Modificaron el Código de Faltas y pueden ir presos quienes agredan por redes sociales. Las penas van desde dinero hasta prisión efectiva, pasando por trabajos comunitarios. César Aguilar, Diputado de Compromiso Federal, presentó un controvertido proyecto en el que propone modificar dos artículos del código de faltas para castigar con multas dinerarias, trabajos comunitarios y hasta 30 días de arresto a quienes agredan a través de las redes sociales, y a quienes en lugares públicos observen conductas que afecten a la moral y al orden público. «Lo hacemos a través del código de faltas porque estas faltas no están tipificadas en el código procesal penal. Para darle celeridad al tema y controlarlo lo hacemos con la modificación de estos artículos”, dijo Aguilar. «Hablamos de trasgresión a la moral pública porque lo que está en juego no es solo la libertad y la privacidad, sino que al hablar de moral pública son conceptos que incluyen a nuestros niños, a los más jóvenes. Cuando un niño de 10 años tiene un Smartphone en la mano tiene acceso irrestricto a las redes sociales”, agregó. «Buscamos ponerle un límite a esta historia, esto es un comienzo. La velocidad a la que va la informática actualmente a veces no está acompañada con la misma velocidad en la legislación”, consideró. «Hemos dado este puntapié inicial y queremos tener la posibilidad a corto plazo de trabajar en una legislación más profunda. En esto nos tendrán que acompañar los legisladores nacionales, y desde nuestra cámara de diputados, con esta llave a través del código de faltas ponerle un límite a esta situación”, explicó. Los artículos modificados del Código de Faltas quedaron redactados de la siguiente manera: Artículo 113º – Actos turbatorios y desórdenes: será sancionado, conjunta o alternativamente, con pena de multa de cien (100J) a trescientos jus (300 J), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública, clausura y/o arresto de hasta treinta (30) días: a) El que en lugar público o abierto al público o en propiedad privada por medio de teléfonos o redes informáticas u otros medios electrónicos, difunda y/o profiera insultos o que mediante su difusión cause molestias o perturbación de cualquier naturaleza a terceras personas. Si el autor o coautor fuera inimputable en razón de la edad a los fines de este código, serán pasibles de las penas que el inciso describe, sus padres o tutores. Artículo 117º – Ofensas a la moral pública: El que en lugar público, abierto o expuesto al público o propiedad privada ejecute actos contrarios a la decencia, con gestos, acciones lascivas o palabras torpes será sancionado conjunta o alternativamente, con pena de multa hasta trescientos jus (300 J), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta treinta (30) días. Artículo 117º Bis: Quién a través de medios electrónicos, informáticos, redes sociales o sistemas de comunicación global como Whatsapp, Twitter, Instagram, Telegram u otros que en el futuro se desarrollen, difunda las acciones descriptas en el artículo anterior como así también producciones fotográficas y videográficas que afecten a la moral y orden público o perjudiquen a un tercero, sea partícipe o no, en las actividades o producciones mencionadas, será sancionado conjunta o alternativamente con pena de multa de hasta trescientos jus (300 J), instrucciones especiales, trabajos de utilidad pública y/o arresto de hasta 30 días.
Piden impugnar el nombre de la alianza electoral de Cristina
Un pequeño partido político de La Plata formado el año pasado reclamó este jueves ante la Justicia Electoral Provincial que impugnen el nombre del frente que registró la ex presidenta para las PASO. Sucede que la agrupación está registrada bajo el nombre «Agrupación de Unidad Ciudadana», mientras que el kirchnerismo lanzó el «Frente de Unidad Ciudadana». Según declaraciones de Alejandro Santecchia, titular del partido de La Plata al diario local El Día, la agrupación no tiene pensado presentarse en los comicios legislativos de octubre. Sin embargo, Santecchia confirmó que la presentación ante la Justicia se basa en el deseo de «se respete la Ley Electoral de que se respeten los nombres de los partidos». «No compartimos los valores que tiene ese frente, no nos vemos representados», y además «no nos consultaron». «Si bien es un partido local, uno tiene la aspiración de construir algo más grande», agregó Santecchia
Se instruyó a Fiscalía de Estado para que intervenga respecto a la quita de pensiones
El gobernador anunció este jueves que le pidió formalmente al fiscal Jorge Alvo para que analice la situación y las medidas judiciales a seguir, tras la baja de las pensiones a personas con discapacidad. El gobernador Sergio Uñac confirmó este jueves en rueda de prensa que instruyó al fiscal de Estado, Jorge Alvo, para que analice la caída de pensiones a personas con discapacidad, desde Nación. Esto puede derivar en una acción judicial por dos razones. Además aportaron que la violación de una norma de rango constitucional, que entiende que las personas con discapacidad son sujeto de derecho de este tipo de beneficios; y el presunto perjuicio futuro a la provincia, porque tendría que afrontar con fondos de sus propias arcas las pensiones que cesó el Gobierno Nacional. En este camino, este jueves el fiscal de Estado, Jorge Alvo, y el fiscal adjunto, Gastón Orzanco, recibieron al abogado Fernando Conte Grand, patrocinante de una ONG vinculada a la discapacidad, para interiorizarse sobre el asunto.
Gobierno y justicia de San Juan levantan suspensión sobre la mina Veladero: esto nos dijeron los vecinos de Jachal al respecto.
El Ministerio de Minería, tras las inspecciones en sitio, decidió levantar la suspensión en la mina Veladero. El Juez Pablo Oritja dio luz verde para que la mina veladero vuelva a operar normalmente. Luego de la inspección realizada el martes pasado en la mina Veladero, donde participaron funcionarios del Ministerio de Minería, miembros del Departamento de Hidráulica y Secretaría del Agua, así como representantes de Barrick, el Gobierno de San Juan levantó la suspensión sobre la mina Veladero. Ello en virtud de lo informado por el Ministro de Minería de la Provincia de San Juan, Dr. Alberto Hensel. Las autoridades recorrieron y visitaron las obras realizadas, las construcciones de todo el sistema de nuevas cañerías, así como el correcto funcionamiento de los nuevos equipos luego de pruebas neumáticas e hidráulicas. A ello se suman otras obras exigidas como la impermeabilización del camino de servicio y retiro de las antiguas cañerías. La decisión final corresponde al Juez Pablo Oritja, quien ya dio luz verde para que la mina veladero vuelva a operar normalmente. No obstante, “El Cimbronazo” estuvo presente hace unos días con los integrantes de la “Asamblea Jachal No Se Toca” y esto nos dijeron al respecto sobre la inminente decisión de levantar la suspensión de la multinacional Barrick Gold, luego de haber provocado tres derrames tóxicos sobre la cuenca del rio Blanco – Jachal.
Dique El Tambolar: En Capital Federal se firmó por un financiamiento alternativo
Sergio Uñac, firmó un convenio con el presidente Mauricio Macri este miércoles por la tarde en Buenos Aires, para garantizar la financiación de la construcción del dique El Tambolar I más allá de los compromisos asumidos por Argentina con la República de China, por fondos para esta obra pública. El convenio de firma por si existiera un posibilidad de «demora en la monetización del préstamo, buscamos financiamiento para empalmar la construcción de El Tambolar I con El Tambolar y mantener el trabajo de los 350 puestos de trabajo y que estos se puedan elevar a más de 1000 trabajadores», dijo Uñac. «Creo que estamos cumpliendo el objetivo de que la construcción de El Tambolar I se concrete -agregó el gobernador sanjuanino-; agradezco la gestión del presidente Mauricio Macri para encontrar soluciones tanto para San Juan como para la Nación, también al ministro de Industria, Rogelio Frigerio, al ministro de Finanzas Luis Caputo y al ministro de Minería Juan José Aranguren.
Empleo: en el primer trimestre trepó al 9.2 por ciento
La tasa que mide el INDEC aumentó 1.6% y se acerca peligrosamente a los dos dígitos. A pesar del argumento del Gobierno, apenas se modificó 0.2% la cantidad de gente que salió a buscar empleo y la escalada del índice se debe a la destrucción de puestos de trabajo. En los grandes centros urbanos supera el 10%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió datos preocupantes; la tasa de desempleo en Argentina subió a 9,2% en el primer trimestre del 2017 y se acerca peligrosamente a los 2 dígitos. La totalidad del incremento fue del 1.6% y el 87.5% se explica por la destrucción de puestos de trabajo. Los datos del INDEC tiran por tierra los argumentos del Gobierno, desde donde aseguraban que en verdad aumentó la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo rentado. Es que el desempleo aumentó del 7.6% último trimestre del 2016, al 9.2% de los primeros tres meses del 2017 y la tasa de ciudadanos que solicitan empleo apenas se modificó en un 0.2%. El organismo reconoció que la tasa de desocupación «presenta un incremento estadísticamente significativo», mientras las tasas de actividad y empleo no presentaron diferencias sustanciales respecto de 2016. En tanto, la tasa de empleo, que mide la proporción de personas empleadas respecto a la población en edad de trabajar, se ubicó en el 41,3% y descendió 0,6 punto porcentual respecto del 42,9% del último trimestre del año anterior. Las zonas más afectadas son los grandes centros urbanos. Por ejemplo, el Gran Buenos Aires es lugar con más desocupación totalizando un 11.8$. En el Gran Rosario y Mar del Plata el índice también supera los dos dígitos. Fuente: Política Argentina . Fotos: Política Argentina
Córdoba: aprueban una ley que prohíbe a los colectiveros paralizar el transporte
La Legislatura de Córdoba aprobó el proyecto de ley enviado por el gobernador Juan Schiaretti que declara al transporte urbano de pasajeros como «servicio esencial», mientras las empresas despidieron a 158 choferes tras el paro de diez días en la capital provincial. La ley 10.461 que reglamenta la prestación de los servicios esenciales en la provincia, entre ellos el transporte público, fue aprobada este miércoles por la tarde en la Legislatura provincial con 57 votos a favor, 5 en contra y 8 ausentes. Entre los puntos más importantes de la norma se encuentra un articulado que establece que quienes prestan un servicio esencial deben avisar con cinco días de anticipación si realizan una medida de fuerza. Pero además de avisar con anticipación, estarán obligados a «garantizar un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión. Así, la Provincia se asegura que si se decide hacer un paro en el transporte público de pasajeros, el servicio nunca dejará de funcionar. «Esto claramente demuestra cuál es la conciencia colectiva en esta Legislatura de que hay que resolver los temas que la gente pide que resuelva», señaló el legislador de Unión por Córdoba Oscar González. Tras el paro de diez días que dejó inmovilizada a gran parte de la capital cordobesa y sus alrededores, el diputado advirtió: «¿Cómo puede ser que nadie haga nada? Ni el gobierno, ni municipio ni nadie. Esa es la respuesta para tratar de ordenar las medidas de fuerza que afectan el servicio público esencial». El artículo 1º de la Ley detalla que cuando «una medida de acción directa involucre o comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias» para «la vida, la salud, la seguridad, la justicia, el acceso a la energía eléctrica, gas y agua potable, sea por tratarse de servicios esenciales» (Ley Nº 25.877) deberá «garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal, a fin de asegurar su continuidad y regularidad» del servicio en cuestión. La Ley 10.461 regirá para los servicios de Transporte Público de Pasajeros y los relacionados con la Protección Ambiental. Además, prevé la creación de una Comisión Técnica en el ámbito de la Autoridad de Aplicación, que estará a cargo de los conflictos cuando se produzcan para garantizar servicios mínimos. Entre los que rechazaron la ley, el legislador kirchnerista Martín Fresneda señaló: «No podemos resolver con leyes inconstitucionales las incompetencias de algunos dirigentes. Hace mucho que no veo a un bloque que esté votando en contra de los derechos de los trabajadores», en alusión al oficialismo. Laura Vilches, diputada del Frente de Izquierda, calificó de «antiobrero y gorila» el proyecto y se retiró del recinto en medio del debate para marchar con los gremios. En tanto, las empresas prestatarias del transporte urbano confirmaron hoy que despidieron a 158 choferes por haberse adherido a la huelga que duró 10 días en total. De esos choferes, según el reporte difundido por la prensa local, 39 pertenecen a la empresa Tamse, 30 a Coniferal, 46 a Ersa y 43 a Aucor. Además, indicaron que el descuento aplicado por presentismo promediaba los 14 mil pesos para trabajadores con 14 años de antigüedad.
Más ajuste: Dejan morir el Plan Progresar
Una investigación especial revela que el objetivo del Gobierno es la lenta muerte del plan que con la ayuda del Estado permitía a jóvenes con pocos recursos completar su formación profesional. Johana no trabaja, tiene 20 años y estudia para ser maestra jardinera de niños con discapacidad en el instituto Carolina Tobar García. El Plan Progresar, programa impulsado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2014 e instrumentado con Anses para que jóvenes desempleados, contratados informalmente o con salarios por debajo del mínimo vital y móvil pudieran completar su formación merced a una ayuda económica del Estado, es el único ingreso que tiene para asegurarse la posibilidad de adquirir apuntes. Sin embargo, fue suspendida del plan. Micaela fue mamá a los 18 años. Ahora tiene 23 y cursa el tercer año de Radiología en el Instituto Ramón Carrillo. Manifiesta que, sin el dinero, no va a poder terminar su último año de carrera. Ya es el segundo año consecutivo en que la dan de baja. Al igual que ellas, miles de estudiantes rebotan como pelotitas de pingpong entre las ventanillas del banco y las oficinas de Ansés, sin respuesta. El proceso de bajas masivas se desató hace un mes: en la fan page del plan, cuya administración asume el Gobierno nacional a través de Facebook, se publican cientos de consultas por suspensiones diarias pero nunca una respuesta oficial. En el muro, sobreabundan publicaciones propias sobre los potenciales beneficios que la Casa Rosada otorga a los estudiantes, mientras que los pibes desahuciados aprovechan el espacio para pasarse solidariamente los pocos datos que tienen. Todos, suspendidos sin ninguna razón. El titular de Ansés, Emilio Basavilbaso, mantuvo un contacto con los responsables de la publicación y desmintió que se estuviera produciendo un cierre del plan por goteo. “De ninguna manera se están dando bajas masivas ni se plantean recortes del plan”, dijo el funcionario. Sin embargo, desde las universidades del conurbano, advierten que los estudiantes experimentan “frustración” y “desgano” cuando dejan de percibir el beneficio, además de la bronca. “Aunque no cierren el programa de forma inmediata, lo vacían con estas prácticas que estrangulan la demanda del beneficio”, sostuvo un dirigente estudiantil. Según revela Kamchatka, frases como “errores en la carga de datos”, que “no se cumple con el requisito de aprobar dos materias anuales como mínimo” o, incluso, la derivación de la responsabilidad en los establecimientos educativos por no enviar la información académica correspondiente se convierten en muletillas ante cualquier canal de comunicación para reclamos. Ante las nuevas suspensiones aleatorias, irregularidades en el pago, imprecisiones en las respuestas a solicitudes y falta de atención a los alumnos damnificados, la revista realizó una encuesta exclusiva para los usuarios del beneficio. En 48 horas, fue respondida por 480 personas de todas las provincias del país. La alta premura en la respuesta da cuenta de la importancia de este aporte económico mínimo para los estudiantes que están tratando de salir adelante. De los 480 consultados, 433 sufrieron la suspensión del plan aleatoriamente. Al 24% le sucedió este año por primera vez y para el 48,5% es la segunda vez en 12 meses. Del 76,2% a los que se les interrumpió el pago el año pasado, a más del 50% no se les pagaron los meses interrumpidos, inclusive cuando el 25% presentó reclamo formal ante Anses. Además, alrededor del 30% del total de los consultados nunca recibió el monto retenido de 1600 pesos, una suma que se entrega en junio y julio contra presentación de la certificación de la regularidad en la cursada. Al no abonarla, el gobierno elude el giro de aproximadamente 400 millones de pesos. Todo esto, sumado a que el 23,7% reconoce una modificación en el medio de pago sin aviso previo: se vuelve para algunos el cobro del plan una proeza al no saber dónde reciben el dinero. Por otra parte, sale a la luz que existen distintos valores a la hora de cobrar: el 3,4% recibió como máximo menos de 700 pesos por mes, mientras el 4,3% más de 720. El 92.3% cobra entre 700 y 720. El Gobierno se jacta a través de la página oficial diciendo que “Progresar cumple dos años” y abona “$900 por mes para estudiar” (sic). El plan Progresar toma como beneficiarios a estudiantes regulares de 18 a 24 años que cursen nivel primario, secundario, terciario o universitario, y exige una cantidad de materias aprobadas por ciclo. Pueden solicitarlo sólo quienes habiten un hogar en el que se cobren menos de 3 salarios mínimos vitales móviles por mes. No pueden ser beneficiarios de ningún plan más, ni pensionados.
Comunidad diaguita logró frenar el desalojo de sus tierras
Se trata de las tierras de El Mollar y Los Tafíes, que la comunidad habita ancestralmente. La justicia debió frenar la orden por la resistencia del pueblo Diaguita. El martes 13 de junio se cumplieron los diez días impuestos por orden judicial para el desalojo de la comunidad originaria de El Mollar y Los Tafíes, en los cerros tucumanos. Como medida de protesta Margarita Mamani, cacique de la comunidad Diaguita, que habita en la zona, se encadenó frente al edificio del poder judicial de la localidad de Monteros. En comunicación con FM San Alfonso, Mamani expresó que “logramos suspender el desalojo que iban hacer, con la resistencia de los comuneros. El desalojo iba a ser ayer, pero nos informaron que lo dejaron para el día viernes 16, pero creemos que va a quedar suspendido porque hemos hecho entender al juez que esas tierras son ancestrales de generación en generación y que ese desalojo violentaría la Ley 26.160 y otras normativas que reconocen la preexistencia de las comunidades indígenas”. La cacique contó que el próximo paso que deben cumplir ante la justicia es presentar la carpeta técnico operativa, para que quede plasmado los límites de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas. Fuente: Farco
Lesa humanidad: doce perpetuas para los militares genocida en San Rafael Mendoza
En la Universidad Tecnológica Nacional, cerca del mediodía, se dio a conocer la sentencia a los 27 acusados del segundo juicio por delitos de lesa humanidad. A dos años de haber comenzado, llega a su fin uno de los procesos judiciales más extensos desde que se reanudaron las causas contra quienes estuvieron involucrados en torturas y desapariciones forzadas producidas durante la dictadura militar, entre 1976 y 1983. El tribunal, compuesto por Fátima Ruiz López, Néstor Grosso y Gretel Diamante, deberá expedirse tras los planteos de los fiscales Dante Vega y Pablo Garciarena durante su alegato, quienes solicitaron prisión perpetua para Luis Stuhldreher (ex comisionado municipal), Juan Roberto Labarta, Daniel Ernesto Huajardo Martínez y Oscar Raúl Pérez (todos del D2), los policías David Massaccesi, Raúl Alberto Ruiz Soppe, Hugo Ramón Trentini y Orlando Gerardo Gutiérrez Álvarez. También para los brigadistas de montaña, Aníbal Alberto Guevara y Miguel Ángel Báez. En el banquillo se encuentran además, Carlos Alberto Ochoa y los ex integrantes de la Sección de Inteligencia 144 Luis Ricardo Rizo Avellaneda, Cecilio Oseas Martínez y Juan Armando Giovarruscio. Ayer, desde las 18 comenzó una vigilia en el Kilómetro Cero, promovida por organismos de derechos humanos, que convocaron a la comunidad para estar presentes en la UTN durante la jornada de hoy. En la previa de la sentencia, estaban previstas las actuaciones de los artistas Magdalena González, Dorian Maronich, Maxi Guiñazú, Servidores de la Madre, “Negro” Luna y Lucas Méndez. Las condenas fueron en resumen: 12 prisiones perpetuas, 2 condenas de 8 años de prisión, 1 condena de 7 años de prisión, 1 condena de 6 años de prisión, 5 condenas de 4 años de prisión compurgadas x el tiempo de detención q ya tenían, 2 condenas de 3 años de prisión en suspenso con sus respectivas reglas de conducta, y 4 absoluciones. Fotos: APDH San Rafeal
Unidad Ciudadana, el nombre del frente de CFK
La ex presidenta posteó en sus redes sociales un documento con el sello Unidad Ciudadana, mientras se reúne con 35 intendentes. El kirchnerismo inscribirá el frente «Unidad Ciudadana», sin la participación del PJ, de cara a las próximas elecciones legislativas, confirmó la ex presidenta Cristina Kirchner a través de una red social. El frente estaba compuesto por los partidos Compromiso Federal, que lidera el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá; el partido Frente Grande, encabezado por el intendente de Ensenada, Mario Secco; y el partido Kolina, liderado por el diputado Carlos Castagneto. Asimismo, integrarán el frente el partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella y el Partido de la Victoria, de Aldo San Pedro. La jefa de Estado además enumeró 15 propuestas para hacer frente al ajuste macrista y salir de la crisis en la que está sumida la Argentina, tras las medidas de Mauricio Macri. De esta forma, el kirchnerismo competirá en estas elecciones con un sello por fuera del Partido Justicialista. Resta definir cuál será la postura que tomará el ministro del Interior, Florencio Randazzo, que insistía en realizar una PASO para enfrentar a la ex Presidenta. Ahora, se abre un período de diez días hasta el cierre de listas, el próximo 24 de junio. Allí, se definirán los candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires A continuación las propuestas: Unidad Ciudadana
