: «Coordinadora de Derechos humanos de San Juan» Las organizaciones nucleadas en la «Coordinadora de Derechos Humanos de San juan», a raíz de la represión policial a las movilizaciones en contra del cierre de los Institutos de Formación Docente y por el pedido de viviendas del 23/2, represión en la que resultaron golpeados y detenidos cinco jóvenes militantes del MST, estudiantes de la UNSJ decimos: Que expresamos firmemente nuestro total rechazo a las políticas de seguridad que lleva a cabo el Gobierno provincial, en consonancia con las Políticas nacionales. Que estás políticas constituyen una violación del derecho reconocido en nuestra constitución nacional a la protesta social, derecho que es garante de todos los otros derechos humanos básicos. Que rechazamos los Juzgados de flagrancia, que persiguen la pobreza y la militancia política y social, evidenciando una Justicia destinada al control político y social, que no garantiza iguales derechos de defensa en juicio a todos los ciudadanos y ciudadanas. Exigimos la renuncia del Secretario de Seguridad Fariña, quien dirigió este operativo en el que los y las estudiantes fueron golpeados, incluyendo una joven embarazada. Exigimos el pronunciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia contra estos hechos y contra las políticas de seguridad para pocos que este gobierno está llevando a cabo. Enmarcamos esto en un contexto nacional de políticas de ajuste, precarización y desempleo que no podrían ejecutarse sin la criminalización de la pobreza y la protesta social que están llenando las cárceles de pobres y opositores, y que cuenta ya con víctimas como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Llamamos a las organizaciones políticas y sociales a pronunciarse y declararse en estado de alerta y movilización, la criminalización de los estudiantes es criminalización de la protesta, y pretende disciplinarnos a todos y todas.
Economía: las exportaciones regionales cayeron 10% en 2017
Un nuevo estudio realizado sobre las economías regionales advierte que el sector atraviesa una «aguda crisis» y que su situación se deterioró en los últimos años derivando en problemas que, en algunas áreas específicas, llegaron hasta el abandono de sectores de cultivo, el cierre de fábricas y la caída del 10 por ciento de sus exportaciones durante el 2017. La investigación, que fue realizada por la Universidad Nacional de Avellaneda, alerta acerca de «problemas crónicos» que jaquean al sector plasmándose en una conflictividad social creciente. Asimismo, se destaca que estas dificultades no se debieron, en su mayoría, a condiciones climáticas adversas sino que están relacionadas con la desregulación del área. En este sentido, también influye el aumento de tarifas, que afecta la competitividad de la producción, dejando a los empresarios en una grave situación, muchos de los cuales mantienen niveles de endeudamiento considerables, debido a las inversiones pasadas. Uno de los sectores más perjudicados es el frutihortícola, que sufrió la caída de los precios de los bienes primarios, situación que afectó considerablemente la producción en el alto valle rionegrino, en Neuquén y Mendoza. Las exportaciones de las frutas producidas allí tuvieron un gran retroceso en estos dos años. En el caso de las peras, por ejemplo, pasó de exportarse 332 mil toneladas en 2015 a 268 mil en 2017, lo que implica una caída progresiva del 20 por ciento en dos años, mientras que las exportaciones de manzanas pasaron de 105 mil a 72 mil toneladas en el mismo plazo. Es decir, una baja de más del 30 por ciento. Otra de los sectores claves es el vitivinícola, que tiene su centro en la región cuyana. La caída en los ingresos reales, sumado a la tendencia en los hábitos de consumo donde la cerveza gana terreno frente al vino, tuvo como consecuencia una merma en el consumo y su correlato en la producción. Sin embargo, esto no pudo ser compensado por el frente externo, dado que la paulatina apreciación cambiaria y la fuerte alza en los costos logísticos, impulsado por el alza en los combustibles han colaborado a la pérdida de competitividad en el sector, llegando al punto del crecimiento de las importaciones de vino. La producción total de uvas a nivel nacional ha mostrado una leve alza en 2017. Esto se debe a que en 2016 se ha producido la peor cosecha en 56 años, de modo que Argentina pasó del 5to al 9no lugar en los mayores productores de vino. Por último, la investigación alerta sobre el «complejo panorama» del sector lechero, directamente influido por la erosión que experimentó el poder de compra de los ingresos de una buena parte de la población durante estos dos últimos años. Las estadísticas del Ministerio de Agricultura también dan cuenta de un claro cambio en la tendencia en la serie. Luego de que la producción de leche crezca 2,8 por ciento en 2015, se produjeron dos caídas consecutivas en 2016 y 2017.
Uñac sobre el debate por el aborto: “Creemos en la vida desde la concepción”
El Gobernador habló de el programa Mil Días, llevado adelante por el Ministerio de Salud Pública.»El Estado tiene que estar presente y acompañar a la vida desde la concepción”, manifestó. Consultado sobre el debate a nivel nacional por la despenalización del aborto, el gobernador Sergio Uñac dijo convencido que “nosotros estamos a favor de la vida desde la concepción”. El primer mandatario sostuvo que “no solamente yo lo declamo, sino que hay un programa del Ministerio de Salud, Mil Días, que habla del fortalecimiento del chico concebido y desde ahí hacia adelante”. Es importante el acompañamiento “durante el embarazo, en los 6 primeros meses de una manera, los 6 segundos meses de otra manera y de ahí hasta los dos años. Pero siempre pensando que el Estado tiene que estar presente y acompañar a la vida desde la concepción”.
Aborto legal: la opinión de los funcionarios de cara al debate
Los altos funcionarios celebran que se de el debate en torno a la despenalización del aborto, pero manifestaron tener una postura contraria a la que plantea el proyecto. El debate por la despenalización del aborto se instaló fuertemente en la agenda pública. Pese a que desde el oficialismo aseguraron que el presidente de la Nación impulsó el debate, algunos altos funcionarios no dudaron en mostrarse en contra del proyecto. Marcos Peña, jefe de Gabinete, aseguró anoche en Telefe que no está «a favor de la despenalización pero entiendo la complejidad del tema. Me cuesta abstraerme de la imagen de escuchar el corazón de mis hijos a las 6,7 semanas pero entiendo que hay que salir de la creencia y mirar la problemática general». Sin embargo, no le cerró las puertas al debate y negó que se genere un conflicto con la Iglesia, la cual ya manifestó duras críticas. En declaraciones al diario Clarín, sostuvo que «hay temas que son institucionales y se tienen que debatir. Lo más importante es trabajar y que el debate sea respetuoso, que haya libertad y que todas las voces se escuchen». Dentro del escalafón de altos funcionarios, el segundo de Peña, Mario Quintana, la vicepresidenta Gabriela Michetti, la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley; el de Trabajo, Jorge Triaca; y el de Interior, Rogelio Frigerio se manifestaron en contra de la interrupción legal del embarazo, al igual que Oscar Aguad (Defensa), Patricia Bullrich(Seguridad), Miguel Etchevehere (Agroindustria), el canciller Jorge Faurie y Guillermo Dietrich(Transporte), según reconstruyó ese diario. En el Congreso, donde se dará el debate, Emilio Monzó, titular de la Cámara de Diputados, está en contra al igual que Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. El oficialismo asegura que en la Cámara Baja sólo un 20 por ciento está a favor de la despenalización mientras que el 80% de sus diputados se manifestará en contra. Lo mismo consideran que ocurrirá en el Senado, donde la mayoría irá por el no al aborto legal. En tanto, María Eugenia Vidal, gobernadora bonaerense y la figura con mejor imagen dentro del oficialismo, manifestó estar de acuerdo con que se de el debate, pero dijo estar en contra de la despenalización del aborto: “Me parece bien que se debata, respetando todas las posturas y escuchando todas las voces. Mi posición, como dije en muchas oportunidades es en contra”. Quienes se manifestaron a favor fueron el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, Adolfo Rubinstein, de Salud, Juan José Aranguren, de Energía, y Gustavo Lopetegui, vicejefe de Gabinete, entre otros. El primero argumentó que «los abortos ocurren de hecho, lo que debemos evitar es la profunda asimetría entre mujeres ricas y pobres». Por eso, dijo a Radio Con Vos, «si bien la vida empieza con la concepción, las características como persona aparecen más adelante», por lo cual afirmó: «Estoy a favor de la despenalización del aborto». Por su parte, el titular de la cartera de Salud sostuvo que «está demostrado que en los países donde el aborto es legal la cifra de abortos que se hacen no es mayor que la de los países donde es ilegal, es decir, no aumentan por ser legales. La gran diferencia es que en esos países se ha reducido drásticamente la mortalidad materna». En tanto, el Ministro de Energía manifestó que «una respuesta por SI o NO es siempre odiosa. Estoy a favor del libre albedrío. Dependiendo las circunstancias, con adecuada educación sexual y profilaxis, y contención de la mujer, lo avalo”. Finalmente, Lopetegui se mostró conforme con el debate y aseguró que «es un tema muy sensible y que tiene muchos matices y gradientes. Espero que el debate sea inteligente y no simplista, tal como lo han tenido todos los países avanzados. Yo personalmente estoy a favor de la despenalización».
Deberán terminar la escuela quienes sean beneficiarios de planes sociales
Un nuevo plan fijará que obligatoriamente deberán completar la primaria y secundaria. La medida fue confirmada por la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, confirmó que el Gobierno les exigirá a los beneficiarios de planes sociales que completen sus estudios para seguir percibiendo ese ingreso, al tiempo que aumentarán los controles de quienes están incluidos. «Estuvimos trabajando mucho en la actualización de datos de quienes cobran planes sociales y encontramos que más del 60 por ciento de las personas que cobran planes sociales no terminó el colegio secundario, y nos pareció importante poder acompañarlos en este proceso», dijo la funcionaria nacional en declaraciones radiales al ser consultada sobre un plan del Gobierno para que los beneficiarios estudien como contraprestación. La ministra remarcó que «la educación y el trabajo son los pilares básicos para ayudar a una familia a salir de una situación de pobreza y vulnerabilidad». Asimismo, subrayó que «cualquier empleo hoy en día pide que una persona haya terminado su secundaria». Stanley dejó claro que la iniciativa es «a favor de la gente» y que no cree que genere «resistencias», al tiempo que explicó que viene dialogando sobre este tema «con las organizaciones sociales» y que el objetivo es tratar «caso por caso». «Buscamos entender qué necesita cada persona y trabajar para cada una de ellas. Empezamos en noviembre en las oficinas de Anses de todo el país con la actualización de datos, conociendo a cada persona: qué hacen, cuál es su nivel de educación, en que se han capacitado, en qué se quieren capacitar, y en qué quieren trabajar el día de mañana», señaló la titular de la cartera de Desarrollo Social. El objetivo, resumió, es que cada beneficiario de un plan social pueda «acceder a alguno de los diferentes mecanismos para terminar el secundario», y luego «capacitarse para trabajar de lo que quieren», y destacó que pueden trabajar, por ejemplo, «en las conexiones de agua en casas y barrios, en las veredas, y en todo lo que hace a la integración urbana». El plan del Gobierno incluye que ya no sean las organizaciones sociales quienes gestionan el reparto de planes. Se trata de unos 50 entes que dejarían de percibir unos $ 12.000 anuales por cada beneficiario. Y lo mismo pasaría con los municipios, los cuales reciben $ 18.000. Con esto, el Ejecutivo tendría un ahorro de unos $ 1.500 millones que serían destinados a obras de infraestructura en zonas vulnerables, según publicó el diario Clarín.
El dólar alcanzó un nuevo récord histórico: trepó 20 centavos a $ 20,48
El billete se recalentó y avanzó 21 centavos en los bancos, luego de un incremento significativo en su demanda. El dólar trepó 21 centavos, con lo que alcanzó los $ 20,48. Tocó así un nuevo nivel histórico durante una jornada, en la cual la demanda se aceleró de manera marcada sobre el cierre en una City recalentada. Según un promedio del Banco Central, la divisa finalizó a $ 19,94 para la punta compradora y a $ 20,48 para la vendedora. En los mostradores del Banco de la Nación terminó el día a $ 20,45, tras operar a $ 20,25 por la mañana. Por su parte, el dólar mayorista saltó a $20,20, lo cual representó un incremento de 22 centavos. A lo largo de este lunes se dio un repunte en la demanda, mientras que la oferta se mantuvo limitada. El viernes último, el dólar había cotizado a $ 20,27 ante un mayor equilibrio entre la corriente compradora y vendedora.
Imputaron a Díaz Gilligan por ocultar una cuenta offshore con u$s 1,2 millones
La fiscal federal Alejandra Mángano pidió este lunes investigar al ex subsecretario general de la Presidencia Valentín Díaz Gilligan, quien fuera denunciado por lavado de dinero y otros delitos al no declarar u$s 1,2 millones que se le detectaron en un banco en Andorra de una empresa de la cual fue director. El requerimiento fue hecho ante el juez federal Claudio Bonadio, a partir de la denuncia que presentó el diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade. El legislador del Frente para la Victoria acusó al exfuncionario nacional ante la Justicia por «la posible comisión de los delitos de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y omisión maliciosa», por no haber incluido esa actividad en su declaración jurada. El exsubsecretrario argumentó que los fondos no le pertenecían pero que aceptó ponerla a su nombre como un favor hacia un empresario amigo, Francisco «Paco» Casal. Díaz Gilligan dejó su cargo la semana pasada, tras la presión de algunos integrantes de Cambiemos y dirigentes opositores. En la carta de su renuncia dirigida a su jefe inmediato, el secretario General de la Presidencia, Fernando de Andreis, expresó: «A pesar del respaldo incondicional que sentí por parte de todos los miembros de nuestro gobierno, no creo necesario continuar aferrado al cargo en medio de un debate mediático sobre mis acciones en los que estuve en la actividad privada». «Continuaré contribuyendo con las exigentes metas de transparencia que nos propusimos demostrando mi inocencia en todos los ámbitos en que se me reclame. Como manifesté públicamente las acusaciones que se hicieron en mi contra son falsas y así quedará debidamente comprobado», agregó el exfuncionario saliente en su misiva. Esta fue la primera vez que un funcionario del Gabinete nacional deja su cargo envuelto en cuestionamientos sobre actividades presuntamente ilegales. De manera, puede pensarse que el Gobierno cambió su estrategia para estos casos ya que al ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se lo mantuvo tras el caso «Sandra» y se retuvo en su cargo al ministro de Finanzas Luis Caputo, que tiene una causa similar a la de Díaz Gilligan. Fuente: www.ambito.com
La justicia y otras industrias de Mendoza le dijeron no a la sustancias tóxicas en la minería
La Suprema Corte mendocina negó el recurso extraordinario federal a una empresa que había demandado al Estado por la ley 7722. Las empresas mineras recibieron una mala noticia: la Suprema Corte de Mendoza rechazó el recurso federal para que la Corte Suprema de la Nación analice la constitucionalidad de la ley 7722. Se trata de la norma que prohíbe el uso de sustancias tóxicas en la minería y que en la práctica sirvió de freno a la minería metalífera en la vecina provincia. La ley había sido declarada constitucional y uno de los recursos que les quedaba a los demandantes era ir a la Nación. Pero habilitar ese camino la misma Corte local debe admitir el recurso. La Sala II, integrada por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo, rechazó el recurso presentado por la empresa Minera del Oeste. «No conceder el recurso extraordinario federal», dice la Sentencia firmada el viernes pasado. De esa manera se les cierran casi todas las puertas a las empresas mineras para reclamar contra una ley que fue sancionada en 2007 y cuya constitucionalidad fue ratificada el 2015. Esa decisión se tomó en un fallo plenario para lo cual se acumularon las 11 causas que había. Luego vinieron fallos individuales que toman la decisión del plenario. La empresa MIDO ataca el fallo individual de la sala. La empresa minera basaba su pedido en que, según su postura, afectó «directa y gravemente garantías constitucionales, pues ha prescindido de las reglas de la lógica, de las probanzas, en forma arbitraria y absurda» y agrega que fue «arbitraria por falta de valoración de la prueba». La Provincia defendió la constitucionalidad de la ley y la vigencia del fallo plenario. Y la Corte rechazó el pedido de los mineros. Uno de los principales argumentos de los jueces para negarle el camino federal para reclamar, es que se trata de un tema de índole local porque es la Provincia quien administra los recursos naturales. «Se trata de un conflicto de derecho local, regido por la Constitución y leyes provinciales, que no justifica la apertura del recurso extraordinario. De allí que la pretensión de anular la sentencia particular dictada luego del fallo plenario que declara la constitucionalidad de la norma que tiene por fin regular el uso y aprovechamiento de un recurso natural (el agua o sus minerales) respecto a la explotación minera metalífera que es competencia normativa y ejecutiva de la Provincia, es sin dudas una cuestión de derecho local, cuyos intérpretes naturales son los órganos jurisdiccionales provinciales, constituyendo materia que -de ordinario- resulta extraña al ámbito del recurso extraordinario», explica la sentencia. Además, la Corte asegura que no está demostrado que haya habido alguna arbitrariedad en la sentencia que ratifica la constitucionalidad de la ley 7722. (Fuente: MDZ)
NIUNAMENOS: nos duele Camila
Camila Borda fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de Junín. Las primeras pericias determinaron que fue abusada sexualmente. El sospechoso detenido iría preso de por vida. La niña Camila Borda, que fue hallada estrangulada en el baño de una vivienda de la localidad bonaerense de Junín, fue abusada sexualmente antes de morir, según las primeras pericias, mientras que el sospechoso detenido se expone a una pena de «prisión perpetua». Así lo indicó el fiscal a cargo del caso, Sergio Terrón, quien señaló que el cuerpo de la menor de once años presenta signos de que intentó defenderse de un ataque sexual. Terrón también indicó que no le cabe «ninguna duda» de que Carlos Varela, el único detenido por el crimen y quien ocupaba la casa en la que fue encontrado el cadáver de la niña, es el autor del hecho y «comprendía la monstruosidad que estaba haciendo». En ese contexto, el instructor, en declaraciones al canal TN, consideró que le correspondería «una pena de prisión perpetua ya que se trata de un homicidio agravado». «Lo que tenemos hasta ahora es que la niña fue interceptada por él y llevada a la vivienda, donde se encontró inclusive la bicicleta de la menor en una de las habitaciones, donde la abusó y la asesinó», sostuvo el fiscal.
Argentina: el país emergente que bate récord por la toma de deuda
La emisión de deuda acumulada llegó a 132.969 millones de dólares y se fugaron 82.087 millones del país. Desde que asumió Mauricio Macri en la Casa Rosada, el total de las emisiones de deuda llegaron a 132.969 millones de dólares. De ese total, el Tesoro Nacional emitió 108.173 millones (76.032 millones fueron en moneda extranjera), las provincias 12.336 y las empresas privadas 12.459 millones. En el mismo período se fugaron 82.087 millones de dólares, salida que supera toda la emisión en moneda extranjera del tesoro nacional. Así lo reveló Página 12 a partir de un informe del Observatorio de la Deuda Externa de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (ODE-UMET). La investigación detalla que de los 132.969 millones de dólares emitidos por Argentina durante el gobierno de Macri, el 81,3 por ciento corresponde al Tesoro Nacional. A su vez, de esos 108.173 millones, 59.454 se emitieron en moneda extranjera y bajo legislación extranjera, es decir un 70 por ciento del total. Estas cifras ubicaron a Argentina como el país emergente que más deuda soberana emitió en moneda extranjera en los últimos años. Con 59.138 millones de dólares Argentina supera en un 97,1 por ciento (29.138 millones de dólares más) al segundo mayor emisor, Arabia Saudita (30.000 millones de dólares), y en un 195 por ciento al tercer mayor emisor, Indonesia (20.049 millones de dólares).
Industriales descontentos con las medidas del Gobierno
La UIA remitió una carta al secretario de Comercio en la que expuso 14 puntos que la administración deberá «respetar» en las negociaciones con la Unión Europea. Tras el revés sufrido en la Conferencia Ministerial de la OMC de Buenos Aires, de diciembre pasado, el gobierno volvió a la carga este año con su objetivo de firmar el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), pero se topó con un obstáculo que no estaba en sus planes: las grandes empresas industriales, aliadas naturales del proyecto oficial, endurecieron su cuestionamiento a la posición de la administración de Cambiemos en la negociación, y lentamente se suman al rechazo de un convenio que vislumbran a todas luces desfavorable para el futuro de sus negocios. La última prueba de ese descontento partió desde la Unión Industrial Argentina (UIA), que le remitió al secretario de Comercio, Miguel Braun, la semana pasada, un documento con 14 puntos «que se deberían respetar de modo de lograr un acuerdo equilibrado entre las partes». La UIA envió esos puntos «en función de la falta de información precisa con la que las negociaciones se vienen llevando en los últimos meses» y ante «las múltiples filtraciones y trascendidos». Con los 14 puntos, los industriales dieron a conocer su sospecha de que los negociadores no lograrán garantizar «un trato especial y diferenciado» a los países del bloque regional, que están lejos del desarrollo y la competitividad alcanzada por los miembros de la Unión Europea. También reclamaron que se garantice un tiempo prudencial de adaptación previo a la competencia sin aranceles (pidieron por «los plazos originales de desgravación»). A su vez, los hombres del sector fabril se reconocieron preocupados sobre la posibilidad de que los europeos no abran lo suficiente sus mercados agrícolas y de alimentos a los productos argentinos. También pidieron que continúen los derechos de exportación y de las licencias de importación, entre otras medidas que protección del comercio internacional. En el mismo sentido, manifestaron inquietud por los niveles de contenido regional en cada producto industrial que está dispuesto a aceptar el gobierno argentino. A la par, solicitaron que se limite la liberalización de los servicios públicos estratégicos para el desarrollo, y propusieron límites al acceso a las compras públicas. Finalmente, reclamaron que se proteja y fomente la producción farmacéutica local; que no se adhiera al Tratado de Cooperación de Patentes, que «acote el margen de maniobra regulatorio nacional», y que no se obligue a cambiar los nombres de productos como los champagnes y algunos quesos en orden con los que exige la contraparte europea. Por último, pidieron la actualización de los estudios de impacto existentes. La discrepancia es llamativa viniendo de empresarios claramente afines al proyecto de Mauricio Macri. La UIA en particular participó activamente del diseño de los proyectos de leyes previsional, laboral y tributario. Sin embargo, con este documento la UIA se sumó a las cámaras empresarias que agrupan a las pymes y a las centrales obreras que cuestionaron históricamente el acuerdo con la Unión Europea. En la entidad fabril aseguran que la posición de Cambiemos en la mesa de negociación «es la más liberal, como si el país no tuviera nada que perder». El contexto aporta lo suyo. En la semana que pasó, fuentes privadas dieron a conocer datos de la actividad industrial de enero entre regulares y malos. En sintonía, las estadísticas oficiales de comercio exterior confirmaron una profundización del déficit en el intercambio internacional por una suba de las importaciones de los productos finales y una caída de las exportaciones (ver página 5). Pero además las industrias vienen acarreando los aumentos de tarifas y el recorte de recursos crediticios por parte de la administración macrista. El combo terminó por encender los ánimos en las oficinas de la porteña Avenida de Mayo. Dos integrantes de la mesa chica de la entidad hablaron con Tiempo sobre los problemas del acuerdo con laUnión Europea. «El gobierno sobreactúa un papel y pierde de vista la defensa de la industria nacional. En lugar de proteger, desprotege. Otorga más preferencias de las que los europeos y brasileños están dispuestos a otorgar. Tenemos la posición más liberal como si tuviéramos nada para perder», se quejó un dirigente vinculado a una de las industrias locales de mano de obra intensiva y de los rubros más sensibles a las importaciones. El empresario lamentó que, mientras Europa tiene políticas de bajas tasas arancelarias, a la par de un entramado complejo de normas técnicas que les permite regular el comercio a conveniencia, «Argentina ni siquiera tiene la voluntad política para tomarse en serio el armado de esa política técnica de normas que le permita resguardar el mercado interno». La Argentina, agregó, «debería focalizarse en hacer competitivo el Estado para que sean competitivos sus sectores productivos y después ocuparse de integrarse al mundo. Si se integra al mundo así lo único que viene es la destrucción productiva». El panorama de la UIA no es homogéneo. Hay unos pocos sectores que tienen mejor rentabilidad porque se benefician de la política oficial de impulso de la obra pública. Entre estos se anotan empresas vinculadas al petróleo y la energía, al sector siderúrgico y a sectores del plástico, a la par de ciertos autopartistas y metalmecánicos. El resto, asegura, «surfea bajo la ola» mientras el consumo interno se ameseta. «El gobierno se tiene que dar cuenta de lo que está pasando. Tiene que entender que no se pueden importar alimentos, productos de calzado, muebles, que no se puede liberar el comercio porque no hay dólares y la gente se queda sin trabajo», concluyó el industrial consultado. Otro importante dirigente vinculado a las economías del interior reconoció que el acuerdo con la UE genera «mucha incertidumbre más allá de que el diálogo existe. No tenemos muy claro qué están negociando. El gobierno fue a la UIA y compartió poca información veraz y concreta. Hay que ver qué plantea la Unión Europea. (El presidente francés, Emmanuel) Macron no fue muy alentador para nuestros intereses», indicó. En
