El proyecto que había sido presentado en octubre fue aprobado luego de una breve discusión. Tuvo el voto positivo de cincuenta senadores y el voto negativo de Juan Carlos Romero. En julio se trataría en Diputados. Un proyecto de ley que fija un cupo femenino del 30 por ciento para que las mujeres tengan un espacio garantizado de participación en acontecimientos musicales en vivo en la Argentina, recibió este jueves media sanción en el Senado. La iniciativa de la senadora del kirchnerismo Anabel Fernández Sagasti recibió el apoyo de sus pares de Cambiemos y del peronismo. Fernández Sagasti valoró el apoyo recibido de todos los bloques, afirmó que el cupo del 30 por ciento busca que «las mujeres músicas puedan tener la posibilidad de ser escuchadas» y consideró que se trata de «un avance en nuestra igualdad y nuestros derechos». «Sería bueno que todas nos comprometamos con esta causa, en cada provincia y que nosotras mismas apoyemos la música que hacen las mujeres», se explayó. La presidenta de la Banca de la Mujer del Senado, Norma Durango, también valoró la propuesta y manifestó el repudio de esa bancada al organizador del Cosquín Rock, José Palazzo, por «manifestaciones misóginas». La iniciativa propone que «los eventos de música en vivo así como cualquier actividad organizada de forma pública o privada que implique lucro comercial o no y que para su desarrollo convoquen un mínimo de tres artistas o agrupaciones musicales en una o más jornadas, ciclos o programaciones anuales, deben contar en su grilla con la presencia de artistas femeninas». Establece además que si un evento tiene programada la participación de tres artistas, uno de los cupos deberá ser obligatoriamente para una mujer. Además, se establece que a partir de los diez artistas programados, se entiende que el cupo femenino se cumple cuando éste represente el treinta por ciento del total de artistas solistas y agrupaciones musicales de la grilla.

La realidad le puso final a la arenga «la recesión terminó» que festejaba el Gobierno y le mostró que la crisis está más viva que nunca a menos de tres meses de las PASO: el INDEC registró la undécima caída consecutiva y marcó en marzo una fuerte baja interanual, con cuatro trimestres seguidos de recesión, pero la novedad es que la merma también fue a nivel intermensual. A pesar de que ya era un argumento bastante endeble en el marco de los índices que se vienen observando, finalmente se le terminó al Gobierno la falacia de ilusionista acerca de que había comenzado la «recuperación económica». Es que el INDEC demostró que «la recesión terminó» sólo era un eslogán y que la recesión, por el contrario, sigue muy vida: la economía registró en marzo su undécima caída consecutiva y marcó una baja interanual de casi 7 puntos, con cuatro trimestres seguidos en picada, pero con la novedad de que la merma también fue a nivel intermensual. El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) expuso la undécima caída consecutiva y tuvo en marzo una baja del 6,8% respecto al mismo mes del año anterior, y así acumuló cuatro trimestres seguidos en recesión. No obstante, lo novedoso -que representa un gran golpe para la espada de la mentira de la recuperación, es decir Nicolás Dujovne- es que el desplome también se manifestó a nivel intermensual con un retroceso del 1,3% en términos desestacionalizados. La ilusión de Dujovne, puesta en relato de la mano de Marcos Peña, rompe el amor de verano de tres meses al alza. La idea que tenían los hombres de Mauricio Macri era mostrar que, a pesar de que todavía se mantenían menores niveles de actividad que en 2018, la recesión había «tocado fondo». Pero no era así. La cuestión, según especialistas, es que esa reflexión oficialista se hizo «casualmente» durante dos meses de tranquilidad financiera a nivel mundial, que originó una inusual calma cambiaria en la Argentina y una leve baja de las tasas de interés, que llegaron a tocar un 43%. Luego se dio un giro de 180 grados, lo que trajo aparejado un salto del dólar del 23,6% y tasas que perforaron el 74%, el mayor nivel desde la crisis del 2002. La caída que mostró el INDEC se explica por fuertes bajas en la actividad fabril (-13,2%),  el comercio (-14,6%) y la intermediación financiera (-13,9%). Aunque en menor medida, la construcción (-7,1%) también aportó al total negativo. El agro creció 10,8% y amortiguó en parte la baja. 

Chau a un derecho ganado por as mujeres, una política que vuelva a invisibilizar el trabajo doméstico. El fin de la ley de moratoria previsional, más conocida como “jubilación para las amas de casa” es un hecho y el Gobierno Nacional no duda en revertirla. Hace tres años, el Gobierno decidió instaurar la Pensión Universal y así converger al fin de la moratoria previsional N°26.970, que desde su creación concedió un valor simbólico a las trayectorias de las vidas de las mujeres que cargan en sus espaldas ese trabajo que lejos de ser amor, es una desigualdad social muy concreta. Esta decisión tomada hace ya tres años, paradójicamente junto con la ley de “reparación histórica”, pero que hoy se convierte en un hecho profundiza la precarización laboral y previsional pretendiendo implementar una “Pensión Universal” que no solo vuelve a invisibilizar y desvalorizar el trabajo doméstico y de cuidados que sostiene nuestras sociedades, sino que además proyecta jubilaciones aún más bajas. Durante los gobiernos kirchneristas (2003–2015) se produjeron, entre otras, dos transformaciones con vistas al mejoramiento de la protección social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Plan de Inclusión Previsional (PIP) o vulgarmente llamado “las jubilaciones de amas de casa”, esta última es la que está en juego. Aunque no fueron presentadas como reivindicaciones para paliar las desigualdades de género entre varones y mujeres, mejoraron la inclusión de las mujeres al sistema de previsión y seguridad social. A partir del 2004, el PIP permitió la inclusión de un grupo siempre relegado en el sistema previsional, aquellas que teniendo la edad de retiro no pudieron acceder a una jubilación. Entre otras causas esto puede deberse a que las mujeres trabajaron durante toda su vida en el ámbito del hogar sin remuneración y reconocimiento, en el ámbito de la informalidad y entonces no pudieron realizar aportes (y sus empleadores las respectivas contribuciones obligatorias) y a que sus trayectorias laborales registradas y remuneradas fueron demasiado inestables. La Economía Feminista provee evidencia en torno sobre cómo estas trayectorias laborales fueron y son signadas por una organización social del cuidado injusta que hace cargar a las mujeres -en promedio- con una participación del 89% del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y el doble de horas de los cis-varones dedicado a estos trabajo agravando la participación de las mujeres tanto en el mercado formal e informal del trabajo remunerado, lo que implica una situación diferencial de quienes sí pudieron acceder al trabajo registrado y sostenido. A partir de la moratoria cualquier persona podía inscribirse para poder percibir un seguro social, lo que implicaba el pago en cuotas de la deuda reconocida por los años no aportados: se declaraba una deuda por aportes impagos y se saldaba con un plan de pago en cuotas, que se iban descontando de los haberes mensuales una vez que la Anses otorgaba la prestación. Señalemos que los aportes se pagaban y que no consistían en jubilaciones “gratuitas” cómo se difunde a menudo. El PIP no fue una política aislada, junto con la figura del Monotributo Social (inclusión a trabajadores y trabajadoras en condición de vulnerabilidad pertenecientes a un listado restringido de actividades productivas y de servicios) y del Régimen de Regularización de Deudas de los trabajadores/as autónomos/as, formaba parte de un paquete que tenía como objetivo regularizar una situación dispar en tanto seguros y previsión social para lxs trabajadorxs, a través de viabilizar el pago de las contribuciones que no realizaron lxs aportantes al Sistema de Seguridad Social pero a la vez tratando de ampliar las prestaciones que este brindaba. El mote de “jubilación de las amas de casa” se debe a que la mayoría de las personas beneficiadas han sido mujeres; en mayo de 2010 por ejemplo, del total de beneficios otorgados un 78% corresponden a mujeres, mientras que el 22% restante a varones (Observatorio para la Seguridad Social, 2011:14). La desigualdad de género es una de las mayores problemáticas que continúa mostrando nuestro sistema previsional al día de hoy, ya que las mujeres como parte del rol que se les asigna en las familias, realizan un gran porcentaje del trabajo doméstico y de cuidado necesario para la subsistencia de las mismas sin ningún tipo de remuneración y por lo tanto sin aportes. Al mismo tiempo, aún hoy las mujeres y personas LGTBNB+ presentan tasas de formalidad y participación en el mercado laboral mucho menores que los varones(cis). Existe entonces una evidente desventaja: acumulan menos aportes, y por lo tanto no logran alcanzar el mínimo para acceder al beneficio de la jubilación después de haber trabajado durante toda su vida. Según el ex Ministerio de Trabajo de la Nación informa que de las mujeres económicamente activas, las desocupadas son alrededor del 10%, si se agregan a éstas las que ocupan puestos informales, se concentra casi el 40% de las mujeres que participan del mercado de trabajo, casi 3 millones de personas según datos del 3er Trimestre 2017.- Duvojne dice que “mucha gente nos pide que demos de baja las jubilaciones que dio el kirchnerismo”. En alusión a que quienes se consideran plenos aportantes en el mercado formal, y por lo tanto creen que tales pensiones no contributivas se estarían financiando con la “licuación” de los beneficios de quienes sí aportaron. No es casual que la mayoría de estos plenos aportantes sean (cis)varones y de clases medias y altas. Este planteo invisibiliza por un lado que la recaudación impositiva se ve incrementada al ampliar el alcance de las herramientas conjuntas al PIP (con la implementación de la figura del Monotributo Social) en actores que no aportaban previamente. Y por el otro, que les beneficiaries que a través del PIP lograron un alivio económico a través de poder contar con un ingreso para afrontar su adultez mayor fueron perjudicades previamente por el mismo capitalismo heteropatriarcal que les excluyó del mercado laboral formal o del reconocimiento de sus labores domésticas y de cuidado, privandoles del derecho jubilatorio que todes les trabajadorxs poseen. Resultan paradójicas las declaraciones del Ministro de Economía si observamos las cifras del Reporte

En un Comodoro Py rodeado de policías y vallas, dirigentes y legisladores peronistas se acercaron a apoyar a la ex presidenta. “Es un circo armado por el Ejecutivo”, aseguró el abogado Gregorio Dalbón. Referentes políticos cercanos a la ex presidenta se acercaron desde temprano a los tribunales de Comodoro Py, rodeados de vallas y policías, para mostrar su apoyo a Cristina Fernández en la primera audiencia del juicio oral por supuestas irregularidades en la obra pública en la provincia de Santa Cruz. En un clima de campaña desatado por el anuncio de la fórmula con Alberto Fernández como precandidato a presidente, se concentraron en el hall central del edificio el ex secretario General de la presidencia y ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, el ex ministro de Trabajo y legislador porteño Carlos Tomada y el diputado del Parlasur y ex Canciller Jorge Taiana. Todos coincidieron en el objetivo político y electoral que persigue el gobierno nacional con este juicio oral.  También estuvieron diputados como Hugo Yasky, Rodolfo Tailhade y Martín Sabbatella, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Irrubarri, junto a intendentes y dirigentes del peronismo nacional y bonaerense. También se acercaron dirigentes de derechos humanos, como Estela de Carlotto, de Abuelas, Lita Boitano, de Familiares, y Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora, junto a los nietos restituidos y legisladores Horacio Pietragalla y Victoria Montenegro.Ver imagen en Twitter En Comodoro Py con los Organismos de Derechos Humanos @MADRESLF @abuelasdifusion Familiares acompañando a @CFKArgentina en un país donde falta garantías y el LawFare avanza en toda la región.#FuerzaCristina34410:16 – 21 may. 2019179 personas están hablando de estoInformación y privacidad de Twitter Ads Alberto Fernández, quien había anunciado que también estaría en los tribunales, finalmente no fue de la partida ya que como testigo del juicio no puede participar de las audiencias previas a su declaración. En las puertas de Comodoro Py, Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Cristina Fernández sostuvo que el juicio oral «es un circo armado por el Poder Ejecutivo». Consideró que al Gobierno «le salió el tiro por la culata, no creo que haga mella la foto que van a sacar hoy (en los tribunales) en referencia a cómo está el país», y agregó: «La gente no come fotos». A modo de ejemplo remarcó que la causa Vialidad investiga «unas 1.400 obras, de las cuales Lázaro Báez hizo el 7 por ciento». «La verdad que es una joda, (la empresa) Lecsa, que es Macri porque la puso a nombre del primo, tiene muchas más», dijo Dalbón.

Rodríguez Lastra fue responsabilizado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Justicia rionegrina declaró culpable este martes por la mañana al ginecólogo Leandro Rodriguez Lastra por no realizar un aborto no punible a una joven de 19 años violada y embarazada por un familiar en 2017 en Cipolletti. El juez a cargo del caso fue Álvaro Meynet quien informó el veredicto pero definirá en las próximas semanas la pena, que puede ir de un mes a dos años de prisión e inhabilitación para seguir ejerciendo como médico. La joven llegó el 2 de abril de 2017 a atenderse al hospital Pedro Moguillansky de la ciudad de Cipoletti, donde Rodríguez Lastra era jefe del servicio de Ginecología del hospital. El médico contó que resolvió impedir que el aborto se produzca por lo que la joven tuvo que seguir adelante con el embarazo y el bebé fue dado en adopción. Con esa decisión, Rodríguez Lastra incumplió lo indicado por la ley provincial 4.796, el decreto provincial 182/2016 y la ley nacional 26.485. Por ese motivo fue denunciado por la diputada por Río Negro, Marta Milessi, impulsora de la ley provincial que regula los casos de abortos no punibles. En su duro alegato, el fiscal Santiago Márquez Gauna consideró que Rodríguez Lastra ejerció «violencia obstétrica» y que puso su voluntad por encima de la de la paciente. Dijo que «la tuvieron de incubadora humana» porque «las mismas personas que le negaron el derecho (a abortar) decidieron cuándo iba a parir». Y concluyó que «la única razón por la cual (el médico) actuó como actuó es que no comulga con los derechos de las mujeres».