La decisión corresponde a la Sala Penal de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. La dirigente social está presa por un acampe realizado en Plaza Belgrano a comienzos de 2016. La Sala Penal de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy concedió la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala solicitada por el fiscal Diego Cussel. Esta prórroga será por el plazo de un año, desde que se cumplan los dos años de la prisión preventiva dictada en el expediente de la causa conocida como «Pibes Villeros», informó el Tribuno de Jujuy. La líder de la Tupac Amaru se encuentra detenida desde el pasado 16 de enero de 2016 tras el acampe realizado en Plaza Belgrano y actualmente la cumple en forma domiciliaria en la propiedad del barrio El Carmen. Los jueces hicieron lugar al pedido de prórroga ya que consideran que se trata de una causa de «muy difícil investigación y de suma gravedad». La prisión domiciliaria en una vivienda que no es la residencia habitual de Milagro Sala fue habilitada en cumplimiento de una disposición de la Corte Interamericana de Derechos humanos, en un fallo dilatado por la justicia jujeña. La residencia tiene un cerco perimetral, cámaras de vigilancia y un puesto de guardia de la Gendarmería, que controla los movimientos y las visitas que recibe. La defensa de Sala advirtió que conoció la prórroga «a través de los medios de comunicación» y remarcó que «el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ya determinó que aquella detención» dispuesta en enero de 2016 «fue arbitraria y ordenó la liberación inmediata al Estado Nacional». «Tomaron esta decisión sin siquiera correr vista a la defensa, que conlleva una violación de la igualdad de partes que debe regir el proceso penal. El fundamento central de la prórroga es que la defensa presentó innumerables recursos y nulidades, pero esto carece de sentido porque todas las presentaciones se realizaron en el marco del legitimo derecho a la defensa, que es un derecho constitucional», indicaron los abogados en un comunicado. Agregaron, en este sentido, que «ése no es un argumento valido para prolongar una medida de excepción como es la prision preventiva» y denunciaron que «de ningún modo han especificado cuáles son las complejidades de la causa que utilizan como otro de los fundamentos y no valoran circunstancias como la calificación de arbitraria realizada por el GTDA de la ONU y que fue refrendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)». «Que la causa este lista para ir a juicio, por otra parte, no es un argumento a favor de la extensión de la preventiva, sino al contrario. Producidas las pruebas que se van a utilizar en el debate, la decisión debería haber sido exactamente la contraria», insistió la defensa.

  Musa Azar, el jefe de la «Gestapo santiagueña» cumple cuatro condenas a prisión perpetua, mientras que Rafael Barreiro fue beneficiado por padecer cáncer de próstata. El represor Antonio Musa Azar, que cumple cuatro penas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recibió este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que le dictó la última condena a fines de diciembre último. Por su parte, el juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes La resolución en favor de Musa Azar fue repudiada en duros términos por la Asociación por la Memoria , la Verdad y la Justicia, querellante en la causa. La excarcelación solicitada por el hijo del represor, el abogado defensor Moisés Azar, argumentó la edad (tiene 81 años) y su estado de salud. El pedido fue aceptado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del Tribunal que a fines de 2017 lo condenó a 22 años de cárcel por la denominada «Megacausa 3» por delitos de lesa humanidad, junto a otros 11 imputados. Según la defensa, Antonio Musa Azar, considerado el jefe de la denominada «Gestapo santiagueña» que operó durante la dictadura, padece problemas de salud derivados de su diabetes y afecciones cardíacas. El ex jefe de Inteligencia de la Policía santiagueña permaneció los últimos meses internado en el Hospital Neumonológico provincial y, previamente, cumplía condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto, al que había sido trasladado desde el Hospital Penitenciario Central I del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Los organismos de derechos humanos locales rechazaron lo dispuesto por el mismo Tribunal, que el 11 de noviembre pasado le había concedido la prisión domiciliaria pero que, a las 24 horas, la anuló por el reclamo de las querellas. «En una clara maniobra de otorgarle este privilegio al genocida y haciendo caso omiso a nuestras presentaciones y a los plazos pautados el tribunal oral federal integrado por (los jueces) Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming, son los responsables de que el genocida más grande de Santiago del Estero esté suelto», expresó hoy una declaración de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El abogado Pedro Orieta, de esa querella, dijo que Batule emitió el 3 de enero la resolución favorable a Asar, «adelantándose a los fundamentos de la sentencia, porque nosotros hemos conocido el veredicto el 29 de diciembre y han quedado los fundamentos para el 26 de marzo próximo». «Batule incurrió en esta canallada judicial desde Salta», agregó. «Es una resolución arbitraria, antojadiza, en la que se autoadjudica la jurisdicción de los otros tribunales, porque Musa Azar tiene tres condenas a perpetua (en causas federales) y otra perpetua en tribunales de provincia», apuntó. «Nosotros hemos presentado un recurso contra esa resolución del 3 de enero y hoy, sin tener en cuenta nuestra presentación, el Tribunal ha terminado ejecutando la domiciliaria, cuando ni siquiera la sentencia está completa», deploró Orieta. Las querellas de los organismos de derechos humanos se oponen a la prisión domiciliaria por entender que la salud del represor puede ser atendida en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad y en la que permaneció varios meses internado. Actualmente, Azar cumple cuatro condenas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad bajo su condición de jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó antes, durante y después de la última dictadura. La cuarta condena fue en 2008 en la causa conocida como «Doble crimen de la Dársena», los asesinatos en Santiago del Estero en 2003 de las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar. En ese tiempo, Azar era secretario de Seguridad de la gestión de la ex gobernadora Mercedes Marina «Nina» Aragonés de Juárez. En 2008, fue juzgado y absuelto en primera instancia por el robo seguido de muerte del ganadero santiagueño Oscar Seggiaro, pero la Cámara del Crimen de la Tercera Nominación lo condenó a cinco años de prisión por utilizar personal policial para tareas domésticas. El beneficio de la prisión domiciliaria había sido solicitado por la defensa del represor en varias oportunidades durante los procesos orales que afrontó, pero siempre, hasta la Megacausa 3, le había sido denegado. Fuentes judiciales indicaron que Musa Azar cumplirá prisión domiciliaria en su casa céntrica de avenida Moreno, entre Andes y Rivadavia, la misma en la que funciona el estudio jurídico de su hijo Moisés y en la que el represor contaba con una apreciable cantidad de pájaros y aves en cautiverio en jaulas de metal. El caso Barreiro El juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, durante la última dictadura. La resolución del magistrado, con fecha de ayer y publicada en el Centro de Información Judicial, determina que Barreiro deberá cumplir la pena en su domicilio de la calle Cuba, en el barrio de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado fundamenta la medida en el estado de salud del ex militar, que, según se desprende de la conclusión médico legal, padece cáncer de próstata, problemas pulmonares y deterioro neurocognitivo severo, entre otras patologías, y que requiere tratamiento oncológico. El escrito menciona fallos anteriores por situaciones similares y acude al artículo 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, “optando por la prisión domiciliaria para aquellos casos de internos enfermos cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no corresponde alojamiento en un establecimiento hospitalario”. La resolución de Ceroleni dispone que “el interno Rafael Julio Manuel Barreiro continúe el cumplimento de la condena en

El Informe llamado «Achicar el Estado para agrandar la Nación» es del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) y analiza los despidos y suspensiones del último mes del 2017. El informe señala que “el incremento de los despidos en el mes de diciembre ha sido impulsado por las cesantías en el sector público, que representan casi el 60 por ciento de los casos del mes (1.904 casos)” y que “si se compara respecto del mes anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 casos en noviembre de 2017)”. El director del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), Hernan Letcher, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Ahijuna, explicó que de los despidos del mes de diciembre están relacionados con la cantidad de despidos del sector público: “En el mes de diciembre se suman 1904 despidos relacionados con el sector público, es el dato característicos porque es más de la mitad y además es lo que ha sucedido en los dos diciembres previos”. Entre los despidos, como los que sufrió Radio Nacional, o los cientos de trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares de todo el país, ayer se confirmaron los 18 despidos de las señales públicas Encuentro, Pakapaka y DeporTV. Estos se suman a los 89 retiros voluntarios y 22 contratos a febrero no renovados en esos mismos canales y a los 160 trabajadores cesanteados en la TDA. Por este motivo el Sindicato Argentino de Televisión,Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) se movilizaron en el día de ayer.

La imagen del primer mandatario sintió los sacudones tras las polémicas de diciembre en torno a las reformas previsional y tributaria. Las últimas medidas llevaron a Macri al nivel más alto de desaprobación desde que asumió. El recorte de haberes a jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, perceptores de AUH y otras asignaciones no estaría siendo gratuito para la imagen del presidente Macri. Según informó la consultora Ipsos Argentina, el descontento que provocaron las últimas medidas, a las que se sumaron los hechos de represión y violencia institucional, impulsaron hacia abajo los niveles de aprobación del mandatario, alcanzando el nivel más bajo desde su asunción, con un 44 por ciento. Los autores del sondeo puntualizaron que el sondeo se realiza a nivel nacional contemplando 1000 casos, y que ese 44% de aprobación reúne a los que respondieron que «aprueban mucho», «aprueban algo» y también a quienes «se inclinan hacia aprueba». El descenso en la aprobación del jefe de Estado enciende una alarma en el oficialismo, habitualmente a salvo de estos vaivenes gracias al blindaje mediático y judicial que posee. El punto más alto de popularidad de Macri fue el primer trimeste de 2016, con un índice del 71 por ciento. Antes del 44 por ciento actual, el valor más bajo al que había llegado era el 46% del segundo trimestre de 2017.

La idea es dejar de contar con 120 operarios del total del personal que tiene en la actualidad. Los trabajadores pidieron el pago de la indemnización como indica la ley. El miércoles próximo vuelven a reunirse.   La situación para los trabajadores de Itec no mejora, esto teniendo en cuenta que la autopartista de Santa Lucía presentó el plan para retomar la producción en febrero próximo, pero dejó en claro que necesita la desvinculación de 120 trabajadores. Actualmente el plantel es de 359 personas. El miércoles próximo, las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo citaron a las partes para un nuevo encuentro de conciliación. Analizando el panorama, los trabajadores pidieron ser despedidos para cobrar el 100 por ciento de las indemnizaciones. “La empresa presentó el plan de trabajo que tiene hasta finales de año. Quieren dejar en la calle a cerca de 150 familias. En tanto que el personal que continuaría debería hacerlo sin Categoría, Antigüedad y el pago de ninguno de los derechos que hoy tenemos. Además pretenden contratos renovables cada tres meses”, dijo uno de los trabajadores. En el mismo sentido añadió que “hemos pedido el despido para los 359 operarios con la intención de cobrar la indemnización. Si la empresa quiere seguir, que luego nos contrate. No podemos permitir que atropellen nuestros derechos”. Desde el Gobierno, Walter Escudero, director de la Policía de Trabajo a cargo de la Subsecretaría, expresó al respecto que “el plan nuevo que presentó la empresa necesita la desvinculación de 120 personas. De todas formas el pedido está condicionado a un pago que debe realizar la automotriz Peugeot. Esto que ellos pretenden no quiere decir que se haga así. Han presentado este plan ante la Subsecretaría de Trabajo y el Juzgado Comercial. Ahora, el miércoles próximo nos volvemos a reunir para continuar con la negociación”. En el encuentro, además de Escudero estuvo presente Fabiola Aubone, en representación del Ministerio de Gobierno y el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.

A pesar de que aún no sufrieron despidos, desde el Sindicato de Prensa de San Juan señalaron que están «atentos y preocupados» por la situación de sus colegas en todo el país. «Quieren cerrar todos los medios públicos», indicaron. Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de distintos puntos del país fueron notificados, al entrar a sus puestos de trabajo, que estaban despedidos. Por esta razón, en la provincia de San Juan, que aún no hubo despidos, sus trabajadores están en alerta y desde el Sindicato de Prensa de San Juan expresaron su solidaridad con los colegas despedidos en el resto del país. Liliana Oviedo, Secretaria General del Sindicato de Prensa de San Juan, contó sobre la situación de los trabajadores de Radio Nacional San Juan: “En 2016 pasó lo mismo, a fin de año no avanzaron con grandes despidos pero si en la Capital Federal”, y agregó: “Ahora a fines del 2017 nos enteramos que le hicieron una propuesta a los de planta permanente de Radio Nacional, dónde les decían que les darían una suma de dinero por la separación del cargo”.  Oviedo afirmó que “quieren cerrar todos los medios públicos” y por esta razón están“preocupados por aquellos compañeros que no se le renueve, porque están con la Ley de Contrato de Trabajo”. Fuente: La Lechuza/ Farco

Más de la mitad de los despedidos, son mujeres. Entre los 70 despidos anunciados días atrás en el Ministerio de Defensa, más de la mitad son mujeres. Uno de estos despidos corresponde a la Dirección de Políticas de Género, que ya tiene de por sí un equipo reducido. Este área fue creada en 2009 durante la gestión de la ex ministra Nilda Garré y es dependiente de la Dirección Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se trata de una asesora jurídica que lleva más de 60 casos judicializados de militares acusados de abuso sexual infantil, violencia machista y acoso laboral de las tres fuerzas. Este recorte significa un repliegue sobre avances históricos. En marzo del año pasado, desde este área se logró por primera vez en que el Consejo General de Disciplina destituya de un militar por un caso de violencia machista. Se trata de un mayor del Ejército que le fracturó un brazo a su pareja, también de las Fuerzas Armadas. El desarrollo de una agenda con perspectiva de género en el ámbito de Defensa empezó después de que el ex presidente Néstor Kirchner nombrara una mujer al frente del Ministerio. Garré fue la primera mujer ministra de Defensa en la historia del país. Su gestión creó 21 Oficinas de Género, que funcionan en las unidades militares más grandes y en escuelas de formación como el Colegio Militar o la de Suboficiales y 11 equipos interdisciplinarios de violencia intrafamiliar, en distintos espacios. Se abrieron espacios y hubo cambios específicos para transformar la institución en un lugar más igualitario pero también para que las mujeres militares y sus familias tuvieran ámbitos donde denunciar violencia machista o acoso laboral y estar acompañadas. El recorte en el área de género implica disminuir un 25 por ciento del personal y dejar más de 60 casos sin tramitación. Los organismos de derechos humanos pidieron una reunión con el Ministro de Defensa Oscar Aguad y no los recibió. El jueves habrá paro convocado por ATE por esta nueva ola de despidos en el Estado que, además de los ocurridos en Defensa, supera 500 personas sin trabajo.

La información ya está en manos del juez Torres, quien lo llamará a indagatoria: ¿quién es el agente y a qué fuerza responde? La Policía de la Ciudad identificó al agente que le arrojó gas pimienta a un jubilado que estaba detenido en la calle durante la protesta contra el ajuste del gobierno del pasado 18 de diciembre y aportó sus datos al juzgado de Sergio Torres.Según difundió el portal Infobae, tras revisar las imágenes de la agresión, difundidas a través de las redes sociales el día de la protesta, la oficina de Transparencia y Control Externo de la fuerza porteña informó al juez federal Sergio Torres que el efectivo policial en cuestión es Alfredo Martín Luna, integrante de la División Intervenciones Urbanas de la Policía de la Ciudad.Tras ello, Luna será llamado por el juez Torres, encargado de llevar adelante la investigación de los hechos ocurridos el pasado lunes 18 de diciembre, para prestar declaración indagatoria en los próximos días. En el video en cuestión se puede observar como Luna, junto a otro uniformado, rocía con gas pimienta a un hombre visiblemente mayor que estaba quieto y parado sobre la vereda y luego es golpeado con un palo.

Los gremios UPCN y ATE relevaron esa cantidad de cesantías en la administración nacional durante diciembre, y la cifra se elevaría a 2600 en el corto plazo; el Gobierno los atribuyó al ausentismo. El Recorte seguirá hasta marzo. Cuando Mauricio Macri tomó el control de la Casa Rosada activó una política de desvinculaciones y ruptura de contratos que heredó de la gestión anterior. El recorte más amplio, de unas 10.000 personas, se concretó entre 2015 y 2016. Desde entonces y hasta la actualidad, se abrió una etapa de evaluación técnica y de control de presentismo en cada organismo de la administración pública nacional y entes descentralizados que derivó en 1191 cesantías, sólo en diciembre pasado. Las casi 1200 bajas que se concretaron recientemente fueron relevadas en 15 organismos por los gremios estatales ATE y UPCN. La cifra podría incrementarse a 2600 en marzo, ya que durante el verano caducan muchos contratos temporarios. Estas desvinculaciones son adicionales al plan oficial de reducir en un 20 por ciento los cargos políticos y jerárquicos que impulsó el Presidente y que coordina el jefe de Gabinete, Marcos Peña. El rastrillaje de los contratos en la administración pública quedó en manos del ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Desde su área, indicaron ayer a LA NACION que los contratos no renovados serían menos de los que afirman los sindicatos. «No hay despidos masivos. Tal vez son 600, la mitad de lo que dicen. Todos los casos tienen una justificación en base al control de presentismo y la evaluación interna», dijo una fuente oficial. Ibarra, que inició ayer una semana de vacaciones en Chapadmalal, argumentó entre su equipo los motivos de la no renovación de algunos contratos. Destacó la rigurosidad del control de presentismo y las evaluaciones internas que se dieron en cada ministerio y entes descentralizados. Ejemplificó con casos de ausencias sin justificación, enfermedades prolongadas e incumplimiento de tareas. Los organismos que más bajas sufrieron hasta ahora fueron Fabricaciones Militares, con 354 despidos en lo que va de 2018 (ver aparte), y la Televisión Digital Abierta, con 180. Uno de los desafíos de la Casa Rosada será llegar a que sólo el 10 por ciento de los aproximadamente 200.000 empleados de la administración pública nacional esté bajo la modalidad de contrato temporario que se rigen por el artículo 9 de la ley de empleo público (25.164). La legislación impone que no debería superar el 15 por ciento del total de la plantilla las contrataciones temporarias. Hoy estaría por encima del 30 por ciento, según fuentes de UPCN. «Se desvirtuó con [Domingo] Cavallo durante el gobierno de [Fernando] De la Rúa», argumentaron en el gremio que lidera Andrés Rodríguez, integrante de la cúpula de la CGT. El histórico reclamo sindical es por el cumplimiento de la ley marco de regulación del empleo estatal, que pone la lupa sobre la cantidad de contratos irregulares que desde hace años se multiplican en la administración pública. Rodríguez tuvo en diciembre más de un encuentro con Ibarra y con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca. En uno de ellos les dio la garantía de que no reclamaría un bono de fin de año justo cuando desde algunas provincias se anunciaba el pago de un plus para estatales. La señal de austeridad se dio durante la misma charla en la que se negoció sobre el recorte de cargos y en la que se pactó no avanzar sobre el personal de planta permanente. Marginado de las reuniones, Hugo Godoy, jefe gremial de ATE Nacional, llamó para hoy al primer paro nacional de estatales del año (ver aparte). Desde ATE acusan a sus pares de UPCN de haber bajado la guardia y no empujar un conflicto por las bajas. El gremio de Godoy activó ya 16 protestas de alcance nacional desde que Macri llegó al poder. UPCN, por sí sola, ninguna. «Lamentablemente el Gobierno no dio una respuesta para que se genere un espacio de discusión y ante nuestros reclamos por los despidos decidimos parar. Hay que ponerle un límite porque no vamos a permitir que siga aumentando el número de despidos», dijo Godoy. La pulseada interna entre ATE y UPCN es histórica. En la negociación colectiva, UPCN es el que lleva la voz de mando, ya que es el mayoritario en términos de afiliados que aporta con su cuota sindical. Durante el kirchnerismo, ATE siempre firmó en disidencia los acuerdos salariales que sellaba Rodríguez. Sucede lo mismo en la era Macri. «El ajuste de Macri no es redituable, si lo quieren buscar desde el Gobierno por el lado del ahorro. En 2016 echaron a 10.000 personas de bajo rango, pero incorporaron otras 10.000 con salarios más altos, de 70.000 pesos», se quejó un dirigente de ATE. En paralelo a la política de desvinculaciones, el Gobierno amplió en la administración pública un plan de retiro voluntario y de jubilación anticipada como parte del ajuste. Uno de los casos paradigmáticos sería el del Correo Argentino, que cuenta con más de 16.000 empleados y es una de las empresas del Estado que más dinero le demanda al Tesoro. El objetivo a corto plazo de la compañía postal sería reducir al menos un 10% de su plantilla. De concretarse, elevaría el cálculo de bajas que pronosticaron los dos gremios estatales. Las etapas para reducir cargos Plan de gobierno Macri estableció como una de sus prioridades «achicar» el Estado. No sólo se refiere al personal, sino también a los organismos Bajas Entre 2015 y 2016 se dieron de baja unos 10.000 contratos heredados del kirchnerismo. Luego se activó una etapa de control de presentismo y evaluación en cada sector. Los resultados de esta iniciativa fueron decisivos para los nuevos recortes Cargos políticos En paralelo, Macri anunció el recorte de un 20% de los cargos políticos y jerárquicos. Busca ahorrar así más de 1000 millones de pesos. Fuente: La Nación

La Defensoría del Pueblo exige a la Secretaría que lleva adelante Mac Allister a que cumple con la autorización judicial. La Defensoría del Pueblo de la Nación instó a la Secretaría de Deportes a que garantice la inscripción de jugadoras trans en los equipos femeninos de hockey, luego de la autorización judicial que permitió que una persona de ese colectivo juegue en un club de Rawson. La Federación Argentina LGBT aseguró que la Defensoría instó al organismo que dirige Carlos Mac Allister a que «haga garantizar a la Confederación Argentina de Hockey el cumplimiento de lo que establece la Ley de Identidad de Género». «La Defensoría instó además a rectificar lo que expresa la Circular 33/17, que emitió la Confederación de Hockey que estipula cláusulas discriminatorias y contrarias a la legislación local», detalló la Falgbt en un comunicado. Estas cláusulas que esa entidad considera discriminatorias consisten en que la Confederación establece como condición para aceptar a una jugadora trans en sus equipos que no modifique con fines deportivos durante cuatro años su declaración de cambio de género, de masculino a femenino. También que se someta a análisis para demostrar que su nivel de testosterona en suero está por debajo de los 10 nmol/l y que este nivel permanezca al menos 12 meses antes de su primera competencia para minimizar cualquier ventaja en una competencia femenina. La Falgbt y la Defensoría LGBT porteña junto con la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) habían presentado amparos judiciales y una denuncia ante el Inadi para que la jugadora Jessica Millamán pueda jugar en su condición de trans en el club Germinal de Rawson. En abril del año pasado la Justicia falló a su favor. A partir de este fallo otras jugadoras trans como Natasha Sánchez Río, de Sportivo Desamparados de San Juan; Saira Millaqueo, del club Palihue de Bahía Blanca; Victoria Liendro, del Club San Francisco de Salta, y Mía Gamiatea, del Club Cruz Azul de la Primera División B de San Luis, buscan ser aceptadas en sus clubes. «La Ley de Identidad de Género incluye al deporte y el contexto actual permite que las compañeras trans puedan competir con sus identidades autopercibidas. En los Juegos Olímpicos se reconoce este derecho. Nos preocupa profundamente el retroceso que se viene dando en distintos escenarios de nuestro país», sostuvo Marcela Romero, presidenta de la Falgbt y Attta.

En plena feria y a 15 días de haberle otorgado la prisión domiciliaria, la justicia jujeña retomó una denuncia contra la dirigente social por supuesto “lavado de activos». Desde la Tupac Amaru denunciaron: «El Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”. «Necesitan mantener el mito de Milagro ladrona», advirtieron. En plena feria judicial, el poder judicial jujeño retomó una denuncia contra la dirigente social Milagro Sala por supuesto “lavado de activos” y ordenó 21 allanamientos simultáneos. Desde la Tupac Amaru aseguraron que se trata de una estrategia del gobierno de Morales para»mantener el mito de la Milagro ladrona”. El caso está a cargo del juez Isidoro Cruz, quien el 29 de diciembre pasado firmó las órdenes de allanamiento en la vivienda de Sala y remoción de tierra con retroexcavadoras en un predio de la localidad de El Carmen, en búsqueda de supuesto dinero enterrado. Uno de los operativos se llevó a cabo en la vivienda de la dirigente social y otros en propiedades donde se harán excavaciones para buscar dinero supuestamente enterrado. “Necesitan seguir con el show” y “mantener el mito de la Milagro ladrona”, acusó la organización, a través de un comunicado. La avanzada judicial se da a 15 días de haberle otorgado la prisión domiciliaria en una vivienda que no es la suya y a menos de un mes de haber sido absuelta en una causa por amenazas a policías. Esta vez, el fiscal que pidió los allanamientos es Darío Osinaga, el mismo que acusó a Sala en el caso «de las bombachas» en el que la justicia determinó que había falta de pruebas. La nueva causa contra Sala data de febrero del año pasado y está caratulada como “lavado de activos” e involucra también a su esposo, Raúl Noro, y a algunas de los integrantes de la Tupac Amaru que están detenidas, como Gladis Díaz y Mirta “Shakira” Guerrero. También a Marcos Quispe y Tito Fredy. A través de un comunicado en el que afirma que el allanamiento realizado hoy en la vivienda real de Sala, ubicada en el barrio de Cuyaya, es el cuarto que se hace en el marco de distintas causas, la Tupac Amaru denunció: «El Poder Judicial de Jujuy sigue al servicio del gobierno provincial como instrumento de persecución política”. La organización barrial también indicó que “se repite lo mismo que hicieron el año pasado, cuando en pleno enero iniciaron una causa vinculada con hechos de años anteriores, sin que mediara, como en este caso, urgencia alguna”.