notas portada

LAS ACTUACIONES DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN LA REGIÓN DE CUYO. Entrevista a Gonzálo Evangelista.

En una entrevista exclusiva para elCimbronazo.com dialogamos con Gonzalo Evangelista, Coordinador de Litigios, Asuntos Legales y Acceso a la información Pública del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, quien nos comentó sobre los objetivos y acciones de dicho organismo y sobre algunos aspectos de la situación de derechos humanos en las provincias de Cuyo.

San Juan, 13 de abril 2021

Los derechos humanos en la Argentina son una temática de larga data y vigencia, actualizada de manera constante ante los fluctuantes escenarios político-sociales que se presentan y desarrollan en los vastos territorios que hacen al país. Hace poco más de un año, ingresamos a un inédito periodo histórico, marcado por la pandemia del Covid-19. Ante esta situación de crisis sanitaria mundial, los primeros pasos asumidos por los gobiernos fueron restricciones individuales (presentadas como móviles necesarios para un “bien colectivo mayor”: frenar la expansión del virus), las cuales requirieron y requieren del despliegue de las fuerzas de seguridad en los espacios públicos. En los últimos meses, varios crímenes cometidos contra ciudadanos y ciudadanas tuvieron lugar en este nuevo escenario social, crímenes donde diferentes fuerzas estatales han tenido participación. Uno de los casos de mayor resonancia a nivel país, fue el asesinato de Facundo Astudillo, joven secuestrado, torturado y desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 30 de abril de 2020.

Ante este escenario, nos propusimos dialogar con el abogado Gonzalo Evangelista, integrante del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Gonzálo es abogado, tiene un Máster en Protección Internacional de los Derechos Humanos, y en el ámbito académico, se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Derechos Humanos y Garantías de la Sede de San Rafael de la Universidad de Congreso e integra la misma cátedra en la Sede de Mendoza. Posee una amplia experiencia en Derechos Humanos, al respecto, nos cuenta cómo llegó a integrar la Secretaría Ejecutiva del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

“Mi recorrido en la promoción y defensa de los derechos humanos comenzó en la facultad, mientras estudiaba. En el año 2010 participé de unas competencias de litigación y luego ingresé como ayudante alumno a la cátedra de derechos humanos, que en ese momento tenía como titular al Dr. Diego Lavado, con quien continúo trabajando. En el año 2014, animado por Diego, me acerqué a la Asociación Civil XUMEK y comencé a participar de sus actividades. Dentro de XUMEK, pasé por diferentes espacios, estuve en el área de violencia institucional, movilidad humana, litigios y, en el año 2019, fui Director Ejecutivo. Tuve la oportunidad de ser parte del equipo que litigó causas importantes como el Segundo Juicio de Lesa Humanidad en San Rafael, el caso conocido como “torturas de San Felipe”, y el caso “Provolo”. 

¿Qué es el Comité Nacional Contra la Tortura? ¿Cómo surge?

“El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo creado por Ley N° 26.827, del año 2012. Comenzó a desarrollar sus funciones en el año 2018, luego de finalizar el procedimiento previsto para su conformación.

Es el mecanismo nacional de prevención de la tortura establecido en virtud de compromisos internacionales asumidos por el Estado al ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de Naciones Unidas. En el marco de la protección universal de los derechos humanos, existen varios tratados orientados a la prevención de la tortura.

De acuerdo a la experiencia de los organismos de control, los hechos de tortura tienen características específicas, entre las que se destaca que se dan en un contexto de privación de libertad con algún grado de participación estatal, por lo que las víctimas están totalmente a disposición de las personas victimarias, quienes tienen control total de la situación, resultando muy dificultoso denunciar, conseguir pruebas y evitar represalias. Los mecanismos de protección se idearon con el desafío de prevenir la tortura en ese contexto. Para lograrlo, se propuso como estrategia principal, la creación de un órgano dentro de la ONU encargado de realizar visitas de inspección -sin aviso previo- a los lugares de privación de libertad (llamado Subcomité para la Prevención de la Tortura), y que cada Estado que ratificara el tratado internacional paralelamente se comprometiera a crear un órgano de alcance nacional que cumpliera similares funciones.

El CNPT es, precisamente, el organismo creado en Argentina a raíz de ese compromiso. Por eso, la ley aclara que ejerce sus funciones sin recibir instrucciones de ninguna autoridad (Ley Nacional N° 26.827, art. 6). Porque su función es controlar al Estado en materia de prevención de tortura y malos tratos.

¿Cuáles son las tareas, las funciones del Comité? ¿Quiénes lo conforman?

“Las facultades y funciones están detalladas en extenso en la ley. Entre las principales se destaca:

  • Prevenir la tortura y malos tratos en lugares de privación de libertad en Argentina mediante monitoreos y visitas de inspección.
  • Oficiar de órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otro Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.
  • Dar seguimiento a denuncias y casos de torturas, mediante diferentes intervenciones orientadas a impulsar investigaciones adecuadas a los estándares internacionales en la materia.

Estas funciones permiten coordinar acciones con diferentes actores en todas las provincias, como autoridades públicas, mecanismos locales de prevención de la tortura (en las provincias que ya lo crearon), organizaciones de la sociedad civil, etc.

¿Cuál es la interacción que mantienen con la sociedad? ¿Las comunidades tienen acceso a él? ¿Cómo?

“En efecto, este año se han mantenido gran cantidad de reuniones para impulsar la creación de mecanismos locales en las provincias que aún no tienen; se ha puesto en marcha el registro de organizaciones sociales que hacen monitoreos en cárceles y comisarias del país (para fortalecer sus acciones), y se abrió la convocatoria para integrar dos redes de profesionales para colaborar con el CNPT (profesionales de la salud y del derecho)

En el año 2020, y lo que va del 2021, se han realizado visitas de inspección en Neuquén, San Juan, Mendoza, Formosa, San Luis y Buenos Aires. Los informes con recomendaciones van a estar disponibles en la página del CNPT luego de finalizado el procedimiento previsto en la ley.

De acuerdo a la ley, el Comité está conformado por una persona que representa al Poder Ejecutivo Nacional, seis al Congreso Nacional, tres a las organizaciones de la sociedad civil (actualmente, Gustavo Palmieri por el CELS, Diego Lavado por XUMEK y Josefina Ignacio por APP); dos representantes de los Mecanismos Locales de prevención de la tortura y el Procurador Penitenciario de la Nación. Además, cuenta con una Secretaría Ejecutiva integrada por diferentes direcciones y coordinaciones (entre las que se encuentra la de Litigios), encargada de dar cumplimiento a las decisiones que adopta el pleno del Comité.

La interacción con la sociedad es constante, sobre todo con las personas privadas de su libertad y sus familias. El CNPT tiene a disposición correo electrónico, celular y teléfono para recibir denuncias y distintas alegaciones sobre torturas, malos tratos y represalias posteriores a sus inspecciones. En general, se resuelve rápidamente mediante la intervención directa o la derivación en los puntos de contacto que el CNPT tiene en cada jurisdicción.

¿Podrías comentarnos sobre la situación de los Derechos Humanos en Cuyo? ¿Cuáles son ámbitos donde hay mayor vulneración de los mismos?

“En lo personal, considero que las provincias de Cuyo se destacan por dos problemáticas diferentes vinculadas a los derechos humanos. Por un lado, graves afectaciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA). Con una sociedad especialmente combativa en relación a los derechos ambientales, sobre todo en referencia al agua y los recursos naturales.

Esto último es muy importante, porque la protección internacional de los DESCA es muy compleja dado que los Estados no han asumidos idénticos compromisos que en relación a los derechos civiles y políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos es bien gráfica al respecto, establece como obligación asumida por los Estados partes la de adoptar providencias para lograr “progresivamente” la plena efectividad de los derechos y “en la medida de los recursos disponibles”, generando dificultades para sancionarlos. Por eso es esencial el control que pueda ejercer la sociedad, poniendo en evidencia las acciones que evidentemente resultan un “retroceso” contradictorio de aquella obligación de progresividad.  Asimismo, es muy importante poner en valor los esfuerzos de la sociedad por reclamarlos, porque son derechos que tienen características específicas, que les permiten a los estados estar exentos de condenas internacionales. De allí la importancia de las movilizaciones sociales para garantizar dichos derechos.

Por otro lado, sigue existiendo una marcada criminalización de sectores sociales claramente identificables (jóvenes pertenecientes a barrios humildes y personas pertenecientes a distintos grupos vulnerabilizados como las personas trans y de géneros diversos, población migrante, etc.). Las cárceles y comisarias dan cuenta de que son esos sectores los que ocupan gran parte de los lugares de privación de libertad.

En Mendoza, sigue usándose sistemáticamente la detención por averiguación de antecedentes prevista en la ley 6722 para detener sin mayores fundamentos a gran cantidad de personas. En San Juan, pasa algo similar con el sistema de flagrancia. Ha permitido una vía rápida para condenas por delitos menores, con procesos que en ocasiones afectan el derecho de defensa y garantías mínimas del debido proceso, teniendo como consecuencia un incremento considerable en la población penitenciaria.

En lo referente al acceso a la Justicia limitado que padecen varios sectores sociales, no sólo sectores con vulneraciones económicas, sino también vulnerados desde sus corporalidades: género, sexualidad, etnia.  ¿Consideras que la reforma judicial que se espera en el país podrá darle mejor respuesta a estos problemas de acceso a la justicia de determinados sectores sociales vulnerados como son las mujeres y disidencias? 

“Con respecto a este tema, creo que hay una confusión. Por un lado, se plantea una reforma judicial en el ámbito federal y es en materia estrictamente penal. Eso no tiene que ver, en principio, con la agenda de las organizaciones feministas, por ejemplo, las cuales también proponen una reforma judicial.

Por otro lado, y más vinculado a la agenda de los feminismos, hay una movida por darle perspectiva de género a la Justicia. Por ahí, en este marco, ha habido algunos intentos por vincular ambos temas y aprovechar la reforma. La propuesta que tiene que ver con el tema género en la justicia es, por un lado, que se exija capacitación para asumir cargos y para mantenerlos; por otro lado, que las resoluciones judiciales tengan en cuenta cuestiones básicas”.

Para contactos con el Comité podés hacerlo a través del siguiente número de whatsapp +54 9 11 3780-9470, y por denuncias hay que comunicarse al 1137817230.

Actualmente sigue abierta la Convocatoria para la conformación de una red de profesionales del derecho para apoyo del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT)”. Para más información podes consultar en el sitio web oficial del Comité Nacional para la prevención de la Tortura:

Categorías:notas portada

Deja un comentario