La mayoría corresponde a desalojos campesino-indígena. En un encuentro de los países del Mercosur Ampliado (del que participará también Colombia), que tendrá lugar este jueves, se abordarán las políticas vinculados al acceso y tenencia segura de la tierra de cada país. 21 de Abril de 2021 Los intereses del agronegocio que acarrean la concentración de las tierras y los desmontes, son la cara de la misma moneda de la expulsión de poblaciones campesinas e indígenas de los territorios que siempre ocuparon y trabajaron.Este es uno de los denominadores comunes en la realidad de las poblaciones rurales de la región latinoamericana. Su complejidad será abordada mañana a partir de las 10 en un encuentro virtual que tendrá como temática el acceso y tenencia segura de la tierra de cada país del Mercosur, más Colombia. El objetivo es trabajar en una agenda común con miras hacia la promoción de acuerdos regionales y el desarrollo de propuestas de políticas públicas nacionales para el acceso y permanencia en la tierra. Los interesados en ver el Seminario Internacional REAF Mercosur Ampliado podrán seguirlo por el enlace de Youtube https://bit.ly/3ebfNbp. La directora nacional de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (SAFCI), María José Castillo, indicó a Salta/12 que desde el momento en que se viralizó en septiembre un protocolo para detectar los conflictos de tierra, se notificaron 57 casos en el país. De estos, 22 incluyeron el desalojo, 8 la detención de personas, en 14 son mujeres las principales afectadas y 19 involucran a comunidades indígenas.La situación de las comunidades originarias es la que más preocupa dado que a nivel nacional la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, suspende los desalojos. Sin embargo, como también se conoció en algunos casos de Salta, desde el Poder Judicial se avanza con órdenes de desalojo ignorando la normativa. Pero no solo se trata de la ley nacional, pues los magistrados y fiscales actuaron en el mismo sentido pese a la existencia de leyes provinciales, como la 7658 en el caso de Salta, que está en plena vigencia. Una ley madre, sin prórrogaCastillo recordó que no hay leyes en todas las provincias y desde la SAFCI se trabaja en un proyecto para que se pueda prorrogar la Ley Nacional de Agricultura Familias Indígena Campesina que también suspendía los desalojos de familias agricultoras no indígenas. La iniciativa que fue aprobada en 2015 venció en 2019 sin obtener una prórroga. Ante ello, se trabaja en un proyecto para solicitar que vuelva a tener vigencia por otros 10 años. La funcionaria calificó a esta iniciativa como una ley madre, a la que deberían adherir todas las provincias. Pero recordó que, por ejemplo, en Tucumán, no hubo adhesión alguna ni tampoco se aprobó legislación a nivel provincial para proteger los derechos del campesinado. Salta, por el contrario, cuenta con la Ley 7658 de regularización dominial y la N° 7789, denominada Ley Felipe Burgos, en homenaje al dirigente campesino que fuera secuestrado y asesinado en la antesala de la última dictadura militar. Para Castillo, sin embargo, aún quedan por disponer instrumentos para la ejecución de estas normas.El Poder Ejecutivo no es el único que debe aportar desde las acciones, pues también se debe contar con el soporte del Poder Judicial con el fin de evitar la agudización de los conflictos. En Salta, Castillo recordó que se conversó del tema con el procurador general de la provincia, Abel Cornejo. Por ahora se avanza en una capacitación respecto de las leyes vigentes ante los conflictos de tierras, dado que este es uno de los puntos neurálgicos para evitar el desarraigo de estas poblaciones. Una de las propuestas a nivel nacional es contar con un Banco de Tierras para apuntar no solo a la regularización de los territorios, sino al acceso a ellos. Esta es una potestad en manos de las provincias, dada su autonomía. Sin embargo, la gestión del Estado Nacional tiene que ver con el hecho de que es el garante de los derechos humanos a nivel país. Uno de los ejemplos últimos, también en Salta, tiene que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), por la cual se ordenó al Estado argentino encontrar una solución al conflicto entre criollos e indígenas en los ex lotes fiscales 55 y 14 de Santa Victoria Este, en el departamento Rivadavia, y entregar el título comunitario de un territorio de 400 mil hectáreas a las comunidades originarias que ocupan ese lugar de manera ancestral. Algunos casos como este, involucran conflictos entre comunidades indígenas y campesinos. En estos casos, Castillo afirmó que “queremos soluciones compartidas”, en el entendimiento que ambas poblaciones tienen por objetivo la producción de alimentos.Entendió que las amenazas al diálogo intercultural que pueda llevar al entendimiento de las partes son producidas por intereses foráneos cuyo objetivo es dejar el camino libre “a los intereses del agronegocio”. Fuente: Página 12

Moscú, 20 de abril de 2021  El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF, el fondo soberano de inversión de la Federación Rusa) y la empresa farmacéutica Laboratorios Richmond SACIF, anuncian la producción del primer lote de la vacuna rusa contra el coronavirus «Sputnik V» en Argentina. Argentina se ha convertido en el primer país de América Latina en comenzar la producción de la vacuna «Sputnik V». RDIF y sus socios han realizado una transferencia de tecnología para Laboratorios Richmond; el primer lote producido será entregado al Centro NITsEM N. F. Gamaleya para el control de calidad del medicamento. Está previsto que la producción a gran escala de «Sputnik V» en Argentina comience en junio. Argentina fue el primer país latinoamericano en registrar oficialmente «Sputnik V» en su territorio. El registro se llevó a cabo a través de una autorización de uso de emergencia (emergency use authorization). La vacunación con el fármaco ruso comenzó en Argentina el 29 de diciembre de 2020. La vacuna producida en Argentina, podrá luego se exportada a otros países de América Central y América Latina. Actualmente, «Sputnik V» está registrada en 60 países, con una población total de 3 mil millones de personas. La efectividad de la vacuna fue del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes del fármaco. en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. La vacuna se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos y utiliza dos vectores diferentes para dos administraciones durante la vacunación, lo que proporciona una inmunidad más duradera que las vacunas que utilizan el mismo mecanismo de administración para ambas inoculaciones. Kirill Dmitriev, director ejecutivo (CEO) del Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF): “Argentina fue la primera en América Latina en aprobar el uso de la vacuna «Sputnik V» y comenzó a vacunar a la población con el fármaco ruso. Hoy nos complace anunciar que Argentina también se ha convertido en el primer estado de la región en iniciar la producción de «Sputnik V» gracias a la asociación entre RDIF y Laboratorios Richmond. «Sputnik V» está aprobada en más de 10 países de América Latina y Centroamérica, y la producción en Argentina permitirá realizar las entregas a nuestros otros socios». Marcelo Figueiras, presidente de Laboratorios Richmond, ha declarado: “Laboratorios Richmond se enorgullece del apoyo de RDIF y del hecho de que la Fundación recurra a nuestra base científica y tecnológica para producir la vacuna «Sputnik V» en Argentina. Nuestra empresa hará todo lo posible para garantizar que la vacuna esté disponible lo antes posible para Argentina y para toda la región de América Latina”. La vacuna «Sputnik V» presenta una serie de ventajas clave: La efectividad de la vacuna fue del 97,6%, según el resultado del análisis de datos sobre la incidencia del coronavirus entre los rusos vacunados con ambos componentes del fármaco en el período comprendido entre el 5 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021. La vacuna «Sputnik V» se basa en una plataforma probada y bien estudiada de vectores adenovirales humanos que causan el resfriado común y al que la humanidad se ha enfrentado durante milenios. La vacuna «Sputnik V» utiliza dos vectores diferentes para dos inyecciones durante el proceso de vacunación, lo que crea una inmunidad más sólida en comparación con las vacunas que utilizan un mismo mecanismo de administración para ambas inyecciones. La seguridad, eficacia y ausencia de efectos adversos a largo plazo de las vacunas adenovirales, han sido demostradas en más de 250 estudios clínicos llevados a cabo a lo largo de dos décadas. «Sputnik V» no provoca alergias graves. La temperatura de conservación de «Sputnik V» en un intervalo de +2+8 grados Celsius, permite almacenarla en un refrigerador convencional sin necesidad de invertir en una infraestructura adicional de la cadena de frío. «Sputnik V» tiene un costo de menos de 10 dólares por inyección, lo que la hace asequible para todo el mundo. *** El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) fue fundado en 2011 para invertir en el capital social de empresas principalmente en Rusia, junto con importantes inversores estratégicos y financieros del extranjero. El fondo actúa como catalizador de la inversión directa en la economía rusa. En este momento, RDIF presenta un historial exitoso de implementación conjunta de más de 80 proyectos con socios extranjeros con un volumen total de más de 2 trillones de rublos, que cubren el 95% de las regiones de la Federación Rusa. Las empresas de la cartera de RDIF emplean a más de 800.000 personas y sus ingresos anuales representan el 6% del PIB de Rusia. RDIF ha establecido alianzas estratégicas conjuntas con coinversores líderes internacionales de 18 países por un total de más de 40 mil millones de dólares. Más información en la página: www.rdif.ru Fuente: sputnikvaccine.com

Radio Nacional San Juan produjo un segmento especial en el marco de la celebración por la semana de los Pueblos Indígenas. A cargo de Carina Jofré, con la participación de Paz Argentina Quiroga. San Juan, 19 de Abril de 2021 Del 19 al 25 de abril se celebra la semana de los Pueblos Indígenas, la fecha se remonta a la conmemoración del 19 de abril de 1940, día en que se realizó en Pátzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista Interamericano, y que dio origen en muchos países a la celebración del Día del Indio Panamericano. A 81 años de esta declaración, nuestro objetivo desde Radio Nacional es, como sociedad, trabajar para eliminar la discriminación y el racismo. Construir sociedades más justas, más equitativas, en pos de lograr una vida en armonía, entre nosotras y la madre tierra. En esta ocasión, Paz Argentina Quiroga , Guía espiritual y Autoridad del Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum nos ofrece una reflexión sobre el proyecto Educar para la vida. Fuente: Radio Nacional San Juan

En el marco de una nueva “Semana de los Pueblos Indígenas”, que se conmemora del 19 al 25 de abril, Nadia Gómez, de la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum y representante warpe en la Mesa de Coordinación Nacional del Consejo de Participación Indígena del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) habló con “Desmuteados”, en Radio Nacional San Juan. San Juan, 20 de Abril de 2021 Nadia destacó que “si bien ésta es una semana propuesta por los movimientos indigenistas, la lucha de los pueblos originarios, puntualmente en San Juan, por el territorio, el agua y la visibilización del Estado, viene desde hace muchos años”. Cabe destacar que Argentina adhirió a esta conmemoración de la “Semana de los Pueblos Indígenas” en el año 1945, mediante el decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 7.550. Luego, en 1984, las organizaciones católicas de América Latina, que defienden los derechos indígenas, decidieron extender esta conmemoración a una semana, con el fin de visibilizar las demandas y realidades de los pueblos. En tal sentido, la representante warpe relató que en San Juan “hay un a falta de compromiso de funcionarios en proyectar satisfacer muchas necesidades que aún tienen los pueblos originarios”. Afirmó que “en este año de pandemia se evidenció la desigualdad en el marco de la conectividad, en donde muchas comunidades no tienen ni señal para un teléfono, sumado a ésto que muchos de los padres siguen analfabetizados entonces no pudieron tampoco orientar a sus hijos, como sí sucedió en muchas otras familias”. Por último, la representante del pueblo warpe en el INAI, comentó una serie de proyectos e ideas que se presentaron en el marco de las reuniones de Acuerdo San Juan y que pretenden prontamente materiazar, tal es el caso de una serie de modificaciones en la formación docente para que “deje de hablarse en pasado cuando estudiamos la historia de San Juan” y a los warpes como dueños de estas tierras. Fuente: Radio Nacional San Juan

Desde el miércoles 14 de abril, el gobierno provincial lanzó la Campaña de Vacunación Anti-Gripal. Entérate cómo hacer para acceder. San Juan, 19 de Abril de 2021

Del 19 al 23 de abril se celebra la semana de los Pueblos Indígenas, la fecha se remonta a la conmemoración del 19 de abril de 1940, día en que se realizó en Pátzcuaro (México) el primer Congreso Indigenista Interamericano, y que dió origen en muchos países a la celebración del Día del Indio Panamericano. En esta nota se ofrece una visión crítica centrada en un cuestionamiento a las celebraciones vinculadas a las políticas indigenistas y un repaso de la importancia de la construcción de una política indígena como práctica de autonomía de los pueblos, a través del caso de creación del Consejo Asesor Indígena de la Universidad Nacional de San Juan. San Juan, 19 de abril 2021 Por Carina Jofré Las expresiones referidas a esta fecha originalmente se remiten a lo que en Latinoamérica se reconoce como políticas indigenistas, es decir, toda política de Estado referida a los pueblos indígenas y que, en el caso de Argentina, no siempre fueron favorables a estos. A partir de estos antecedentes, la semana de los Pueblos Indígenas nos permite abrir reflexiones históricas acerca de la construcción de estos calendarios internacionales nacidos en otras épocas y bajo conceptualizaciones que han cambiado por la propia acción política de los pueblos, y en nuevos escenarios de lucha.  Como lo señala la antropóloga Diana Lenton, la política indigenista argentina abarca no sólo las últimas normativas que reconocen derechos colectivos en las últimas décadas, sino también, por ejemplo, también comprende las históricas leyes 215/1867 y 947/1878 que autorizaron la llamada “Campaña del Desierto”, o las órdenes que autorizaron la “Masacre de Napalpí” en Chaco en 1924, o la “Masacre de Rincón Bomba” sucedida en Formosa en 1947 y que, recientemente, fue reconocida por la propia justicia federal argentina como un crimen de lesa humanidad cometido contra el Pueblo Pilagá a manos del Estado argentino. En la actualidad, los contextos de reivindicación indígena pasaron a constituirse en contextos de lucha activa por parte de los propios Pueblos y Comunidades Indígenas que, entre otras cosas, cuestionan la autoridad tutelar de estas políticas indigenistas nacidas en México durante aquellos años de las primeras décadas del siglo XX. Estas políticas indigenistas también esparcieron sus idearios a otros países como Argentina, donde han tenido un carácter inorgánico, errático y pleno de contradicciones, tal como lo señaló Lenton y como lo denuncian los propios pueblos. De este modo, la semana de los pueblos indígenas -promovida en Argentina desde hace algún tiempo por el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa)- tiene “el objetivo de reivindicar la cultura y los derechos de los pueblos indígenas”, y se vincula decididamente a esta historia de las políticas indigenistas en la región. Y por ello nos debe llamar a la reflexión sobre el trabajo de estas políticas de negación, las cuales trabajan bajo el velo de la cultura y el discurso garantista de los derechos, promoviendo, a la vez, el desconocimiento de la política indígena construida por los propios pueblos indígenas. A diferencia de las políticas indigenistas, la política indígena se concibe como una forma de auto-representación indígena y ejercicio de estrategias propias de participación a través de espacios políticos. Y en los cuales se ejerce una autonomía deliberativa, que también denuncia la acción tutelar del Estado, ya sea en los espacios de la representación política en las estructuras del propio Estado (como sucede en el INAI), o en otros espacios como en las universidades y otras instituciones (Iglesias, ONG’s) donde, muchas veces, se intenta tutelar o negar la posibilidad de la emergencia de una política indígena para el ejercicio de la construcción de demandas en los propios términos de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Como parte de ese ejercicio deliberativo autonómico de los pueblos indígenas, el Pueblo Nación Warpe demandó un espacio de representación propio impulsando la creación del Consejo Asesor Indígena de la Universidad Nacional de San Juan (Ordenanza 10/19 del Consejo Superior UNSJ). Este espacio se caracteriza por ser el primer espacio de representación indígena demandado y constituido por los propios actores/as de las comunidades indígenas que actualmente existen en el territorio provincial de San Juan, y que actúa como un órgano de asesoramiento directo del Rector/a de en dicha universidad. La semana de los Pueblos Indígenas, puede desde este punto de vista crítico, convertirse en un espacio de reflexión sobre las diferencias coloniales que siguen dando forma y alimentando a las políticas de negación representadas en las políticas indigenistas argentinas. En este sentido, existen calendarios propuestos por los propios Pueblos Indígenas en los cuales se advierte la diferencia de las perspectivas sobre lo que se prefiere, desde estas perspectivas, sea recordado en la construcción social cotidiana de y para los pueblos históricamente subordinados a las tecnologías del gobierno sobre los otros. El Consejo Asesor Indígena un ejemplo del ejercicio de autonomías indígenas en San Juan El Consejo Asesor Indígena no tiene antecedentes en universidades argentinas y representa una posibilidad concreta para empezar a construir una política universitaria intercultural pensada con y para los pueblos y comunidades indígenas. Y debido a que su creación obedece a una solicitud expresa de las comunidades indígenas ante la necesidad de transformar prácticas y políticas de conocimiento producidas en esta universidad, los fundamentos y características del CAI tambien constituye un trabajo intercultural sin precedentes en esta institución universitaria,, en lo que respecta a la creación de instrumentos de consulta y participación directa de sectores sociales y étnicos desatendidos históricamente en los diseños y arreglos institucionales de educación superior universitaria. En texto de la Ordenanza 10/19 CS se plasma una concepción intercultural critica fundada en la práctica participativa concreta de las voces indígenas, sin mediación intercultural, para la transformación social de las prácticas y políticas de conocimiento universitarias. Dice textualmente la ordenanza: “Que la creación del Consejo Asesor Indígena de la Universidad Nacional de San Juan surge de la praxis intercultural, es decir, del diálogo y atención a las demandas de las comunidades indígenas en San Juan. En este caso nace de la propia demanda planteada por la Comunidad

En un fallo considerado histórico por la Confederación Mapuche, el máximo tribunal del país ordenó al gobierno provincial que dé participación a las comunidades indígenas y que respete los derechos de los pueblos originarios. El conflicto se inició por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. 18 de Abril de 2021 La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la Confederación Mapuche de Neuquén y de la comunidad Catalán por la creación inconsulta del Municipio de Villa Pehuenia. El máximo tribunal del país confirmó que el gobierno neuquino vulneró los derechos indígenas. La sentencia ordenó la puesta en marcha de una mesa de diálogo que adecúe el funcionamiento municipal a la normativa indígena. “El fallo marca un punto de inflexión respecto a la jurisprudencia federal y provincial que siempre ha sido muy reticente en reconocer el derecho a la participación política colectiva de los pueblos indígenas mediante sus instituciones”, explicó el director del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), Juan Manuel Salgado, quien llevó adelante la demanda. El conflicto se inició en 2003, cuando la Legislatura de Neuquén sancionó la Ley 2439 de creación de la Municipalidad de Villa Pehuenia (en el noroeste provincial) dentro del territorio de las comunidades mapuches Catalán, Puel y Plácido Puel, sin haber realizado el procedimiento de consulta al que el Estado está obligado. Luego de un largo proceso judicial, y sin haber tenido respuesta en los juzgados provinciales, el máximo tribunal del país sentenció a favor de la Confederación Mapuche y las comunidades indígenas. La Corte Suprema condenó a la Provincia de Neuquén a que, en un plazo razonable, establezca una mesa de diálogo con las instituciones del Pueblo Mapuche para que implementen la consulta que fuera omitida al crear la figura administrativa-política municipal. El fallo también ordena que se diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. Establece que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén será el encargado de controlar la ejecución de la sentencia y de recibir los informes con los avances logrados en la mesa de diálogo. Jorge Nahuel, vocero de la Confederación Mapuche, celebró la decisión de la Corte Suprema y llamó a que jueces y fiscales tomen nota: “El Poder Judicial tiene una enorme tarea para ponerse al día con todos los avances de derechos del Pueblo Mapuche, derechos que el poder político de Neuquén pretende convertir en letra muerta. El pueblo preexistente Mapuche no permitirá un solo abuso de poder y ejercerá sus derechos”. El Odhpi explicó que la Corte declaró la validez de la creación del Municipio sólo por los graves efectos que tendría declarar la nulidad después de tanto tiempo de funcionamiento, pero al mismo tiempo instó a que Provincia y Municipio subsanen las inconstitucionalidades y adecúen sus normativas y procedimientos que se cumplan los derechos de participación indígena vigentes en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de Derechos Humanos. La Confederación Mapuche de Neuquén resaltó que es imprescindible recordar que la consulta previa es un derecho de los pueblos indígenas que está vinculada con el derecho a la identidad, a la integridad cultural y a las propias instituciones y costumbres. “Es una obligación del Estado desde el momento en que se modificó la Constitución Nacional en 1994 y se ratificó el Convenio 169 de la OIT”, afirmó la organización indígena. El dictamen de la Procuración General (al que la Corte Suprema adhirió en sus fundamentos) también es innovador en cuanto a su enfoque respecto de entender la realidad indígena: “En el seno del Pueblo Mapuche las decisiones son tomadas a través de mecanismos e instituciones propias tales como los parlamentos comunitarios y los lonkos, que representan la autoridad moral e histórica de las comunidades. En estas condiciones, la creación de un municipio implica adoptar una estructura y un modelo de organización del poder que es ajeno a la cosmovisión y a las instituciones políticas de las comunidades indígenas”. Fuente: Tierra Viva. Agencia de Noticias

Desde el territorio andalgaleño, Marianela Gamboa, integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ, nos comparte una crónica teñida de sentires de la lucha que el pueblo de Andalgalá encabeza ante el avance minero extractivista en el cerro Aconquija. 17 de abril de 2021, Andalgalá, Catamarca. Por Marianela Gamboa. Integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ “Detuvieron a una de las cabezas y podaron los brotes, quieren hachar el árbol”- Rosa Farías ¡PERO LAS RAÍCES SON MÁS FUERTES! La sensación de despertar hoy sábado 17 de abril de 2021 en Andalgalá, es la de amanecer palpitando la caminata 585. No es sólo una caminata más, es la caminata después de una cacería política-policial desatada brutalmente por el gobierno catamarqueño sobre les asambleístas y vecinxs de Andalgalá que se oponen al proyecto de muerte MARA (Integración Agua Rica-Alumbrera). La caminata 584 del sábado 10 de abril, realizada días después de que la Asamblea El Algarrobo denunciara que las máquinas perforadoras estaban subiendo al cerro Aconquija de forma ilegal, a espaldas del pueblo, custodiadas por gendarmería, trascendió las fronteras cuando las imágenes de las oficinas de Agua Rica se viralizaron ardiendo en llamas. Ese día, las calles de Andalgalá estaban llenas de asambleístas, pero también de vecinos y vecinas que cuando sienten el avance de las máquinas, salen a decirle a las mineras que ¡¡NO TIENEN LICENCIA SOCIAL!! Como dicen lxs compañerxs: la subida de las máquinas de forma clandestina al cerro, es la chispa que prendió el fuego. Presxs políticos y criminalización de la lucha Es importante poner en contexto que, desde el 22 de marzo, se realizaba un nuevo corte selectivo a la empresa minera Agua Rica, al Proyecto MARA, a la empresa YAMANA GOLD cuando les vecines dieron alerta del paso de camionetas mineras por el camino del potrero. Durante el corte, las acciones violentas por parte de la empresa fueron constante, incluyendo la acción de un proveedor minero quien atropelló a 2 personas en el corte (hecho que hasta el día de hoy no ha sido abordado por la justicia). ¡El corte del Algarrobo hoy como en 2010, no es cualquier corte, es cortarle el paso AL PODER EXTRACTIVISTA! La militarización de Andalgalá fue inminente desde el momento en que se difundieron las imágenes de las perforadoras subiendo clandestinamente al cerro en medio de un corte y, aún más, luego del incendio de la oficina de Agua Rica. El día lunes 12 de abril, comenzaron las detenciones violentas y allanamientos brutales sin presentar en los domicilios las órdenes judiciales. Las irregularidades de los procesos son innumerables, vulnerando todos los derechos humanos y violando normativas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las personas. El día lunes detuvieron a 8 personas: Aldo Flores, Sara Fernández, Enzo Brizuela, Walter Mansilla, Damián Abel y Matías Paz (sumado a la detención del hermano de Sara que en intentó detener la detención de su hermana, y fue arrestado por 1 día por obstrucción a la justicia); y el día miércoles a otras 4 detenciones más: Ailen Saracho, Oscar Martiarene, Jorge Ramos, Rubén Sachetti y Eduardo Villagra. Actualmente, 8 personas siguen detenidas en la comisaría y 4 con prisión domiciliaria (Ailen, Sara, Aldo y Oscar). Los allanamientos incluyeron violencia sobre lxs familiares que estaban en las casas. Los testimonios dan cuenta de mujeres y niñes presenciando los actos de violencia, esposadxs y arrodilladxs, mientras los grupos de choque destrozaban todas sus pertenencias, puertas, paredes, murales, etc. Todo esto, sin presentar la orden judicial. A uno de los detenidos, de 72 años de edad, lo tiraron al piso apuntándole con un arma, pisando su espalda y negándole estar presente mientras se allanaba su domicilio. A otro de los detenidos lo golpearon en el rostro y en el abdomen reiteradas veces. Algunxs familiares de detenidxs testificaron que la policía sembró pruebas en esos procedimientos. Otros arrestos sucedieron en las calles. A estas alturas, se conoce públicamente que la fiscal Soledad Rodríguez, quien emitió las órdenes de detención, es conocida por “operar en conflictos minero”, por haber trabajado para empresas mineras y estar vinculada parentalmente a personajes claves en la política minera catamarqueña. Las medidas de privación de la libertad tomadas por la fiscal, las fuerzas represivas y los funcionarios estatales involucradxs, son excesivas para la situación, demostrando que las intenciones pretenden disciplinar a quienes defienden el agua, criminalizando así la protesta, la lucha por el cerro Aconquija. Es importante pensar este accionar en correlación con otros hechos que se vienen dando a nivel país, como en Chubut, en medio de una pueblada ante el intento de zonificación minera se criminaliza a compañerxs culpándolos de “atentados terroristas” al presidente Alberto Fernández. Hay una avanzada criminalizadora de la lucha por la defensa de los bienes comunes, de quienes se organizan asambleariamente y están dispuestos a defender el agua y los territorios de la política extractivista estatal. El abrazo compañero y la firmeza de las mujeres Mi llegada a Andalgalá el día jueves 15 abril, implicó vivenciar el clima de tensión social y de bronca colectiva, como también de desconfianzas infundidas y temor al constante hostigamiento policial que continua en curso. Aun así, el impacto más fuerte y lo que más moviliza, es el amor colectivo, el abrazo compañero de lxs asambleístas y principalmente de las mujeres del silencio que cada día continúan las sentadas pacíficas frente a fiscalía y el acompañamiento frente a la comisaría que les da fuerza a quienes están privadxs de su libertad, encerradxs en la comisaría. Los ruidos de cacerolas y bocinas se hacen sentir a las 21 horas, ya que las disposiciones del COE encierran a las 20 horas a la población en sus casas. Andalgalá sigue haciendo pública su voz, en cada barrio. Las denuncias y acompañamientos abarcan un abrazo a nivel plurinacional y latinoamericano. ¡Somos muches quienes estamos acompañando desde múltiples lugares esta defensa del agua y el cerro! El calor de estar sintiendo dolor por quienes están privados de

San Juan, 15 de Abril de 2021 Desde el pasado fin de semana, los habitabtes de Andalgalá, provincia de Catamarca, vienen realizando una serie de movilizaciones en las calles, tras conocer que la empresa Yamana Gold reanudó sus actividad extractivista en la provincia con el proyecto de Mina Agua Rica y Alumbrera (MARA). En relación a este hecho, “Volvimos Mujeres” dialogó con el magister en Ciencias Sociales con Mención en Teoría Política, Horacio Machado, quien además de ser docente de la Universidad Nacional de Catamarca es investigador de CONICET. En el aire de Radio Nacional San Juan, el también especialista en Planificación Social para el Desarrollo Local, contó que “esta lucha no es nueva, el pueblo de Andalgala se viene resistiendo a un poyecto de megamineria a gran escala desde el año 2005”. De acuerdo a lo que relató el investigador “el gobierno Provincial ha querido avanzar de facto” por sobre los derechos de un pueblo que ha manifestado insistentemente su negativa de produccion minera a cielo abierto. Es que en la última marcha se hizo presente de manera violenta la Policía catamarqueña, no sólo golpeando sino también apresando a manifestantes. Una situación que Machado denunció como “antidemocrática y con presos políticos”. Fuente: Radio Nacional San Juan

San Juan, 15 de Abril de 2021 El martes 13 de abril del 2021, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la liberación del represor Eduardo Daniel Vic. El “Teniente Vic”, es uno de los represores con mayor participación dentro del circuito represivo clandestino local, actuando, sistemáticamente, en varios de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la provincia durante el período de la dictadura. La decisión judicial está cimentada en las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Según los especialistas, Vic no está en condiciones de salud para afrontar un proceso judicial. Y los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa, encabezada por la abogada Sandra Leveque, de suspender el proceso judicial por incapacidad sobreviniente.  El ex teniente coronel Eduardo Vic protagonizó un episodio de fuga en 2011. La cronología es la siguiente: estuvo en el Penal de Chimbas detenido desde marzo de 2009 a octubre de 2010, cuando la Cámara de Apelaciones de Mendoza le concedió su libertad. Luego fue la Cámara de Casación quien en junio del 2011 le revocó la excarcelación y, el 17 del mismo mes, el juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió su detención. Para entonces, Vic ya estaba prófugo.  Así, el Ministerio de Justicia de la Nación ofreció la recompensa de 500.000 pesos por su detención. El jueves 12 de marzo del 2015, el militar retirado fue detenido por personal de la Dirección de Seguridad Interior, de la Superintendencia de Delitos Federales Complejos. Sucedió en Córdoba, mientras Vic caminaba por la intersección de la Avenida de Circunvalación y Monseñor Pablo Cabrera. Más tarde, quedó nuevamente alojado en el Penal de Chimbas. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal lo condenó a prisión perpetua.

Buenos Aires, 14 de Abril 2021 Hace instantes, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para la zona del AMBA: «He tomado decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al AMBA. La circulación entre las 20 y las 6 será restringida. No se podrá circular por las calles. Y quedan suspendidas todas las actividades en lugares cerrados. Las clases durante dos semanas serán virtuales». El anuncio presidencial inició: En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud. El mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada. El AMBA constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América. Tiene una única realidad epidemiológica, con un gobernador y un jefe de gobierno, y dos docenas de municipios. Por todo ello, se decidió para el AMBA desde las 0 horas del día viernes 16 de abril: • RESTRINGIR LA CIRCULACION NOCTURNA ENTRE LAS 20HS Y LAS 6 DE LA MAÑANA  • QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS  • LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARAN A LAS 19HS  • LAS ACTIVIDADES GASTRONOMICAS FUNCIONARAN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19HS Por otra, parte:  DESDE EL LUNES 19 HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL SE RETORNA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS. Seguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estarán llegando más vacunas para continuar con elPlan de Vacunación. Al igual que en 2020, el Gobierno nacional trabaja en la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola. En 2020, las camas UTI pasaron de 8.521 a 12.501, lo que representó un incremento del 47% de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia. Además, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios, en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria. Más de 5 millones de personas ya recibieron la primera dosis en el marco del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el COVID-19. En tanto, las inoculaciones suman en total 5.874.864, contando aquellas personas que recibieron ambas dosis (767.278). Las dosis distribuidas desde el comienzo del plan de inmunización a todas las jurisdicciones ascienden a 7.248.208. Argentina lleva vacunados al 95 por ciento de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60 por ciento con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1 % en personas de 80 años y más; el 58,4 % en personas de entre 70-79 años y el 21,5 % en la franja de 60-69 años. Ni las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están legalmente impedidas de comprar vacunas contra el COVID-19. La Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19, votada el 6 de noviembre de 2020, incluso exime del pago de derechos de importaciones y de cualquier otro impuesto a las provincias y a la CABA en caso de que adquieran dosis. La Ley de Vacunas fue votada también por la oposición, que en su gran mayoría votó a favor