Con los votos del bloque oficialista y un diputado PRO, además de las abstenciones de dos radicales, el gobernador de Chubut consiguió rechazar la Iniciativa Popular, impulsada por las asambleas ciudadanas. Tras esto, asambleístas y vecinos salieron nuevamente a las calles para exigir que también se retire el proyecto de zonificación minera. 12 de Mayo de 2021 El pasado jueves 6 de mayo, el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, logró con los votos positivos del bloque oficialista y el diputado PRO Sebastián López y la abstención de dos legisladores de la UCR vetar la Iniciativa Popular, que ingresó a la Legislatura de Chubut al mismo tiempo que la zonificación, pero con el respaldo popular de 30 mil firmas. La estrategia legislativa fue un movimiento exprés que se concretó en solo 24 horas, algo que hasta ahora había fracasado repetidas veces para imponer la zonificación minera , la última vez tras las movilizaciones de marzo pasado. El rechazo a la Iniciativa Popular generó una reacción popular inmediata con movilizaciones y cortes de ruta, mientras que un grupo de intendentes solicitaron al gobernador que retire su proyecto de zonificación.   “El menosprecio con que descartaron el proyecto popular, que fue gestado con un mecanismo de democracia semidirecta plasmado en la constitución provincial, originó el repudio de todas las asambleas que conformamos la Unión de Asambleas de Comunidades Chubutenses (UACCH)”, sentenció ayer la Asamblea No A La Mina de Esquel, tras lo que señalaron como una “traición” por parte de los diputados, que votaron desoyendo las masivas movilizaciones que recorren Chubut cada día 4 y ante cada intento de avanzar con la megaminería en contra de la vigente Ley 5001.    La Legislatura votó rechazar la Iniciativa Popular —que propone prohibir la minería metalífera a gran escala con uso de sustancias tóxicas— por 13 votos a favor, 12 en contra y 2 abstenciones. Poco después de la votación, las asambleas de Esquel y Trevelin ocuparon pacíficamente los edificios municipales, las de La Comarca mantuvieron cortes sobre la Ruta 40 y las de la Costa repitieron los cortes en la Ruta 3. Mientras que miles de vecinos volvieron a salir a las calles en los distintos puntos de la provincia en defensa del agua. “Una vez más el pueblo fue avasallado por intereses económicos. La respuesta está en las calles: No es No”, fue el grito unánime que circuló en las plazas y las redes.  La estrategia legislativa para rechazar la Iniciativa Popular La estrategia del oficialismo para rechazar la Iniciativa Popular se comenzó a gestar solo 24 horas antes, el 5 de mayo, cuando la la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, presidida por la radical María Aguilera, emitió un dictamen contra la Iniciativa Popular 129/20. «Legisladores esclavos del lobby megaminero decidieron que mañana es el día para rechazar la Inciativa Popular presentada por el pueblo de Chubut en defensa del agua y el ecosistema. Justificados por un dictamen escrito por la cámara de proveedores mineros», denunciaron desde las asambleas.   En el recinto, Arcioni cuenta con solo 12 del bloque Alianza Chubut Al Frente. Entre ellos el del diputado oficialista Miguel Antín, quien ayer votó para descartar la Iniciativa Popular, a pesar de que había sido uno de los 30 mil firmantes. La tensión por el impulso de la zonificación provocó que cuatro diputados —Leila Lloyd Jones, José Giménez, Tirso Chiquichano y Rossana Artero— se abrieran del oficialismo y formaran el bloque Chubut Unido, que ayer votó en contra del rechazo.  El voto número 13 con el que siempre cuenta Arcioni es el del legislador PRO Sebastián López, investigado por corrupción desde que se filtró un video en el que se ofrecía a hacer lobby a favor de la megaminería. Mientras que el bloque Alianza Frente de Todos se mantiene en contra del tratamiento que el gobernador realizar para instalar el Proyecto Navidad de la multinacional Pan American Silver.  «¿No les parece que estamos silenciando las manifestaciones populares? sin debate, sin tratamiento serio y responsable. Estamos acribillando la democracia», sostuvo ayer la legisladora Mónica Saso del bloque Frente de Todos, alineado con la postura del titular del PJ provincial, Carlos Linares. La posición clave de ayer para conseguir el objetivo de Arcioni fueron las abstenciones de la radical María Aguilera y su compañero de bancada Manuel Paglarioni.    Rechazo de intendentes y legisladores nacionales Tras conocer el rechazo, los Intendentes de Esquel, Trevelin y Lago Puelo enviaron notas a la Legislatura manifestando su preocupación por “la falta de respeto a la decisión popular” y solicitaron el retiro del proyecto de zonificación minera que aún tiene estado parlamentario, pero con el cual el oficialismo no logra avanzar por la falta de consenso y votos.   El ruido político generado por el rechazo exprés de la Iniciativa Popular llegó al ámbito nacional desde donde el diputado y presidente de la Comisión de Ambiente, Leonardo Grosso señaló: «La legislatura chubutense, al servicio de las mineras, rechazó una iniciativa popular con 30.000 firmas, que pedían ponerle freno a la megaminería y proteger el agua. Ahí donde un diputado Pro pedía coimas para avanzar con proyectos mineros. ¡Qué vergüenza legislar contra la gente!»  Por su parte el senador por Chubut Alfredo Luenzo expresó: «Lamento que en la sesión de este jueves, la Legislatura haya rechazado al proyecto de Iniciativa Popular contra la minería que tenía más de 30 mil firmas. Se le dio la espalda sin siquiera escuchar a sus autores, la Unión de Asambleas Ciudadanas. La minería no es la solución a la profunda crisis de la provincia. Nunca el modelo extractivista es la solución». Fuente: Tierra Viva. Agencia de Noticias

Organizaciones de la Mesa Provincial de la Diversidad están realizando una colecta para la población trans en San Juan. San Juan, 12 de Mayo de 2021 La campaña fue iniciada por Enlazando Oportunidades ATTTA San Juan. Asociación Civil AEqualis Cultura Diversa. Estas organizaciones trabajan con la población trans en la provincia y su objetivo es recolectar abrigos, calzados y artículos de aseo personal. El programa #VolvimosMujeres, de Radio Nacional San Juan, habló con Erika María Manrique, coordinadora de Acercándonos San Juan y trabajadora de la subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno. En el diálogo, Erika contó sobre la iniciativa, dando a conocer que el 99 % de las compañeras y compañeros trans están sin empleos, situación agudizada en contexto de pandemia y recesión económica. Para la colecta se necesitan alimentos, ropa de invierno, calzados, libros y elementos de higiene. Toda ayuda es bienvenida. Comunicarse al 2645841662 o dirigirse a República del Líbano 2362 (O), Rawson.

El próximo martes 18, la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala, organiza el Festival Internacional UNA CANCIÓN PARA MILAGRO. El encuentro contará con la participación de varios artistas y su objetivo es exigir la libertad de la lideresa social jujeña, arbitrariamente detenida desde hace más de 5 años. 12 de Mayo de 2021 El próximo martes a las 20 horas, se da inicio al Festival Virtual Internacional. El evento se transmitirá gratuitamente por el Canal Youtube Una Canción para Milagro (en castellano, inglés y francés) el mismo día en que se cumplen 240 años de la ejecución del inca TÚPAC AMARU II, jefe del levantamiento indígena más grande contra el imperio español en Latinoamérica. Con la conducción de la periodista Liliana López Foresi, el Festival cuenta con la participación solidaria de la cantautora andaluza Martirio (España), de la cantante pop Lío (Francia), la cantautora indígena Ikswé y el multi instrumentista del hip hop world Beny Esguerra (ambos de Canadá), la combativa Banda POPolare dell’Emilia Rossa (Italia), el trovador Oscar Wigren (Suecia), y el colectivo Força e Defesa (Brasil), con una canción especialmente compuesta para el Festival. De la escena nacional estarán: el ya legendario Peteco Carabajal, la insoslayable Charo Bogarín, la gran poetisa chamamecera Teresa Parodi, el pianista de la esperanza, Miguel Ángel Estrella, la precursora banda Sudor Marika, el gran murguero argentino Ariel Prat, y la querida Susana Rinaldi. Milagro Sala fue la primera víctima judicial del Gobierno de Mauricio Macri. Lleva más de 5 años detenida por razones políticas, en manos de una justicia provincial parcial y dudosa, que responde incondicionalmente al Gobernador Gerardo Morales y monta causas para neutralizar su liderazgo y la influencia de su organización. Junto a Milagro siguen presos 10 integrantes de la Túpac Amaru, 7 de los cuales son jefas de familia numerosa. Para ir en ayuda de esos chicxs el festival hará un llamado para una contribución solidaria. La Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala está integrada por colectivos de Canadá, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza, Suecia, y Argentina. Evento https://www.facebook.com/events/290920169248124/ Canal Youtube Una Canción para Milagro Online https://www.youtube.com/channel/UCMjVPZ-eYCGQrYVOTocPZTQ Fuente: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos

Los movimientos campesinos y los pueblos indígenas están teniendo un rol protagónico en el Paro Nacional en Colombia, que lleva 7 días consecutivos en las calles, con una violenta respuesta estatal. Defensa a la producción nacional, no discriminación y freno de las fumigaciones con glifosato son parte de los reclamos. 10 de Mayo de 2021 Con las consignas “¡Que caiga el mal gobierno!” y “El campo se respeta”, las organizaciones campesinas y movimientos indígenas de Colombia participan activamente del paro nacional que lleva 7 días consecutivos de protestas en todo el país. El gobierno de Iván Duque respondió a las masivas protestas pacíficas, cortes de ruta y cacerolazos con una incesante represión policial que ya dejó 37 muertos, 222 heridos y 831 detenciones arbitrarias, según el reporte de la ONG Temblores. “Al mal gobierno le decimos que la lucha es por la vida, que no nos callarán y que vamos a fortalecer las movilizaciones”, sentenciaron desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA). La semana próxima Duque recibirá al Comité Nacional del Paro, que llevará su pliego de reclamos, entre ellos, los del campesinado. La chispa que encendió las movilizaciones en todo el país fue el intento de reforma tributaria anunciado por Duque, que contemplaba un incremento del IVA en los alimentos de la canasta básica, y tuvo que ser retirado por el gobierno colombiano ante la contundente respuesta popular. “El paro y la movilización social lograron derrotar la reforma tributaria”, celebró la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana en su último comunicado y adelantó: “En el agro la lucha continúa”. El Movimiento de Autoridades Indígenas Occidente (AISO) también anticipó este jueves la continuidad de las protestas y anunció que 1.000 luchadoras y luchadores del pueblo Misak y Nasas están en marcha a la ciudad de Cali “en el marco del paro nacional que hemos convocado desde el pueblo Colombiano para parar la economía del país. Seguimos en movilización permanente y avanzamos hacia una huelga general nacional”. La CNA también llamó el martes a las 60 organizaciones campesinas que la conforman para “fortalecer los escenarios de movilización” en todo el país. En el marco de un conflicto que permanece abierto, a pesar de la obligada convocatoria del gobierno de Duque al diálogo, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo-Vía Campesina condenó las “políticas totalmente contrarias que desfavorecen al común de los trabajadores del país y con ella a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes” y la respuesta “desproporcionada” de control militar del movimiento y la protesta social y exigió que “haya los controles políticos necesarios ante los abusos y desmanes del gobierno y su fuerza púbica”. Según el relevamiento de la ONG Temblores, que a través de su programa de denuncia de violencia institucional viene cruzando la información sobre la represión del gobierno colombiano a las protestas, desde el 28 de abril hasta ayer se había registrado los siguientes abusos: 222 víctimas de violencia física, 37 víctimas de violencia homicida, 831 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 312 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 22 víctimas de agresiones oculares, 110 casos de disparos de armas de fuego, 10 víctimas de violencia sexual. De la Rebelión de las Ruanas al Paro Nacional, los reclamos campesinos El pliego exigido por el Comité Nacional del Paro va más allá de la derrumbada ley de reforma tributaria y reúne reclamos vinculados con la actual crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19, la asistencia social y exigencias pendientes desde la denominada Rebelión de las Ruanas, la protesta protagonizada por los campesinos en 2013, que muchos analistas marcan como la semilla de las revueltas callejeras en Colombia contra el modelo neoliberal. Entre los 7 puntos consolidados en el pliego del Comité Nacional del Paro hay tres que involucran de manera particular a campesinos e indígenas: Defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina). Subsidios a las MiPymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria. No discriminación de género, diversidad sexual y étnica. Detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato. El comunicado del CNA —titulado “La semilla de la dignidad germina abonada con la lucha popular”— advierte que «desde el campo colombiano seguimos en pie de lucha y cerramos filas en torno al clamor del pueblo colombiano: que caiga el mal gobierno como exigencia central de la lucha» y responsabiliza a las políticas de derecha en general y al partido Centro Democráctico de Iván Duque, en particular, por “la misería, el hambre, la pobreza, la represión, los crímenes de Estado y el desempleo en el país”. En ese tono, la CNA reiteró las reivindicaciones del campesinado colombiano que amplían lo sostenido en el pliego del Comité del Paro en cuanto reclaman una reforma agraria integral, “como avance para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria”; la desarticulación del paramilitarismo como política de Estado y desmilitarización de los territorios y la “renegociación de los tratados de libre comercio que afectan al campesinado y el pueblo colombiano”. Desde la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana coincidieron en el reclamo urgente de la renegociación de los tratados de libre comercio y levantaron otras de las banderas que llevan los campesinos en las movilizaciones callejeras: «No más importaciones de alimentos que podemos producir». Además, recordaron otras cuentas pendientes como “los elevados costos de fertilizantes y demás insumos, los bajos precios para los productos del agro nacional, la solución definitiva a las deuda bancarias y con el agrocomercio” y la grave situación de los arroceros colombianos. “Hemos estado firmes en la lucha de toda una nación. Hemos tenido que vivir 20 años con el mismo gobierno, pero no nos cansamos, no se cansó este pueblo colombiano. Esta generación no espera nada de este presidente, en todos estos años nos dieron mentiras, represión, corrupción , represión y 6.402 crimines en manos de los paramilitares. Espero la renuncia del gobierno de Iván Duque”, sintetizó una joven referente del Pueblo Misak. Las protestas en Colombia siguen y la solución al conflicto parece marcarlo el pulso

Movimientos campesinos, organizaciones socioambientales y académicos hicieron pública una carta al Gobierno para que modifique su negativa a promover la agroecología en Naciones Unidas. Dirigida especialmente al Ministerio de Agricultura y Cancillería, denuncian que en ámbitos internacionales Argentina está alineada con el agronegocio, modelo impulsado por las empresas de transgénicos y agrotóxicos. 10 de Mayo de 2021 Por Nahuel Lag Los movimientos campesinos, organizaciones socioambientales, gremiales y académicas firmaron una carta abierta en la que le solicitan al ministro de Agricultura, Luis Basterra; y al canciller Felipe Solá, que rectifiquen su postura en las negociaciones de las “Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, que, en las próximas 72 horas, entrarán en la etapa de definición en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU. Hasta el momento, la posición argentina se encargó de hablar de un “desbalance a favor de la agroecología”, rechazar la transición hacia este tipo de producción para defender el modelo corporativo de agricultura intensiva. El gobierno argentino utiliza el argumento retórico “otros enfoques innovadores” para aggiornar la cuestionada “revolución verde”, mantener el modelo basado en transgénicos y agroquímicos, y profundizar la producción de commodities para el mercado internacional. “Un modelo de agricultura que en el marco de la diversidad y la producción en armonía con la naturaleza busque hacer realidad el imperioso derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria”, exige la carta firmada por 2600 organizaciones y personas del ámbito de la producción, la salud y la nutrición, y, en particular, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el MNCI-Somos Tierra, MTE Rama Rural-UTEP, el Mocase, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y el Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). La posición de la Argentina no es sorpresiva. Como publicó Agencia Tierra Viva, el país mantuvo una posición cerrada junto al bloque de países agroexportadores —Estados Unidos, Rusia, Brasil, Australia, entre otros— durante la aprobación de las recientes Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición (Dvsan), un documento más amplio y de mayor peso en el sistema de Naciones Unidas. En esas negociaciones, la Argentina se posicionó en contra de la mayoría de los objetivos presentados por el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC), organismo que nuclea la representación de campesinos, pequeños productores, consumidores y otros sectores de base ante el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA). La co-facilitadora del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición del MSC, Magdalena Ackerman, relató a Tierra Viva cómo la Argentina se plantó fuertemente durante la negociación de las Dvsan para condicionar el debate posterior sobre las recomendaciones políticas e impulsar al mismo nivel que la agroecología definiciones como “agricultura inteligente” e “intensificación sostenible”. Al otro lado de la mesa, respaldando el documento presentado por la MSC están los estados de la Unión Europea, Suiza, Senegal y Mali. “No responde a los intereses de nuestro pueblo sino de sectores corporativos vinculados al agronegocio y las grandes corporaciones de la alimentación”, sentencia la carta al Gobierno sobre la posición que el gobierno argentino mostró durante las dos primeras rondas de negociaciones del documento. Este martes se abrió la tercera ronda, que se extenderá hasta el jueves, y el 10 de mayo se firmará el documento final. Los firmantes del posicionamiento público mantienen la esperanza de encontrar una “ventana de oportunidad” para lograr un cambio de rumbo del Ministerio de Agricultura y de la Cancillería y evitar la posición sostenida durante la Dvsan, que describieron como “alineado fuertemente con los gobiernos ecocidas de Bolsonaro y Trump”. La carta también resalta la contradicción que significa el posicionamiento de la Argentina en contra de la agroecología, cuando el Ministerio de Agricultura creó la Dirección Nacional de Agroecología y mantiene un enfoque hacia este tipo de producción desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci). Además de existir otros programas de promoción a la agroecología en los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Social. Enfoques que se replican en programas a nivel provincial y municipal, donde las ordenanzas locales y fallos judiciales ponen un freno al modelo agroquímico. “Resulta entonces inentendible e inadmisible que el mismo Gobierno que promueve la agroecología a nivel nacional, boicotee una negociación multilateral que tiene como objetivo consensuar políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, y por lo tanto de la calidad de vida de toda la humanidad”, sostienen los firmantes de la carta. Para respaldar el posicionamiento de los movimientos campesinos y otro millar de firmas, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar emitieron un comunicado paralelo en el que reafirman “el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos se logrará a través de la profundización de la aplicación de la agroecología”. Solicitaaron un cambio de posición del Ministerio de Agricultura en las negociaciones y reivindicaron las políticas que desarrollan en territorio: “Más agroecología, más alimentos seguros y soberanos, buen vivir para todos”. Agroecología o los mismos enfoques del modelo agroquímico El resultado de las Dvsan, a favor de la continuidad del actual sistema agroalimentario, y el debate expuesto públicamente de replicar ese resultado en las recomendaciones políticas tendrá una consecuencia inmediata: los documentos servirán como base para los lineamientos que surjan de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que la ONU convocó para septiembre de este año. Una cumbre que las organizaciones campesinas y el propio Relator Especial sobre Derechos de la Alimentación, Michael Fakhri, vienen denunciando por su enfoque en las soluciones de mercado (pro-empresas). “La premisa fundamental de la Cumbre tendría que ser aquella que fomente el enfoque holístico y sistémico que reconozca la naturaleza multidimensional de la alimentación (social, económica, ecológica, cultural y política), que afirme la soberanía alimentaria”, cita la carta pública el posicionamiento del MSC respecto de los ejes que deberían llevarse a la cumbre . ¿Cómo está condicionando la Argentina los enfoques agroecológicos en su posición? En el borrador presentado por el país para la segunda ronda de

La Cámara Federal de Casación volvió a cerrar la puerta a que se investiguen las torturas sobre la propia tropa en la guerra de Malvinas. 07 de Mayo de 2021 Al aceptar un recurso presentado por un militar retirado acusado de mandar a estaquear a un conscripto, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que ese tribunal ya había dicho doce años atrás que lo sucedido en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y que regía el estatuto de la prescripción. Los querellantes y el fiscal Javier De Luca confirmaron a este diario que llevarán el tema a la Corte Suprema para que el máximo tribunal salde una discusión que lleva décadas. “Estos hechos no pueden quedar impunes. Nos enfrentamos a un sistema judicial que trabaja a favor de la impunidad”, sostuvo Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. En 2019, llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación un recurso presentado por el militar retirado Jorge Ferrante, que se oponía a que lo investigaran por lo sucedido en Malvinas. A Ferrante lo acusan por las torturas a Julio César Más, un joven conscripto que prestaba funciones en el Regimiento de Infantería 5 durante la guerra. Muerto de hambre y después de haber perdido más de 20 kilos durante el conflicto bélico con el Reino Unido, Más salió en busca de comida, cazó una avutarda y la cocinó. Cuando volvió al puesto, un cabo le anunció que Ferrante había ordenado que lo estaquearan. Pasó entre doce y 18 horas estaqueado. Lo soltó el mismo cabo durante un bombardeo de los ingleses y le hizo prometer que, cuando cesaran las bombas, se iba a dejar estaquear nuevamente para que no fuera él mismo el castigado. Según declaró Más, Ferrante lo fue a ver y le dijo que era un “cobarde” mientras el muchacho estaba amarrado a la intemperie. Con Ferrante se presentó ante la Casación como amicus curiae una asociación civil –llamada Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica– que tiene entre sus filas a uno de los defensores de genocidas más populares de los tribunales de Comodoro Py, Guillermo Fanego. Dos años después de la presentación, Petrone y Barroetaveña le dieron la razón a Ferrante. Sostuvieron que la misma Sala de la Casación, aunque con una integración diferente, ya había zanjado la discusión sobre las torturas en Malvinas al decir que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no eran imprescriptibles.Petrone y Barroetaveña se ciñeron al fallo que en 2009 emitieron integrantes de la vieja guardia de la Casación –por entonces muy cuestionada por obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad–. Ese año, los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso habían examinado un planteo de Jorge Eduardo Taranto y lo habían cerrado con ese argumento. El caso terminó en la Corte Suprema, que el 19 de febrero de 2015 rechazó el recurso que había presentado el CECIM La Plata. El escándalo fue en ascenso, tanto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión de los jueces supremos en la asamblea legislativa del 1 de marzo de ese año. Después, los cortesanos aclararon que no habían analizado el fondo de la cuestión y, por ende, no se habían pronunciado sobre la prescripción o no de los delitos en Malvinas.El tema llegó, de la mano del CECIM, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mantiene aún el expediente abierto. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que lo resuelto por la vieja Casación sólo afectaba a Taranto y en 2018 convalidó que se continuaran las investigaciones contra otras decenas de militares que actuaron en Malvinas y están señalados por torturar a su propia tropa, muerta de hambre y de frío. Son, en total, 95 imputados por más de 120 hechos. En 2019, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto comenzó con las indagatorias y procesó a cuatro imputados. El fallo de la Casación –que anula el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia– se conoce mientras se llevaba adelante una nueva ronda de indagatorias. A diferencia de Petrone y Barroetaveña, la camarista Ana Figueroa consideró que la investigación debe continuar. “No resulta razonable separar dicha investigación del contexto de su tiempo, donde el territorio del país se encontraba bajo la opresión de un gobierno de facto, acreditado el funcionamiento de más de seiscientos centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, apropiaciones forzadas de niños/as, encarcelamientos clandestinos, persecuciones a opositores y líderes políticos, económicos, culturales o sociales, conforme los juicios que se sustanciaron y aún en trámite en la justicia federal”, escribió Figueroa. “No puede descartarse que en el terreno insular de Malvinas también ese gobierno ilegítimo haya desplegado contra sus soldados las mismas prácticas que fueron común en el territorio”, completó. El fiscal ante la Casación Javier De Luca, que había caracterizado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, le dijo a Página/12 que recurrirá el fallo de la Casación. “Vamos a pedir que la Corte se expida finalmente para definir si estos son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos –o nada–, pero que se pronuncie a la brevedad”, sostuvo De Luca. “Por supuesto, otra vez está en juego la responsabilidad del Estado argentino: este tipo de hechos no pueden prescribir, no se pueden amnistiar, no pueden operar disposiciones de derecho interno que eviten el juicio contra estos crímenes”.Junto con De Luca, irán el CECIM La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –que conduce Matías Moreno– a la Corte a la espera de que los supremos y la suprema traigan un poco de justicia a quienes también padecieron los tormentos de sus propios jefes durante la guerra. «Queremos juicios por la verdad por Malvinas» “Investigar las torturas en Malvinas es una asignatura pendiente de

El ministro de Ambiente nacional culminó su viaje a la provincia cuyana donde participó de actividades con fuerte impronta sostenible. San Juan, 7 de Mayo de 2021 El titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, culminó esta tarde su visita a la provincia de San Juan donde junto al gobernador de la provincia, Sergio Uñac, llevaron adelante una agenda comprometida que incluyó la entrega de maquinarias para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), de fondos por la Convocatoria del Plan Nacional de Bosques Nativos y la firma de convenios en el marco del Plan Integral Casa Común y de manejo del fuego. El monto total de las acciones anunciadas por Cabandié en San Juan asciende a $ 163 millones entre los que se destacan la entrega de maquinaria para fortalecer la gestión GIRSU de un consorcio integrado por nueve municipios que involucra $ 37 millones; y un llamado a licitación para la adquisición de equipamiento en la materia que se destinará a las localidades sanjuaninas de Calingasta y Caucete, por un valor mayor a $ 41 millones. Además, se entregaron fondos dinamizados en 2020, mediante el acuerdo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por $ 7,7 millones, para los planes correspondientes al período 2018/2019, en el marco de la convocatoria de la ley nacional de bosques y se rubricaron actas de intención para suscribir al Convenio Marco de Cooperación del Plan Nacional para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada en la provincia. También es importante resaltar la firma del convenio para el Plan Integral Casa Común, con el intendente del municipio de San Martín, Cristian Felipe Andino, destinada a la comunidad rural sostenible Boca de Tigre, con una inversión de $ 10.996.338. La obra tendrá un lapso de 12 meses, estará a cargo de la administración municipal y se llevará a cabo a través de cooperativas de trabajo locales. Asimismo, las localidades Capital, Calingasta, Caucete, 9 de julio, Ullum, Zonda y Valle Fértil firmaron una carta de adhesión al Plan Integral Casa Común. Antes de partir, durante la jornada de hoy, el ministro participó de un acto en el Teatro del Bicentenario donde se presentó el Programa Jóvenes Promotores Ambientales, que busca formar agentes de cambio para motorizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, ayer por la tarde, el ministro de ambiente nacional participó del lanzamiento de la Diplomatura Superior en Educación Ambiental, junto al gobernador Uñac; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Domingo Raúl Tello; el ministro de Educación de la misma provincia, Felipe de los Ríos; y el director de Bosques de la cartera ambiental nacional, Martín Mónaco. Estará destinada a la formación y actualización docente de niveles inicial, primario, secundario y superior. Entre las actividades en San Juan, el ministro de Ambiente visitó ayer por la mañana el sitio de construcción de la Fábrica Integrada de Paneles Solares Fotovoltaicos (FV), emplazado en la localidad de Pocito. Allí, junto a Uñac, rubricó un convenio marco de colaboración entre la cartera que conduce y el Gobierno provincial para apoyar y potenciar mutuamente esa iniciativa. También se colocó una piedra basal en el predio. Además, los funcionarios recorrieron el Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR) y se dirigieron más tarde hacia el Centro Ambiental Anchipurac. Allí visitaron el observatorio ambiental e integraron un acto en el que se descubrió una placa conmemorativa, en virtud de que el sitio fue declarado “Monumento Nacional Ambiental” por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Además, Cabandié visitó el Parque de la Biodiversidad.Por otro lado, el ministro nacional y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El objetivo es brindar acompañamiento y asistencia técnica a la estructura de focos ígneos de la provincia cuyana. El compromiso del organismo nacional será dictar capacitaciones, formar instructores, proveer asistencia técnica y brindar equipamiento para fortalecer la brigada provincial. Fuente: Argentina.gob.ar

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca rechazó a través de un comunicado la convocatoria del Gobierno de la provincia para abrir el diálogo en torno a la actividad minera en la provincia. Catamarca, 6 de Mayo de 2021 «Nosotras y nosotros, autoridades tradicionales comunitarias en representación de nuestras asambleas comunitarias, manifestamos que no participaremos de la convocatoria realizada por el gobierno provincial a las comunidades indígenas prevista para los próximos días. Como autoridades del pueblo diaguita venimos promoviendo y solicitando incansablemente instancias de diálogo con el Estado en un marco de respeto intercultural. Sin embargo, las pocas veces que nos hemos reunido con los gobiernos, les hemos transmitido las urgentes necesidades de nuestras comunidades y los compromisos asumidos terminan por convertirse una y otra vez en promesas incumplidas», dice el escrito. Y añade: «En esta oportunidad, desde el gobierno provincial insisten en la necesidad urgente de reunirse con las comunidades indígenas. Ninguna de las comunidades pertenecientes a nuestra organización de los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá y Santa María ha sido consultada respecto de la fecha, el lugar, el temario y las condiciones en las que se llevará a cabo dicho encuentro, fijándose de manera unilateral y sin respetarnos como sujetos de derecho en un marco intercultural. Según declaraciones públicas de funcionarios del gobierno, sabemos que lo que se busca es construir un “consenso minero”, hablan de “diálogo” con las comunidades cuando en realidad pretenden utilizarnos como el símbolo folclórico de una foto para medios. Hemos manifestado en numerosas oportunidades que no negociaremos nuestros territorios y no avalaremos con nuestra presencia ningún intento por legitimar los saqueos y la destrucción de nuestra Pachamama que es el resultado del avance de la megaminería en nuestra provincia». Fuente: elancasti.com.ar