Sergio Uñac, firmó un convenio con el presidente Mauricio Macri este miércoles por la tarde en Buenos Aires, para garantizar la financiación de la construcción del dique El Tambolar I más allá de los compromisos asumidos por Argentina con la República de China, por fondos para esta obra pública. El convenio de firma por si existiera un posibilidad de «demora en la monetización del préstamo, buscamos financiamiento para empalmar la construcción de El Tambolar I con El Tambolar y mantener el trabajo de los 350 puestos de trabajo y que estos se puedan elevar a más de 1000 trabajadores», dijo Uñac. «Creo que estamos cumpliendo el objetivo de que la construcción de El Tambolar I se concrete -agregó el gobernador sanjuanino-; agradezco la gestión del presidente Mauricio Macri para encontrar soluciones tanto para San Juan como para la Nación, también al ministro de Industria, Rogelio Frigerio, al ministro de Finanzas Luis Caputo y al ministro de Minería Juan José Aranguren.
Empleo: en el primer trimestre trepó al 9.2 por ciento
La tasa que mide el INDEC aumentó 1.6% y se acerca peligrosamente a los dos dígitos. A pesar del argumento del Gobierno, apenas se modificó 0.2% la cantidad de gente que salió a buscar empleo y la escalada del índice se debe a la destrucción de puestos de trabajo. En los grandes centros urbanos supera el 10%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió datos preocupantes; la tasa de desempleo en Argentina subió a 9,2% en el primer trimestre del 2017 y se acerca peligrosamente a los 2 dígitos. La totalidad del incremento fue del 1.6% y el 87.5% se explica por la destrucción de puestos de trabajo. Los datos del INDEC tiran por tierra los argumentos del Gobierno, desde donde aseguraban que en verdad aumentó la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo rentado. Es que el desempleo aumentó del 7.6% último trimestre del 2016, al 9.2% de los primeros tres meses del 2017 y la tasa de ciudadanos que solicitan empleo apenas se modificó en un 0.2%. El organismo reconoció que la tasa de desocupación «presenta un incremento estadísticamente significativo», mientras las tasas de actividad y empleo no presentaron diferencias sustanciales respecto de 2016. En tanto, la tasa de empleo, que mide la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar, se ubicó en el 41,3% y descendió 0,6 punto porcentual respecto del 42,9% del último trimestre del año anterior. Las zonas más afectadas son los grandes centros urbanos. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires es lugar con más desocupación totalizando un 11.8$. En el Gran Rosario y Mar del Plata el índice también supera los dos dígitos. Fuente: Política Argentina . Fotos: Política Argentina
Córdoba: aprueban una ley que prohíbe a los colectiveros paralizar el transporte
La Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Juan Schiaretti que declara al transporte urbano de pasajeros como «servicio esencial», mientras las empresas despidieron a 158 choferes tras el paro de diez días en la capital provincial. La ley 10.461 que reglamenta la prestación de los servicios esenciales en la provincia, entre ellos el transporte público, fue aprobada este miércoles por la tarde en la Legislatura provincial con 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes. Entre los puntos más importantes de la norma se encuentra un articulado que establece que quienes prestan un servicio esencial deben avisar con cinco días de anticipación si realizan una medida de fuerza. Pero además de avisar con anticipación, estarán obligados a «garantizar un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión. Así, la Provincia se asegura que si se decide hacer un paro en el transporte público de pasajeros, el servicio nunca dejará de funcionar. «Esto claramente demuestra cuál es la conciencia colectiva en esta Legislatura de que hay que resolver los temas que la gente pide que resuelva», señaló el legislador de Unión por Córdoba Oscar González. Tras el paro de diez días que dejó inmovilizada a gran parte de la capital cordobesa y sus alrededores, el diputado advirtió: «¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Ni el gobierno, ni municipio ni nadie. Esa es la respuesta para tratar de ordenar las medidas de fuerza que afectan el servicio público esencial». El artículo 1º de la Ley detalla que cuando «una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias» para «la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica, gas y agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales» (Ley Nº 25.877) deberá «garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión. La Ley 10.461 regirá para los servicios de Transporte Público de Pasajeros y los relacionados con la Protección Ambiental. Además, prevé la creación de una Comisión Técnica en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, que estará a cargo de los conflictos cuando se produzcan para garantizar servicios mínimos. Entre los que rechazaron la ley, el legislador kirchnerista Martín Fresneda señaló: «No podemos resolver con leyes inconstitucionales las incompetencias de algunos dirigentes. Hace mucho que no veo a un bloque que esté votando en contra de los derechos de los trabajadores», en alusión al oficialismo. Laura Vilches, diputada del Frente de Izquierda, calificó de «antiobrero y gorila» el proyecto y se retiró del recinto en medio del debate para marchar con los gremios. En tanto, las empresas prestatarias del transporte urbano confirmaron hoy que despidieron a 158 choferes por haberse adherido a la huelga que duró 10 días en total. De esos choferes, según el reporte difundido por la prensa local, 39 pertenecen a la empresa Tamse, 30 a Coniferal, 46 a Ersa y 43 a Aucor. Además, indicaron que el descuento aplicado por presentismo promediaba los 14 mil pesos para trabajadores con 14 años de antigüedad.
Más ajuste: Dejan morir el Plan Progresar
Una investigación especial revela que el objetivo del Gobierno es la lenta muerte del plan que con la ayuda del Estado permitía a jóvenes con pocos recursos completar su formación profesional. Johana no trabaja, tiene 20 años y estudia para ser maestra jardinera de niños con discapacidad en el instituto Carolina Tobar García. El Plan Progresar, programa impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2014 e instrumentado con Anses para que jóvenes desempleados, contratados informalmente o con salarios por debajo del mínimo vital y móvil pudieran completar su formación merced a una ayuda económica del Estado, es el único ingreso que tiene para asegurarse la posibilidad de adquirir apuntes. Sin embargo, fue suspendida del plan. Micaela fue mamá a los 18 años. Ahora tiene 23 y cursa el tercer año de Radiología en el Instituto Ramón Carrillo. Manifiesta que, sin el dinero, no va a poder terminar su último año de carrera. Ya es el segundo año consecutivo en que la dan de baja. Al igual que ellas, miles de estudiantes rebotan como pelotitas de pingpong entre las ventanillas del banco y las oficinas de Ansés, sin respuesta. El proceso de bajas masivas se desató hace un mes: en la fan page del plan, cuya administración asume el Gobierno nacional a través de Facebook, se publican cientos de consultas por suspensiones diarias pero nunca una respuesta oficial. En el muro, sobreabundan publicaciones propias sobre los potenciales beneficios que la Casa Rosada otorga a los estudiantes, mientras que los pibes desahuciados aprovechan el espacio para pasarse solidariamente los pocos datos que tienen. Todos, suspendidos sin ninguna razón. El titular de Ansés, Emilio Basavilbaso, mantuvo un contacto con los responsables de la publicación y desmintió que se estuviera produciendo un cierre del plan por goteo. “De ninguna manera se están dando bajas masivas ni se plantean recortes del plan”, dijo el funcionario. Sin embargo, desde las universidades del conurbano, advierten que los estudiantes experimentan “frustración” y “desgano” cuando dejan de percibir el beneficio, además de la bronca. “Aunque no cierren el programa de forma inmediata, lo vacían con estas prácticas que estrangulan la demanda del beneficio”, sostuvo un dirigente estudiantil. Según revela Kamchatka, frases como “errores en la carga de datos”, que “no se cumple con el requisito de aprobar dos materias anuales como mínimo” o, incluso, la derivación de la responsabilidad en los establecimientos educativos por no enviar la información académica correspondiente se convierten en muletillas ante cualquier canal de comunicación para reclamos. Ante las nuevas suspensiones aleatorias, irregularidades en el pago, imprecisiones en las respuestas a solicitudes y falta de atención a los alumnos damnificados, la revista realizó una encuesta exclusiva para los usuarios del beneficio. En 48 horas, fue respondida por 480 personas de todas las provincias del país. La alta premura en la respuesta da cuenta de la importancia de este aporte económico mínimo para los estudiantes que están tratando de salir adelante. De los 480 consultados, 433 sufrieron la suspensión del plan aleatoriamente. Al 24% le sucedió este año por primera vez y para el 48,5% es la segunda vez en 12 meses. Del 76,2% a los que se les interrumpió el pago el año pasado, a más del 50% no se les pagaron los meses interrumpidos, inclusive cuando el 25% presentó reclamo formal ante Anses. Además, alrededor del 30% del total de los consultados nunca recibió el monto retenido de 1600 pesos, una suma que se entrega en junio y julio contra presentación de la certificación de la regularidad en la cursada. Al no abonarla, el gobierno elude el giro de aproximadamente 400 millones de pesos. Todo esto, sumado a que el 23,7% reconoce una modificación en el medio de pago sin aviso previo: se vuelve para algunos el cobro del plan una proeza al no saber dónde reciben el dinero. Por otra parte, sale a la luz que existen distintos valores a la hora de cobrar: el 3,4% recibió como máximo menos de 700 pesos por mes, mientras el 4,3% más de 720. El 92.3% cobra entre 700 y 720. El Gobierno se jacta a través de la página oficial diciendo que “Progresar cumple dos años” y abona “$900 por mes para estudiar” (sic). El plan Progresar toma como beneficiarios a estudiantes regulares de 18 a 24 años que cursen nivel primario, secundario, terciario o universitario, y exige una cantidad de materias aprobadas por ciclo. Pueden solicitarlo sólo quienes habiten un hogar en el que se cobren menos de 3 salarios mínimos vitales móviles por mes. No pueden ser beneficiarios de ningún plan más, ni pensionados.
Comunidad diaguita logró frenar el desalojo de sus tierras
Se trata de las tierras de El Mollar y Los Tafíes, que la comunidad habita ancestralmente. La justicia debió frenar la orden por la resistencia del pueblo Diaguita. El martes 13 de junio se cumplieron los diez días impuestos por orden judicial para el desalojo de la comunidad originaria de El Mollar y Los Tafíes, en los cerros tucumanos. Como medida de protesta Margarita Mamani, cacique de la comunidad Diaguita, que habita en la zona, se encadenó frente al edificio del poder judicial de la localidad de Monteros. En comunicación con FM San Alfonso, Mamani expresó que “logramos suspender el desalojo que iban hacer, con la resistencia de los comuneros. El desalojo iba a ser ayer, pero nos informaron que lo dejaron para el día viernes 16, pero creemos que va a quedar suspendido porque hemos hecho entender al juez que esas tierras son ancestrales de generación en generación y que ese desalojo violentaría la Ley 26.160 y otras normativas que reconocen la preexistencia de las comunidades indígenas”. La cacique contó que el próximo paso que deben cumplir ante la justicia es presentar la carpeta técnico operativa, para que quede plasmado los límites de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Fuente: Farco
Lesa humanidad: doce perpetuas para los militares genocida en San Rafael Mendoza
En la Universidad Tecnológica Nacional, cerca del mediodía, se dio a conocer la sentencia a los 27 acusados del segundo juicio por delitos de lesa humanidad. A dos años de haber comenzado, llega a su fin uno de los procesos judiciales más extensos desde que se reanudaron las causas contra quienes estuvieron involucrados en torturas y desapariciones forzadas producidas durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. El tribunal, compuesto por Fátima Ruiz López, Néstor Grosso y Gretel Diamante, deberá expedirse tras los planteos de los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena durante su alegato, quienes solicitaron prisión perpetua para Luis Stuhldreher (ex comisionado municipal), Juan Roberto Labarta, Daniel Ernesto Huajardo Martínez y Oscar Raúl Pérez (todos del D2), los policías David Massaccesi, Raúl Alberto Ruiz Soppe, Hugo Ramón Trentini y Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez. También para los brigadistas de montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez. En el banquillo se encuentran además, Carlos Alberto Ochoa y los ex integrantes de la Sección de Inteligencia 144 Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Cecilio Oseas Martínez y Juan Armando Giovarruscio. Ayer, desde las 18 comenzó una vigilia en el Kilómetro Cero, promovida por organismos de derechos humanos, que convocaron a la comunidad para estar presentes en la UTN durante la jornada de hoy. En la previa de la sentencia, estaban previstas las actuaciones de los artistas Magdalena González, Dorian Maronich, Maxi Guiñazú, Servidores de la Madre, “Negro” Luna y Lucas Méndez. Las condenas fueron en resumen: 12 prisiones perpetuas, 2 condenas de 8 años de prisión, 1 condena de 7 años de prisión, 1 condena de 6 años de prisión, 5 condenas de 4 años de prisión compurgadas x el tiempo de detención q ya tenían, 2 condenas de 3 años de prisión en suspenso con sus respectivas reglas de conducta, y 4 absoluciones. Fotos: APDH San Rafeal
Unidad Ciudadana, el nombre del frente de CFK
La ex presidenta posteó en sus redes sociales un documento con el sello Unidad Ciudadana, mientras se reúne con 35 intendentes. El kirchnerismo inscribirá el frente «Unidad Ciudadana», sin la participación del PJ, de cara a las próximas elecciones legislativas, confirmó la ex presidenta Cristina Kirchner a través de una red social. El frente estaba compuesto por los partidos Compromiso Federal, que lidera el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá; el partido Frente Grande, encabezado por el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el partido Kolina, liderado por el diputado Carlos Castagneto. Asimismo, integrarán el frente el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. La jefa de Estado además enumeró 15 propuestas para hacer frente al ajuste macrista y salir de la crisis en la que está sumida la Argentina, tras las medidas de Mauricio Macri. De esta forma, el kirchnerismo competirá en estas elecciones con un sello por fuera del Partido Justicialista. Resta definir cuál será la postura que tomará el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que insistía en realizar una PASO para enfrentar a la ex Presidenta. Ahora, se abre un período de diez días hasta el cierre de listas, el próximo 24 de junio. Allí, se definirán los candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires A continuación las propuestas: Unidad Ciudadana
El Gobierno le sacó la pensión a Yanina Martínez, medalla de oro en los Juegos Paralímpicos
Yanina Martínez consiguió la presea de oro en los juegos de Río de Janeiro, siendo la primera conquista de este tipo para la Argentina en 20 años. Claudia Chávez, mamá de Yani, contó que el Gobierno de Mauricio Macri le quitó la pensión que recibía por su parálisis cerebral. Su entrenador comentó que la noticia llega a tres semanas de viajar a Inglaterra para representar al país en el Mundial de Atletismo Paralímpico. La decisión del Gobierno nacional de recortar las pensiones por discapacidad ha puesto en escena varias historias de vida que representan la necesidad de la participación del Estado como garante de inclusión y universalidad por medio de sus políticas. Yanina Martínez tiene parálisis cerebral y en el 2016 fue la primera atleta argentina en 20 años en ganar una medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Hoy su madre relató que la administración de Mauricio Macri le quitó su pensión por discapacidad a tres semanas de que viaje a Lóndres para representar a la Argentina en el Mundial de Atletismo Paralímpico. «Le cortaron la pensión porque Yani tiene un sponsor de $4000 con el que tiene un contrato por un año y se anotó en el monotributo. Al dinero del sponsor lo repartimos y queda menos o igual que la pensión. Yani no tiene casa ni nada», relató Claudia Chávez, mamá de Yanina en Radio2 de Rosario. Los primeros pasos de Yanina fueron en los Juegos Evita, allí pudo dar el salto a la Selección y en 2009 tener su debut internacional en el Parapanamericano de Menores celebrado en Bogotá. Luego llegaría un grandioso 2015 con medalla plateada en el Mundial de Doha y dorada en los Parapanamericanos de Toronto. El apoyo de la gestión del Enard y la secretaría de Deportes desde 2012, le permitieron a Yanina competir contra los mejores para obtener la medalla de oro en los Paralímpicos de Río en el 2016 cuando se impuso en los 100 metros T36 de atletismo. En aquel momento el Ministerio de Desarrollo le dedicó un emotivo video, hoy a menos de un año de la obtención de la medalla el mismo Gobierno le sacó la pensión por discapacidad. El Presidente Mauricio Macri tampoco se quedó afuera de felicitarla en Twitter. Otro que se sumó a la felicitación en las redes sociales fue el secretario de Deportes Carlos Mac Allister, quien cerró varios programas de su cartera además de ajustar las becas del Enard a los resultados deportivos. El funcionario macrista y posible candidato a diputado por la provincia de La Pampa en estas elecciones envió su felicitación en Twitter. Yanina obtuvo por ser medalla de oro una beca de Excelencia Olímpica por parte del Enard para este año, pero apenas fueron 27 los atletas paralímpicos que recibieron una mínima beca del Ente Nacional de Alto Rendimiento. En el mismo rango de Yamila, apenas hay otros dos medallistas: Hernán Urra (plata en lanzamiento de bala) y Hernán Barreto (bronces en 100 y 200 metros llanos). El entrenador de Yanina, Martín Arroyo, comentó que «respecto a la pensión de Yani quiero aclarar que pasó a ser monotributista gracias al esfuerzo que realizó y factura para sus sponsors por lo que no tiene más su pensión como muchas de las personas con discapacidad, pierde su pensión por ser monotributista». Consultado por la importancia que tuvo el Enard y la secretaría de Deportes entre 2012 y 2015 comentó que «para nosotros fue fundamental sin duda» y que la secretaría estuvo presente «desde que Yani era muy chiquita». Además agregó que «cuando un deportista se suma al Enard puede dedicarse plenamente al deporte y en este caso se notó en el número de la delegación que fue a Río».
Llega la cumbia electrónica
El 19 de junio en Mamadera se presenta este dúo. Faauna nace originalmente como Fauna en la ciudad de Mendoza en el año 2009 de la mano de Cristian Del Negro y Arturo Gueglio (Zai), ambos amigos y productores de música electrónica, principalmente jungle y drum and bass.
Pensiones: El descargo de Gimena Martinazzo
La coordinadora de Ministerio de Desarrollo Social, Gimena Martinazzo, dijo que ‘no dejó ni dejará de otorgar pensiones por invalidez y de ninguna manera estamos dando de baja a pensiones indiscriminadamente’. Este miércoles, Gimena Martinazzo, coordinadora del ministerio de Desarrollo Social de la Nación en San Juan, se refirió al sistema de beneficios sociales por discapacidad y dijo: «queremos llevar tranquilidad a las familias de San Juan y garantizarles que el Gobierno no dejó ni dejará de otorgar pensiones por invalidez y de ninguna manera estamos dando de baja a pensiones indiscriminadamente”. Ademas, explicó que «se están revisando las pensiones y suspendiendo aquellos casos que por el sistema resultan incompatibles con los requisitos de su obtención». Martinazzo manifestó que «hay una clara intención de manipular la verdad. Este procedimiento se realiza desde hace años. De hecho, en 2015 nosotros no gobernábamos y se dieron de baja casi tres veces más de las que se dieron de baja en nuestros 18 meses de gestión». Por último, resaltó que «algo se hizo mal y tenemos la responsabilidad de arreglarlo porque gestionamos los recursos de todos los argentinos y debemos hacerlo de la mejor manera. «Durante el kirchnerismo las pensiones por invalidez pasaron de 180 mil a casi dos millones de beneficiarios y no hubo una guerra en el medio», sostuvo y agregó que se comprometieron a considerar y resolver a la brevedad cualquier caso que haya sido dado de baja por error a través de la línea gratuita 0800-222-3294.
Quita de pensiones: Ya hay dos fallos a favor de los damnificados
Uno de los fallos es de un juez de Federal de Neuquén y otro de General Roca. La Justicia ya comenzó a opinar sobre la baja de pensiones por incapacidad: dos jueces fallaron en favor de discapacitados y ordenaron que se restablezca de inmediato el pago de las pensiones por no haberse respetado su derecho de defensa. En Rio Negro se presentó un amparo colectivo. «La pensión no es una dádiva, es un derecho», dijo el fiscal Gabriel De Vedia. El Estado había anulado cerca de 83.000 pensiones por incapacidad alegando irregularidades. En las últimas semanas miles de beneficiarios de pensiones no contributivas se vieron sorprendidos cuando, al ir a cobrar su haber, se encontraron con que no el mismo no se encontraba depositado. Tras consultas a diversos organismos se enteraron de que el Estado Nacional les quitó el beneficio por diversas razones: su cónyuge cobra una jubilación mínima, tienen un vehículo a su nombre o un familiar directo cobra un promedio de tres salarios mínimos. El fundamento legal de este accionar se encuentra reglado en el Decreto 432/97. Lejos de ser casos aislados, esta semana se dio a conocer la noticia de que suman 83.000 las bajas de las pensiones. Varios beneficiarios que desde el mes pasado se vieron afectados por la medida iniciaron amparos solicitando que se revoquen las bajas y en estos días incluso legisladores de Rio Negro iniciaron un amparo colectivo con el objeto de que se anule la medida. Dos sentencias dictadas por los Juzgados Federales de Neuquén y General Roca, donde se hizo lugar a sendas cautelares que obligan al Ministerio de Desarrollo Social restablecer las pensiones hasta que no se sustancie debidamente el procedimiento administrativo necesario para adoptar la medida, de acuerdo con lo exigido por la Ley de Procedimiento Administrativo. La primera fue dictada en autos “Bravo, Miguel Ricardo c/ Comision Nacional de Pensiones No Contributivas – Ministerio de Desarrollo Social de la Nación – s/amparo ley 16.986” por el juez Hugo Horacio Greca, quien en principio rechazó otorgarle carácter colectivo al amparo presentado porque “no media una causa fáctica común que provoque lesión a derechos más allá que la propia del señor Bravo”. Según surge del expediente, Bravo padece de un cuadro clínico patológico de hipertensión, hernia de disco y tratamiento prostático y cobraba hasta mayo de este año una pensión no contributiva por invalidez en el marco de la ley 18.910, y la suspensión se dio con fundamento de “cónyuge con beneficio” Tras atender los argumentos del amparista, quien señaló que “no ha mediado acto administrativo alguno que respalde este accionar del Estado”, lo que convertía a su conducta “en una típica vía de hecho”, y la urgencia en el dictado de la medida innovadora obedecía al “absoluto desamparo” en el que se encontraba como resultado de la suspensión del beneficio, afectando no sólo la subsistencia misma del actor, “sino además de su grupo familiar”, el magistrado dictó la cautelar.
