Desde el territorio andalgaleño, Marianela Gamboa, integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ, nos comparte una crónica teñida de sentires de la lucha que el pueblo de Andalgalá encabeza ante el avance minero extractivista en el cerro Aconquija. 17 de abril de 2021, Andalgalá, Catamarca. Por Marianela Gamboa. Integrante de Feministas Antiextractivistas del Sur y Asamblea el Valle en Movimiento-PUCARÁ “Detuvieron a una de las cabezas y podaron los brotes, quieren hachar el árbol”- Rosa Farías ¡PERO LAS RAÍCES SON MÁS FUERTES! La sensación de despertar hoy sábado 17 de abril de 2021 en Andalgalá, es la de amanecer palpitando la caminata 585. No es sólo una caminata más, es la caminata después de una cacería política-policial desatada brutalmente por el gobierno catamarqueño sobre les asambleístas y vecinxs de Andalgalá que se oponen al proyecto de muerte MARA (Integración Agua Rica-Alumbrera). La caminata 584 del sábado 10 de abril, realizada días después de que la Asamblea El Algarrobo denunciara que las máquinas perforadoras estaban subiendo al cerro Aconquija de forma ilegal, a espaldas del pueblo, custodiadas por gendarmería, trascendió las fronteras cuando las imágenes de las oficinas de Agua Rica se viralizaron ardiendo en llamas. Ese día, las calles de Andalgalá estaban llenas de asambleístas, pero también de vecinos y vecinas que cuando sienten el avance de las máquinas, salen a decirle a las mineras que ¡¡NO TIENEN LICENCIA SOCIAL!! Como dicen lxs compañerxs: la subida de las máquinas de forma clandestina al cerro, es la chispa que prendió el fuego. Presxs políticos y criminalización de la lucha Es importante poner en contexto que, desde el 22 de marzo, se realizaba un nuevo corte selectivo a la empresa minera Agua Rica, al Proyecto MARA, a la empresa YAMANA GOLD cuando les vecines dieron alerta del paso de camionetas mineras por el camino del potrero. Durante el corte, las acciones violentas por parte de la empresa fueron constante, incluyendo la acción de un proveedor minero quien atropelló a 2 personas en el corte (hecho que hasta el día de hoy no ha sido abordado por la justicia). ¡El corte del Algarrobo hoy como en 2010, no es cualquier corte, es cortarle el paso AL PODER EXTRACTIVISTA! La militarización de Andalgalá fue inminente desde el momento en que se difundieron las imágenes de las perforadoras subiendo clandestinamente al cerro en medio de un corte y, aún más, luego del incendio de la oficina de Agua Rica. El día lunes 12 de abril, comenzaron las detenciones violentas y allanamientos brutales sin presentar en los domicilios las órdenes judiciales. Las irregularidades de los procesos son innumerables, vulnerando todos los derechos humanos y violando normativas nacionales e internacionales que resguardan los derechos de las personas. El día lunes detuvieron a 8 personas: Aldo Flores, Sara Fernández, Enzo Brizuela, Walter Mansilla, Damián Abel y Matías Paz (sumado a la detención del hermano de Sara que en intentó detener la detención de su hermana, y fue arrestado por 1 día por obstrucción a la justicia); y el día miércoles a otras 4 detenciones más: Ailen Saracho, Oscar Martiarene, Jorge Ramos, Rubén Sachetti y Eduardo Villagra. Actualmente, 8 personas siguen detenidas en la comisaría y 4 con prisión domiciliaria (Ailen, Sara, Aldo y Oscar). Los allanamientos incluyeron violencia sobre lxs familiares que estaban en las casas. Los testimonios dan cuenta de mujeres y niñes presenciando los actos de violencia, esposadxs y arrodilladxs, mientras los grupos de choque destrozaban todas sus pertenencias, puertas, paredes, murales, etc. Todo esto, sin presentar la orden judicial. A uno de los detenidos, de 72 años de edad, lo tiraron al piso apuntándole con un arma, pisando su espalda y negándole estar presente mientras se allanaba su domicilio. A otro de los detenidos lo golpearon en el rostro y en el abdomen reiteradas veces. Algunxs familiares de detenidxs testificaron que la policía sembró pruebas en esos procedimientos. Otros arrestos sucedieron en las calles. A estas alturas, se conoce públicamente que la fiscal Soledad Rodríguez, quien emitió las órdenes de detención, es conocida por “operar en conflictos minero”, por haber trabajado para empresas mineras y estar vinculada parentalmente a personajes claves en la política minera catamarqueña. Las medidas de privación de la libertad tomadas por la fiscal, las fuerzas represivas y los funcionarios estatales involucradxs, son excesivas para la situación, demostrando que las intenciones pretenden disciplinar a quienes defienden el agua, criminalizando así la protesta, la lucha por el cerro Aconquija. Es importante pensar este accionar en correlación con otros hechos que se vienen dando a nivel país, como en Chubut, en medio de una pueblada ante el intento de zonificación minera se criminaliza a compañerxs culpándolos de “atentados terroristas” al presidente Alberto Fernández. Hay una avanzada criminalizadora de la lucha por la defensa de los bienes comunes, de quienes se organizan asambleariamente y están dispuestos a defender el agua y los territorios de la política extractivista estatal. El abrazo compañero y la firmeza de las mujeres Mi llegada a Andalgalá el día jueves 15 abril, implicó vivenciar el clima de tensión social y de bronca colectiva, como también de desconfianzas infundidas y temor al constante hostigamiento policial que continua en curso. Aun así, el impacto más fuerte y lo que más moviliza, es el amor colectivo, el abrazo compañero de lxs asambleístas y principalmente de las mujeres del silencio que cada día continúan las sentadas pacíficas frente a fiscalía y el acompañamiento frente a la comisaría que les da fuerza a quienes están privadxs de su libertad, encerradxs en la comisaría. Los ruidos de cacerolas y bocinas se hacen sentir a las 21 horas, ya que las disposiciones del COE encierran a las 20 horas a la población en sus casas. Andalgalá sigue haciendo pública su voz, en cada barrio. Las denuncias y acompañamientos abarcan un abrazo a nivel plurinacional y latinoamericano. ¡Somos muches quienes estamos acompañando desde múltiples lugares esta defensa del agua y el cerro! El calor de estar sintiendo dolor por quienes están privados de

San Juan, 15 de Abril de 2021 Desde el pasado fin de semana, los habitabtes de Andalgalá, provincia de Catamarca, vienen realizando una serie de movilizaciones en las calles, tras conocer que la empresa Yamana Gold reanudó sus actividad extractivista en la provincia con el proyecto de Mina Agua Rica y Alumbrera (MARA). En relación a este hecho, “Volvimos Mujeres” dialogó con el magister en Ciencias Sociales con Mención en Teoría Política, Horacio Machado, quien además de ser docente de la Universidad Nacional de Catamarca es investigador de CONICET. En el aire de Radio Nacional San Juan, el también especialista en Planificación Social para el Desarrollo Local, contó que “esta lucha no es nueva, el pueblo de Andalgala se viene resistiendo a un poyecto de megamineria a gran escala desde el año 2005”. De acuerdo a lo que relató el investigador “el gobierno Provincial ha querido avanzar de facto” por sobre los derechos de un pueblo que ha manifestado insistentemente su negativa de produccion minera a cielo abierto. Es que en la última marcha se hizo presente de manera violenta la Policía catamarqueña, no sólo golpeando sino también apresando a manifestantes. Una situación que Machado denunció como “antidemocrática y con presos políticos”. Fuente: Radio Nacional San Juan

San Juan, 15 de Abril de 2021 El martes 13 de abril del 2021, el Tribunal Oral Federal de San Juan ordenó la liberación del represor Eduardo Daniel Vic. El “Teniente Vic”, es uno de los represores con mayor participación dentro del circuito represivo clandestino local, actuando, sistemáticamente, en varios de los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en la provincia durante el período de la dictadura. La decisión judicial está cimentada en las pericias del Cuerpo Médico Forense de la Nación. Según los especialistas, Vic no está en condiciones de salud para afrontar un proceso judicial. Y los jueces hicieron lugar al pedido de la defensa, encabezada por la abogada Sandra Leveque, de suspender el proceso judicial por incapacidad sobreviniente.  El ex teniente coronel Eduardo Vic protagonizó un episodio de fuga en 2011. La cronología es la siguiente: estuvo en el Penal de Chimbas detenido desde marzo de 2009 a octubre de 2010, cuando la Cámara de Apelaciones de Mendoza le concedió su libertad. Luego fue la Cámara de Casación quien en junio del 2011 le revocó la excarcelación y, el 17 del mismo mes, el juez federal Leopoldo Rago Gallo pidió su detención. Para entonces, Vic ya estaba prófugo.  Así, el Ministerio de Justicia de la Nación ofreció la recompensa de 500.000 pesos por su detención. El jueves 12 de marzo del 2015, el militar retirado fue detenido por personal de la Dirección de Seguridad Interior, de la Superintendencia de Delitos Federales Complejos. Sucedió en Córdoba, mientras Vic caminaba por la intersección de la Avenida de Circunvalación y Monseñor Pablo Cabrera. Más tarde, quedó nuevamente alojado en el Penal de Chimbas. El 22 de octubre de 2018, el Tribunal Oral Federal lo condenó a prisión perpetua.

Buenos Aires, 14 de Abril 2021 Hace instantes, el presidente Alberto Fernández anunció nuevas medidas para la zona del AMBA: «He tomado decisiones que vamos a aplicar exclusivamente al AMBA. La circulación entre las 20 y las 6 será restringida. No se podrá circular por las calles. Y quedan suspendidas todas las actividades en lugares cerrados. Las clases durante dos semanas serán virtuales». El anuncio presidencial inició: En el AMBA estamos viviendo la mayor velocidad de aumento de casos desde el inicio de la pandemia. Por lo tanto, es nuestra obligación tomar medidas adicionales y convocar a la población a un cambio, para lograr que avance el plan de vacunación y evitar la saturación del sistema de salud. El mayor riesgo de transmisión se produce en las actividades sociales y recreativas nocturnas, donde no hay dos metros de distancia, se producen aglomeraciones, se usa escasamente el barbijo y también en espacios cerrados sin ventilación adecuada. El AMBA constituye un único aglomerado urbano, uno de los más poblados de América. Tiene una única realidad epidemiológica, con un gobernador y un jefe de gobierno, y dos docenas de municipios. Por todo ello, se decidió para el AMBA desde las 0 horas del día viernes 16 de abril: • RESTRINGIR LA CIRCULACION NOCTURNA ENTRE LAS 20HS Y LAS 6 DE LA MAÑANA  • QUEDAN SUSPENDIDAS LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, SOCIALES, CULTURALES, DEPORTIVAS Y RELIGIOSAS EN LUGARES CERRADOS  • LAS ACTIVIDADES COMERCIALES CERRARAN A LAS 19HS  • LAS ACTIVIDADES GASTRONOMICAS FUNCIONARAN EN MODALIDAD DE ENTREGA A DOMICILIO LUEGO DE LAS 19HS Por otra, parte:  DESDE EL LUNES 19 HASTA EL VIERNES 30 DE ABRIL SE RETORNA A LA MODALIDAD VIRTUAL EN LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS. Seguimos negociando y hablando con todos los proveedores de vacunas para cerrar acuerdos y acelerar el acceso a ellas. Este fin de semana estarán llegando más vacunas para continuar con elPlan de Vacunación. Al igual que en 2020, el Gobierno nacional trabaja en la reorganización del sistema de salud para dar prioridad a la atención de la enfermedad COVID-19 ante el ascenso de casos de coronavirus en el marco de la segunda ola. En 2020, las camas UTI pasaron de 8.521 a 12.501, lo que representó un incremento del 47% de la capacidad del sistema para absorber la demanda aumentada de cuidados intensivos ante la pandemia. Además, en articulación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se instalaron 12 hospitales modulares de emergencia y 19 Centros Modulares Sanitarios, en lugares estratégicos del país para fortalecer la respuesta sanitaria. Más de 5 millones de personas ya recibieron la primera dosis en el marco del plan de vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional para combatir el COVID-19. En tanto, las inoculaciones suman en total 5.874.864, contando aquellas personas que recibieron ambas dosis (767.278). Las dosis distribuidas desde el comienzo del plan de inmunización a todas las jurisdicciones ascienden a 7.248.208. Argentina lleva vacunados al 95 por ciento de su personal de salud con la primera dosis de vacuna y más del 60 por ciento con esquema completo. En el segmento de adultos mayores, el porcentaje de coberturas es del 64,1 % en personas de 80 años y más; el 58,4 % en personas de entre 70-79 años y el 21,5 % en la franja de 60-69 años. Ni las provincias ni la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están legalmente impedidas de comprar vacunas contra el COVID-19. La Ley de Vacunas Destinadas a Generar Inmunidad contra el COVID-19, votada el 6 de noviembre de 2020, incluso exime del pago de derechos de importaciones y de cualquier otro impuesto a las provincias y a la CABA en caso de que adquieran dosis. La Ley de Vacunas fue votada también por la oposición, que en su gran mayoría votó a favor

San Juan, 14 de Abril de 2021 En el día de hoy, el Ministro del Interior Wado De Pedro, visitará la provincia de San Juan donde realizará una serie de actividades en el transcurso de la jornada. El itinerario de actividades inicia con el recorrido por obras de Construcción del Velódromo, a las 10.40, ubicado en el acceso Este de Ruta 40, entre calles 6 y 7, Pocito. Dicha visita contará con la participación del Gobernador de la provincia, Sergio Uñac, y el ministro de Servicios y Obras Públicas, Julio Ortíz Andino. A las 11:00 horas continúan con la visita y recorrida por el Plan Provincial de Vacunación contra el Covid-19, en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, donde se les sumará la ministra de Salud Pública, Alejandra Venerando. A las 11:30 horas asistirán a la reunión con empresarios sanjuaninos, en el Foyer del Teatro del Bicentenario. En dicho lugar, se les sumará el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Andrés Díaz Cano. El itinerario continua a las 13:00 horas, con una recorrida por obra del Acueducto Gran Tulum, en la Avenida José Ignacio de la Roza y calle Comercio. Para finalizar, a las 13:50 horas, visitarán el laboratorios Raffo-Monte Verde, ubicado en la Ruta 40 Sur, kilómetro 155, entre calles 7 y 8, Pocito.

14 de Abril de 2021 Por Darío Aranda Andalgalá lleva 24 años de megaminería y es el caso testigo de las falsas promesas empresarias. Los vecinos priorizan el agua y la salud, y ya no quieren más extractivismo. Allanamientos masivos, violencia policial y detenciones arbitrarias. La alianza entre multinacionales, gobernantes y Poder Judicial. De Minera Alumbrera a Agua Rica. Crónica de un saqueo y, también, de una lucha. Minutos antes de las 12 comenzaron los allanamientos. Lo solicitó la fiscal Soledad Rodríguez, la ordenó el juez Rodolfo Cecenarro y la ejecutó la policía y el grupo especial antimotines Kuntur. Aunque en las casas no hubo resistencias, los efectivos rompieron puertas e ingresaron con violencia. La orden judicial apuntó contra 25 vecinos que defienden el agua y cuestionan la megaminería. Apresaron a siete. La Asamblea El Algarrobo, que desde hace más de once años denuncia el extractivismo, denunció “persecución”, la violación de derechos humanos y la vigencia de un “Estado Policial en Andalgalá”. Sucedió el lunes 12 de abril. Y fue un capítulo más de la larga alianza de tres actores: multinacionales mineras, casta política y Poder Judicial. 584 caminatas En Andalgalá el sábado 10 de abril se movilizaron en rechazo a la megaminería. No fue novedad: se trató de la marcha número 584, siempre en sábados, siempre con la banderas que exigen proteger el agua, la montaña y la salud de la población. El clima estaba enrarecido. Minera Agua Rica avanza con su rechazado proyecto minero de oro y cobre. Había cortes selectivos de caminos (para frenar a los vehículos de la empresa). El gobierno provincial envió decenas de policías y Nación a sus gendarmes. Lo diferente: el sábado por la tarde ardió la oficina de Minera Agua Rica. Promesas incumplidas Más de 6000 puestos de trabajo, desarrollo local, un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad y cuidado del ambiente. Fueron algunas de las promesas de Minera Alumbrera en Andalgalá en la década del 90, cuando comenzó su instalación. Nada de eso se cumplió. Luego de 24 años de megaminería, el oeste catamarqueño es de la regiones más pobres del país. Solo alcanza caminar por Andalgalá, Belén o Santa María para palpar la pobreza, ver la necesidad, comprobar el crecimiento de toda una generación sin trabajo, ni educación ni salud. Menem lo hizo El 31 de octubre de 1997, el presidente Carlos Menem participó del acto inaugural de la explotación de Minera Alumbrera. Oro, cobre y molibdeno, entre otros minerales que, explosiones y sopas químicas mediante, son capturadas por el consorcio de multinacionales (Glencore Xstrata, Goldcorp y Yamana Gold) y llevados para refinar al primer mundo. Menem también fue el gestor de las leyes mineras neoliberales que benefician a la actividad. Todos los presidentes siguieron su política extractiva, desde Néstor Kirchner hasta Alberto Fernández, desde Mauricio Macri a Cristina Fernández. No hay grieta política ni ideológica para la megaminería (y para el extractivismo). Todos los gobiernos actuaron en favor de las empresas mineras y dieron la espalda a las poblaciones afectadas. La “perla del oeste” Andalgalá está ubicada a 240 kilómetros de San Fernando del Valle de Catamarca. Se la conoce como “la perla del oeste”. Con 20.000 habitantes, nunca fue ajena a las necesidades económicas y sociales del noroeste del país. Pero también se destacaban las producciones agropecuarias (de pequeña y mediana escala) y el turismo, con potencial nunca impulsado por los gobiernos con políticos de mediano y largo plazo. Las promesas de Minera Alumbrera hicieron creer en la milagrosa salvación. Años en los que no se conocía de qué trataba la megaminería y el acceso a la información no era tan fácil (internet casi no existía en Argentina). La empresa, siempre de la mano de los gobiernos de turno, hasta prometió que una vez finalizada la explotación, en el open pit (el gigantesco cráter que deja la megaminería) se podría inundar con agua y realizar pesca recreativa. Agua y derrames Minera Alumbrera tiene un permiso de extracción de agua de 1100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. La empresa tiene permiso para utilizar hasta 100 millones de litro de agua por día. La Organización Mundial para la Salud (ONU) establece que una persona requiere, para paliar todas sus necesidades, 50 litros de agua por día. Alumbrera usa por día agua equivalente a dos millones de personas El producto bruto que obtiene Alumbrera es enviado por un monumental mineraloducto –-un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Transporta un barro con ácido y mineral diluido. Hubo al menos cuatro derrames del mineraloducto: el 17 de septiembre de 2004, el 10 de junio de 2006 y, dos días después, el 12 de junio. Los tres en Villa Vil. El cuarto: en diciembre de 2008 en el paraje de Ampujaco, límite entre Andalgalá y el departamento de Belén. Siempre los derrames fueron denunciados por las comunidades locales. Nunca controlados por los gobiernos (provincial y nacional). Siempre minimizados por la empresa. A inicios de 2000, Gendarmería Nacional tomó muestras de agua del canal DP2 (transporta el agua que desecha la planta de secado del concentrado, en Tucumán, que baja a Santiago del Estero y termina en la laguna de Mar Chiquita, en Córdoba). Gendarmería confirmó “un alto contenido de cobre y sulfatos superando los límites establecidos por la ley 24.051 de Residuos Peligrosos”. Otro estudio de Gendarmería en marzo de 2004 confirmó la presencia de cianuro en agua. En abril de 2007 la propia Secretaría de Minería de la Nación reconoció en un informe que Minera Alumbrera contaminaba: confirmó que el canal DP2 presentaba alto contenido de metales. La causa aún descansa en la burocracia judicial. Voracidad minera y represión policial Hubo dos puntos de inflexión en Andalgalá. Cuando a fines de 2009 la población se enteró de que el gobierno provincial había habilitado la megaminería en el propio casco urbano de la ciudad. El proyecto se llamó “Pilciao 16” y estaba en manos de la empresa australiana BHP Billiton. Quizá como nunca antes las familias

San Juan, 13 de Abril de 2021 El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié estará este martes en el Complejo Astronómico El Leoncito, donde arribará a las 15 horas. El objetivo de la visita del integrante del Gabinete de Alberto Fernández es presentar una actividad de observación astronómica en uno de los dos observatorios localizados dentro del Parque Nacional. A las 17 horas, el ministro participará del Seminario Virtual: «Cambio Climático. Acciones para un ambiente saludable», organizado por la Fundación Internacional Para el Desarrollo Local. Fuente: Radio Nacional San Juan

En una entrevista exclusiva para elCimbronazo.com dialogamos con Gonzalo Evangelista, Coordinador de Litigios, Asuntos Legales y Acceso a la información Pública del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien nos comentó sobre los objetivos y acciones de dicho organismo y sobre algunos aspectos de la situación de derechos humanos en las provincias de Cuyo. San Juan, 13 de abril 2021 Los derechos humanos en la Argentina son una temática de larga data y vigencia, actualizada de manera constante ante los fluctuantes escenarios político-sociales que se presentan y desarrollan en los vastos territorios que hacen al país. Hace poco más de un año, ingresamos a un inédito periodo histórico, marcado por la pandemia del Covid-19. Ante esta situación de crisis sanitaria mundial, los primeros pasos asumidos por los gobiernos fueron restricciones individuales (presentadas como móviles necesarios para un “bien colectivo mayor”: frenar la expansión del virus), las cuales requirieron y requieren del despliegue de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos. En los últimos meses, varios crímenes cometidos contra ciudadanos y ciudadanas tuvieron lugar en este nuevo escenario social, crímenes donde diferentes fuerzas estatales han tenido participación. Uno de los casos de mayor resonancia a nivel país, fue el asesinato de Facundo Astudillo, joven secuestrado, torturado y desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020. Ante este escenario, nos propusimos dialogar con el abogado Gonzalo Evangelista, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gonzálo es abogado, tiene un Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, y en el ámbito académico, se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías de la Sede de San Rafael de la Universidad de Congreso e integra la misma cátedra en la Sede de Mendoza. Posee una amplia experiencia en Derechos Humanos, al respecto, nos cuenta cómo llegó a integrar la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. “Mi recorrido en la promoción y defensa de los derechos humanos comenzó en la facultad, mientras estudiaba. En el año 2010 participé de unas competencias de litigación y luego ingresé como ayudante alumno a la cátedra de derechos humanos, que en ese momento tenía como titular al Dr. Diego Lavado, con quien continúo trabajando. En el año 2014, animado por Diego, me acerqué a la Asociación Civil XUMEK y comencé a participar de sus actividades. Dentro de XUMEK, pasé por diferentes espacios, estuve en el área de violencia institucional, movilidad humana, litigios y, en el año 2019, fui Director Ejecutivo. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo que litigó causas importantes como el Segundo Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael, el caso conocido como “torturas de San Felipe”, y el caso “Provolo”.  ¿Qué es el Comité Nacional Contra la Tortura? ¿Cómo surge? “El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo creado por Ley N° 26.827, del año 2012. Comenzó a desarrollar sus funciones en el año 2018, luego de finalizar el procedimiento previsto para su conformación. Es el mecanismo nacional de prevención de la tortura establecido en virtud de compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. En el marco de la protección universal de los derechos humanos, existen varios tratados orientados a la prevención de la tortura. De acuerdo a la experiencia de los organismos de control, los hechos de tortura tienen características específicas, entre las que se destaca que se dan en un contexto de privación de libertad con algún grado de participación estatal, por lo que las víctimas están totalmente a disposición de las personas victimarias, quienes tienen control total de la situación, resultando muy dificultoso denunciar, conseguir pruebas y evitar represalias. Los mecanismos de protección se idearon con el desafío de prevenir la tortura en ese contexto. Para lograrlo, se propuso como estrategia principal, la creación de un órgano dentro de la ONU encargado de realizar visitas de inspección -sin aviso previo- a los lugares de privación de libertad (llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura), y que cada Estado que ratificara el tratado internacional paralelamente se comprometiera a crear un órgano de alcance nacional que cumpliera similares funciones. El CNPT es, precisamente, el organismo creado en Argentina a raíz de ese compromiso. Por eso, la ley aclara que ejerce sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (Ley Nacional N° 26.827, art. 6). Porque su función es controlar al Estado en materia de prevención de tortura y malos tratos. ¿Cuáles son las tareas, las funciones del Comité? ¿Quiénes lo conforman? “Las facultades y funciones están detalladas en extenso en la ley. Entre las principales se destaca: Prevenir la tortura y malos tratos en lugares de privación de libertad en Argentina mediante monitoreos y visitas de inspección. Oficiar de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otro Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes. Dar seguimiento a denuncias y casos de torturas, mediante diferentes intervenciones orientadas a impulsar investigaciones adecuadas a los estándares internacionales en la materia. Estas funciones permiten coordinar acciones con diferentes actores en todas las provincias, como autoridades públicas, mecanismos locales de prevención de la tortura (en las provincias que ya lo crearon), organizaciones de la sociedad civil, etc. ¿Cuál es la interacción que mantienen con la sociedad? ¿Las comunidades tienen acceso a él? ¿Cómo? “En efecto, este año se han mantenido gran cantidad de reuniones para impulsar la creación de mecanismos locales en las provincias que aún no tienen; se ha puesto en marcha el registro de organizaciones sociales que hacen monitoreos en cárceles y comisarias del país (para fortalecer sus acciones), y se abrió la convocatoria para integrar dos redes de profesionales para colaborar con el CNPT (profesionales de la salud y del derecho) En el año 2020, y lo que va del 2021, se han realizado visitas de inspección en Neuquén,

14 de Abril de 2021 La policía catamarqueña ingresó con violencia en los domicilios de varios integrantes de la Asamblea El Algarrobo, que se oponen a la instalación del proyecto Agua Rica. En un intento por acelerar el esclarecimiento del ataque contra las oficinas de Minera Agua Rica – Alumbrera (proyecto M.A.R.A), y la sede del PJ, la Procuración General de la Corte de Justicia determinó que el fiscal de quinta nominación Hugo Costilla se ponga al frente de la investigación. Con los allanamientos y arrestos librados durante la jornada de ayer por la fiscal subrogante de la segunda circunscripción judicial, María Soledad Rodríguez, se tensa el clima social en Andalgalá. El intendente Eduardo Córdoba continúa sin hacer apariciones públicas. Mientras que ayer, voces de la comunidad científica se manifestaron en favor de los grupos manifestantes. Hay descontento generalizado con la actuación de la fiscal Rodríguez, que recién a 48 horas de los hechos consiguió librar los primeros arrestos. En la noche de ayer se conoció que un equipo con Costilla a la cabeza será el encargado de agilizar la actuación judicial en Andalgalá. Desde horas tempranas del lunes personal policial irrumpió en domicilios de activistas antimineros. Al cabo de la jornada hubo seis detenciones de vecinos andalgalenses, entre ellos una mujer. Se espera que hoy sean puestos a disposición del juez de Control de Garantías, Roberto Cecenarro. Se conoció que entre los secuestros figuran cámaras de fotos, celulares y elementos que podrían servir para la elaboración de bombas molotov. La Asamblea El Algarrobo denunció persecuciones y violencia en los allanamientos, y difundió fotos de daños en los domicilios allanados: “todas las residencias quedaron destrozadas”, expresaron en redes sociales. Se conoció que el gobernador Raúl Jalil finalmente no viajará a Andalgalá por la situación de COVID, pero expresó que “estamos en una etapa de conversación. La violencia es mala para todos y creo que tiene que actuar la Justicia ante los hechos”. Legisladores de la oposición pidieron una reunión con el mandatario para conocer más de la actuación del gobierno ante los hechos: “Les pedí una conferencia conjunta cuando terminamos, pero dijeron que iban a dar expresiones individuales. Ellos (por los legisladores) pensaban que íbamos a intervenir Andalgalá, una cosa ridícula. No vamos a mandar ninguna intervención. Creemos en la democracia”, expresó. El delegado provincial de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), Gustavo Molina, acusó al intendente Eduardo Córdoba de ser uno de los responsables de los hechos: “Con sus declaraciones arrojó nafta al fuego. Creo que esto fue algo premeditado que iba a suceder. Lamentamos daños materiales, pero pudo sucederle algo a los compañeros”, dijo.  Se conoció, además, que 50 contratos de trabajadores que se encontraban haciendo el preocupacional dentro de la empresa perforista habrían quedado suspendidos. Hay, además, 100 trabajadores directos preocupados por su situación laboral. En tanto, el equipo de investigación de Ecología Política del Sur, integrado por profesionales del CONICET, CITCA y la UNCa (Universidad Nacional de Catamarca), emitió un comunicado, donde expresan: “Aunque sí, efectivamente violentas, las roturas y la quema de las oficinas de Yamana Gold, no dejan de ser una acción política; son la expresión colectiva de más de quince años de violentamientos que, mayoritariamente, el pueblo de Andalgalá viene sufriendo y resistiendo frente al poder estatal-corporativo minero que pretende instalarse y adueñarse de su territorio; destruyendo su territorialidad pre-existente y futura”, señalan. Por su parte, el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia), organismo dedicado a la promoción y defensa de los derechos humanos, que tiene a Adolfo Pérez Esquivel como presidente honorario, envió una nota al gobernador Jalil en la que piden la suspensión de las actividades de la exploración avanzada en Andalgalá. Señalaron que “las perforaciones y construcción de los 2700 metros de nueva huella minera producirían la afectación a la naciente del río minas, el cual es uno de los que da nacimiento al río Andalgalá y es el que provee de agua potable, tanto para consumo humano como para la agricultura a la población de Andalgalá”. El SERPAJ es un organismo con estatus consultivo en Naciones Unidas (ECOSOC) y estatus permanente en UNESCO. Fuente: Página 12

Buenos Aires, 09 de Abril de 2021 El proyecto regresará a Diputados para su sanción definitiva, porque el texto original recibió algunas modificaciones. El Senado aprobó el proyecto que busca incorporar al Código Penal un artículo sobre la prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, y giró el texto a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva. La media sanción se registró con 67 votos a favor y uno en contra (del senador Ernesto Martínez), y avaló una iniciativa que propone multas y prisión para combatir el acoso. El texto sancionado unificó dos propuestas, una de las cuales ya había recibido sanción de Diputados y resolvió incorporar una serie de correcciones que obligan a devolver el expediente a la Cámara baja. El texto original, cuya autora fue la exdiputada del oficialismo Victoria Donda, incorpora el artículo 129 bis, de prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos, al Código Penal. La propuesta establece multas de entre 3.800 a 20.000 pesos al que, mediante gestos o palabras con connotación sexual, contacto físico o arrinconamiento, perturbare la dignidad, integridad física, psicológica o sexual de una persona, con motivo de su género. La multa es mayor si la víctima es menor de 18 años o el autor es funcionario público o integrante de una fuerza de seguridad. La norma contempla, también, como medida obligatoria para los condenados la realización de talleres orientados a concientización y erradicación de este tipo de violencia y se incorporan políticas públicas de difusión y concientización en la Ley 26.485 de violencia contra las mujeres. La iniciativa sancionada incluyó propuestas de las senadoras Silvia Elías de Pérez y Guadalupe Tagliaferri (Juntos por el Cambio). La senadora por La Pampa Norma Durango (FdT), consideró a «esta iniciativa como una obligatoria consecuencia de la ampliación de los derechos de las mujeres y diversidades sexuales» y opinó que «desde la legislación hay que lograr que la calle deje de ser un ámbito hostil para las mujeres». Fuente: Página 12

Catamarca, 11 de Abril de 2021 Por Alejandro Maidana Desde este miércoles la empresa Yamana Gold de forma ilícita ingresa maquinaria para avanzar en el proyecto M.A.R.A. Agua Rica-Alumbrera. Los vecinos denuncian que la autorización provino del ejecutivo provincial catamarqueño. Sin licencia social la población permanece alerta mientras continúan los bloqueos de ruta selectivos. Los pueblos considerados sacrificables por las corporaciones mineras siguen consolidando su resistencia con la dignidad como estandarte. Un camino tan estoico como resiliente, una lucha inquebrantable contra un monstruo que ha sabido encontrar en el poder político, un ariete necesario para atropellar todo derecho que se le interponga. Se trata de una defensa irrestricta, para garantizar la preservación de aquello que oficia de garante de vida y futuro: el agua. Y es contra un neocolonialismo que impulsa, a través de la acumulación por desposesión, un capitalismo voraz dispuesto a seguir ensanchando la brecha social a como dé lugar. Los pulpos mineros avanzan de manera ilegal y sin licencia social, escondidos detrás de un escritorio político que oficia de garantía a la hora de justificar el saqueo. La violación de distintas leyes parece no mover el amperímetro del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, quien dio el visto bueno para «invadir» territorio andalgalense. Entre las extralimitaciones, podemos citar que la actividad minera viola la ley de Glaciares, la ley general del Ambiente, la ley de Bosque Nativo y los Derechos Humanos, garantizados por la Constitución Nacional y los convenios internacionales. También es preciso destacar que atropella la Ordenanza municipal 29/16 (que aún está vigente), donde se prohíbe toda actividad minera metalífera en la modalidad a cielo abierto y la actividad minera nuclear, bajo cualquiera de sus formas, en la cuenca alta del río Andalgalá. A lo antes mencionado, debemos sumarle que también se incumple el fallo de la Suprema Corte de Justicia, donde la misma reconoce el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, a la salud, a la integridad física y a la propiedad de todos los habitantes de la región. Ante lo explícito de la situación que se vive en Andalgalá, no hay duda alguna de que en tierras catamarqueñas manda la megaminería, aquella que se llenó los bolsillos gracias a los recursos naturales de esa expoliada provincia. Mientras tanto, la pobreza sigue avanzando a pasos agigantados, ya que la historia se empecina a demostrar una y otra vez que el extractivismo, solo puede generar angustia, hambre y desesperanza. El pueblo bravo de Andalgalá no baja los brazos Lejos de resignarse, aquellos que no piensan hipotecar sus días y el futuro de sus hijos a cambio de rancias promesas de progreso, siguen organizados, alertas y movilizados. “La renovación de la resistencia se reflotó hace 18 días, más precisamente para el Día Mundial del Agua; con la Asamblea el Algarrobo nos unimos a esa movida plurinacional. Fue en ese preciso momento donde un grupo de compañeros divisa un gran contingente de trabajadores mineros, desde ese día hemos decidido bloquear los dos accesos que tiene esta empresa minera hacía el lugar a expoliar”, le dijo a Conclusión José Martiarene, vecino de Andalgalá e integrante de la Asamblea el Algarrobo. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” > Te puede interesar: La Alumbrera, la historia detrás del saqueo y las promesas de progreso La resistencia y descontento por parte de la población resurgió nuevamente, ya que la integración de Agua Rica y la Alumbrera, formalizada en el 2020, dio vida a M.A.R.A. “De esa manera, todas las disposiciones legales que había con el viejo proyecto dejan de tener validez. Aproximadamente en junio de 2020, comienza a visibilizarse la información de que se impulsaban una serie de mesas de diálogo, con la falacia de que la información era pública, cuando en realidad eso no sucedió jamás en Andalgalá. La investigación llevada adelante por distintos técnicos arroja que el daño ambiental que van a disparar las distintas perforaciones será irreversible.” Cuando se apersonaban los habitantes de ese bello lugar catamarqueño, haciendo gala de su derecho al acceso a la información, el organismo de turno les ofrecía 6 tomos de unas 2.000 hojas cada uno. “Esto hizo que resultara imposible poder escudriñar con detenimiento cada ítem. Finalmente es el gobierno de Catamarca el que termina aprobando esos once pozos, otorgándole a la empresa la concesión y aclarando que esto se dio en septiembre, mientras que en diciembre se da la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza 29/16. Ésta prohibía la realización de cualquier actividad minera en las cuencas altas del río Andalgalá y fue impulsada la Corte Suprema de la provincia”. > Te puede interesar: La Justicia de Catamarca respalda el accionar de los pulpos mineros Lo que sucedió después de lo antes mencionado, fue que la provincia ingresa en una emergencia hídrica, y es allí donde se consolida la molestia y resistencia, ya que la empresa minera Yamana Gold se encontraba violando una cautelar de la Corte Suprema de la Nación, dos resoluciones del ministerio de minería y la decisión de un pueblo. “Cabe destacar que, para avanzar con el estudio de impacto ambiental, estas empresas primero deben contar con la licencia social del lugar que van a sacrificar, y acá en Andalgalá no la tienen. Sin embargo, y pese a todas las prohibiciones circundantes, esta empresa comenzó a avanzar, trascendiendo de que iban a comenzar a subir a través de otros departamentos como es el caso de Santa María en Belén. Este miércoles 7 de abril, un grupo de compañeros subió a través de un camino alternativo, pudiendo contemplar unas 30 camionetas con empleados en su interior, junto a algunos camiones y una máquina perforadora.” En 2019 desembarca una ONG (Fundación EcoConciencia) que es totalmente servil al extractivismo. Los hemos denunciado en varias oportunidades… su presidente tiene una «trayectoria» muy oscura.  Bajo este contexto, el pueblo de Andalgalá rechaza fervientemente este tipo de movimientos que buscan instalar desde la ilegalidad, una actividad sumamente destructiva para las cuencas de agua. “El rechazo popular está latente, también hay algo que queremos destacar y es