Las cifras de mortalidad materna y embarazo adolescente y el retraso en la implementación de la educación sexual integral, centrales para comprender la necesidad de legalizar el aborto. Por Maby Sosa @mabicita La democracia argentina podrá escribir un nuevo capítulo este miércoles cuando Diputados comience a debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una ley imprescindible para la salud pública, si se la considera a la luz de los más sensibles datos de la política sanitaria. De acuerdo a un informe elaborado por Amnistía Internacional, se estima que en la Argentina se realizan en promedio entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año (uno por cada dos nacimientos). En 17 de las 24 provincias, esa práctica es la principal causa individual de mortalidad materna. Algunos distritos (Salta, Jujuy y Chaco) duplican la tasa a nivel nacional. Las cifras varían sustancialmente de acuerdo a la desigualdad en el acceso a la salud pública. Entre los datos más impactantes está el que refiere a niñas y adolescentes. El informe de Amnistía afirma que, cada día, 298 adolescentes de 15 a 19 años son madres en la Argentina, 50 de ellas por segunda vez, y diez por tercera vez. El 70 por ciento de estos embarazos no son planificados. «Cada tres horas, una niña de entre 10 y 14 años es madre en nuestro país», expresa el estudio. El argumento que más se repite entre quienes están en contra del aborto es el de un supuesto «aluvión» de interrupciones de embarazos en adolescentes, si no están penalizadas. Sin embargo, en España, donde la práctica del aborto fue legalizada en 2010, se produjo un descenso de la tasa de embarazo adolescente: de 12,71 cada mil mujeres menores de 20 años que ese año se realizaron un aborto, la tasa se redujo en 2016 a 8,97 cada mil. La educación, clave Amnistía se sumó al reclamo de que la despenalización del aborto debe ir acompañada de políticas integrales que garanticen la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), «el acceso a servicios de salud amigables, la provisión de métodos anticonceptivos y la implementación de un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, como así también de la asignación de recursos financieros y humanos necesarios». Destaca, además, que a pesar de que hace 12 años que la Argentina cuenta con una ley modelo de ESI, hay una gran distancia entre la norma y su efectiva implementación. La ley reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos, de orden estatal y privado, confesionales y laicos. Sin embargo, en 2017 únicamente nueve provincias sancionaron leyes de educación sexual y otras dos emitieron resoluciones locales estableciendo la implementación del Programa Nacional. Incluso en estas jurisdicciones, existe fuerte resistencia a la integración curricular. Sólo 14 provincias habían completado la capacitación en ESI hasta 2017, tres se encuentran en proceso de implementación, mientras que Catamarca y San Luis interrumpieron la capacitación masiva. La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan no la iniciaron. Por otra parte, el Presupuesto 2018 para la implementación de la ESI se redujo, en términos nominales, un 50 por ciento respecto del año anterior. Criminalización La penalización desalienta que, en caso de sufrir complicaciones debido a un aborto, las mujeres concurran a servicios de salud sexual y reproductiva, por temor a ser criminalizadas, obligadas de esa manera a exponer su vida frente al riesgo de ir presas. Una situación a la que la gran mayoría queda expuesta, dadas las condiciones de precariedad en la que suelen realizarse las prácticas abortivas. Vida o vida No existe consenso en ningún campo ni disciplina científica sobre el momento considerado como el comienzo de la vida humana. Por ende, el derecho tampoco está en condiciones de definirlo. La ley sí regula el comienzo de la existencia de la persona solamente a los efectos civiles. Pero de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tengan prioridad sobre la protección del embrión. Socorristas en red La organización que desde el año 2010 se ocupa de realizar acompañamientos a las mujeres que quieren abortar presentó en mayo último los datos que recolectó durante 2017. Los resultados arrojaron que de un total de 5871 mujeres entrevistadas que acudieron a la red, el 58,3 por ciento era creyente (de alguna religión) y el 57,2 por ciento ya eran madres. Otro dato sensible que surge de ese informe es que el 62,2 por ciento de esas mujeres manifestó haber sido víctima de algún tipo de violencia, aunque sólo el 28,9% realizó una denuncia. Entre los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar, el informe de Socorristas indica que el 43,4% lo hace porque no desea procrear, y un 26,1 por ciento por motivos económicos. En cuanto al momento de practicarse un aborto, el 62,3 por ciento de las mujeres está acompañada por otra persona y el restante 37,7 por ciento tiene como única compañía a la activista socorrista de la red. «

La vicepresidenta confirmó una vez más su posición en contra de la iunterrupción legal del embarazo y dijo que se considera «privilegiada por haber podido vivir» y que su postura se basa en «un humanismo recalcitrante». «Ir a favor de la vida es ir a favor de la naturaleza», lanzó. La vicepresidenta Gabriela Michetti reiteró su posición en contra de la legalización del aborto y dijo que su postura se basa en «un humanismo recalcitrante». En ese sentido, negó este domingo que el aborto sea «una decisión de cada mujer porque es decidir sobre otra vida, no sobre tu cuerpo» y se mostró en contra de que Diputados apruebe el proyectode ley para la legalización. «Tenemos mujeres que mueren por abortos mal practicados, es un tema de salud pública que existe, pero no acepto que para mejorar esta situación estemos coartando la vida de otro», manifestó la vicepresidenta en una entrevista televisiva con el canal América. Además, la funcionaria defendió su postura desde lo que denominó «un humanismo recalcitrante, que no tiene que ver con religión sino el primer derecho es el derecho la vida». «Con el privilegio de haber podido a vivir siento que no tengo ningún derecho para decidir sobre la vida de los demás», sentenció. Si bien admitió que en los países en los que se legalizó el aborto bajó la mortalidad materna, dijo que en ninguno «se eliminó el aborto clandestino con esta medida». En esa línea, sugirió la adopción como «una maravillosa opción pro-vida» y concluyó: «Ir a favor de la vida es ir a favor de la naturaleza».

Tras conocerse las exigencias del FMI para sellar el acuerdo con el Gobierno, el presidente de la entidad sostuvo: «Estamos frente a un problema grave, van a echar muchos trabajadores de la construcción». Además aclaró que las obras vía Participación Público Privada no reemplazan las inversiones del Estado porque «la financiación está muy alta». Luego de que se conocieran los detalles del acuerdo entre el Gobierno y el Fondo Monetario Internacional (FMI) por una línea de crédito Stand By por u$s 50.000 millones que tiene entre varios requisitos el ajuste de las cuentas públicas, el presidente de la Cámara de la Construcción (CAMARCO), Gustavo Weiss,alrtó: «Si desaparece la obra pública hay 430 mil puestos laborales que están en riesgo». En declaraciones a radio Cooperativa, explicó que «estamos frente a un problema grave, van a echar muchos trabajadores de la construcción» y explicó que las obras vía PPP (Participación Público Privada) no reemplazan las inversiones del Estado. «La financiación está muy alta, arriba del 11% en dólares», señaló al respecto. Cabe recordar que el acuerdo con el FMI va a incluir un recorte de gastos en obra pública equivalente al 0,6 puntos del PBI, una cifra que equivale hoy a unos $ 60.000 millones. El recorte en gastos de capita comenzó ya en este año, antes de la firma del compromiso con el Fondo, con un achique de $ 30.000 millones anunciado por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. «Los ministros nos han dicho que lo más fácil e inmediato para reducir es la obra pública. Si no hay consenso con otras fuerzas políticas para bajar otros rubros del gasto. Se viene un panorama muy complicado para este sector, se necesitaría con políticos que piensen a largo plazo y no sé si esto es posible en este país», analizó. Por último, expresó su preocupación por una merma en la actividad y detalló que ya tuvo reuniones con el ministro de Interior, Rogelio Frigerio y con el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez. «Estamos todos muy preocupados. Veremos cómo se desarrolla todo en las próximas reuniones», concluyó.

En búsqueda de reducir el déficit fiscal como exigió el Fondo para prestarle dinero a la Argentina, el Gobierno de Mauricio Macri puso en marcha el recorte de cargos jerárquicos en unos 86 entes descentralizados como la Anses, el INTA, el Conicet, Parque Nacionales y la Biblioteca Nacional. El objetivo de reducir el déficit fiscal plantedo por el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno comenzó a aplicar una serie de recortes y ajustes en el sector público empezando por la reducción del personal jerárquico en 86 organismos públicos descentralizados. Ahora apuntan a lograr reducir el 25% de los cargos jerárquicos en la Anses, el INTA, el Conicet, Parque Nacionales y la Biblioteca Nacional preferentemente. Hace apenas cuatro meses el macrismo había anunciado la reducción en la gestión pública nacional recortando cargos en Presidencia, Jefatura de Gabinete y 20 ministerios. Pese a que se eliminaron cargos de secretarios de Estado, subsecretarios, directores y coordinadores de área el décifit previsto para el 2018 ronda los $351.000 millones, es decir el 2,7 por ciento del PBI. Sin que el anterior ajuste tenga efectos reales ahora van por Senasa, el INTA, el INTI, el Conicet, Parques Nacionales, los entes nacionales Regulador del Gas (Enargas) y de la Energía (ENRE), el Enacom y el Instituto Nacional del Teatro. «Todo se va a revisar, tanto el gasto de capital (obras públicas) de la Nación como el de las provincias; se revisarán ambos con lupa. Todo va a depender de las prioridades de las obras», alertan desde Hacienda según relató el diario La Nación. Es justamente Nicolás Dujovne el enviado de Macri para pasar la guillotina por las distintas áreas del Estado.