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Hablemos de estadísticas para debatir una ley necesaria para la salud pública

Las cifras de mortalidad materna y embarazo adolescente y el retraso en la implementación de la educación sexual integral, centrales para comprender la necesidad de legalizar el aborto.
Por Maby Sosa @mabicita

La democracia argentina podrá escribir un nuevo capítulo este miércoles cuando Diputados comience a debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una ley imprescindible para la salud pública, si se la considera a la luz de los más sensibles datos de la política sanitaria.

De acuerdo a un informe elaborado por Amnistía Internacional, se estima que en la Argentina se realizan en promedio entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año (uno por cada dos nacimientos). En 17 de las 24 provincias, esa práctica es la principal causa individual de mortalidad materna. Algunos distritos (Salta, Jujuy y Chaco) duplican la tasa a nivel nacional. Las cifras varían sustancialmente de acuerdo a la desigualdad en el acceso a la salud pública.

Entre los datos más impactantes está el que refiere a niñas y adolescentes. El informe de Amnistía afirma que, cada día, 298 adolescentes de 15 a 19 años son madres en la Argentina, 50 de ellas por segunda vez, y diez por tercera vez. El 70 por ciento de estos embarazos no son planificados. “Cada tres horas, una niña de entre 10 y 14 años es madre en nuestro país”, expresa el estudio.

El argumento que más se repite entre quienes están en contra del aborto es el de un supuesto “aluvión” de interrupciones de embarazos en adolescentes, si no están penalizadas. Sin embargo, en España, donde la práctica del aborto fue legalizada en 2010, se produjo un descenso de la tasa de embarazo adolescente: de 12,71 cada mil mujeres menores de 20 años que ese año se realizaron un aborto, la tasa se redujo en 2016 a 8,97 cada mil.

La educación, clave

Amnistía se sumó al reclamo de que la despenalización del aborto debe ir acompañada de políticas integrales que garanticen la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), “el acceso a servicios de salud amigables, la provisión de métodos anticonceptivos y la implementación de un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, como así también de la asignación de recursos financieros y humanos necesarios”. Destaca, además, que a pesar de que hace 12 años que la Argentina cuenta con una ley modelo de ESI, hay una gran distancia entre la norma y su efectiva implementación.

La ley reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos, de orden estatal y privado, confesionales y laicos. Sin embargo, en 2017 únicamente nueve provincias sancionaron leyes de educación sexual y otras dos emitieron resoluciones locales estableciendo la implementación del Programa Nacional. Incluso en estas jurisdicciones, existe fuerte resistencia a la integración curricular.

Sólo 14 provincias habían completado la capacitación en ESI hasta 2017, tres se encuentran en proceso de implementación, mientras que Catamarca y San Luis interrumpieron la capacitación masiva. La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan no la iniciaron. Por otra parte, el Presupuesto 2018 para la implementación de la ESI se redujo, en términos nominales, un 50 por ciento respecto del año anterior.

Criminalización

La penalización desalienta que, en caso de sufrir complicaciones debido a un aborto, las mujeres concurran a servicios de salud sexual y reproductiva, por temor a ser criminalizadas, obligadas de esa manera a exponer su vida frente al riesgo de ir presas. Una situación a la que la gran mayoría queda expuesta, dadas las condiciones de precariedad en la que suelen realizarse las prácticas abortivas.

Vida o vida

No existe consenso en ningún campo ni disciplina científica sobre el momento considerado como el comienzo de la vida humana. Por ende, el derecho tampoco está en condiciones de definirlo. La ley sí regula el comienzo de la existencia de la persona solamente a los efectos civiles. Pero de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tengan prioridad sobre la protección del embrión.

Socorristas en red

La organización que desde el año 2010 se ocupa de realizar acompañamientos a las mujeres que quieren abortar presentó en mayo último los datos que recolectó durante 2017. Los resultados arrojaron que de un total de 5871 mujeres entrevistadas que acudieron a la red, el 58,3 por ciento era creyente (de alguna religión) y el 57,2 por ciento ya eran madres.

Otro dato sensible que surge de ese informe es que el 62,2 por ciento de esas mujeres manifestó haber sido víctima de algún tipo de violencia, aunque sólo el 28,9% realizó una denuncia.

Entre los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar, el informe de Socorristas indica que el 43,4% lo hace porque no desea procrear, y un 26,1 por ciento por motivos económicos. En cuanto al momento de practicarse un aborto, el 62,3 por ciento de las mujeres está acompañada por otra persona y el restante 37,7 por ciento tiene como única compañía a la activista socorrista de la red. «

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