Entre las medidas que anunció el Ministerio de Cultura se destaca el pago de la primera cuota de Cultura Solidaria para más de 50.000 beneficiarios de todo el país, la extensión del Plan Podestá para el teatro independiente, un apoyo económico de emergencia para la Comarca Andina y un subsidio para el sostenimiento del espectáculo en vivo en AMBA. 05 de Mayo de 2021 Como continuación de las políticas implementadas desde el inicio de la pandemia para acompañar a las industrias culturales y a sus trabajadores y trabajadoras, el Ministerio de Cultura de la Nación anunció nuevas medidas de apoyo económico dirigidas a uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. En el Centro Cultural Kirchner estuvieron presentes el ministro de Cultura, Tristán Bauer, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, el secretario del Interior del Ministerio del Interior, José Lepere, funcionarios del Ministerio de Cultura y representantes de los diversos sectores de las industrias culturales. En primer lugar, se anunció el pago de la primera cuota de Cultura Solidaria, el programa que alcanzó a 50.757 artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura con una inversión sin precedentes: más de 1600 millones para mitigar los efectos de uno de los sectores donde más impactó la pandemia del COVID-19. Son dos cuotas de $15.000 cada una que comenzarán a pagarse a partir del 4 de mayo. Se trata de una política pública, federal e inclusiva que llega a toda la Argentina y cubre todos los rubros del sector de las industrias culturales. Al mismo tiempo, se presentó el Subsidio para el Sostenimiento del Espectáculo en Vivo, un apoyo económico de 50 millones de pesos destinados a salas y teatros del AMBA y de todas las jurisdicciones que adhieren al Decreto 241/2021 que tuvieron que suspender funciones programadas. Está dividido en tres categorías vinculadas a la capacidad de cada sala y tendrá impacto en los ingresos de actores, actrices y guionistas, entre otros trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas, ya que se prevé el mismo destino que hubiese tenido la taquilla. También se anunció el Plan AmpliAR Podestá 2021 del Instituto Nacional del Teatro (INT). Se trata de una serie de convocatorias especiales destinadas al sector del Teatro Independiente, con requerimientos flexibles, reunidas en un único plan de acción integral y abarcativo, que amplía los alcances del Plan Podestá 2020. Tiene una inversión de más de 60 millones de pesos. Finalmente, se dio a conocer el Apoyo Económico de Emergencia para la Comarca Andina. Consiste en una ayuda económica diseñada en forma exclusiva para acompañar a 221 trabajadores y trabajadoras de la cultura afectados por los incendios que ocurrieron durante el mes de marzo en la región. Con una inversión de más de $8,1 millones de pesos se diseñó un apoyo especial destinado a los trabajadores y trabajadoras de la Comarca y se implementó el programa Cultura Solidaria junto a incentivos especiales del INT y al otorgamiento de equipamiento por parte de la CONABIP. Estas medidas refuerzan la voluntad y el compromiso del Ministerio de Cultura con los artistas, trabajadores, trabajadoras y con cada sector que forma parte de las industrias culturales, sabiendo de su esfuerzo por atravesar esta coyuntura que involucra a todos los argentinos y a las argentinas. Seguimos convencidos de que el camino es de la cultura de la solidaridad. En el marco de estos anuncios, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, señaló: “Hace días conmemoramos el día del trabajador y la trabajadora, de los mártires de Chicago, de momentos de luces y de sombras, y todos estos programas que presentamos hoy se los debemos a ellos. Hubo un enorme trabajo para poder implementar estos programas ya que estos tiempos de emergencia nos encuentran dando respuestas nuevas y hoy estamos llegando a más de 50.000 artistas. Cuando logramos estos planes se desataron los incendios en la Comarca Andina y un equipo del Ministerio de Cultura viajó e hizo un relevamiento para poder ayudar a los artistas, artesanos y trabajadores de la cultura que perdieron sus casas, con 8 millones de pesos”, resaltó Bauer. En cuanto al AMBA, señaló: “La situación sanitaria nos obligó, una vez más, a tener que cerrar salas, teatros, cines y espectáculos musicales y por eso destinamos, a través del programa de apoyo a salas de teatro, una inversión de más de 50 millones de pesos. Al mismo tiempo, el Instituto Nacional del Teatro ampliará el Plan Podestá 2021 con una ayuda de 60 millones de pesos. Estos programas hablan del compromiso de nuestro gobierno porque tenemos la virtud de tener un gobierno con una enorme sensibilidad hacia lo cultural. A nosotros nos gustan dos palabras: la producción y el trabajo. Quisiéramos volver inmediatamente a realizar ambas pero mientras tanto tenemos que cuidar mucho la salud de la población. Por eso estas medidas son tan necesarias y fundamentales en esta etapa”. Por su parte, Fernanda Raverta, titular de ANSES, sostuvo: “Para resistir la crisis fueron necesarios los artistas y hoy podemos decir que, a partir del 4 de mayo, empezaremos a pagar a más de 50 mil artistas beneficiados”. Es compromiso de nuestro gobierno empezar por los últimos y los que más lo necesitan”. Finalmente, el secretario del Interior, José Lepere, subrayó: “Cultura hace el esfuerzo, ANSES la logística y desde el Ministerio del Interior queremos ser guardianes de que sea una política federal e inclusiva que llegue a todos los municipios, a todos las provincias, a toda la Argentina”. Acompañaron los anuncios, de manera presencial, María Cristina Alvarez Rodriguez; diputada Nacional; Lucrecia Cardoso, secretaría de Desarrollo Cultural; Valeria Gonzalez, secretaria de Patrimonio Cultural; Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural, María del Carmen Bianchi, presidenta de la CONABIP; Carlos Rotemberg (AADET); Martín Alfiz (AADET); Ana Poluyán (ACMMA); Guillermo González (CAPTE); Eduardo Sempé (IDEAR); y de manera virtual: José Palazzo ( CIEyA); Pía Rigoni (CIEyA); Romina Costigliolo (ASAP); Tiana Rivera (ASAP); Noelia Villafañe (ASAP); Alexis Turnes Amadeo (ASAP); Hernán Guiterrez (ACMMA); Rodrigo Lavecchia (CAPTE) y Martín Mercado (IDEAR).
Preocupación de los pueblos indígenas por la difusión de un material distribuido por Editorial Estrada
El día 02 de mayo del presente año, autoridades de pueblos indígenas e investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires involucrados con pueblos originarios, hicieron llegar al ministro de Educación, Nicolás Trotta, una nota manifestando su preocupación respecto al material pedagógico editado por la Editorial Estrada: “Biociencias Estrada – Ciencias Sociales – Ciencias Naturales”. San Juan, 5 de Mayo de 2021 Dicho manual está destinado a estudiantes de cuarto 4 año de la provincia de Buenos Aires. Las objeciones planteadas se sostienen tanto en resultados de los trabajos de investigación, como en las profundas contradicciones que se advierten entre este material y la normativa vigente en el país, en materia de educación y derechos de los pueblos indígenas. Desde el Puelmapu, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Rio Negro, hicieron llegar una nota al ministro de Educación de la Nación ante: «Nuestra profunda preocupación por la difusión de un material distribuido por Editorial Estrada cuyos contenidosresultan agraviantes para nuestra memoria, nuestro presente y futuro como pueblos preexistentes. Hacemos referencia a el material denominado Biociencias Estrada – Ciencias Sociales – Ciencias Naturales con la aclaración “Bonaerense” (…) El texto de la página 18 titulado “LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO” presenta un mapa en el que se omite a la mitad de las naciones originarias actuales, además de otros errores y falacias que detallamos a continuación. Consideramos de una EXTREMA GRAVEDAD, la invisibilización de 20 pueblos indígenas en un material diseñado para lectura en la escuela secundaria, dado que tales falacias constituyen el marco de prejuicios estigmatizantes que se sustentan en todo tipo de tergiversaciones«. Ante estas denuncias, el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en función del trabajo de investigación, gestión y articulación desarrollado pordiferentes equipos que trabajan con pueblos originarios (en varios casos desde hace décadas), manifestó su preocupación respecto al mismo material pedagógico.
SE PRESENTÓ EL LIBRO EL REGRESO DE LOS ANCESTROS
En el día de ayer, 4 de mayo de 2021 se presentó el Libro “El regreso de los ancestros. Movimientos indígenas de repatriación y redignificación de los cuerpos”, publicado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Chile. La presentación tuvo la participación especial de la investigadora sanjuanina Carina Jofré. San Juan, 05 de Mayo de 2021 El libro es una compilación de textos editada por Jacinta Arthur de la Maza, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Patricia Ayala Rocabado, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). La presentación del libro estuvo a cargo de Susana Herrera, Subdirectora de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, y de Carina Jofré, activista warpe investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, quien tuvo a su cargo el Prólogo de esta inédita publicación. Retomando una provocación lanzada originalmente por James Riding, Jacinta Arthur y Patricia Ayala, se centran en la necesidad de señalar los problemas y obstáculos epistemológicos, ontológicos y políticos que existen en los procesos de repatriaciones de cuerpos humanos a pueblos indígenas en un plano transnacional. El libro pone su interés en las políticas patrimoniales de las instituciones del Estado y la ciencia en Chile, y lanza una crítica que se potencia con las reflexiones y experiencias ofrecidas en este libro por los y las activistas indígenas Atacameños/Lincantay, Yaganes, Mapuches, Rapa Nui y Maorí. Según plantearon sus editoras, el objetivo de este libro es abrir puentes para los diálogos entre el Estado chileno y los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, ofreciendo antecedentes para fortalecer estas demandas por “el regreso de sus ancestros”, reconociendo el estatus jurídico internacional que estas demandas tienen en materia de derechos humanos reconocidos, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Reflexiones para recuperar la sensibilidad La participación de la investigadora arqueóloga-antropóloga warpe Carina Jofré en este proyecto editorial, conectó las experiencias transnacionales de lucha por “el regreso de los ancestros y ancestras” con las luchas warpes. “Para mí es un orgullo ser parte de esta compilación, agradezco la invitación de Jacinta y Patricia, sobre todo, porque en esta invitación se esconde el gesto cómplice de las autoras de ampliar también los territorios de lucha warpe por el regreso de nuestros ancestros a su morada.” Recordemos que desde 2011, la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum tiene abierto un reclamo por la restitución de los cuerpos que se encuentran en las colecciones del Museo “Prof. Mariano Gambier” dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan. Ese pedido realizado en el marco de la Ley Nacional Nº25517 y su decreto reglamentario 701/10, a la fecha no ha avanzado, habiéndose paralizado las conversaciones desde 2018. Luego de que a partir de la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se le requiriera al mencionado museo el inventario de sus colecciones. Desde 2018 se ha reiterado en numerosas oportunidades este pedido del inventario del museo, desde el propio Consejo Superior de la UNSJ, y posteriormente desde el Consejo Asesor Indígena creado en 2019 en el ámbito de esta casa de estudios, sin respuesta alguna hasta el momento. En el prólogo de este libro, Carina Jofré hace un llamado a “recuperar la sensibilidad” para descolonizar las repatriaciones y restituciones de cuerpos a pueblos indígenas. “Más que un trato digno para nuestras/os ancestras/os en los museos y colecciones, debiéramos ir más allá y exigir por una ciencia digna capaz, ante todo, de sensibilizarse frente al dolor humano. Quizás entonces empecemos a revertir un poco más las injusticias. Pensar sobre la existencia y características de esas comunidades indolentes de la academia y las instituciones del Estado es prioritario también para construir una ética que persiga re-fundar ¿y por qué no? abolir, las prácticas antropológicas, arqueológicas, museológicas, patrimoniales tal cual las conocemos, asumiendo que quizás su propia existencia carezca de sentido para los proyectos colectivos de lucha y descolonización en nuestros nuevos territorios de vida. ¿A quiénes sirven los cuerpos en los museos? ¿Cómo llegaron allí, y por qué no pueden retornar a los territorios que nos han sido despojados? deberían ser cuestionamientos urgentes para las agendas estatales, tanto como para los pueblos y comunidades indígenas”. El libro puede accederse de forma gratuita en su versión digital, para su descarga se puede acceder en la siguiente dirección web: https://www.investigacion.patrimoniocultural.gob.cl/694/w3-article-99638.html?_noredirect=1 La actividad fue transmitida de forma virtual, a través de la plataforma Zoom y por el canal de Youtube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, donde se puede volver a ver la presentación realizada.Link de retransmisión a youtube:
Colombia: ONU y UE condenan violenta represión en protestas
Organismos internacionales rechazaron la brutal represión en Colombia que hasta el momento deja un saldo de al menos 19 muertos y más de 800 heridos. Servindi, 4 de mayo, 2021.- La Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) se pronunciaron el martes 4 de mayo para condenar la violenta represión en las protestas de Colombia. Representantes de ambos organismos pidieron poner fin a la escalada de violencia contra los manifestantes que protestan desde el 28 de abril contra una propuesta de reforma tributaria. Hasta el 3 de mayo se reportaban de manera oficial 19 muertos, más de 800 heridos y 87 desaparecidos, aunque la cifra de fallecidos sería aún mayor, según el comité promotor de las protestas. Aunque la propuesta de reforma tributaria ya ha sido retirada, el descontento en las calles continúa debido al aumento de la pobreza, el desempleo y, más recientemente, por el abuso policial. Condena internacional Desde Ginebra, la portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Marta Hurtado, condenó un “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía. “Estamos profundamente alarmados […] la policía abrió fuego contra los manifestantes que protestaban contra la reforma tributaria, matando e hiriendo a varias personas, según la información recibida”, dijo. Tras expresar la solidaridad de la ONU con las personas que perdieron la vida, señaló que la oficina del organismo en Colombia viene trabajando para verificar el número de víctimas. “Nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer las circunstancias de estos terribles incidentes en Cali”, añadió la representante de la ONU. Hurtado también hizo un “llamamiento a la calma”, debido a “la situación extremadamente tensa” que vive Colombia, “con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta”. Asimismo, recordó a las autoridades del Estado colombiano, encabezadas por el presidente Iván Duque, su responsabilidad de proteger los derechos humanos. Mientras que, a los agentes del orden, les recordó que las armas de fuego solo deben usarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte. Por su parte, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano, también se sumó a la condena en nombre de la Unión Europea (UE). “La UE condena los actos de violencia, que apuntan contra los derechos legítimos a manifestarse, a la libertad de reunión y de expresión. Es muy importante que se respeten estos derechos”, dijo. En ese sentido, pidió poner fin a la violencia y expresó la confianza de la UE en las instituciones colombianas para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a derechos humanos. Descontento, muertos y heridos Las protestas en Colombia iniciaron el miércoles 28 de abril con la convocatoria a un paro nacional contra una propuesta de reforma tributaria impulsada por el gobierno de Iván Duque. La propuesta estaba destinada a mejorar un déficit fiscal causado por la pandemia del coronavirus, a costa de elevar los impuestos sobre algunos bienes y servicios de primera necesidad. Los sindicatos de trabajadores que convocaron a la protesta, alertaron que el incremento de impuestos afectaría principalmente a los más vulnerables del país, golpeados ya por la pandemia. A pesar de que la protesta se convocó justo cuando el país vive el momento más mortal de la pandemia, la movilización fue masiva, aunque con registros de represión policial. Tras cuatro días de protestas y con muertos y heridos ya reportados principalmente en Cali, el domingo 2 de mayo Iván Duque anunció el retiro de la propuesta de reforma tributaria. No obstante, dijo que la reforma no era un “capricho”, sino “una necesidad”, por lo que anunció que buscaría un nuevo plan que surja a través del consenso. Al día siguiente, lunes 3, el ministro de Hacienda y cerebro de la reforma, Alberto Carrasquilla, anunció su renuncia al cargo; pero para entonces la indignación social ya se había acrecentado. Entre los motivos del por qué las protestas en Colombia no cesan se encuentran el descontento por el aumento de la pobreza, el desempleo y la desigualdad provocados por la pandemia. Según el diario El País, Colombia, la cuarta economía de América Latina, sufrió en 2020 una caída de 6,8 % de su producto interior bruto (PIB), la mayor desde que hay registros. Además, los datos que suponen un retroceso de una década, señalan que el desempleo cerró en 15,9 %, lo que llevó al 42,5 % de la población a la pobreza. Al descontento social —que se arrastra en el país desde las marchas de noviembre de 2019, interrumpidas por la pandemia— se ha sumado ahora la indignación por la violencia policial. La Defensoría del Pueblo reportó que, hasta el lunes de 3 mayo, al menos 18 civiles y un oficial de la policía fallecieron en medio de las protestas, mientras que 846 personas resultaron heridas. Estas cifras, sin embargo, serían mayores, según el comité promotor de las protestas. Según la agencia inglesa BBC, ellos registraban hasta el 3 de mayo 124 heridos de violencia y al menos 21 personas asesinadas. Por lo pronto, la respuesta de Duque a las protestas ha sido sacar a los militares a las calles de las principales ciudades del país para controlar las manifestaciones y posibles disturbios. Fuente: Servindi. Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso
Colombia: convocan a organismos de DDHH ante la brutal represión de Duque
Desde Bogotá, Juliana García, estudiante colombiana, dialogó con Punto de Encuentro sobre la situación de represión y muertes que se han dado en ese país. 04 de Mayo de 2021 El presidente Iván Duque había remitido un proyecto de reforma tributaria que incrementó impuestos a productos de primera necesidad, servicios públicos, combustibles. Por ello, la comunidad repudió y se movilizó en las calles en contra de la reforma, lo que provocó fuerte represión por parte de las fuerzas de seguridad colombianas. Asesinatos, detenciones arbitrarias, desapariciones de personas, ultrajes y violaciones sistemáticas de DDHH fueron denunciados por Julia quien detalló lo que fue la masacre de la noche de este lunes en la zona de Cali, entre otras zonas del país. Mientras tanto, la reforma tributaria presentada por el presidente se mantiene todavía, al mismo tiempo Juliana anticipa reformas en materia laboral y de pensiones desde el gobierno de Duque, por lo que el pueblo se moviliza. En el siguiente enlace, la nota completa: Fuente: Radio Nacional Mendoza
Vergüenza nacional: sobre el fallo judicial que impide la interrupción voluntaria del embarazo de una ciudadana sanjuanina
A comienzos de esta semana, medios de comunicación locales y nacionales dieron a conocer el vergonzoso fallo resuelto por tres jueces de la Sala III de la Cámara Civil de San Juan. En dicho fallo se reconoce la cautelar de un varón sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de una mujer en San Juan, al negársele los derechos amparados por la ley nacional N° 27610 de ACCESO A LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. San Juan, 04 de Mayo de 2021 El fallo judicial devela lo que movimientos feministas y de derechos humanos en la Argentina y América Latina denuncian hace años: las tramas de complicidad masculinas que se sellan en los diferentes despachos estatales donde, una vez más, el Sistema Judicial manifiesta de manera deliberada su ADN patriarcal, perpetuador de las violencias sexuales actuales a las cuales estamos sometidas las mujeres y disidencias en todo el territorio provincial y nacional. No debe sorprender cómo la colonización sobre los cuerpos feminizados se extiende desde los mismos mecanismos legales en manos de varones heterosexuales, los cuales niegan derechos y, en su accionar, hacen fracasar las voces y las esperanzas de quienes se sublevan ante los órdenes de dominación que por años acarrearon silencios, secretos y vidas. Este hecho no se presenta como aislado, por el contrario, se une a una serie de acciones judiciales devenidas a nivel país durante los últimos meses, donde se observa una avanzada sobre derechos adquiridos en los últimos años. Ante esto, cobra mayor fuerza la necesaria revisión del Sistema Judicial Argentino en su totalidad. A continuación, compartimos la declaración publicada por la Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito de San Juan:
Roberto Carlés: «Mi objetivo es incrementar las exportaciones de la Argentina»
El diplomático, que apenas tomó posesión del cargo creó una oficina de derechos humanos, está convencido de que la Argentina puede potenciar la economía del conocimiento, la tecnología de los alimentos y el desarrollo científico -tecnológico para incrementar su oferta. Roma, 03 de Mayo de 2021 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República Argentina ante Italia, Albania, Malta y San Marino desde 2020, Roberto Manuel Carlés es un abogado penalista recibido en la Universidad de Buenos Aires. También es Doctor en Derecho de la Universita’degli Studi de Ferrara, en Italia, además de haber sido, entre otras cosas, profesor adjunto en la Universidad de Buenos Aires. Desde que llegó a Italia, se ha hecho notar por su compromiso en materia de derechos humanos participando de las video-conferencias organizadas en tiempos de pandemia, por la organización italiana “24marzo”, con los familiares de los desaparecidos que motivaron la causa legal en Roma contra el represor ítalo-argentino Carlos Luis Malatto. —Embajador Carlés ¿cuáles son los objetivos de su misión en Italia? –En primer lugar, con todos los medios posibles, trabajar para incrementar las exportaciones de la Argentina. No hay crecimiento económico sostenible sin aumento de las exportaciones. Segundo, promover inversiones que vayan a la economía real, no del tipo que tuvimos en tiempos recientes, especulativas, sino aquellas que impactan en la producción y generan trabajo. Por supuesto el contexto es difícil pero es nuestra tarea promoverlo. Tercero, relanzar la relación bilateral en todos los aspectos, en el campo cultural, de la cooperación internacional científica, educativa. Las relaciones hay que construirlas, trabajarlas y requieren políticas activas. Al mismo tiempo hay mucho por hacer en otros campos. Italia necesita también tener un interlocutor importante en América latina y la Argentina, por los vínculos con Italia, es un actor muy importante. Tiene que ocupar ese espacio. –Respecto a las exportaciones de las que usted habla, ¿cuánto influyó el encuentro que usted organizó con los empresarios cuando vino a Roma el Ministro de Economía Guzmán? -El encuentro fue muy bueno. Participaron sobre todo empresas que tienen inversiones en la Argentina, pero que además son actores económicos relevantes en Italia. Fue importante que estuvieran presente y se sacaran las dudas sobre el futuro de la Argentina. Fue muy positiva –¿Ellos hablaron de nuevas inversiones? -Hay nuevos proyectos que ya están en camino. Y también hay expectativa sobre cómo la Argentina terminará de resolver los puntos que tiene pendientes este año, en particular la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Club de París, que fue el tema central de la gira del ministro Guzmán. Lo que los empresarios nos dicen a nosotros es que la Argentina está siempre entre sus objetivos de inversiones. La pandemia ha paralizado al mundo, no sólo a la Argentina. Pero hay mucha expectativa, mucha cautela, como hemos podido ver en los encuentros que mantenemos nosotros desde que llegamos a Roma. Hay mucha expectativa en el futuro. Se está pensando en el “día después”. Y esperamos que el “día después” esté cerca. –¿Qué espera Argentina de Europa, una vez que pase la pandemia? –Tenemos una agenda inmediata en el horizonte que es encaminar la negociación de la deuda de una manera sustentable, sin que el peso de una deuda insostenible, contraída por el gobierno anterior, caiga sobre los más vulnerables de la Argentina. Este Gobierno no lo va a hacer. Por lo cual debe encontrarse una salida sustentable que no perjudique los intereses de nuestro pueblo. Este es el principal objetivo de este año. Y luego creo que la cuestión pasa por tener una relación madura con Europa y promover el comercio, para que la Argentina pueda incrementar sus exportaciones. Son varios los sectores donde la Argentina puede potenciar su comercio exterior. Por ejemplo la economía del conocimiento, la tecnología de los alimentos, el desarrollo científico -tecnológico en general. Esta es una ventaja importante. Además, hay que promover las inversiones que vayan a la economía real. Para eso estamos trabajando tratando de dar señales de equilibro en materia económica, tratando de tranquilizar la economía, luego de un endeudamiento sin precedentes en la historia argentina y en el FMI. El Fondo ha dado algunas señales de comprender esta situación. –Si se puede comparar la situación de la covid en Italia y en Argentina, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes? –La principal diferencia es que nosotros tuvimos las ventaja de ver antes lo que estaba pasando en el mundo. Y así tuvimos tiempo para prepararnos y tomar las medidas que eran necesarias. Por supuesto, tuvieron su costo, eso es innegable, pero nos permitieron salvar miles de vidas y evitar el colapso del sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario tradicionalmente en invierno entra en crisis por las enfermedades normales, pero lo que vimos nos permitió ganar tiempo y tomar las medidas que había que tomar, para reforzar el sistema de salud y las terapias intensivas. Esa creo que fue la principal diferencia. Veníamos de no tener ni siquiera un Ministerio de Salud, porque en la gestión de Macri fue degradado a secretaría. Con la cuestión de la vacuna creo que también se ha actuado bien. Es una gran noticia además que la vacuna Gamaleya (Sputnik) se producirá en Argentina. —Pero ahora la situación ha cambiado notablemente… -Ahora está cambiando porque estamos recibiendo la segunda ola como también se ha vivido acá. Yo lo que veo es que hay bastante responsabilidad de parte de la sociedad. Es cierto que ésta es una experiencia que nadie ha vivido antes, que se ha prolongado mucho más de lo que habíamos imaginado y que produce un cansancio existencial. Y eso hace que la gente reaccione humanamente, lo que implica la negación muchas veces, la falta de cuidados necesarios, el temor en exceso. Son reacciones humanas. Y en cuanto a las coincidencias y respecto a cómo la gente lleva la pandemia, en Argentina pasan las mismas cosas que acá. –Respecto al viaje inminente del Presidente, ¿existe ya un programa en Italia? –Todavía no hay información oficial. A Italia llegará en principio el 13 de mayo. En Roma tiene confirmado un almuerzo con el Presidente de la República, Sergio Mattarella, y
El Congreso debate un nuevo proyecto de ley para los agrocombustibles
El proyecto fue presentado por el bloque del Frente de Todos a tres semanas del vencimiento de la ley vigente y pondría nuevas reglas de juego hasta 2030. La Secretaría de Energía asumiría un rol central con capacidad de control sobre los precios, las empresas productoras, las destilerías y los volúmenes permitidos para los cortes con agrocombustibles. Las “razones ambientales” quedan fuera del eje de debate. 03 de Mayo de 2021 Por Alejo di Risio A menos de tres semanas del vencimiento de la ley que regula el mercado de combustibles derivados de aceites vegetales —principalmente soja, maíz o caña de azúcar— apareció un nuevo proyecto que crearía otras reglas del juego. Firmado por 14 diputados del Frente de Todos y el tucumano del PRO, Domingo Amaya; el proyecto propone una regulación desde el 12 de mayo, día que se vence la ley actual, hasta 2030. La iniciativa incrementa la capacidad de acción de la Secretaría de Energía a lo largo de la cadena de “elaboración, almacenaje comercialización y mezcla” de agrocombustibles. En octubre pasado el Senado había votado estirar hasta diciembre la Ley 26.093, que desde 2006 da el marco regulatorio para el sector de agrocombustibles, pero esa prórroga nunca avanzó en la Cámara de Diputados. El debate de la iniciativa se inició este miércoles en la Comisión de Energía y Combustible, con críticas del sector empresario, que insiste en la prórroga de la legislación actual. El proyecto propone que los precios del sector puedan ser regulados por la Secretaría de Energía. Las empresas que quieran elaborar, almacenar o comercializar agrocombustibles deberán contar con la aprobación de Energía y las que lo consigan serán las únicas capaces de vender a quienes lleven a cabo las mezclas antes de llegar al surtidor. Además, las destilerías de hidrocarburos no podrán participar en empresas productoras de biocombustibles. Entre los principales cambios propuestos por el proyecto, está el de bajar la cantidad de biodiesel de origen vegetal que se mezcle con el diésel de origen fósil. A su vez este corte podrá ser aumentado o reducido (hasta un 3 por ciento de piso mínimo) si la Secretaría de Energía considera que falta biodiesel para cumplir con el corte o que los costos de fabricación son muy altos y pueden incrementar el precio del diesel en el surtidor. Caso similar para la cantidad de bioetanol —cuyo origen es el maíz o la caña de azúcar— para ser mezclado con nafta. Este valor se mantendrá en un 12 por ciento, aunque se aclara que el piso mínimo será del 6 por ciento para el bioetanol de caña de azúcar. También podrá la Secretaría de Energía mover este precio con otras especificaciones, pero según demanda o balanza comercial. También se mencionan las “razones ambientales”, aunque no está especificado cuáles serían estas. Los cambios propuestos están lejos de aportar la “previsibilidad” que reclamaban los principales empresarios del agronegocio y legisladores nacionales que los acompañaban. Mientras aumentan los incentivos locales y el precio de la soja aumenta a nivel internacional, queda por ver cómo este proyecto podrá avanzar para lograr los consensos necesarios para su aprobación y eventualmente cómo impactará esto sobre un sector que se impulsa como parte de la lucha contra el cambio climático. Mientras se promociona como parte de la “bioeconomía” los agrocombustibles son parte de las llamadas “falsas soluciones”, ya que anuncian que no aportan dióxido de carbono, pero esto es falso. La producción de agrocombustibles en modelos industriales vienen de un modelo basado en energías fósiles, concentrado y sumamente ineficiente en términos energéticos. El acaparamiento de tierra, agua y del patrimonio natural del que forman parte desplaza cultivos alimenticios y población local y pone en peligro la soberanía alimentaria. Fuente: Tierra Viva. Agencia de Noticias
Formosa: pueblos originarios perseguidos, violentados y sin acceso a agua ni salud
Testimonios en primera persona, informes de organismos de Derechos Humanos y mujeres embarazadas escondidas en el monte por miedo a represalias estatales. 03 de Mayo de 2021 Por Mariángeles Guerrero El sol más caliente del país. La provincia más joven (su creación data de 1957). Geográficamente retiradita —como dice su gente. La identidad hermosa que le dio su nombre: Formosa. Un pedazo de tierra de siete millones de hectáreas definido con límites nuevos, arbitrarios, para los pueblos Wichí, Qom, Pilagá y Nivacle que la habitan ancestralmente. El mismo gobierno —el mismo hombre gobernando— hace un cuarto de siglo. En la provincia de Gildo Insfrán la mayor tasa de mortalidad infantil (16 cada 1000 nacidos vivos) en 2017, según la Sociedad Argentina de Pediatría. El mayor índice de partos adolescentes, según datos del Ministerio de Salud. El primer lugar, en 2019, en la relación porcentual entre recursos coparticipables y recursos provinciales propios: el 93,4 por ciento provenía del Estado nacional, según el informe Nos pronunciamos y proponemos, firmado por diversas organizaciones sociales y parroquiales formoseñas. Una reforma constitucional en 2003: la reelección indefinida, la clave de la perpetuación en el poder. Los mismos nombres repetidos una y otra vez en el gobierno provincial, en los gobiernos locales y hasta en las sociedades de fomento. En Formosa, el Partido Justicialista está al mando del Poder Ejecutivo y compone los dos tercios de la Cámara de Diputados, lo que le permite definir, por ejemplo, quiénes serán los jueces de la Corte Suprema provincial. El resultado es la división de poderes totalmente licuada. Bosque nativo arrasado En los últimos 20 años, con la expansión del agronegocio, fueron incorporándose empresas agropecuarias que arrasaron con los bosques nativos y que limitaron la ocupación de los pueblos indígenas a 300 mil hectáreas, de aquellas 7.206.000 que habitaban hasta principios del siglo pasado. En los últimos años, la Formosa de Gildo Insfrán se ubica entre las tres con mayores tasas de pérdidas de tierras forestales: en 2016 encabezó ese ránking. Los pueblos indígenas de Formosa han sido históricamente violentados por un sistema político que se autoreproduce a base de acuerdos entre amigos y reelecciones. Pero de esas mismas vulneraciones surge el reclamo: ya no se puede seguir esperando por agua potable, por una escuela, por un médico, por el día en que por fin la policía deje de llegar solo para repartir palos y balas de goma. Siete mujeres wichí vulneradas La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el 16 de abril de 2021 la Resolución 32/2021, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de siete mujeres indígenas de la comunidad Wichí que se encontrarían cursando su embarazo a escondidas en la localidad de El Potrillo, por temor a las autoridades de Formosa. Según información aportada por las personas solicitantes, la situación se enmarca en un contexto de denuncias sobre presuntos abusos por parte de autoridades provinciales en la implementación de medidas para combatir la pandemia de Covid 19. En ese marco, siete mujeres wichí afirman mantenerse ocultas por temor a que las autoridades las detengan por presuntas declaraciones falsas que fueron difundidas en un reportaje que relata la situación que se vive en Formosa. Según la denuncia presentada ante la Corte, las solicitantes tienen miedo de ser objeto de cesáreas forzosas, separadas de sus bebés al nacer, o de que sus bebés puedan ser entregados muertos. Por lo anterior -sostienen- se encuentran escondidas en condiciones de vulnerabilidad, sin acceso a agua potable, alimentación adecuada y servicios básicos, y sin acceso a la atención médica que requiere su Estado. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, se solicitó a Argentina que: a) adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de las beneficiarias. En particular, la adopción de medidas inmediatas que posibiliten el acceso a una atención médica adecuada, según los estándares internacionales aplicables. Estas medidas deben ser adoptadas de conformidad con el consentimiento previo, libre e informado de las beneficiarias, y con una perspectiva de pertinencia cultural y lingüística, tomando en cuenta su cosmovisión indígena y con un enfoque de género; y, b) concierte las medidas a adoptarse con los representantes y las beneficiarias. Finalmente, tomando en cuenta que, dada una solicitud de confidencialidad, el Estado no tuvo la oportunidad de conocer el nombre de las siete beneficiarias de manera previa al otorgamiento de las presentes medidas, de acuerdo con el artículo 25.5 del Reglamento, la Comisión revisará la pertinencia de mantener vigente, o bien proceder con el levantamiento de la presente medida cautelar, en su próximo período de sesiones. El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre una eventual petición ante el sistema interamericano en la que se aleguen violaciones a los derechos protegidos en la Convención Americana y otros instrumentos aplicables. “Solo pedíamos agua” En Formosa el Pueblo Wichí tiene unos 20.000 habitantes, distribuidos en unas 120 comunidades. El 7 de noviembre de 2020, las comunidades wichí de Pozo de Maza y de Pocitos (ubicadas a 495 kilómetros de la capital provincial) protestaron frente a una cisterna por el acceso al agua potable. Integrantes de esa comunidad, en comunicación con Tierra Viva, cuentan que hace 18 años que toman agua de lluvia. Y que cuando no llueve, no hay agua que acarrear. Entonces beben de una represa. Algo que se desprende del relato es la distancia territorial, que también es una distancia política. Luis Eusebio, representante de la comunidad de Pozo de Maza, relata que las soluciones llegan —o mejor dicho, deberían llegar, porque no siempre ocurre— con “la gente que viene de Formosa”. Es decir, de la capital formoseña, donde se aloja y se centraliza la toma de decisiones que impactan en el día a día de poblaciones que viven a 500 kilómetros. “Los políticos son así. Por ahí mienten, por ahí no sé si tienen interés en resolver los problemas de la comunidad. Cuando viene la gente de Formosa dicen ‘muy pronto va a salir el pedido’ y la gente se va contenta a la casa. Pero pasan los días y no hay respuestas. Siempre nos mienten. Nosotros apoyábamos a Gildo Insfrán pero
Una teleconferencia para sostener la educación en los distritos en alerta sanitaria
La encabezó Nicolás Trotta con sus pares de Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires. Se acordaron los primeros pasos de un protocolo para sostener la continuidad educativa en los distritos con alta circulación del virus. El FONDO COVID 19. San Juan, 03 de Mayo de 2021 Ante la necesidad de continuar el trazado pedagógico en 2021, frente a la actual emergencia epidemiológica, el ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta, convocó a los responsables de educación de las distintas áreas en alerta: Ciudad de Buenos Aires, y provincias de Santa Fe, Mendoza y Buenos Aires, para reafirmar «la necesidad de priorizar la salud de chicas y chicos». Y buscando acordar los pasos que permitan contener la propagación del virus, para volver a la presencialdad en el menor tiempo posible. Se sumó a último momento, el titular de la cartera educativa de Entre Ríos, por presentarse ya en algunas localidades de esa provincia, una situación crítica respecto al gradiente de contagios. “Convocamos a los ministros de las regiones en estado de la alerta epidemiológica para reafirmar la necesidad de priorizar la salud, y nuestra voluntad de acompañar las medidas necesarias para que mejoren los indicadores sanitarios, así podemos retomar la presencialidad en el menor tiempo posible”, sostuvo Trotta al concluir la reunión realizada en forma virtual este domingo por la tarde. “Al mismo tiempo –explicó el ministro a PáginaI12–, buscamos ver cómo garantizar la continuidad educativa, en el marco de esta momentánea suspensión de la presencialidad”. Trotta sostuvo la necesidad de “sostener el cuidado de la vida y la salud” en estos distritos. También detalló la disposición de recursos adicionales para sostener la trayectoria pedagógica. En ese sentido, destacó que por un lado se buscó “reafirmar la presencialidad de la educación especial». Por otro, «que las escuelas van a seguir abiertas, para que las familias puedan retirar material educativo y pedagógico, como para desplegar desde ahí, el acompañamiento que pueden hacer los maestros en los hogares, coordinando esto con las instituciones y las familias que lo necesiten. O que puedan darse estos encuentros en forma individual en los establecimientos”. Entre los recursos que se destinarán a sostener la dinámica del sistema educativo se destaca un refuerzo del Fondo COVID, y un despliegue de herramientas destinada a suplir la presencialidad, en los centros urbanos afectado por el aumento de casos. Entre ellos la ciudad de Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Mendoza. Tanto Ciudad de Buenos Aires, representado por la ministra Soledad Acuña, como la provincia de Mendoza, a través de su director del área José Thomas, se manifestaron por mantener la presencialidad en sus distritos a pesar del grave índice de contagios. CABA, en teoría, mantendrá la presencialidad en el nivel inicial y primario. En tanto en el secundario se va a pasar a una “bimodalidad” que combina lo presencial y los recursos a distancia. Los terciarios y de orientación profesional, adoptan sí, la forma virtual. Con esta reunión “no buscamos modificar esa decisión” señaló Trotta. “Pero dejamos en claro –añadió– que aunque acompañamos todas las decisiones, bajo ningún punto de vista avalamos contrariar el seguimiento del DNU presidencial”. Y agregó: “nos parece de una enorme irresponsabilidad de parte del gobierno de CABA, no tomar consciencia de lo que está atravesando el AMBA, al sostener la presencialidad, y reafirmamos que el camino que toma el gobierno nacional, clarifica la toma de decisiones en estas zonas de alarma donde la suspensión de clases presenciales es acompañada con otras medidas”. En el caso de Santa Fe, representado por la ministra Adriana Cantero, se sostendrá la presencialidad en la mayor parte de su jurisdicción, salvo en Rosario y San Lorenzo. Influye en este caso el tener hoy un 82 por ciento de docentes, no docentes, auxiliares y directivos, ya vacunados en esa provincia. Distinto a CABA, que solo ha vacunado al 14 por ciento de su personal educativo. En el conurbano bonaerense, la política de consenso respecto a las medidas de cuidado impuesta por el gobierno nacional, ha permitido cierto grado de estabilidad sobre el nivel de contagios. De ahí la presencia del ministro Augusto Costa que monitorea la dinámica establecida en la provincia de Buenos Aires, donde de 135 municipios, hay clases con presencialidad en 96. Y se sumó también, el ministro de educación de Entre Ríos Martín Müller, dado que, en las últimas horas, las condiciones epidemiológicas y sanitarias de algunas localidades de esa provincia han recrudecido. La reunión, prevista con una agenda abierta buscó escuchar las necesidades distritales y ver qué recursos se podrían desplegar en consecuencia, para fortalecer la trayectoria educativa para todos los alumnos que tengan que pasar a la virtualidad. O sostener a través de mecanismos a distancia, la continuidad educativa, ya que “no se pude trabajar de modo virtual en todos los lugares afectados, ya sea por la falta de equipamiento o de conectividad” señalan desde la cartera nacional. Para eso, se detallaron en comunicación oficial, al finalizar la reunión que comenzó a las 16 horas, algunos de los recursos disponibles. Entre ellos el refuerzo del Fondo COVID y una guía de usos y accesos para facilitar la disponibilidad de los materiales que se produzcan desde Nación, como fueron en 2020 los cuadernillos educativos, o los programas “Seguimos educando”, en radio y TV. Se destaca también que, en las zonas de alerta “las escuelas permanezcan abiertas para poder cumplir tareas prioritarias». Entre otras: «la distribución de los materiales y la devolución de esas actividades cuando los estudiantes no cuenten con otros medios de contacto con la escuela; orientación individual de quienes hayan presentado baja o nula vinculación durante 2020; la habilitación de espacios y recursos de la escuela para quienes no cuenten con condiciones mínimas para la continuidad pedagógica en sus hogares; y sostener el servicio alimentario escolar en sus diferentes modalidades”. Respecto a la negativa del gobierno porteño por acatar a las medidas de cuidado, Trota señaló que «no fue esta una reunión para intercambiar sobre la decisión tomada» por los gobiernos distritales. “No hubo
San Juan: la Justicia suspendió una IVE por pedido de la expareja de una mujer que había solicitado acceder al aborto
El fallo es insólito y fue festejado por una abogada antiderechos. San Juan, 03 de Mayo de 2021 La Justicia Civil de la Provincia de San Juan ordenó suspender la realización de una Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al hacer lugar a una medida cautelar presentada por un hombre para impedir que su expareja se practicara el aborto. En una decisión que contradice el principio de autonomía de la persona gestante establecido por la Ley Nº 27.610, los jueces de la Sala III de la Cámara Civil provincial argumentaron que, al estar todavía casados, los cónyuges se comprometieron a «desarrollar un proyecto de vida en común», por lo que la decisión necesita «de la confluencia de ambas voluntades». A través de una resolución dada a conocer este sábado, los magistrados solicitaron a la mujer que, por el plazo de 72 horas, «se abstenga de realizar cualquier práctica que tienda a interrumpir el embarazo hasta tanto la cuestión de fondo sea resuelta”. Según los jueces, al estar casados, para el hombre rige «presunción de paternidad», por lo que es necesario analizar si él «está en condiciones de impedir” la IVE para “resguardar sus derechos como padre«. En esas 72 horas, los abogados del demandante podrán realizar nuevas presentaciones para argumentar su posición. «Genera una enorme preocupación porque esto deja de manifiesto que, cuando una mujer hace uso de su libre plan de vida, se pone por encima al varón», aseguró a Página/12 Melisa García, titular de la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem Argentina), quien recordó que con la sanción de la Ley 27.610 «hay un derecho adquirido que es el acceso a la IVE en los plazos establecidos sin necesidad de mención de causa». La Ley establece que la persona gestante debe acceder sin ningún freno a la atención del aborto requerido en los servicios del sistema de salud. Además, indica que siempre debe prevalecer su «libre y autónoma voluntad» y sus decisiones «no deben ser sometidas a juicios derivados de consideraciones personales, religiosas o axiológicas». En este sentido, la abogada evaluó el fallo como un «intento evidente del Poder Judicial de lograr un antecedente para invalidar una ley que está completamente dentro de los parámetros constitucionales y que justamente derriba la idea de que nuestros cuerpos le pueden seguir perteneciendo al sistema patriarcal». El demandante había acudido a la Justicia luego de enterarse de que su esposa, de la que ya se encuentra separado, había decidido practicarse la IVE. En primera instancia, el 26 de abril, un fallo de la titular del Juzgado Civil Nº 11, Amanda Días, rechazó el pedido, pero la decisión fue apelada por los abogados del demandante. Ahora, la Sala III de la Cámara Civil hizo lugar al pedido, suspendiendo el fallo de primera instancia. Para tomar su decisión, los jueces sostuvieron que “los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia, el deber moral de fidelidad”, y agregaron que las decisiones «que hacen a los aspectos más relevantes en la relación conyugal, necesitan de forma imperativa de la confluencia de ambas voluntades». Mónica Lobos, abogada del hombre que hizo la presentación e integrante de la Asociación Civil Abogados por la Vida de San Juan, celebró el fallo en sus redes sociales asegurando que «hoy primó la vida y la garantía de los derechos esenciales». Fuente: Página 12
