Córdoba: aprueban una ley que prohíbe a los colectiveros paralizar el transporte

 

La Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Juan Schiaretti que declara al transporte urbano de pasajeros como «servicio esencial», mientras las empresas despidieron a 158 choferes tras el paro de diez días en la capital provincial.

La ley 10.461 que reglamenta la prestación de los servicios esenciales en la provincia, entre ellos el transporte público, fue aprobada este miércoles por la tarde en la Legislatura provincial con 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes.

Entre los puntos más importantes de la norma se encuentra un articulado que establece que quienes prestan un servicio esencial deben avisar con cinco días de anticipación si realizan una medida de fuerza.

Pero además de avisar con anticipación, estarán obligados a «garantizar un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión. Así, la Provincia se asegura que si se decide hacer un paro en el transporte público de pasajeros, el servicio nunca dejará de funcionar.

«Esto claramente demuestra cuál es la conciencia colectiva en esta Legislatura de que hay que resolver los temas que la gente pide que resuelva», señaló el legislador de Unión por Córdoba Oscar González.

Tras el paro de diez días que dejó inmovilizada a gran parte de la capital cordobesa y sus alrededores, el diputado advirtió: «¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Ni el gobierno, ni municipio ni nadie. Esa es la respuesta para tratar de ordenar las medidas de fuerza que afectan el servicio público esencial».

El artículo 1º de la Ley detalla que cuando «una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias» para «la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica, gas y agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales» (Ley Nº 25.877) deberá «garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión.

La Ley 10.461 regirá para los servicios de Transporte Público de Pasajeros y los relacionados con la Protección Ambiental.

Además, prevé la creación de una Comisión Técnica en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, que estará a cargo de los conflictos cuando se produzcan para garantizar servicios mínimos.

Entre los que rechazaron la ley, el legislador kirchnerista Martín Fresneda señaló: «No podemos resolver con leyes inconstitucionales las incompetencias de algunos dirigentes. Hace mucho que no veo a un bloque que esté votando en contra de los derechos de los trabajadores», en alusión al oficialismo.

Laura Vilches, diputada del Frente de Izquierda, calificó de «antiobrero y gorila» el proyecto y se retiró del recinto en medio del debate para marchar con los gremios.

En tanto, las empresas prestatarias del transporte urbano confirmaron hoy que despidieron a 158 choferes por haberse adherido a la huelga que duró 10 días en total.

De esos choferes, según el reporte difundido por la prensa local, 39 pertenecen a la empresa Tamse, 30 a Coniferal, 46 a Ersa y 43 a Aucor.

Además, indicaron que el descuento aplicado por presentismo promediaba los 14 mil pesos para trabajadores con 14 años de antigüedad.

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