Se tomaron cuatro de los seis casos denunciados, debido a que se estiman dos prescripciones. La fiscalía había pedido 35 años. El excantante y frontman de la banda de El Otro Yo recibió una condena de 22 años de prisión por “corrupción de menores”. “Me hubiera gustado que sean más años, pero satisfecha dadas las circunstancias. Son años que sientan un precedente para los casos de abuso sexual en la infancia y violencia de género. Más allá de lo personal que no se va a sanar así nomás es un precedente”, dijo luego de la sentencia Ariel Carolina una de las denunciantes de Aldana. «El caso expone el machismo en todos los espacios», agregó la joven. «Se empezó a resquebrajar la imagen del ídolo. Es un precedente de que no nos callamos más. Estos casos muestran lo que pasa en esta sociedad». Ariel Carolina dijo además que el trabajo de sus denuncias y el proceso que tuvo que hacer para sostenerlas fue una tarea de muchos años. «Años de feminismo y de militancia. Estamos en un sistema misógino y patriarcal no es un caso aislado. Es importante comprender esto para que se transforme desde raíz”. También contó que en 2011 había hecho tres denuncias que fueron archivadas y pero que en este juicio ve una gran diferencia relacionada con un pequeño avance en perspectiva de género en la justicia. Durante la primera parte de la jornada, Aldana se había declarado inocente. «Yo no soy culpable: no soy violador, ni abusador ni violento; es mentira», había aseverado el cantante horas antes de la lectura del veredicto, ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 25 de la Capital Federal, en una exposición en la que se definió como «un hombre de bien» que quiere «estar en paz», afirmó que su voz no fue «ni respetada ni escuchada» y que, en el proceso en su contra, «se violaron todas las garantías constitucionales». En una sala de audiencia colmada por la presencia de las denunciantes, periodistas y público, Aldana, vestido con traje negro, camisa blanca y zapatillas negras, se mantuvo de pie, con un cartel en la mano escrito con letras manuscritas de imprenta con la leyenda «sin defensa no hay juicio», posando para las fotos, en la previa al inicio de la última audiencia en el juicio en su contra. Como es de rigor, el Tribunal, encabezado por Rodolfo Goerner, le informó que podía hacer uso de su derecho a pronunciar unas últimas palabras antes de la lectura de la sentencia que, tras un cuarto intermedio dispuesto al finalizar las palabras del acusado. Tras una exposición que se extendió durante media hora, la sala ubicada en la planta baja de la sede judicial de la calle Paraguay al 1500 del barrio porteño de Recoleta volvió a ser desalojada, a la espera del reinicio de la audiencia, y Aldana quedó alojado nuevamente en la Alcaidía. En sus últimas palabras, el líder de la banda «El Otro Yo» -que estuvo acompañado en la sala por su mujer, Guillermina Bolig, y madre de su hijo, y sus dos actuales abogados defensores- criticó duramente tanto al fiscal del juicio, Guillermo Pérez de la Fuente, como al titular del Tribunal, y al proceso mismo. En ese marco definió como «irracional», «ilógico», «desalmado», «desmedido» y «sin pruebas» el pedido de una pena de 35 años de cárcel formulado en su alegato por el representante del Ministerio Público Fiscal por los delitos de «abuso sexual agravado por haber sido gravemente ultrajante y con acceso carnal, cometido por los menos en tres oportunidades y reiterado en perjuicio de seis víctimas» y «corrupción de menores». De esta manera llega a su fin el juicio que estaba programado para desarrollarse en cuatro meses y ya lleva más de un año, y por el que pasaron 83 testigos. La semana pasada el fiscal Guillermo Pérez La Fuente pidió 35 años de cárcel para Aldana por seis de los siete casos que se le imputan, en tanto para el séptimo pidió la absolución por falta de pruebas. Por su parte, las querellas habían pedido entre 20 y 40 años de prisión.
Nuevo aumento, esta vez en la cuota de los colegios privados
La normativa de informase a los padres, ante cualquier duda pueden consultar con la Dirección de Educación Privada. El Ministerio de Educación comunica que ante el informe de la suba de costos presentadas por las autoridades de los colegios de educación pública de gestión privada, en relación a las necesidades específicas y concretas de cada establecimiento y del servicio educativo particular que prestan, la Dirección de Educación Privada, autorizó el aumento de aranceles en base al acuerdo salarial paritario entre el Gobierno y las entidades gremiales que representan al sector docente. La modalidad es la siguiente: *Se autoriza un aumento de cuotas del 4.2% a partir del 1de julio, de un 2.8% a partir del 1 de agosto, y un aumento del 5% a partir del 1 de octubre. * Cada institución debe presentar hasta el 31 de agosto del año en curso, la Declaración Jurada de Aranceles según los aumentos autorizados de julio y agosto. Se les recuerda a las autoridades de las instituciones educativas, que deben dar a conocer a los padres la normativa que respalda la autorización. Por consultas o mayor información pueden comunicarse con la Dirección de Educación Privada en horario de 7.30 a 13 a los siguientes números: 4305773 – 4305772.
Telar de la abundancia: precauciones para no caer en la estafa
La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dio una serie de pautas y aconsejó realizar la denuncia penal en caso de ser víctima del engaño. A raíz del nuevo boom de la estafa piramidal conocida como el “Telar de la abundancia” o “Flor de la abundancia”, que en los últimos días estuvo circulando en las redes sociales, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) difundió una serie de recomendaciones para no caer en la trampa. Las víctimas que son en su mayoría mujeres, porque la maniobra circuló bajo un manto de “empoderamiento femenino”, pueden hacer la denuncia en el organismo. “Se trata de un mecanismo mediante el cual se invita al público a colocar su dinero con promesas de retribuirle intereses exorbitantes”, advirtieron desde la Procelac, argumento que aplica a todas las estafas de tipo piramidal. Frente a la fuerte difusión en los últimos días, el organismo reiteró las recomendaciones para evitar ser víctima de este delito. Recomendaciones -Como el dinero que ingresa al sistema o “telar” no se destina a ninguna actividad que produzca ganancias, la posibilidad de obtener lo prometido depende pura y exclusivamente del ingreso de nuevos participantes. -Con la creación de nuevos grupos –condición indispensable para obtener más dinero- se necesitan cada vez más personas para completarlos. Por lo que aumenta las posibilidades de que el mecanismo se quiebre y se produzcan las pérdidas. -Toda captación de dinero para su utilización en inversiones debe tener sí o sí autorización por parte de las autoridades competentes, como el Banco Central o la Comisión Nacional de Valores. “Antes de hacer una inversión, es conveniente conocer su funcionamiento, sus condiciones y sus riesgos, así como también obtener información acerca de la seriedad y solidez de quien la administra”, remarcaron desde el organismo de criminalidad económica. Dónde denunciar En caso de ser víctima de una estafa, la Procelac recomienda efectuar la denuncia penal ante cualquiera de las fiscalías en lo criminal y correccional. Desde el organismo, aclararon que el lavado de activos y la intermediación financiera no autorizada son delitos federales (artículos 303 y 310 del Código Penal).
Vialidad nacional: alarma por posibles despidos
Carlos Ordoñez del Sindicato de Vial Nacional, comunicó que en agosto terminan los recursos presupuestarios y el ente tendrá que paralizar actividades. El personal de Vialidad Nacional determinó el estado de alerta ante el peligro de perder sus fuentes laborales, debido a que sacaron el Centro de Cómputos y el próximo mes ya no tendrían recursos para continuar con las actividades. Carlos Ordoñez del Sindicato de trabajadores viales nacionales, manifestó: “La semana pasada nos encontramos con un resolución de la Administración General que disponía que se tenía que trasladar el Centro de Cómputos de Vialidad a ARSAT S.A. Se han llevado todos los servidores, entre sábado, domingo lunes y martes, y toda la gente de informática se ha quedado sin funciones”. Por otra parte los trabajadores advierten: “En agosto se terminan los recursos presupuestarios y esto provocaría que el ente pare sus actividades. Las obras no se van a paralizar, la obra la va a continuar la empresa, lo que va a afectar es el funcionamiento de Vialidad, no va a haber para pagar servicios ni combustibles». “Las tareas se van disminuyendo por la cuestión presupuestaria, el accidente en Iglesia fue por falta de mantenimiento, es decir que si hasta agosto no ingresan nuevos recursos, se paraliza todo tipo de obra, se paraliza la funcionabilidad del distrito”, sentenció Ordoñez.
Aumento de la canasta básica: una familia necesita 45 mil pesos por mes
Laura Vera, Presidenta de Amas de Casa del País, manifestó que la canasta básica se incrementó un 20 por ciento, hay una marcas pérdida del poder adquisitivo y la calidad de vida. En la mañana de hoy, Laura Vera manifestó que: ”Tras la medición de mayo vislumbramos lo que sería junio, donde tuvimos un incremento en la canasta básica 3.1% y en la canasta alimentaria del 3.3 por ciento”. La dirigente dijo: ”La canasta alimentaria se elevó a 18.800 pesos y la básica a 34. 709 pesos, que comprende educación, salud, alimentos, transporte, vestimenta lo básico para vivir. Sumado el alquiler y recreación llega a 45 mil pesos mensuales. La mayoría de las familias no llega ni canasta básica alimentaria”. Por otra parte Vera manifestó: ”El aumento fue de más del 20%, es muy compleja la situación porque se perdió el poder adquisitivo y la calidad de vida. Por eso es que pedimos se actué el gobierno nacional no actuó en relación a esta realidad”.
Senado: presentan proyecto para que no prescriban los casos de abuso a menores
El proyecto lo presentó la Diputada Nacional Lorena Matzen. Buscará garantizar la seguridad jurídica a las víctimas sin importar la edad en la que fueron abusadas ni las que tengan cuando se animen a hablar. En la sala 5 del tercer piso del edificio anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, un grupo de expertos, trabajadores sociales, abogados y víctimas de abusos sexuales durante la infancia o adolescencia acompañaron la presentación de un proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Lorena Matzen. El documento busca la imprescriptibilidad de las diferentes modalidades de abuso sexual infantil. El proyecto de ley tiene como objetivo lograr que el Estado les garantice a las víctimas, independientemente de la edad que tengan al denunciar o solicitar asistencia, “el abordaje integral adecuado a la denuncia antes, durante y después del proceso judicial”. “Pensamos que este proyecto viene a acompañar los avances legislativos que se dieron en el Congreso. Sabemos que la mayoría de los casos se dan en el seno familiar, en las personas de confianza, que provocan estas aberraciones a los niños y niñas. Estos delitos se pueden equiparar con los de lesa humanidad. Se dice que es una exageración, pero sabemos que cuando un niño sufre una abuso sexual es como tener una muerte en vida”, expresó Matzen. “El dolor no tiene plazo. Queremos que el Estado se haga cargo. Creemos que nuestro país tiene las condiciones para abordarlo de manera definitiva. No buscamos simplemente que la legislación esté acorde sino que todo el Estado se movilice. La paz de las víctimas es que los abusadores sean condenados”, agregó la diputada. La legisladora estuvo acompañada en la mesa central por Ricardo Benedetti, quien relató el abuso sexual que sufrió cuando era pequeño, impulsor del petitorio “Que los delitos de abuso sexual no prescriban” en Change.org. “A mis 8 años fui abusado por el cura Héctor Ricardo Giménez, previo a la toma de comunión en el proceso de confesión. Fue durante dos años. Mi proceso personal fue de enterrarlo en libros y televisión. Esa fue mi niñez. Como todo lo que no mata fortalece, acá estoy”, narró Benedetti, quien se emocionó y no contuvo las lágrimas a la hora de relatar su sufrimiento. “El año pasado, después de tanto tiempo de haber ocultado y guardado esa memoria que no salía a flote, me encontré con un grupo maravilloso de sobrevivientes. Recobré la memoria, supe que el cura está vivo, viviendo en La Plata. Me fortalecí e hice la denuncia. Tardé un mes”, sostuvo Benedetti, quien hoy tiene 51 años. En Argentina se sancionó, en 2011, la “ley Piazza”, impulsada por el diseñador de moda Roberto Piazza, abusado sexualmente desde los 5 hasta los 17 años por su hermano mayor. La misma amplió el artículo 63 del Código Penal y permitía que la prescripción comenzara a correr a partir de los 18 años de la víctima y el plazo era la pena que le correspondiese al victimario por el delito. Sin embargo, como poseía interpretaciones diversas y la prescripción era usada como defensa partiendo desde el delito hasta la denuncia, la ley fue modificada en 2015. Se trató de la ley 27.206 llamada “Respeto a los tiempos de las víctimas” e impulsada por la senadora nacional Sigrid Kunath.
¿La campaña del verso?: «Cambiemos» paro la obra pública en relación al kirchnerismo
Un informe de los técnicos de Vialidad al que accedió Página/12 muestra la otra realidad: durante el kirchnerismo se licitaron 7840 kilómetros por año, contra sólo 1877 de la gestión de Cambiemos. En obras iniciadas se descendió de 162 a 67 y en obras finalizadas, de 113 a 57 El Gobierno hace campaña con las supuestas obras frente al “relato”, los datos muestran que la realidad no acompañan la gestión del Macrismo. Es que en comparación la alianza Cambiemos frenó considerablemente las obras. Los propios datos de fuentes oficiales desmontan la campaña de la mentira que largó el oficialismo de cara a las elecciones próximas Como publica hoy el diario Página 12 un documento de Vialidad Nacional muestra el verso del macrismo respecto de las obras públicas. Es que durante el periodo kirchnerista se licitaron unos 7840 kilómetros de asfalto por año. Mientras que durante el Gobierno macrista esa misma cifra se derrumba hasta los 1877 de kilómetros. Por otra parte, en cuanto a las obras iniciadas se bajó desde 162 a 67 obras. En este sentido, las obras terminadas bajaron de 113 a 57. Así se muestra como una vez más el relato macrista se pone en juego en la campaña y se afirman mentiras para demonizar las presidencias de Néstor y Cristina.
San Juan: la empresa distribuidora del servicio solicitó un incremento del 29%
En audiencia pública, Energía San Juan solicitó un aumento del 28,5% El pedido de la empresa fue escuchado y ahora el EPRE deberá evaluarlo. El órgano regulador expuso que debería ser del 17,21%. La mayor empresa distribuidora del servicio -Energía San Juan- solicitó un incremento en las tarifas en un promedio del 28,5% y del 29%. Mientras que el órgano regulador respondió con un estudio técnico que determina que el incremento debería ser en promedio del 17,21% para una tarifa media. Ahora los técnicos del EPRE evaluarán todos los aportes concretados por los representantes de las diversas instituciones que participaron de la audiencia y la próxima semana se dictará una resolución. La nueva resolución determinará la aplicación del aumento en el cuadro tarifario. El incremento de la energía debería regir desde el 23 de julio de 2019. La necesidad de adecuar el valor de la tarifa se sustenta en los elevados índices de inflación que se registraron durante los primeros 6 meses de 2019 que provocaron la modificación de los costos para la prestación del servicio a los usuarios. Además, se suman los incrementos que deben abonar las empresas distribuidoras por los nuevos valores en los costos del transporte y generación de energía Fuente: http://diariolaventana.com
Fábrica de galletitas: trabajadores reclaman sueldos atrasados
Desde principio de años comenzaron a abonarles fraccionado, les adeudan quincenas y el medio aguinaldo. En los últimos días hay gran preocupación en los empleados de la fábrica de galletas Tía Maruca (exDislexis y exPesico) por el retraso en el pago de sueldos que está retrasado. Los trabajadores manifestaron que desde inicio de año comenzaron a pagarles fraccionado, actualmente les adeudan quincenas y el medio aguinaldo. Son 400 trabajadores los que están en riesgo debido a que la empresa a reconocido dificultades financieras. El Subsecretario de Trabajo Roberto Correa Esbry explicó: ”La firma atraviesa dificultades financieras. El inconveniente que tiene según manifestaron desde la empresa es que venden la producción y cuando quieren reinvertir para volver a producir, los costos de la materia prima son otros por la inflación”. Por el momento se rescindieron contratos pero no se afectó al personal de planta permanente.
PAREN DE MATARNOS: Marianella fue asesinada con el botón antipánico en la mano.
Una joven de 19 años fue asesinada de tres disparos en el barrio Suárez, de la ciudad de Córdoba, y por el hecho fue detenido su ex pareja, un hombre de 40. La joven, identificada como Marianella Silva, recibió tres impactos de bala, dos en el pecho y uno en la cabeza. El crimen se produjo anoche y la joven fue llevada al Hospital Misericordia, donde los médicos intentaron reanimarla en forma infructuosa, hasta que se produjo su deceso, poco antes de las 24. La Policía de la zona realizó un operativo en el barrio Villa La Lonja, donde fue detenido la ex pareja de la víctima, un hombre identificado como Rodolfo Tissera, de 40 años. En el lugar en el que se produjo la detención se secuestró una moto y un arma de fuego que va a ser sometida a pericias, para determinar si fue utilizada en el femicidio. La joven asesinada contaba con un botón antipánico, el cual fue accionado por una tía en el momento de la agresión, pero ese implemento no pudo impedir que el agresor disparara. “Desde el jueves pasado venía con agresiones. (ella) hizo la denuncia y no se por qué no se lo detuvo», relató Juan Carlos Castellano, abuelo de la víctima en un móvil de Canal 10. “Ahora logró su cometido porque cada vez que venía decía que la iba a matar y ahora lo hizo», dijo. Fuente: Diario Hoy de Córdoba
DD.HH: la justicia italiana condenó a 24 represores latinoamericanos
Un tribunal de apelaciones de Roma consideró culpable por secuestros y ejecuciones a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay. La justicia italiana condenó en ausencia este lunes a cadena perpetua a 24 represores sudamericanos procesados por la desaparición y muerte de 23 opositores con ciudadanía italiana en el marco del Plan Cóndor. Los jueces de la Corte de Apelación de Roma consideraron a un grupo de militares y policías de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay responsables del operativo represivo que llevaron adelante las dictaduras de esos países en los años 70 y 80 para secuestrar y ejecutar a los disidentes. El tribunal modificó la sentencia de primera instancia, dictada en enero de 2017, en la que había condenado a cadena perpetua solo a 8 personas. La historia de la causa “Zelmar Michelini me sugirió escribir todo lo que había pasado aquella noche. Y seguir escribiendo todos los detalles de los pedidos formales que presentaba, los encuentros que ocurrían, los hechos que surgían durante la búsqueda de Daniel y de los muchachos que habían sido secuestrados con él”, cuenta Aurora Meloni. Era 1974, y ella tenía 23 años y dos hijas pequeñísimas la noche en la que el comisario Hugo Campos Hermida se presentó en el umbral de su apartamento de Buenos Aires. Campos Hermida se llevó a su esposo, Daniel Banfi, a Luis Latrónica y a Guillermo Jabif. Asombra en el relato de Meloni encontrarse con la capacidad del senador para comprender en qué medida aquella historia, prólogo de miles de historias análogas, podría prolongarse en el tiempo, superar épocas y espacios de acción. Michelini había entendido que se iba a necesitar mucho tiempo para lograr verdad y justicia. En octubre de 1976 Cristina Mihura dejó Argentina cruzando la frontera de Misiones. Llegó a Río de Janeiro y desde allí se embarcó hacia España. Su viaje todavía no había terminado. Llegó a París, a Suecia, y finalmente, en 1977, a Italia. Y llevó consigo su denuncia. Su marido, Bernardo Arnone, había desaparecido el 1° de octubre de 1976 junto con muchos otros compañeros del Partido por la Victoria del Pueblo. Meloni, a su vez, había llegado a Suecia en 1974. También ella decidió mudarse a Italia, el país del que provenía su familia, y, al igual que Mihura, trabajó para dar a conocer su denuncia desde el primer día. El 16 de octubre de 1998 el juez español Baltasar Garzón, apoyándose en el principio de la jurisdicción universal, logró que el ex dictador chileno Augusto Pinochet quedara en prisión domiciliaria en Londres. Ese hecho despertó las esperanzas de quienes no lograban obtener respuestas en los tribunales nacionales latinoamericanos debido a las leyes de impunidad. Meloni vivía en Montevideo en ese entonces y recuerda las reuniones con las organizaciones de familiares de desaparecidos y militantes por los derechos humanos. En esos encuentros empezó a tomar forma la idea de presentar denuncias en otros países. “La primera reunión se llevó a cabo en Montevideo, en las oficinas de Serpaj [Servicio de Paz y Justicia]. Fui invitada por [el ex diputado] Felipe Michelini. Por entonces [el actual presidente del Frente Amplio] Javier Miranda era el abogado de la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. En ese encuentro estuvieron María Bellizzi, Luz Ibarburu, Marta Casal, Filomena Narducci y Raúl Olivera, que representaba a la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT. Yo ya había acompañado a las Madres de Plaza de Mayo en sus juicios en Italia en los años anteriores. Recuerdo que el propósito de esta reunión era presentar una denuncia en Italia”, dice Meloni. “Después de todo lo que estaba sucediendo con Garzón”, cuenta Cristina Mihura, “y de las denuncias que estaban surgiendo también en otros países europeos, me contactó Luz [Ibarburu]. Con Luz y María Esther [Gatti de Islas] ya teníamos una costumbre de trabajar juntas porque Bernardo, María Emilia [Islas] y Juan Pablo [Recagno Ibarburu] habían desaparecido en el transcurso de diez días, y a menudo habíamos colaborado en su búsqueda. Así me involucraron”. En 1999, el 9 de junio, Meloni y Mihura llegaron ante el fiscal Giancarlo Capaldo y presentaron denuncias por el homicidio de Daniel Banfi y la desaparición de Bernardo Arnone, ambos ciudadanos italianos. “No tengo una idea clara de cuándo supe de la existencia de la Operación Cóndor”, dice Mihura. “Todos habíamos sufrido los efectos de lo que llamábamos coordinación represiva, pero no habíamos oído hablar de la Operación Cóndor. Fue en algún momento de las investigaciones de Garzón que surgió en mí la idea de que Bernardo había sido una víctima de la Operación Cóndor”. Asimismo, Meloni recuerda: “Presentamos una denuncia y solicitamos una investigación para comprender qué había sucedido con los miembros de nuestras familias. La idea del Plan Cóndor llegó más tarde, y fue el fiscal Giancarlo Capaldo quien la planteó. Capaldo nos escuchó, creyó en nosotras y comenzó la investigación”. “La legislación italiana no prevé la jurisdicción internacional, como en España, entonces utilizamos la norma que permite activar la acción legal para crímenes cometidos en el exterior, con motivaciones políticas, contra ciudadanos italianos”, dice el fiscal Capaldo. “Apenas recibí las denuncias me planteé el problema de cómo proceder para recopilar información y construir un caso judicial sólido. De hecho, estábamos hablando de hechos que habían acontecido muchos años atrás y en varios países de América Latina”. Capaldo pidió a la policía judicial de Italia que recopilara toda la información posible en las bases de datos italianas. El resultado fue decepcionante. No había nada. “La respuesta fue tan desalentadora que decidí abandonar la idea de utilizar a la policía italiana para hacer esas investigaciones”, dijo el fiscal. En una decisión totalmente atípica, optó por recurrir a las asociaciones de víctimas y a algunas personas en particular. De esta manera, se activó un mecanismo mediante el cual se recibieron declaraciones espontáneas de familiares de las víctimas a través de las oficinas diplomáticas italianas en los países involucrados en las denuncias. A los testimonios, que llegaron casi al