Es por la reforma previsional que quiere que salga Mauricio Macri. Los abuelos, los más perjudicados del paquete de proyectos de Cambiemos. El Gobierno les va a aumentar a los jubilados entre 10 y 20 pesos por año, según la reforma que mandó al Congreso. Para jubilados y pensionados, el plus por crecimiento será de $10 y $ 20 por año, así lo revelaron Página 12 y el diario Clarín. Es porque subirán cada tres meses por el IPC-Indec y sólo en el segundo trimestre de cada año incrementadas con un insignificante 5 por ciento de la variación porcentual real del PIB. «El adicional equivale al 5 por ciento de la evolución que haya tenido en términos reales el PBI. Si la actividad creciera por ejemplo un 2 por ciento, el adicional sería de 0,1 por ciento. Para una jubilación de $ 10.000, se trataría sólo de $ 10.1», reveló el periodista de Clarín Ismael Bermúdez. Y aclaró en Twitter: «El plus por crecimiento es ínfimo: 0,15 o 0,2 puntos por año que se suma a la inflación. Si la inflación fuese del 15 por ciento, el aumento sería 15,15 por ciento o 15,2 por ciento». Esto se debe al proyecto de reforma previsional que envió Mauricio Macri al Congreso para ser aprobada.

Establece beneficios para los empresarios que blanqueen a sus trabajadores durante el primer año de aplicación de la Ley; mantiene el concepto de «banco de horas»; establece cambios en el cálculo de indemnizaciones y aborda las licencias por paternidad. El proyecto de «Ley de ordenamiento laboral», conocido como reforma laboral, ingresó a la Cámara de Senadores de manera electrónica a la 1:01 de la mañana del sábado, por lo que para el ingreso formal deberá esperar hasta el martes, cuando la Mesa de Entradas le otorgue en número de expediente. Una vez hecho esto, comenzará a ser tratado por la Comisión de Trabajo y Previsión la semana que viene. El texto tiene 130 artículos en los que establece reglas para regularizar el trabajo no registrado; los trabajadores tercerizados; baja de la litiigiosidad; aumento de la productividad; licencias por paternidad; formación laboral, entre otros puntos. Una de las propuestas del poryecto es que las empresas puedan tener un año de gracia para blanquear a sus trabajadores no registrados. Si lo hacen dentro de los primeros seis meses, se les condonará la deuda por capital, intereses, multas y punitorios del 100 por ciento. Los trabajadores regularizados podrán contabilizar hasta cinco años de aportes para su jubilación y tienen todos los beneficios de dicha antigüedad. En caso de no registrar a los trabajadores, se establecerán multas que serán guiadas a la seguridad social. Por otro lado, se mantiene el concepto de «banco de horas», muy criticado por la CGT porque no considera la hora como suplementaria si las horas extras se compensan por la disminución en otra jornada. Es una suerte de «fondo» del cual los trabajadores toman horas que se computarán como extra sólo si no se registró una reducción en otro día del mes. Respecto a las indeminzaciónes, quedarán fuera del cálculo el sueldo anual complementario, las horas extraordinarias, las comisiones, premios y/o bonificaciones, las compensaciones de gastos y todo rubro que carezca de periodicidad mensual, normal y habitual. Para evitar confusiones, desde el Gobierno buscan unificar los criterios para el cálculo indemnizatorio que se actualizará en base a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). También se garantiza la validez de las modificaciones de contratos celebrados entre empleador y trabajador mediante la homologación con asistencia sindical o letrada y se prohíbe el carácter no remunerativo a conceptos, rubros y/o sumas de naturaleza salarial, salvo los supuestos expresamente habilitados por el ordenamiento legal. Otro de los puntos abordados por el proyecto hace referencia a la tercerización, a la cual define como «externalización de tareas», y hacer referencia a los trabajadores de empresas que prestan servicios en otras empresas. El texto señala que “en pos de reducir la litigiosidad, se especifican los alcances del concepto de solidaridad». Además, el proyecto establece que se debe solicitar el CUIL de los trabajadores subcontratados y el control de la constancia de pago de las remuneraciones y los aportes a la seguridad social. “Se les informará a los respectivos sindicatos de cada una de las contrataciones de personal para fortalecer los controles y prevenir los abusos”, agrega. El proyecto de ley también aborda el régimen de licencias por maternidad y paternidad bajo el rubro «equidad de género y cuidados» para permitir la crianza compartida. Por lo tanto, se establece una licencia por paternidad y adopción de 15 días; licencias para trámites de adopción de 10 días anuales; para tratamientos de reproducción asistida, de 5 días anuales. Además, se establece una jornada reducida para el cuidado de menores de hasta 4 años a acordar con el empleador; y una licencia de 30 días anuales sin goce de haberes “por razones particulares planificadas”. A futuro, se establece que el Ministerio de Trabajo deberá convocar a una comisión técnica tripartita con el objeto de elaborar dos anteproyectos de ley. Uno para crear un régimen especial unificado de cotizaciones para trabajadores independientes que cuenten con la colaboración de hasta tres trabajadores independientes; y el otro para redactar un Estatuto Especial para trabajadores profesionales autónomos económicamente vinculados, que alcanzará a las profesiones determinadas en un listado elaborado al efecto, informó Parlamentario.com. Finalmente, en el proyecto se resalta que actualmente existen más de 3 millones de trabajadores informales que no gozan de ninguno de los derechos ni seguridad social que les corresponden. Además, se advierte que las mujeres tienen una tasa de actividad del 48 por ciento, mientras que la de los hombres asciende al 72, lo que marca la desigualdad de género. A su vez, las mujeres tienen una mayor tasa de desocupación (10,2 por ciento) y de informalidad (34,9 por ciento); en cuanto a los jóvenes, la tasa de desocupación para la franja que va de los 16 a los 24 años, es del 25 por ciento, o sea 3,7 veces más que los adultos. A su vez, los jóvenes desocupados son el 40 por ciento de los desocupados totales.

Fue contactada a través de facebook por el abusador que la pasó a buscar por su casa en moto y la llevó al domicilio de este para ultrajarla. Lo buscan intensamente. Lo que había sido un chat normal entre adolescentes se transformó en un plan macabro para una menor del departamento Chimbas de 14 años, que pactó salir a pasear y tomar algo con un joven, pero este la llevó a su casa para abusar de ella. El hecho sucedió en el mes de octubre, precisamente el día 15, cuando, según declaración de la niña, el joven la pasó a buscar y lejos de disfrutar una noche luego de una charla por la red social, la casa del abusador se ubica en Villa Unión. El caso trascendió por estas horas, porque la Policía pudo identificar al violador, pero el hombre presentó un recurso de excarcelación. La menor estuvo desaparecida 24 horas hasta que pudo dar con una prima cercana para avisar a sus familiares lo sucedido. El juez que entiende en la causa, Martin Heredia Zaldo, podría declararse incompetente para dar lugar a la justicia de menores para hacerse cargo del caso.

El gobierno firmó un acta con el Servicio Penitenciario a través de Salud Pública. El ministro Cástor Sánchez Hidalgo se reunió con el director del Servicio Penitenciario Provincial, Javier Figuerola, para firmar el acta complementaria que garantiza la cobertura de la iniciativa “Mis Primeros Mil Días en San Juan” para las ocho mujeres embarazadas que están alojadas en el Penal de Chimbas. El SPP será quien efectúe la ejecución y puesta en marcha de la iniciativa dentro de la institución carcelaria, poniendo a disposición el personal idóneo para esta tarea. Deberá brindar las actividades específicas y necesarias para poder llevarlo adelante y garantizarles a las futuras mamás que tengan los controles adecuados. El ministerio se compromete, a través de la dirección Materno Infancia y la División de Nutrición, a auditar, cuando lo considere necesario, el desarrollo de la iniciativa en cada una de las mujeres embarazadas. Asimismo, se proveerá todos los productos alimenticios para la embarazada y luego de los seis meses del nacimiento del bebé, el alimento para el pequeño. El ministro manifestó la importancia de garantizar el derecho al acceso de la iniciativa “Mis Primeros Mil Días en San Juan” para todas las mujeres que estén en condiciones y cumplan con los requisitos necesarios, más allá que estén privadas de su libertad.

Los familiares del joven sospechan que el cadáver pudo haber sido plantado. Su hermano, Sergio, pidió que expertos de universidades nacionales revisen el sitio en el que se encontró. La familia de Santiago Maldonado hizo un nuevo pedido urgente a la justicia para que convoque a expertos de universidades nacionales para volver a examinar el lugar donde fue encontrado el cuerpo, el 17 de octubre. “La urgencia de la petición es que preocupa a esta parte que la demora en obtener esta información sea un factor determinante a garantizar la impunidad de los hechos denunciados”, advierten. El juez Lleral, convocó para el 24 de noviembre a los peritos oficiales y de parte con el fin de conocer los resultados de la autopsia y realizar alguna conclusión en relación con la forma en la que murió el joven. “Si bien tal conclusión revelará algunos datos importantes, lejos estará de poder arribar a certezas sobre la fecha y mecánica de su muerte; como tampoco si el lugar en el que se halló el cuerpo es un lugar primario o secundario; entre otros puntos”, dice el pedido al que accedió PáginaI12. La familia sostiene que no hay información sobre el lugar en el que fue hallado el cuerpo, a saber, el cauce del río, la existencia o no de pozos y el ramaje. De hecho, el buzo que lo encontró, suboficial de la Prefectura Rodolfo Altamirano, declaró en su testimonial del 31 de octubre que “se obvió la parte de batimetría (medir la profundidad y el fondo) porque se ordenó preservar el lugar por el hallazgo”. En el pedido urgente, explican: “Estos datos fueron los que le pedí el 18 de octubre, al día siguiente al hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago, al juez subrogante a través de mi abogada patrocinante y el perito de parte. Ese día se presentaron en su despacho a requerirle que concurriera junto a buzos e investigadores a dicho lugar a fin de obtener tal información. El señor juez subrogante afirmó que no volvería a ese lugar porque no contaba con gente para realizar tales tareas por la alegada violencia desplegada por los miembros de la comunidad el día anterior.” Otro de los reclamos de Sergio Maldonado es que el departamento de Agua de la provincia de Chubut se negó a dar información sobre la temperatura del río. Según publicó el periodista Juan Alonso (Nuestras Voces), Roberto Lech, director general de Aguas de la provincia de Chubut, manifestó que ese organismo carece de información al respecto. Así lo informó por teléfono al juzgado la secretaria de la fiscalía, Rafaella Riccono, la esposa del ex juez del caso, Guido Otranto. El agente Castaño aportó en su testimonial que fue tomada una muestra de agua de la bolsa que contenía el cuerpo sin vida de Santiago, cuando lo sacaron en la morgue de Esquel. Los policías Nicolás Vega y Juan Pablo Accorinti dijeron que tenían previsto tomar una muestra del agua del río Chubut y medir su temperatura en presencia del juez y las partes pero que “dicho muestreo no pudo ser concretado por los incidentes” con los mapuches, que habrían ocurrido cerca de las 21 cuando ya se retiraban. Nadie les preguntó por qué razón para hacerlo debían esperar a que retiraran el cuerpo de Santiago, que fue encontrado a las 12.25.

Desde el Foro de Salud Mental y DDHH en conjunto con estudiantes y organizaciones sociales y derechos humanos convocamos a las 19 horas en Plaza de la Joroba. Con la modificación del decreto reglamentario, el debate no deberá pasar por el Congreso. El cambio reinstala una visión biologicista de la salud mental y vuelve a incorporar el concepto del manicomio. El viernes se conoció la intención del Gobierno nacional de reformar el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 lo cual, denunciaron desde el CELS, sectores de la salud y académicos, es un retroceso para los derechos de los pacientes psiquiátricos ya que modifica la concepción de salud mental y la limita a una visión biologicista, así como también reinstala el concepto del manicomio, que aísla al paciente. De este modo, manifestaron que se contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y se atenta contra una Ley debatida por amplios sectores. La convocatoria es en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental que se ve en peligro por un decreto que llevará a un retroceso hacia la Manicomializacion y reestableciniento del poder médico hegemónico. Echando abajo el paradigma de derechos de los usuarios de servicio. No al retroceso de los sistemas de maltrato asilar. Los esperamos. Derecho que no se defiende se pierde.

La Cámara de Diputados de San Juan celebró este jueves 16 de noviembre, la Duodécima Sesión del período ordinario en cuyo transcurso resultaron aprobados con fuerza de resolución la creación de una Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública y la aceptación de la renuncia definitiva presentada por Juan Carlos Caballero Vidal a su cargo de ministro de la Corte de Justicia de San Juan, a partir del día 1 de diciembre de 2017. Comisión de Seguimiento de la Obra Pública A instancias del Interbloque Compromiso con San Juan, sobre tablas el cuerpo resolvió aprobar con modificaciones la resolución de crear una Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública. La resolución aprobada propone en su artículo primero, crear la Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la obra pública ejecutada en jurisdicción municipal y provincial en la provincia de San Juan desde el 10 de diciembre de 2003 hasta diciembre de 2016. El artículo segundo establece que la Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública estará conformada por un diputado de cada bloque parlamentario y los presidentes de las comisiones permanentes de Legislación y Asuntos Constitucionales; Hacienda y Presupuesto; Obras y Servicios Públicos; Justicia y Seguridad y Sistema Municipal. Por su parte, el artículo tercero manifiesta que la presidencia de la Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública será ejercida por el diputado que represente a la primera minoría parlamentaria Asimismo, el artículo cuarto puntualiza que la Comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública deberá elaborar un informe técnico conteniendo un análisis detallado y minucioso de la totalidad de la obra pública ejecutada, auditada por la comisión. El mismo debe ejecutarse en un plazo que no podrá exceder un año desde la fecha de sanción de la presente resolución. Luego, el artículo quinto indica que la comisión Especial de Auditoría y Seguimiento de la Obra Pública tiene las siguientes funciones y facultades: a) Entender en la auditoría, evaluación, análisis y seguimiento de la totalidad de la obra pública realizada en el ámbito territorial de la provincia de San Juan ya sean de jurisdicción provincial o municipal y ejecutada con fondos de cualquier origen b) Elevar a la Cámara de Diputados de la provincia informes parciales por obras auditadas; c) Solicitar informes escritos u orales y que se remita documentación pertinente sobre las obras que sean objeto de auditoría; d) Solicitar la colaboración y asesoramiento de personas, instituciones, comunidades y organismos especialistas en la materia objeto de la auditoría; e) Presentar ante la Cámara de Diputados de la provincia propuestas legislativas sobre la materia objeto de la auditoría que la comisión estime pertinente; f) Realizar las presentaciones judiciales que se consideren convenientes ante la presente de un hecho irregular o penalmente punible. g) Todas las demás funciones establecidas en el artículo 149º de la Constitución provincial.        

Con la eliminación de la cláusula que permite recaudar la alícuota del 1 por ciento de la facturación por telefonía celular peligra el financiamiento del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La ley 26573 sancionada en 2009 tenía como objetivo el financiamiento, implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento. Silencio del secretario Carlos Mac Allister. Las reformas aplicadas por el Gobierno de Mauricio Macri comienzan a afectar directa e indirectamente a otras áreas que reciben ingresos por los distintos impuestos. Uno de ellos es el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo cuyas actividades se financian, según el inciso A del artículo 39 de la Ley, “con el producto de un cargo del 1% aplicado sobre el precio del abono que las empresas de telefonía celular facturen a sus clientes, neto de IVA”. El Enard es una persona jurídica de derecho público no estatal destinado a gestionar y coordinar apoyos económicos específicos para la implementación y desarrollo de las políticas de alto rendimiento. Fue creado a partir de la sanción de la Ley Nº 26.573, el 2 de diciembre de 2009. De esta forma se ha permitido que en sus siete ejercicios previos desde su puesta en funciones el 12 de marzo de 2010, recaudara una cifra auditada de $1.947 millones. Si se suma el estimado para 2017 de no menos de $600 millones, el monto global que ha recibido el deporte nacional es de $2.500 millones, cifra que puede cortarse de manera drástica. La medida que mantiene el silencio del secretario de Deportes Carlos Mac Allister que ha tenido varios episodios de recortes al frente de su cartera como así también en las becas para deportistas paralimpicos no llama la atención. Otro que se ha mantenido sin emitir opinión sobre la reforma es el empresario telefónico Gerardo Wertheim quien es hoy oficia como presidente del Enard. El artículo 124 de la Reforma Tributaria dispone la derogación del inciso A del artículo 39 de la 26.573 lo que dejaría al deporte nacional sin base de financiación. No aparece en ningún otro lado de la normativa un método o recurso que permita generar fondos genuinos para los deportistas de alcance olímpico. Buenos Aires será sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2018 pero las políticas de desarrollo e inclusión en base al deporte por parte del Gobierno parece alejarse rotundamente de los paradigmas que pregona el Comité Olímpico Internacional a la hora de pregonar el desarrollo de los deportes amateurs.    

Sergio Uñac confirmò que el plus de los estatales será comunicado el martes que viene y destacó que su pago será en dos cuotas. El Ministro de Hacienda Roberto Gattoni aseguró que ya estaba definido el monto del plus salarial pero que sería informado al regreso del gobernador Sergio Uñac de Buenos Aires. En este contexto, Uñac se refirió al plus salarial y aseguró que será anunciado el martes que viene en una conferencia de prensa, como forma de esperar a ver qué provincia larga el primer bono para los empleados estatales en el país. «No hay una sola provincia que haya anunciado este plus», aseguró Uñac quien recordó que será en dos cuotas y que para ello «se hará el máximo esfuerzo para pagarlo». El gobierno de Nación ya advirtió que no iba a haber un plus navideño este año para los empleados del orden nacional, excepto para las asignaciones sociales.