Necesaria representación de productores de la Agricultura Familiar-Campesina e Indígena

Roberto I. Scherbosky

Abogado-Mg.en GIRH

Investigador INTA EEA LA CONSULTA

19/02/2021

Ante el debate suscitado sobre cómo debe ser la representación de los diversos sectores del agro en el Consejo Directivo del INTA, y de qué modo se debe cumplir con la misión del Instituto de ciencia y técnica, se propone aquí una breve descripción histórica, que si bien tiene su creación formal por medio del Decreto Ley 21.680/56 del 4 de Diciembre de 1956, tiene como antecedente a la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias que funcionaba desde su creación en 1946, bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. El INTA nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”.

Desde 1956 a la fecha pasaron más de seis décadas, en las que se modificó sustancialmente la estructura agraria de nuestro país. En ese transcurrir, se sucedieron gobiernos con una mirada más desarrollistas, otros con una clara defensa de los intereses neoliberales, (entre ellos la dictadura cívico militar), también algunos elegidos por el voto popular y los gobiernos democráticos donde la presencia del Estado fue indispensable para un mejoramiento de la vida cotidiana de diversos sectores sociales.

En ese marco vale resaltar que el INTA, como organismo de ciencia y técnica, elaboró un documento que se denomina Plan Estratégico 2015-2030, suscripto por la gestión del gobierno nacional anterior y también por la anterior conducción del INTA, donde se conceptualizan algunos criterios, que, por su vigencia, pongo en consideración:

“El Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial tiene relevancia estratégica para la Argentina por su contribución al desarrollo. Aporta al PBI, a la generación de divisas y de empleo, al desarrollo regional, a la producción de alimentos y al progreso tecnológico del sector, el cual deberá afrontar los desafíos globales de seguridad alimentaria, cambio climático, salud ambiental, equidad social, uso responsable y sustentable de los recursos naturales”.

En dicho PEI se establece que “la Agricultura Familiar representa alrededor del 65% de los establecimientos agropecuarios, ocupa el 13% de las tierras cultivadas disponibles, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural. Contabilizan unas 220.000 familias rurales y periurbana.[i]

El dato coincide en gran medida con la publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO) que indica que en nuestro país «la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) abarca el 66 por ciento de los Establecimientos Agropecuarios (EAPs), ocupa el 13,5 por ciento de la superficie, dato que se traduce en más de 23 millones de hectáreas. Este importante sector produce el 20 por ciento del Valor Bruto de Producción (VBP), que en números del año 2004 significó más de 12 millones de pesos; y contempla el 53 por ciento del empleo rural» (Ing. Julio Elverdín, Director del CIPAF Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, del INTA).

En esa publicación se consigna que “Los pequeños productores estarían aportando a nivel nacional el 71% del empleo directo del productor o socio, el 87% del empleo permanente familiar (92% del empleo familiar sin remuneración y 71% del empleo familiar con remuneración) y el 36% del empleo permanente no familiar sin remuneración”.

Por su parte, un informe de la FAO explica que “ante una estructura actual del campo argentino con 35.000.000 de hectáreas que están en manos de 936 dueños (35.000 hectáreas cada uno); mientras que 2.300.000 hectáreas están en manos de 137.000 propietarios, a un promedio de 16 hectáreas cada uno”.[ii]

En diversos informes publicados se aportan otros datos sobre la agricultura urbana y periurbana que indican que aportan hasta el 25 por ciento del 80 por ciento de los alimentos que produce la agricultura familiar a escala mundial, por esto su rol como sector productivo es reconocido por gobiernos y organismos internacionales.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nueve de cada diez de las 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo están gestionadas por familias que producen alrededor del 80 por ciento de los alimentos del mundo.

La Agricultura Urbana y Periurbana es practicada desde hace muchos años, tanto en ciudades de países industrializados (Tokio, New York, Berlín, Shangai) como en países en vías de desarrollo (Cuba, México, Buenos Aires, Bogotá). En China esta actividad es ancestral ya que muchas ciudades se autoabastecen de alimentos de esta manera: en Shangai el 60 por ciento de los vegetales, 100 por ciento de la leche y 50 por ciento de la carne de cerdo que se consumen son producidos en el área urbana y periurbana, ejemplifica el documento del INTA Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es importante tomar en cuenta los nuevos enfoques con los que se analiza la complejidad de los periurbanos y los mercados de cercanía. Delimitar y definir las ciudades y proteger los cinturones verdes es lo que hacen otros países del mundo. Por ejemplo Ontario (Canadá), el cinturón verde más grande del mundo, en la zona de mayor crecimiento de América del Norte; o Londres (Inglaterra) donde más allá de las tensiones inmobiliarias y los sectores que pugnan por el territorio, la preservación de los periurbanos con sus mercados de proximidad están incorporadas a la política pública y a la conciencia ciudadana. Los periurbanos son territorios complejos y en constante tensión: si se piensan buenas estrategias desde el Estado pueden ser una plataforma para una economía integrada, y la agricultura familiar un actor relevante. El INTA, como lo hacen otros organismos de I+D del mundo, debe integrar esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de innovación que contribuyan a la producción agroalimentaria y agroindustrial sustentable, en cadenas cortas. Esta pandemia demostró cómo el sector de la agricultura familiar, con su producción de alimentos frescos, resulta relevante para garantizar la seguridad alimentaria en los mercados de cercanía. [iii]

Como podemos ver, el Campo es un lugar común, un estereotipo cristalizado que, sin embargo, explica poco sobre las heterogéneas agriculturas que alimentan el sistema productivo argentino. Con datos censales aún en proceso, resulta difícil mapear la cartografía actual del agro argentino.

La Asamblea General de la Naciones Unidas (ONU) ha declarado el año 2014, como el Año Internacional de la Agricultura Familiar, (AIAF 2014) y cabe recordar que se aprobó por unanimidad la Resolución 72/239 que declara 2019-2028 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Agricultura Familiar, la que fue respaldada por más de 100 Estados miembros y tiene como objetivo proteger los derechos de todas las poblaciones rurales, incluidos los campesinos, los trabajadores agrícolas y rurales y los pueblos indígenas, al tiempo que reconoce su contribución al desarrollo sostenible y la biodiversidad y los desafíos a lo que se enfrentan. También aprobó en 2018 Y la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y Campesinas. Una disposición que reconoce y reivindica el lugar de la agricultura campesina para toda la humanidad, tanto en la producción de alimentos como en la mitigación del cambio climático. Y aunque el tema parece obvio, dado que la agricultura campesina alimenta al 85% de la población mundial en tan sólo un cuarto de tierras agrícolas, el debate y el proceso de aprobación de esta declaración tardó en aprobarse 17 años. Y no fue por voto unánime: 121 a favor, 8 en contra y 52 abstenciones, lo que indica el grado de virulencia que tienen los conflictos por los bienes naturales en el proceso de concentración económico, financiero y tecnológico contemporáneo. Esos conflictos, esos paradigmas científicos, esos enfoques técnicos, también permean a las instituciones de I+D. Por eso hablar de la neutralidad de la ciencia, parece cuanto menos poco efectivo y resulta falaz para abordar tanto el debate sobre las políticas públicas, como la representación en los consejos de los organismos de ciencia y técnica.

Una breve mención pero no menos importante es el reconocimiento histórico y plasmado en la Constitución Nacional sobre la preexistencia de los pueblos originarios, cuyo aporte a la agricultura en general es ampliamente reconocido en los ambientes científicos más honestos, mientras los otros solo se limitan a negar su existencia.

Si las Naciones Unidas declararon el decenio de la agricultura familiar y la declaración sobre los derechos campesinos e indígenas, con todo un pliego de acciones que marcan una pauta para las políticas públicas de los estados nacionales, vale preguntarse ¿por qué la Agricultura Familiar Campesina e Indígena no tiene representación en el único organismo de ciencia y técnica de nuestro país que aborda específicamente la temática agropecuaria?

La estructura del C.D. creada por el decreto ley 21.680/56 conforme lo tenía previsto en el art. 6, debe ser modificado e incorporar a no menos de tres representantes de la producción de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena

El debate ideológico, la pluralidad de voces no desaparecerá por más que tres o cuatro representantes de un sector levanten la voz.

Los organismos de ciencia y técnica deben orientar sus acciones para un conjunto de actores que conforman un sector productivo muy heterogéneo. Nos guste o no, el debate continuará porque las posiciones ideológicas son diversas y los enfoques tecnológicos también. Así como tuvimos conducciones que solo pretendían achicar el organismo, desfinanciarlo y que la investigación se orientara al sector más capitalizado del agro argentino, pues es responsabilidad del estado generar el mayor equilibrio posible dándole representación a quienes aportan a nuestra alimentación cotidiana, e incluso alimentan diariamente a las familias de quienes sólo producen commodities, por lo que resulta indispensable una urgente modificación de la estructura del CD del INTA designando a no menos de tres representantes productores de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena.