Roberto I. Scherbosky Abogado-Mg.en GIRH Investigador INTA EEA LA CONSULTA 19/02/2021 Ante el debate suscitado sobre cómo debe ser la representación de los diversos sectores del agro en el Consejo Directivo del INTA, y de qué modo se debe cumplir con la misión del Instituto de ciencia y técnica, se propone aquí una breve descripción histórica, que si bien tiene su creación formal por medio del Decreto Ley 21.680/56 del 4 de Diciembre de 1956, tiene como antecedente a la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias que funcionaba desde su creación en 1946, bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. El INTA nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Desde 1956 a la fecha pasaron más de seis décadas, en las que se modificó sustancialmente la estructura agraria de nuestro país. En ese transcurrir, se sucedieron gobiernos con una mirada más desarrollistas, otros con una clara defensa de los intereses neoliberales, (entre ellos la dictadura cívico militar), también algunos elegidos por el voto popular y los gobiernos democráticos donde la presencia del Estado fue indispensable para un mejoramiento de la vida cotidiana de diversos sectores sociales. En ese marco vale resaltar que el INTA, como organismo de ciencia y técnica, elaboró un documento que se denomina Plan Estratégico 2015-2030, suscripto por la gestión del gobierno nacional anterior y también por la anterior conducción del INTA, donde se conceptualizan algunos criterios, que, por su vigencia, pongo en consideración:   “El Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial tiene relevancia estratégica para la Argentina por su contribución al desarrollo. Aporta al PBI, a la generación de divisas y de empleo, al desarrollo regional, a la producción de alimentos y al progreso tecnológico del sector, el cual deberá afrontar los desafíos globales de seguridad alimentaria, cambio climático, salud ambiental, equidad social, uso responsable y sustentable de los recursos naturales”. En dicho PEI se establece que “la Agricultura Familiar representa alrededor del 65% de los establecimientos agropecuarios, ocupa el 13% de las tierras cultivadas disponibles, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural. Contabilizan unas 220.000 familias rurales y periurbana.[i] El dato coincide en gran medida con la publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO)  que indica que en nuestro país «la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) abarca el 66 por ciento de los Establecimientos Agropecuarios (EAPs), ocupa el 13,5 por ciento de la superficie, dato que se traduce en más de 23 millones de hectáreas. Este importante sector produce el 20 por ciento del Valor Bruto de Producción (VBP), que en números del año 2004 significó más de 12 millones de pesos; y contempla el 53 por ciento del empleo rural» (Ing. Julio Elverdín, Director del CIPAF Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, del INTA). En esa publicación se consigna que “Los pequeños productores estarían aportando a nivel nacional el 71% del empleo directo del productor o socio, el 87% del empleo permanente familiar (92% del empleo familiar sin remuneración y 71% del empleo familiar con remuneración) y el 36% del empleo permanente no familiar sin remuneración”. Por su parte, un informe de la  FAO  explica que “ante una estructura actual del campo argentino con 35.000.000 de hectáreas que están en manos de 936 dueños (35.000 hectáreas cada uno); mientras que 2.300.000 hectáreas están en manos de 137.000 propietarios, a un promedio de 16 hectáreas cada uno”.[ii] En diversos informes publicados se aportan otros datos sobre la agricultura urbana y periurbana que indican que aportan hasta el 25 por ciento del 80 por ciento de los alimentos que produce la agricultura familiar a escala mundial, por esto su rol como sector productivo es reconocido por gobiernos y organismos internacionales. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nueve de  cada diez de las 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo están gestionadas por familias que producen alrededor del 80 por ciento de los alimentos del mundo. La Agricultura Urbana y Periurbana es practicada desde hace muchos años, tanto en ciudades de países industrializados (Tokio, New York, Berlín, Shangai) como en países en vías de desarrollo (Cuba, México, Buenos Aires, Bogotá). En China esta actividad es ancestral ya que muchas ciudades se autoabastecen de alimentos de esta manera: en Shangai el 60 por ciento de los vegetales, 100 por ciento de la leche y 50 por ciento de la carne de cerdo que se consumen son producidos en el área urbana y periurbana, ejemplifica el documento del INTA Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es importante tomar en cuenta los nuevos enfoques con los que se analiza la complejidad de los periurbanos y los mercados de cercanía.  Delimitar y definir las ciudades y proteger los cinturones verdes es lo que hacen otros países del mundo. Por ejemplo Ontario (Canadá), el cinturón verde más grande del mundo, en la zona de mayor crecimiento de América del Norte; o  Londres (Inglaterra) donde más allá de las tensiones inmobiliarias y los sectores que pugnan por el territorio, la preservación de los periurbanos con sus mercados de proximidad están incorporadas a la política pública y a la conciencia ciudadana. Los periurbanos son territorios complejos y en constante tensión: si se piensan buenas estrategias desde el Estado pueden ser una plataforma para una economía integrada, y la agricultura familiar un actor relevante. El INTA, como lo hacen otros organismos de I+D del mundo, debe integrar esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de innovación que contribuyan a la producción agroalimentaria y agroindustrial sustentable, en cadenas cortas. Esta pandemia demostró cómo el sector de la agricultura familiar, con su producción de alimentos frescos, resulta relevante para garantizar la seguridad alimentaria en los  mercados de cercanía. [iii] Como podemos ver, el Campo es un

La industria es impulsada por miembros de la comunidad originaria para el uso y preservación de sus bosques nativos. La comunidad de Salvador de Talquenca comenzó la producción de harina de algarrobo. Este proyecto de producción de harina se suma a otros dos que ya se encuentran funcionando, como son la producción de plantines de especies nativas y elaboración de miel. Para realizar esto se formó un grupo de trabajo de diez personas, en la que la mayoría son mujeres  de la comunidad. Cabe destacar que ellas ya fueron capacitadas en manipulación de alimentos. El proceso Las tareas comienzan con salidas de campo para realizar una recolección de semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa), que posteriormente son seleccionadas, para realizar la molienda de las de mejor calidad y elaborar la harina. En una primera etapa se alcanzó una producción de 18 kilos de harina, posteriormente fueron elaborados 50, y se espera que, a lo largo de dos meses, la producción alcance los 100 kilos. La industria de los alimentos, el sector al que ingresar Esta harina de algarrobo tiene varios destinos y usos, uno de ellos es la comercialización en paquetes de medio kilogramo para ser usada en la industria alimenticia. Además, esta harina es utilizada para la elaboración de barras de cereal, para la que además se utiliza la miel producida en la misma comunidad, integrando de esta forma las tareas de diferentes proyectos desarrollados en Salvador Talquenca. Esta industria se encuentra dentro de las acciones sustentables que la comunidad hace del bosque nativo. Fuente: Diario Huarpe

18-02-2021 El inminente retorno a clases presenciales, el inicio de las paritarias docentes y las continuas movilizaciones del sector ocurridas en lo que va del año en San Juan, nos lleva a colocar el foco de atención en la situación que atraviesan los/as trabajadores/as de la educación en la provincia. Para ello, conversamos con el maestro Juan Godoy, quien nos brindó de algunas claves para comprender cuál es la situación por la que atraviesa uno de los sectores trabajadores más vapuleados del país a lo largo de los últimos tiempos. El 18 de febrero del 2021 se anunció el inicio de las paritarias docentes a nivel nacional. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que “no habrá techo” en las negociaciones sobre el aumento salarial, siendo un piso esperable el 29% de aumento para equiparar el proceso inflacionario del año pasado. En este escenario de lucha, en San Juan los/as docentes no se hicieron esperar y la organización del sector ha copado las calles del microcentro capitalino, así como también las calles de departamentos aledaños, para hacer sentir sus voces y sus reclamos. Conversando con Juan Godoy, buscamos comprender un poco más sobre la situación actual atravesada por las/los maestra/os en la provincia. En las últimas dos semanas, sectores docentes de San Juan protagonizan masivas movilizaciones, movilizaciones que desde hacía mucho tiempo no se veían en la provincia. Este fenómeno encontró replicas en departamentos aledaños a la capital, como lo sucedido en Jáchal y en Valle Fértil, las cuales son reflejo de la necesidad de participación de los y las docentes en las políticas educativas a diseñarse para el comienzo de clases en este contexto político, social y sanitario tan particular. ¿A qué se deben estas masivas movilizaciones protagonizadas por los/as trabajadores/as de la educación? Sin lugar a dudas, la organización del sector responde a una necesidad de ser partícipes en la toma de decisiones de importancia que les competen como motor del sistema educativo. Así pues, buscamos conocer con mayor profundidad cuales son algunas de las causas que impulsan al sector a tomar las calles como medio de reclamo. Como hemos nombrado, en primer lugar, estas movilizaciones responden a una necesidad dejar expresadas sus opiniones respecto a las condiciones salariales, una de las situaciones de mayor urgencia a resolver, la que genera malestar y disconformidad en todo el sector, teniendo en cuenta que el último aumento ocurrió en marzo del año 2020 y correspondió sólo al 13.5%. En conversación con Juan Godoy, el docente sanjuanino nos comentó que: “Ni siquiera teniendo dos cargos de 4 horas como maestra de grado, se llega a la canasta básica. Es decir, una jornada laboral completa, la cual se extiende mucho más de 8 horas, no alcanza para cubrir la canasta básica. Y el salario de maestra inicial está casi por debajo del índice de indigencia. Por lo tanto, la pérdida salarial es muy importante, y genera un escenario de mucha disconformidad y malestar”. A la situación económica se le suma la crisis de representación que está viviendo el sector, crisis desatada ante la ausencia de canales de diálogo por parte de las históricas organizaciones gremiales docentes de la provincia. Ante esto, la docencia encontró otra forma de participar en la toma de decisiones: las movilizaciones públicas. Estas movilizaciones son convocadas por distintas agrupaciones docentes surgidas en el último tiempo. Como resultado de las mismas, se gestó un espacio de confluencia y de diálogo entre distintos sectores docentes, entre los que se encuentran, por un lado, personas autoconvocadas y, por otro, sectores pertenecientes a organizaciones partidarias. Más allá de estas diferencias, una voluntad unitaria les congrega en el encuentro, “esto suma y enriquece la participación democrática de la docencia, la cual ha sido determinante en muchos momentos de la historia del país”, nos comenta Juan. Entre las reivindicaciones que la organización docente provincial exige, el 50% de aumento salarial en las mesas paritarias abiertas en el día de la fecha cobra centralidad. Esto implica considerar en el aumento salarial el 22% correspondiente a la inflación del año pasado, y la recompensación de las paritarias suspendidas por el Poder Ejecutivo Nacional a comienzos del 2020, “un hecho inédito, suspender el acuerdo paritario de manera unilateral”. Otro de los puntos surgidos y que llevan a la organización es la situación del retorno a clases presenciales. Dentro del sector docente, hay un debate en torno a esto debido, en primer lugar, a la falta de consulta hacia los/las mismas trabajadores/as por parte del Gobierno, “desde el sector se exigen condiciones seguras y de sanidad para el retorno a las aulas, son nuestras consignas. Asimismo, no queremos que el retorno a la presencialidad sea un slogan de campaña para un año electoral. Esto puede generar hechos muy riesgosos. Y, en definitiva, los responsables de la salud de los/as chico/as en las escuelas no es el Estado, sino somos nosotros/as, los/as docentes. Entonces, es un tema muy delicado para la docencia el retorno a las clases presenciales. En la docencia existe la necesidad de volver, pero requerimos volver en condiciones seguras. Por lo tanto, también estamos discutiendo sobre el calendario de vacunación, lo cual se presenta como otro slogan electoral y, sin embargo, aún no hay calendario de vacunación para los/as docentes, por lo tanto, vamos a volver a las aulas sin estar vacunados/as”. Otro de las consignas de importancia que abordan desde el sector es el correspondiente a la conectividad.  La crisis sanitaria desatada durante el año pasado a raíz de la pandemia del covid-19, tuvo como correlato una crisis económica, la cual aún estamos transitando. En el sistema educativo, esto se vio reflejado en el aumento de la brecha económica existente entre las escuelas. En conversación con Juan, el docente nos comentó cómo muchas familias se vieron con dificultad de permanecer en las instituciones educativas por no contar con los equipos en condiciones de conectividad para poder realizar el cursado. “En el caso mi caso particular, de los doce alumnos, sólo dos tenían conexión. Con

El diputado nacional por San Juan, Eduardo Cáceres, promueve la «Ley Alejo» para prevenir y sancionar la violencia hacia el género masculino, los hombres. En un contexto donde los femicidios ocurren cada 29 horas en la Argentina, y la ineficiencia de las políticas públicas para el abordaje de esta problemática queda al descubierto, el proyecto de ley presentado y apañado desde el bloque opositor del PRO, se presenta como provocación a los movimientos de mujeres y feministas del país. 17-02-2021 Diputados del PRO presentaron el proyecto «Ley Alejo» para prevenir la violencia de género contra varones y sancionar la realización de denuncias falsas por violencia de género, algo que causó rechazo en buena parte de la de la sociedad en un país donde hay un femicidio cada 29 horas y a sabiendas de que las denuncias falsas representan una cifra inferior al 2% del total. La denominada “Ley Alejo” se presentó luego del crimen de Alejo Oroño (22) a manos de su ex pareja, Nadia Navarro Montenegro, en la localidad de William Morris, Hurlingam. La tratativa busca ampliar “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, indican sus impulsores. “A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla (a su pareja) y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto, que además de la capacitación obligatoria, establece una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender “las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual”. Además, tipifica las falsas denuncias por violencia de género, y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica. “Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada con las firmas de los legisladores de JxC, Gisella Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein, David Schlereth, Hernán Berisso, y Gerardo Cipolini. Según consignó Clarín, el autor del proyecto y principal firmante es el diputado por San Juan, Eduardo Cáceres, que meses atrás fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, la dirigente del PRO, Gimena Martinazzo. El proyecto cita dos estudios internacionales donde se indica que los hombres «tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte» y, al mismo tiempo, una cuestionada afirmación sobre que existe «paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abuso y se recomienda reconocer a las víctimas masculinas». En Argentina, las denuncias falsas ya tienen un tratamiento, a través del artículo 456 del Código Penal vigente, el cual «sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación». A su vez, cabe destacar que a nivel internacional se constató que la cifra perteneciente a las denuncias falsas por violencia de género es ínfima con respecto al total de las denuncias. En España, un país que lleva este registro, la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado, constató que en 2019, de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 lo fueron por denuncia falsa. Además, estudios realizados en Inglaterra y Estados Unidos sostienen que las denuncias falsas por violencia de género son menos del 2%. Principales puntos del proyecto El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres. Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión. Crea una línea gratuita de asistencia. Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero. judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos. Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica. Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales. Fuente:FiloNews

14-02-2021. Ícono de la política nacional de la década del 1990, el expresidente, exgobernador y senador de La Rioja Carlos Menem falleció a los 90 años en el Sanatorio Los Arcos, donde había sido internado hace un tiempo por un cuadro de infección urinaria.