San Juan, 14 de Abril de 2021 En el día de hoy, el Ministro del Interior Wado De Pedro, visitará la provincia de San Juan donde realizará una serie de actividades en el transcurso de la jornada. El itinerario de actividades inicia con el recorrido por obras de Construcción del Velódromo, a las 10.40, ubicado en el acceso Este de Ruta 40, entre calles 6 y 7, Pocito. Dicha visita contará con la participación del Gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y el ministro de Servicios y Obras Públicas, Julio Ortíz Andino. A las 11:00 horas continúan con la visita y recorrida por el Plan Provincial de Vacunación contra el Covid-19, en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, donde se les sumará la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando. A las 11:30 horas asistirán a la reunión con empresarios sanjuaninos, en el Foyer del Teatro del Bicentenario. En dicho lugar, se les sumará el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Andrés Díaz Cano. El itinerario continua a las 13:00 horas, con una recorrida por obra del Acueducto Gran Tulum, en la Avenida José Ignacio de la Roza y calle Comercio. Para finalizar, a las 13:50 horas, visitarán el laboratorios Raffo-Monte Verde, ubicado en la Ruta 40 Sur, kilómetro 155, entre calles 7 y 8, Pocito.

14 de Abril de 2021 Por Darío Aranda Andalgalá lleva 24 años de megaminería y es el caso testigo de las falsas promesas empresarias. Los vecinos priorizan el agua y la salud, y ya no quieren más extractivismo. Allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias. La alianza entre multinacionales, gobernantes y Poder Judicial. De Minera Alumbrera a Agua Rica. Crónica de un saqueo y, también, de una lucha. Minutos antes de las 12 comenzaron los allanamientos. Lo solicitó la fiscal Soledad Rodríguez, la ordenó el juez Rodolfo Cecenarro y la ejecutó la policía y el grupo especial antimotines Kuntur. Aunque en las casas no hubo resistencias, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia. La orden judicial apuntó contra 25 vecinos que defienden el agua y cuestionan la megaminería. Apresaron a siete. La Asamblea El Algarrobo, que desde hace más de once años denuncia el extractivismo, denunció “persecución”, la violación de derechos humanos y la vigencia de un “Estado Policial en Andalgalá”. Sucedió el lunes 12 de abril. Y fue un capítulo más de la larga alianza de tres actores: multinacionales mineras, casta política y Poder Judicial. 584 caminatas En Andalgalá el sábado 10 de abril se movilizaron en rechazo a la megaminería. No fue novedad: se trató de la marcha número 584, siempre en sábados, siempre con la banderas que exigen proteger el agua, la montaña y la salud de la población. El clima estaba enrarecido. Minera Agua Rica avanza con su rechazado proyecto minero de oro y cobre. Había cortes selectivos de caminos (para frenar a los vehículos de la empresa). El gobierno provincial envió decenas de policías y Nación a sus gendarmes. Lo diferente: el sábado por la tarde ardió la oficina de Minera Agua Rica. Promesas incumplidas Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Fueron algunas de las promesas de Minera Alumbrera en Andalgalá en la década del 90, cuando comenzó su instalación. Nada de eso se cumplió. Luego de 24 años de megaminería, el oeste catamarqueño es de la regiones más pobres del país. Solo alcanza caminar por Andalgalá, Belén o Santa María para palpar la pobreza, ver la necesidad, comprobar el crecimiento de toda una generación sin trabajo, ni educación ni salud. Menem lo hizo El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem participó del acto inaugural de la explotación de Minera Alumbrera. Oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales que, explosiones y sopas químicas mediante, son capturadas por el consorcio de multinacionales (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y llevados para refinar al primer mundo. Menem también fue el gestor de las leyes mineras neoliberales que benefician a la actividad. Todos los presidentes siguieron su política extractiva, desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández, desde Mauricio Macri a Cristina Fernández. No hay grieta política ni ideológica para la megaminería (y para el extractivismo). Todos los gobiernos actuaron en favor de las empresas mineras y dieron la espalda a las poblaciones afectadas. La “perla del oeste” Andalgalá está ubicada a 240 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Se la conoce como “la perla del oeste”. Con 20.000 habitantes, nunca fue ajena a las necesidades económicas y sociales del noroeste del país. Pero también se destacaban las producciones agropecuarias (de pequeña y mediana escala) y el turismo, con potencial nunca impulsado por los gobiernos con políticos de mediano y largo plazo. Las promesas de Minera Alumbrera hicieron creer en la milagrosa salvación. Años en los que no se conocía de qué trataba la megaminería y el acceso a la información no era tan fácil (internet casi no existía en Argentina). La empresa, siempre de la mano de los gobiernos de turno, hasta prometió que una vez finalizada la explotación, en el open pit (el gigantesco cráter que deja la megaminería) se podría inundar con agua y realizar pesca recreativa. Agua y derrames Minera Alumbrera tiene un permiso de extracción de agua de 1100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén. Siempre los derrames fueron denunciados por las comunidades locales. Nunca controlados por los gobiernos (provincial y nacional). Siempre minimizados por la empresa. A inicios de 2000, Gendarmería Nacional tomó muestras de agua del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba). Gendarmería confirmó “un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos”. Otro estudio de Gendarmería en marzo de 2004 confirmó la presencia de cianuro en agua. En abril de 2007 la propia Secretaría de Minería de la Nación reconoció en un informe que Minera Alumbrera contaminaba: confirmó que el canal DP2 presentaba alto contenido de metales. La causa aún descansa en la burocracia judicial. Voracidad minera y represión policial Hubo dos puntos de inflexión en Andalgalá. Cuando a fines de 2009 la población se enteró de que el gobierno provincial había habilitado la megaminería en el propio casco urbano de la ciudad. El proyecto se llamó “Pilciao 16” y estaba en manos de la empresa australiana BHP Billiton. Quizá como nunca antes las familias

San Juan, 13 de Abril de 2021 El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié estará este martes en el Complejo Astronómico El Leoncito, donde arribará a las 15 horas. El objetivo de la visita del integrante del Gabinete de Alberto Fernández es presentar una actividad de observación astronómica en uno de los dos observatorios localizados dentro del Parque Nacional. A las 17 horas, el ministro participará del Seminario Virtual: «Cambio Climático. Acciones para un ambiente saludable», organizado por la Fundación Internacional Para el Desarrollo Local. Fuente: Radio Nacional San Juan

En una entrevista exclusiva para elCimbronazo.com dialogamos con Gonzalo Evangelista, Coordinador de Litigios, Asuntos Legales y Acceso a la información Pública del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien nos comentó sobre los objetivos y acciones de dicho organismo y sobre algunos aspectos de la situación de derechos humanos en las provincias de Cuyo. San Juan, 13 de abril 2021 Los derechos humanos en la Argentina son una temática de larga data y vigencia, actualizada de manera constante ante los fluctuantes escenarios político-sociales que se presentan y desarrollan en los vastos territorios que hacen al país. Hace poco más de un año, ingresamos a un inédito periodo histórico, marcado por la pandemia del Covid-19. Ante esta situación de crisis sanitaria mundial, los primeros pasos asumidos por los gobiernos fueron restricciones individuales (presentadas como móviles necesarios para un “bien colectivo mayor”: frenar la expansión del virus), las cuales requirieron y requieren del despliegue de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos. En los últimos meses, varios crímenes cometidos contra ciudadanos y ciudadanas tuvieron lugar en este nuevo escenario social, crímenes donde diferentes fuerzas estatales han tenido participación. Uno de los casos de mayor resonancia a nivel país, fue el asesinato de Facundo Astudillo, joven secuestrado, torturado y desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020. Ante este escenario, nos propusimos dialogar con el abogado Gonzalo Evangelista, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gonzálo es abogado, tiene un Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, y en el ámbito académico, se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías de la Sede de San Rafael de la Universidad de Congreso e integra la misma cátedra en la Sede de Mendoza. Posee una amplia experiencia en Derechos Humanos, al respecto, nos cuenta cómo llegó a integrar la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “Mi recorrido en la promoción y defensa de los derechos humanos comenzó en la facultad, mientras estudiaba. En el año 2010 participé de unas competencias de litigación y luego ingresé como ayudante alumno a la cátedra de derechos humanos, que en ese momento tenía como titular al Dr. Diego Lavado, con quien continúo trabajando. En el año 2014, animado por Diego, me acerqué a la Asociación Civil XUMEK y comencé a participar de sus actividades. Dentro de XUMEK, pasé por diferentes espacios, estuve en el área de violencia institucional, movilidad humana, litigios y, en el año 2019, fui Director Ejecutivo. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo que litigó causas importantes como el Segundo Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael, el caso conocido como “torturas de San Felipe”, y el caso “Provolo”.  ¿Qué es el Comité Nacional Contra la Tortura? ¿Cómo surge? “El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo creado por Ley N° 26.827, del año 2012. Comenzó a desarrollar sus funciones en el año 2018, luego de finalizar el procedimiento previsto para su conformación. Es el mecanismo nacional de prevención de la tortura establecido en virtud de compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. En el marco de la protección universal de los derechos humanos, existen varios tratados orientados a la prevención de la tortura. De acuerdo a la experiencia de los organismos de control, los hechos de tortura tienen características específicas, entre las que se destaca que se dan en un contexto de privación de libertad con algún grado de participación estatal, por lo que las víctimas están totalmente a disposición de las personas victimarias, quienes tienen control total de la situación, resultando muy dificultoso denunciar, conseguir pruebas y evitar represalias. Los mecanismos de protección se idearon con el desafío de prevenir la tortura en ese contexto. Para lograrlo, se propuso como estrategia principal, la creación de un órgano dentro de la ONU encargado de realizar visitas de inspección -sin aviso previo- a los lugares de privación de libertad (llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura), y que cada Estado que ratificara el tratado internacional paralelamente se comprometiera a crear un órgano de alcance nacional que cumpliera similares funciones. El CNPT es, precisamente, el organismo creado en Argentina a raíz de ese compromiso. Por eso, la ley aclara que ejerce sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (Ley Nacional N° 26.827, art. 6). Porque su función es controlar al Estado en materia de prevención de tortura y malos tratos. ¿Cuáles son las tareas, las funciones del Comité? ¿Quiénes lo conforman? “Las facultades y funciones están detalladas en extenso en la ley. Entre las principales se destaca: Prevenir la tortura y malos tratos en lugares de privación de libertad en Argentina mediante monitoreos y visitas de inspección. Oficiar de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otro Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dar seguimiento a denuncias y casos de torturas, mediante diferentes intervenciones orientadas a impulsar investigaciones adecuadas a los estándares internacionales en la materia. Estas funciones permiten coordinar acciones con diferentes actores en todas las provincias, como autoridades públicas, mecanismos locales de prevención de la tortura (en las provincias que ya lo crearon), organizaciones de la sociedad civil, etc. ¿Cuál es la interacción que mantienen con la sociedad? ¿Las comunidades tienen acceso a él? ¿Cómo? “En efecto, este año se han mantenido gran cantidad de reuniones para impulsar la creación de mecanismos locales en las provincias que aún no tienen; se ha puesto en marcha el registro de organizaciones sociales que hacen monitoreos en cárceles y comisarias del país (para fortalecer sus acciones), y se abrió la convocatoria para integrar dos redes de profesionales para colaborar con el CNPT (profesionales de la salud y del derecho) En el año 2020, y lo que va del 2021, se han realizado visitas de inspección en Neuquén,

14 de Abril de 2021 La policía catamarqueña ingresó con violencia en los domicilios de varios integrantes de la Asamblea El Algarrobo, que se oponen a la instalación del proyecto Agua Rica. En un intento por acelerar el esclarecimiento del ataque contra las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera (proyecto M.A.R.A), y la sede del PJ, la Procuración General de la Corte de Justicia determinó que el fiscal de quinta nominación Hugo Costilla se ponga al frente de la investigación. Con los allanamientos y arrestos librados durante la jornada de ayer por la fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, María Soledad Rodríguez, se tensa el clima social en Andalgalá. El intendente Eduardo Córdoba continúa sin hacer apariciones públicas. Mientras que ayer, voces de la comunidad científica se manifestaron en favor de los grupos manifestantes. Hay descontento generalizado con la actuación de la fiscal Rodríguez, que recién a 48 horas de los hechos consiguió librar los primeros arrestos. En la noche de ayer se conoció que un equipo con Costilla a la cabeza será el encargado de agilizar la actuación judicial en Andalgalá. Desde horas tempranas del lunes personal policial irrumpió en domicilios de activistas antimineros. Al cabo de la jornada hubo seis detenciones de vecinos andalgalenses, entre ellos una mujer. Se espera que hoy sean puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Se conoció que entre los secuestros figuran cámaras de fotos, celulares y elementos que podrían servir para la elaboración de bombas molotov. La Asamblea El Algarrobo denunció persecuciones y violencia en los allanamientos, y difundió fotos de daños en los domicilios allanados: “todas las residencias quedaron destrozadas”, expresaron en redes sociales. Se conoció que el gobernador Raúl Jalil finalmente no viajará a Andalgalá por la situación de COVID, pero expresó que “estamos en una etapa de conversación. La violencia es mala para todos y creo que tiene que actuar la Justicia ante los hechos”. Legisladores de la oposición pidieron una reunión con el mandatario para conocer más de la actuación del gobierno ante los hechos: “Les pedí una conferencia conjunta cuando terminamos, pero dijeron que iban a dar expresiones individuales. Ellos (por los legisladores) pensaban que íbamos a intervenir Andalgalá, una cosa ridícula. No vamos a mandar ninguna intervención. Creemos en la democracia”, expresó. El delegado provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, acusó al intendente Eduardo Córdoba de ser uno de los responsables de los hechos: “Con sus declaraciones arrojó nafta al fuego. Creo que esto fue algo premeditado que iba a suceder. Lamentamos daños materiales, pero pudo sucederle algo a los compañeros”, dijo.  Se conoció, además, que 50 contratos de trabajadores que se encontraban haciendo el preocupacional dentro de la empresa perforista habrían quedado suspendidos. Hay, además, 100 trabajadores directos preocupados por su situación laboral. En tanto, el equipo de investigación de Ecología Política del Sur, integrado por profesionales del CONICET, CITCA y la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca), emitió un comunicado, donde expresan: “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold, no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura”, señalan. Por su parte, el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), organismo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como presidente honorario, envió una nota al gobernador Jalil en la que piden la suspensión de las actividades de la exploración avanzada en Andalgalá. Señalaron que “las perforaciones y construcción de los 2700 metros de nueva huella minera producirían la afectación a la naciente del río minas, el cual es uno de los que da nacimiento al río Andalgalá y es el que provee de agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura a la población de Andalgalá”. El SERPAJ es un organismo con estatus consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus permanente en UNESCO. Fuente: Página 12

Buenos Aires, 09 de Abril de 2021 El proyecto regresará a Diputados para su sanción definitiva, porque el texto original recibió algunas modificaciones. El Senado aprobó el proyecto que busca incorporar al Código Penal un artículo sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, y giró el texto a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La media sanción se registró con 67 votos a favor y uno en contra (del senador Ernesto Martínez), y avaló una iniciativa que propone multas y prisión para combatir el acoso. El texto sancionado unificó dos propuestas, una de las cuales ya había recibido sanción de Diputados y resolvió incorporar una serie de correcciones que obligan a devolver el expediente a la Cámara baja. El texto original, cuya autora fue la exdiputada del oficialismo Victoria Donda, incorpora el artículo 129 bis, de prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, al Código Penal. La propuesta establece multas de entre 3.800 a 20.000 pesos al que, mediante gestos o palabras con connotación sexual, contacto físico o arrinconamiento, perturbare la dignidad, integridad física, psicológica o sexual de una persona, con motivo de su género. La multa es mayor si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o integrante de una fuerza de seguridad. La norma contempla, también, como medida obligatoria para los condenados la realización de talleres orientados a concientización y erradicación de este tipo de violencia y se incorporan políticas públicas de difusión y concientización en la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. La iniciativa sancionada incluyó propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio). La senadora por La Pampa Norma Durango (FdT), consideró a «esta iniciativa como una obligatoria consecuencia de la ampliación de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales» y opinó que «desde la legislación hay que lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres». Fuente: Página 12

Catamarca, 11 de Abril de 2021 Por Alejandro Maidana Desde este miércoles la empresa Yamana Gold de forma ilícita ingresa maquinaria para avanzar en el proyecto M.A.R.A. Agua Rica-Alumbrera. Los vecinos denuncian que la autorización provino del ejecutivo provincial catamarqueño. Sin licencia social la población permanece alerta mientras continúan los bloqueos de ruta selectivos. Los pueblos considerados sacrificables por las corporaciones mineras siguen consolidando su resistencia con la dignidad como estandarte. Un camino tan estoico como resiliente, una lucha inquebrantable contra un monstruo que ha sabido encontrar en el poder político, un ariete necesario para atropellar todo derecho que se le interponga. Se trata de una defensa irrestricta, para garantizar la preservación de aquello que oficia de garante de vida y futuro: el agua. Y es contra un neocolonialismo que impulsa, a través de la acumulación por desposesión, un capitalismo voraz dispuesto a seguir ensanchando la brecha social a como dé lugar. Los pulpos mineros avanzan de manera ilegal y sin licencia social, escondidos detrás de un escritorio político que oficia de garantía a la hora de justificar el saqueo. La violación de distintas leyes parece no mover el amperímetro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dio el visto bueno para «invadir» territorio andalgalense. Entre las extralimitaciones, podemos citar que la actividad minera viola la ley de Glaciares, la ley general del Ambiente, la ley de Bosque Nativo y los Derechos Humanos, garantizados por la Constitución Nacional y los convenios internacionales. También es preciso destacar que atropella la Ordenanza municipal 29/16 (que aún está vigente), donde se prohíbe toda actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá. A lo antes mencionado, debemos sumarle que también se incumple el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde la misma reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. Ante lo explícito de la situación que se vive en Andalgalá, no hay duda alguna de que en tierras catamarqueñas manda la megaminería, aquella que se llenó los bolsillos gracias a los recursos naturales de esa expoliada provincia. Mientras tanto, la pobreza sigue avanzando a pasos agigantados, ya que la historia se empecina a demostrar una y otra vez que el extractivismo, solo puede generar angustia, hambre y desesperanza. El pueblo bravo de Andalgalá no baja los brazos Lejos de resignarse, aquellos que no piensan hipotecar sus días y el futuro de sus hijos a cambio de rancias promesas de progreso, siguen organizados, alertas y movilizados. “La renovación de la resistencia se reflotó hace 18 días, más precisamente para el Día Mundial del Agua; con la Asamblea el Algarrobo nos unimos a esa movida plurinacional. Fue en ese preciso momento donde un grupo de compañeros divisa un gran contingente de trabajadores mineros, desde ese día hemos decidido bloquear los dos accesos que tiene esta empresa minera hacía el lugar a expoliar”, le dijo a Conclusión José Martiarene, vecino de Andalgalá e integrante de la Asamblea el Algarrobo. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” > Te puede interesar: La Alumbrera, la historia detrás del saqueo y las promesas de progreso La resistencia y descontento por parte de la población resurgió nuevamente, ya que la integración de Agua Rica y la Alumbrera, formalizada en el 2020, dio vida a M.A.R.A. “De esa manera, todas las disposiciones legales que había con el viejo proyecto dejan de tener validez. Aproximadamente en junio de 2020, comienza a visibilizarse la información de que se impulsaban una serie de mesas de diálogo, con la falacia de que la información era pública, cuando en realidad eso no sucedió jamás en Andalgalá. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” Cuando se apersonaban los habitantes de ese bello lugar catamarqueño, haciendo gala de su derecho al acceso a la información, el organismo de turno les ofrecía 6 tomos de unas 2.000 hojas cada uno. “Esto hizo que resultara imposible poder escudriñar con detenimiento cada ítem. Finalmente es el gobierno de Catamarca el que termina aprobando esos once pozos, otorgándole a la empresa la concesión y aclarando que esto se dio en septiembre, mientras que en diciembre se da la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 29/16. Ésta prohibía la realización de cualquier actividad minera en las cuencas altas del río Andalgalá y fue impulsada la Corte Suprema de la provincia”. > Te puede interesar: La Justicia de Catamarca respalda el accionar de los pulpos mineros Lo que sucedió después de lo antes mencionado, fue que la provincia ingresa en una emergencia hídrica, y es allí donde se consolida la molestia y resistencia, ya que la empresa minera Yamana Gold se encontraba violando una cautelar de la Corte Suprema de la Nación, dos resoluciones del ministerio de minería y la decisión de un pueblo. “Cabe destacar que, para avanzar con el estudio de impacto ambiental, estas empresas primero deben contar con la licencia social del lugar que van a sacrificar, y acá en Andalgalá no la tienen. Sin embargo, y pese a todas las prohibiciones circundantes, esta empresa comenzó a avanzar, trascendiendo de que iban a comenzar a subir a través de otros departamentos como es el caso de Santa María en Belén. Este miércoles 7 de abril, un grupo de compañeros subió a través de un camino alternativo, pudiendo contemplar unas 30 camionetas con empleados en su interior, junto a algunos camiones y una máquina perforadora.” En 2019 desembarca una ONG (Fundación EcoConciencia) que es totalmente servil al extractivismo. Los hemos denunciado en varias oportunidades… su presidente tiene una «trayectoria» muy oscura.  Bajo este contexto, el pueblo de Andalgalá rechaza fervientemente este tipo de movimientos que buscan instalar desde la ilegalidad, una actividad sumamente destructiva para las cuencas de agua. “El rechazo popular está latente, también hay algo que queremos destacar y es

11 de Abril de 2021 La renuncia llegó luego de varios días de versiones y un contundente rechazo de las organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y universitarias a la decisión del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. En su reemplazo asumió el hasta ahora subsecretario de Gestión Administrativa de Ambiente, sin experiencia en el área. A pesar del respaldo de organizaciones campesinas, sindicales y universidades, Daniel Somma renunció el miércoles a su cargo como director de Administración de Parques Nacionales (APN) por pedido del ministro de Ambiente, Juan Cabandié. Los rumores de la renuncia crecieron desde el viernes pasado y generaron un rápido rechazo por la gestión abierta al diálogo y a la construcción colectiva para la preservación de los territorios y áreas de conservación que Somma mantuvo en sus 15 meses de gestión. “Es momento de dar un paso al costado y reflexionar sobre este período para repensar el futuro”, señaló Somma en su carta de renuncia. Desde el Ministerio de Ambiente no dieron explicaciones por el pedido de renuncia y anunciaron a Lautaro Eduardo Erratchu como nuevo titular de la APN, quien ocupaba el cargo de subsecretario de Gestión Administrativa ministerial y sin antecedentes de trabajo en el área de conservación.       “Daniel Somma encabeza una profunda transformación en el organismo. En consonancia con un gobierno nacional, popular y multicultural, que propone instituciones por y para los pueblos y no contra ellos”, sostenía el documento de respaldo emitido por una treintena de organizaciones campesinas, indígenas, sindicales y universitarias, tras conocerse lo que calificaron como un “pedido de renuncia injustificado”. La Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, la Asociación de Mujeres Rurales Argentina, la Coordinación Nacional de delegados de ATE y el Mocase estaban entre los firmantes.   La partida de Somma —ingeniero agrónomo egresado de la Universidad de Buenos Aires en 1983 y doctor en Ciencias Ambientales por la Universidad de Wageningen, de Países Bajos— tenía un desenlace anticipado si se observan los movimientos que desde el Ministerio comenzaron a realizar en octubre pasado, cuando Andrea Suárez fue reemplazada como vicepresidenta del directorio de Parques Nacionales. Dos meses después, en diciembre, fue el turno de dar un paso al costado del jefe de Gabinete de Somma, Fabio Romanella, luego de meses de una relación tirante.  Con Somma fuera de la APN, la actual vicepresidenta del directorio Natalia Juari sonó como posible reemplazante en el directorio del APN, funcionaria cercana a Cabandié y quien reemplazó a Suárez en octubre pasado. Pero Cabandié anunció con un tuit que el nuevo director es Lautaro Eduardo Erratchu, abogado de la Universidad del Salvador y sin experiencia ni antecedentes en temas relacionados al ambiente y la conservación.  El currículum de Erratchu indica que fue director general de Asuntos Legales en la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, director de Sumarios en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, director general de Recursos Deportivos y director general de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entre otras experiencias, el nuevo titular de Parques Nacionales trabajó como investigador en la Oficina Anticorrupción y como secretario de la Fiscalía ante la Cámara de Apelaciones en la Justicia Penal Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires. La salida de Somma significará una mayor influencia del Sindicato de Guardaparques Nacionales de la República Argentina (Sigunara) sobre las decisiones en las futuras políticas, con un perfil más conservacionista y alejado de la relación con las comunidades. En las negociaciones que se mantuvieron entre el lunes, cuando Cabandié le pidió personalmente la renuncia a Somma, y el miércoles de la renuncia, se barajó la posibilidad de crear una nueva dirección para mantener la línea de trabajo del ex director, pero quedó descartado.    “Buscamos volcar un conjunto de ideas y principios organizacionales que inserten a Parques en el siglo XXI, deconstruyendo a la APN. Pensando en los territorios, sus procesos socio-ecosistémicos y la matriz de paisaje, donde están las Áreas Protegidas (“Islas de Conservación”) y no exclusivamente en las islas. Siempre con la conservación y el desarrollo local sustentable como norte”, sostuvo Somma en su carta de renuncia.  “El compañero Daniel Somma es quien asegura una mirada inclusiva” La reacción de las organizaciones campesinas, indígenas y sindicales fue inmediata cuando se escucharon “las versiones de pedido de renuncia injustificada”. “Cuenta con sólidos valores y formación académica, sobrada experiencia y capacidad de gestión para conducir el organismo. Claras son las muestra que, en poco más de un año y en plena pandemia, su gestión ha generado”, sostuvieron las organizaciones en el documento conjunto.  El Movimiento Nacional Campesino (MNCI-Somos Tierra) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) emitieron otro comunicado en el que explicaron cómo la gestión de Somma modificó la relación de las comunidades campesinas e indígenas en los territorios compartidos con Parques Nacionales en los límites de las fronteras agropecuarias.  “Durante muchos años y en muchos de estos territorios hemos tenido una convivencia difícil, producto de la mirada excluyente de conservación que imperó en la APN, que con puntuales excepciones ha visto a los habitantes de los bosques, pastizales y desiertos como potenciales amenazas a los bienes que custodia”, apuntaron y destacaron que la gestión de Somma había abierto “como nunca, la mirada hacia los vecinos incluyéndonos, consultándonos y haciéndonos partícipes y protagonistas de las preservación”.  “El compañero Daniel Somma es quien asegura esa mirada inclusiva, quien la promueve y genera todos los días hacia adentro de la institución, con la cual queremos seguir trabajando”, habían pedido las organizaciones a Cabandié.  Durante el 2020, la gestión de Somma desde el directorio de la APN junto a la Dirección Nacional de Conservación y las Direcciones Regionales e Intendencias impulsó un proceso sistemático de reconocimiento de poblaciones y se avanzó con 3 del Parque Nacional Nahuel Huapi, 4 del Parque Nacional Lanín y 9 del Parque Nacional Los Alerces. Además, se aprobaron 17 proyectos de los programas de Fortalecimiento de Comunidades Indígenas y de Apoyo para el Desarrollo de Actividades Sustentables en Poblaciones Rurales, cuando entre 2015 y 2019, se habían aprobado 14.    En otro plano, la Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf) destacó

San Juan, 09 de Abril de 2021 En el día de ayer, el gobernador sanjuanino se reunió con representantes de diversos sectores para analizar nuevas medidas que puedan mitigar el avance del COVID 19. «Cuidarnos es tarea de todos, los resultados y logros serán también de todos los sanjuaninos», afirmó. El Gobierno de San Juan consideró necesario trazar nuevas medidas para lograr un impacto positivo en la reducción de la transmisión del virus, evitar la saturación del sistema de salud y proteger la economía provincial, ante el panorama de aumento de contagios de COVID 19 en todo el país. En este marco, tuvo lugar una reunión extraordinaria de los integrantes del Acuerdo San Juan en el foyer del Teatro del Bicentenario, quienes se expedirán sobre las nuevas medidas que regirán a los sanjuaninos ante la pandemia de COVID-19 . Fueron parte del encuentro, integrantes del Poder Judicial, diputados provinciales, intendentes de los 19 departamentos, referentes de ATAP, UTA, Fuerzas de seguridad, Federación Económica, UISJ, Confederación Sanjuanina de Deportes, UNSJ, UCCuyo, CGT, Comercio, gastronómicos, Mesa Interreligiosa, hoteleros, eventos, agencias de viaje, Obra Social Provincia, entre otros. Debido al nuevo panorama nacional y en el marco de las medidas anunciadas por la Presidencia, el gobernador sanjuanino abrió la exposición de ideas señalando que «en ocasión de abrir las sesiones ordinarias de la Cámara de Diputados el 1 de abril, hacía una valoración de lo que significa el Acuerdo San Juan, una herramienta válida, necesaria y más que importante para que nos podamos en una mesa de discusión institucional, expresarnos y discutir ideas que tuvieran el camino del encuentro, del mayor consenso posible respecto a las cosas que debíamos hacer en un año tan difícil como el anterior». «El ASJ implicaba una hoja de ruta de lo que teníamos que hacer en la pandemia y pospandemia. Aun no llegamos este último punto, seguimos trabajando en medidas inherentes a la pandemia que azota a San Juan, la región, el país y el mundo», agregó Uñac. Seguidamente, valoró la situación epidemiológica con la que cuenta la provincia en la actualidad y advirtió que «si no tomamos medidas pertinentes, la situación puede ser compleja. El gran desafío es buscar esos justos equilibrios para proteger la salud sin descuidar la economía». En ese orden, el gobernador de San Juan dijo que busca, mediante esta reunión extraordinaria, alcanzar la menor transmisión del virus, protegiendo la situación sanitaria, afectando lo mínimo posible al sector económico y las fuentes de trabajo. «Quiero hacer hincapié en esto, menor transmisión del virus, cuidar la sanidad y a los sectores de Salud junto a los sectores de Seguridad. Cuidarnos es tarea de todos los resultados y logros serán también de todos los sanjuaninos. No hay proezas personales que puedan conseguir resultados colectivos y hoy ponemos en evidencia que la salida debe ser colectiva y plural para que pueda ser lo más abarcativa posible y pueda abrazar en los resultados positivos a la mayor cantidad de sanjuaninos y sanjuaninas», expresó. «La convocatoria es para que más allá de la pertenencias partidarias e ideológicas, podamos expresarnos y decir qué pretendemos y nos predispongamos a escuchar la opinión de todos los sectores de la sociedad sanjuanina para buscar un punto medio en el tránsito de momentos difíciles», analizó. Acto seguido, Uñac agradeció a los sanjuaninos y aseguró que «estuvimos a la altura de la circunstancia. Hemos exhibido resultados sanitarios y económicos que en contexto de pandemia han sido un gran esfuerzo que fue en línea con lo que se concretó en esta convocatoria plural y eso obedece a la participación de todos los sanjuaninos». «Que estén aquí enorgullece a la provincia en su conjunto, nos hemos despojado de las situaciones individuales o sectoriales, por justificada que sean, en pos de transitar la pandemia con la menor cantidad de efectos negativos», finalizó. Fuente: SanJuanHoy

Catamarca, 09 de Abril de 2021 La asamblea El Algarrobo de Andalgalá, en Catamarca, denunció que la minera Yamana Gold ingresó de forma ilegal maquinarias para empezar a operar en la zona del Nevado del Aconquija. Hace más de dos semanas que vecinas y vecinos mantienen bloqueos de ruta selectivos como medida de fuerza para visibilizar lo que lograron en 10 años de lucha y hoy no se está cumpliendo: una ordenanza municipal que prohíbe la actividad minera y una medida de amparo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin contar leyes como la de Glaciares, la de Medio Ambiente o instrumentos como la Constitución Nacional. Los movimientos del gobierno provincial para avanzar con el proyecto. Y el temor ante lo que está en juego. “Vecin@s es una realidad. El tiempo es hoy. Están subiendo a perforar nuestros cerros. Una postal muy triste, el Nevado del Aconquija amenazado hacia su extinción y con él, la nuestra”. Con estas palabras, acompañada de las imágenes de los camiones gigantescos, la Asamblea El Algarrobo del departamento de Andalgalá, en Catamarca, comunicó a través de sus redes sociales que la minera Yamana Gold ingresó maquinarias a la zona del Nevado, la cordillera ubicada entre Catamarca y Tucumán, donde la empresa quiere explotar el proyecto Agua Rica, hoy reconvertido como Proyecto MARA, pese a la resistencia de la comunidad que desde 2010 defiende el agua y la vida frente al modelo extractivo. “Lo que están haciendo es ilegal”, afirma a lavaca la docente Rosa Farías, integrante de la Asamblea, y explica que la empresa está violando dos resoluciones dictadas por la exsecretaría de Minería provincial (hoy Ministerio) en 2009, que prohibía el tránsito minero por el camino de Choya y de Potrero, los dos accesos que la asamblea está bloqueando hace 18 días de forma selectiva. Es decir: sólo impide el paso a vehículos con trabajadores o maquinaria de la empresa, o a aquellos proveedores de insumos mineros. “Pero ingresaron por otro camino, por el departamento de Belén. Tuvieron que hacer un rodeo 9 horas para poder realizarlo, custodiados por Gendarmería”, cuenta Farías. El abogado Juan Figueroa, de la Comisión de Legales de la Asamblea, interpreta: “Hay una gran voluntad política de querer llevar la explotación a toda costa. Ya lo dijo el Gobierno provincial y también el nacional”. Además de las resoluciones provinciales, en el distrito aún sigue vigente la ordenanza municipal 29/16 que “prohíbe toda actividad minera metalífera, en la modalidad a cielo abierto, y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá”, informó la asamblea. En diciembre, la Corte de Justicia de la provincia declaró inconstitucional esa ordenanza, por lo que la asamblea apeló a un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación, que ya en 2016 había hecho lugar a un amparo en el que alertaba sobre el riesgo ambiental de la producción minera. Pese a todo, los trabajos de perforación fueron habilitados por el gobierno catamarqueño (cabe recordar que, en plena pandemia, la megaminería fue declarada “actividad esencial” por el presidente Alberto Fernández), por lo que la asamblea denuncia: “Estos trabajos fueron autorizados irresponsablemente por el Ejecutivo provincial que encabeza Raúl Jalil, en un contexto de emergencia hídrica (declarada por el propio Gobierno de la provincia), poniendo en riesgo nuestra fuente de agua y vida”. La advertencia ambiental de la Corte La Asamblea El Algarrobo se formó en 2010 en Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de la capital provincial– tras una salvaje represión que dejó decenas de personas heridas y detenidas, entre ellas muchas mujeres, cuando intentaron impedir el ingreso de camiones de la minera Yamana Gold. Desde entonces la resistencia al proyecto minero movilizó a toda la población, que presentó un amparo que se demoró seis años hasta la resolución de la Corte Suprema, luego de que vecinas y vecinos viajaron 20 horas hasta los Tribunales porteños e instalaron una carpa en la Plaza Lavalle, frente al tribunal, para exigir una respuesta. En un fallo de 14 páginas, con las firmas de los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda, la Corte hizo lugar al amparo de la Asamblea y concluyó que el poder judicial catamarqueño no podía rechazar el recurso sin tener en cuenta los estudios de la Universidad Nacional de Tucumán que alertaban el riesgo ambiental de la producción minera a cielo abierto con el uso de sustancias químicas altamente peligrosas. De ese informe –que consta en la sentencia– puede extraerse además que el proyecto puede generar riesgo de “avalanchas, derrumbes o deslizamientos que pueden afectar la ciudad de Andalgalá”, que “no están dadas las condiciones de seguridad suficientes”, por lo que “existe riesgo de contaminación de las aguas subterráneas”. La Corte respaldó la postura de la Asamblea ante los jueces provinciales. Textual: “La sentencia recurrida es equiparable a definitiva en tanto le ocasiona un perjuicio de tardía o muy dificultosa reparación ulterior, dado que mantiene en pie la amenaza de la instalación del emprendimiento destinado a la explotación minera, aprobado de manera irregular por la autoridad provincial”. Por ese motivo, el tribunal sostuvo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”. Es lo que en términos jurídicos se llama también “principio precautorio”. La prohibición de la prohibición Al volver a la provincia el amparo motivó que el juez provincial Rodolfo Cecenarro dictara una medida cautelar acorde al fallo, y que la Municipalidad aprobara la ordenanza que prohibía la actividad minera en el territorio. Esa ordenanza es la que fue declarada inconstitucional por la Corte provincial el 23 de diciembre del año pasado, y por lo que los vecinos acudieron nuevamente a la Corte Suprema con un Recurso Extraordinario. “Fue casualmente meses después de que el gobierno ampliara de 5 a 7 los miembros de la Corte provincial”, contextualiza Farías, en referencia a lo que tantas veces son ficciones sobre la “independencia”

Neuquén, 09 de Abril de 2021 La Corte Suprema de Justicia condenó a la provincia de Neuquén en un juicio iniciado por las comunidades mapuches de Villa Pehuenia, las cuales habían cuestionado la creación hace 17 años de ese municipio, al imponérseles una organización político estatal ajena a sus sistemas de organización político-comunitarias sostenidas en esos territorios desde el momento que comenzaron a habitarlos. Si bien la mayoría de la Corte convalidó la creación del municipio de Villa Pehuenia, sostuvo que las autoridades deben implementar una mesa de diálogo con mecanismos permanentes de comunicación y consulta para con las comunidades mapuches en territorio puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. El fallo lleva la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco y el voto concurrente del juez Horacio Rosatti. En disidencia, el juez Carlos Rosenkrantz entendió que los mapuches no pueden pretender derechos políticos que no tiene otro grupo que integra el pueblo argentino. Entendió que la provincia no está obligada a respetar su organización política mediante asambleas, que son “extrañas a la forma de gobierno representativa y republicana”. El litigio llevaba décadas. Se inició cuando la provincia de Neuquén creó en 2004 Villa Pehuenia, en el norte de Neuquén, en tierras donde residían varias comunidades indígenas, y llamó a elecciones para la conformación de la comisión municipal. La Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina pidieron entonces declarar inconstitucionales esas normas, porque dijeron alteraban la identidad mapuche, les imponían un modelo político diferente del sistema de asambleas de familias por el que se regían. Argumentaron que se desconocía la “institucionalidad indígena” e imponerles un municipio para organizar la vida política comunitaria implicaba una erosión cultural. El Superior Tribunal de Justicia de Neuquén rechazó esta demanda y el caso llegó a la Corte. Los mapuches contaron con el dictamen favorable de la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó. Ahora, los jueces Lorenzetti, Maqueda y Highton, con el voto concurrente de Rosatti, revocaron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén y admitieron la demanda. Lorenzetti, Maqueda y Highton sostuvieron que correspondía condenar a Neuquén a que, en un plazo razonable y en forma conjunta con las comunidades indígenas, establezca una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para que implementen la consulta omitida. Además, dispusieron que diseñen mecanismos permanentes de comunicación y consulta para que los pueblos originarios puedan participar en la determinación de las políticas y decisiones municipales que los involucren. De todos modos, declararon válida la creación del municipio de Villa Pehuenia y los actos jurídicos que celebraron sus autoridades y que generaron derechos y obligaciones. Establecieron que el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén controle la ejecución de esta sentencia reciba los informes con los avances de la mesa de diálogo. Lorenzetti, Maqueda y Highton indicaron que la creación de un municipio puede afectar a las comunidades mapuches en la protección de su tierra y territorio y con sus derechos políticos, pues los obliga a un modelo de organización del poder ajeno a su cosmovisión y a sus instituciones políticas. La mera atribución de funciones y facultades, sin consultar a las comunidades indígenas, es susceptible de afectar su espacio de autodeterminación, señalaron. El juez Rosatti sostuvo que correspondía una “colaboración sin interferencia” y que en 60 días se convoque y concrete una mesa de diálogo con la Comunidad Mapuche Catalán y la Confederación Indígena Neuquina para oírlos y diseñar en forma conjunta con la Municipalidad de Villa Pehuenia mecanismos permanentes de participación institucional y comunicación, de modo que las comunidades originarias puedan intervenir en la determinación de las políticas y decisiones municipales. El juez Rosenkrantz admitió que esta determinación debía realizarse teniendo en cuenta que, desde hace varias décadas, nuestro país se comprometió con la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, pero la sentencia debía respetar que la soberanía radica en el pueblo de la Nación, que es uno solo. “Un único sujeto con derecho a la autodeterminación colectiva”, por lo que no se le puede reconocer a los mapuches derechos políticos que no tienen otras comunidades. Dijo el juez que no hacía falta hacer una consulta previa con los mapuches para crear Villa Pehuenia y que los convenios internacionales “no garantizan un derecho a la autodeterminación política” de esas comunidades. No se les niega a las comunidades indígenas ningún modo de participación que fuera reconocido al resto de la población, insistió y al contrario la convocatoria a elecciones le da derecho a cada persona a un voto y no contiene exclusión ni discriminación. “De ningún modo -dijo- Villa Pehuenia es una amenaza para la vida interna de las comunidades mapuches” y remarcó que la Constitución no asigna a los pueblos indígenas derechos políticos por encima de los derechos del resto de los ciudadanos y, por esa razón, el Estado provincial no tiene la obligación de respetar una manera de tomar decisiones que, “como las del sistema asambleístico que propugna la comunidad indígena recurrente, es extraña a la forma de gobierno representativa y republicana”. Fuente: La Nación