Debido a la investigación abierta en Jáchal, otra denucnia denuncia en el mismo juzgado más cuatro denuncias en la fiscalía de Rodríguez.  El Juez Pablo Oritja, del departamento cordillerano, pidió su detención. En total suman 7 causas. En menos de una semana Carlos Martínez, el ginecólogo acusado de abuso, sumó su séptima causa judicial y este viernes en la mañana llegó la primera orden de detención en su contra. Fue el juez Pablo Oritja de Jáchal quien pidió que sea detenido, mientras investiga una causa de 2017 y las declaraciones de otra supuesta víctima más que señaló al médico en marzo. El proceso contra Martínez se divide en dos juzgados. Por un lado está la causa que lleva el fiscal Carlos Rodríguez en la que existen cuatro denunciantes, dos de las cuales se sumaron en la mañana del viernes. Además hay dos casos en Jáchal, uno denunciado en 2017 y otro que ingresó al juzgado de Pablo Oritja en marzo. Por la investigación iniciada hace un año, en la cual hay declaraciones de la víctima y de otros testigos, habrían pedido la detención. En todas las denuncias las mujeres víctimas del abusador coinciden en el modus operandi del médico. Por su parte la institución dónde ejercía Martinez, Cymin, emitió un comunicado: «La Institución ha recibido en el día de la fecha (este viernes), en hora 10:55 hs. un Oficio del Juzgado que instruye la causa, en el que se solicitan informes relativos a una atención brindada por el Dr. Carlos Martínez en el nosocomio. En consecuencia, la Dirección Médica se encuentra a entera disposición para brindar oda la información que requiera la Justicia. Asimismo la institución ha decidido suspender todo tipo de prestación médica (consultas, cirugías, partos, etc.) que brinda a sus pacientes el Dr. Carlos Martínez», explicaron desde la dirección del nosocomio. «Por último, se informa que el vínculo existente con el Médico Dr. Carlos Martínez, es el de alquiler del Consultorio Externo para atención de sus pacientes. Cabe aclarar que el profesional mencionado en la denuncia no es Médico de Guardia de nuestra institución», señaló el comunicado.

La medida del juez Casanello alcanzó también a otros dos exfuncionarios. Trabaron un embargo por 2 millones. El juez federal Sebastián Casanello procesó al exsecretario de Minería, el sanjuanino Jorge Mayoral y de Ambiente, Sergio Lorusso, por el delito de abuso de autoridad en la causa que investiga las responsabilidades de funcionarios en el derrame de cianuro en la mina Veladero. El 13 de septiembre de 2015 se derramaron 1.072.000 litros de solución cianurada como consecuencia de la rotura de una válvula, que se quebró al congelarse. El juez Casanello sostuvo en su fallo que los exfuncionarios tenían un «poder de intervención», con obligaciones de control que no ejercieron. Y que a pesar de que la actividad era «altamente riesgosa», porque se manipulaba cianuro para extraer oro, «la empresa se controlaba a sí misma». El delito de abuso de autoridad por el que fueron procesados Mayoral y Lorusso castiga con una pena de prisión de un mes a dos años al funcionario que, entre otros supuestos, «no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere». El juez sostuvo que tanto la Secretaría de Ambiente como la de Minería tenían poder de intervención. Que la primera, como máxima autoridad ambiental a nivel nacional, debía velar por la utilización racional y la conservación de los recursos naturales, así como controlar los residuos peligrosos. El juez advirtió que la propia empresa había dado a conocer a la Secretaría de Ambiente varios derrames de solución cianurada previos a septiembre de 2015 y que los datos que le firma presentó nunca fueron contrastados por otros estudios. También, que no se sometían los materiales a ninguna fiscalización externa y que jamas se cuestionó que no hubiera sistemas electrónicos de alarma que reaccionaran de modo inmediato. El derrame del 13 de septiembre se advirtió porque lo notó un operario en una recorrida visual. En cuanto a la Secretaría de Minería, el juez afirmó que omitió cumplir con sus obligaciones de control y prevención de los impactos ambientales de la actividad minera. Dijo que se limitó a meros actos administrativos y que sus supuestos controles no detectó las falencias que después quedaron a la vista y que sí se advirtieron en las revisiones posteriores al derrame. Según Casanello, el «retraimiento» del Estado permitió espacios de discrecionalidad indebidos en una actividad que por su enorme riesgo debía ser objeto de un profundo y minucioso control. Casanello ordenó trabar embargos sobre los bienes de Lorusso y de Mayoral de dos millones de pesos a cada uno. En el mismo fallo procesó también a Beatríz Domingorena, exsubsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación. Lorusso ya estaba procesado, también por Casanello, por el incumplimiento de la ley de glaciares.

Cristobal Sánchez Moragues, expresidente del Colegio Médico y vicepresidente de la FEPU, advirtió que pueden aplicar diversas sanciones pero no pueden tocar la matrícula. Tras las diversas denuncias de pacientes contra el ginecólogo Carlos Martínez, consultamos sobre las medidas que pueden aplicarse, al ex presidente del Colegio Médico y vicepresidente de le Federación de Entidades Profesionales Cristóbal Sánchez Moragues el que indicó» el Tribunal de disciplina y el de Ética, pueden aplicar una serie de medidas que están establecidas. Deben analizar la situación, escuchar a las partes y al profesional, para luego determinar la sanción. Esto se ha realizado en otras ocasiones, más aún cuando ya tomó intervención la Justicia». Sobre la suspensión o quita de la matrícula, el médico explicó» el Colegio Médico, no tiene competencia en la suspensión o quita de la matrícula eso sólo puede hacerlo Salud Pública». Foto: Tn.com

Si bien quedan algunos casos pero creen que disminuyó un 80  por ciento respecto a la cantidad del año pasado. Iglesia, ministerio, municipio y policía, actuaron en conjunto. Hasta hace un año ir a San Expedito a cumplir una promesa o sólo a visitar el paraje significaba tener enfrente una manito suplicante cada tres pasos, ya sea con una estampita o simplemente pidiendo una moneda. En febrero de 2017, los diarios sanjuaninos  publicaban  una crónica titulada: «Los niños vendedores de San Expedito, un problema sin control», después de la cual el Ministerio de Desarrollo Humano y Promoción Social armó un plan para dar batalla a este problema conocido por todos, pero de difícil resolución. La estrategia incluía una tarea conjunta con la Policía de San Juan y el Municipio de Caucete. La semana pasada volvimos a ver qué pasaba ahora con los niños vendedores, y si bien un miércoles no genera el mismo movimiento de fieles que sábado o domingo, los vecinos se encargaron de informar que cada vez hay menos niños trabajando. Jorge Villegas, vendedor de uno de los locales frente a la parroquia dijo que la cantidad de niños trabajando mermó un 80 % respecto al año pasado. «Es notable y creo que el puesto policial también ayudó mucho porque acá la gente todavía respeta a la policía», dijo. A la vuelta, frente a la plaza en plena construcción, Julio Atencio enumeró las últimas mejoras del paraje entre las que mencionó «menos niños vendiendo». «Hay una chica que vive en la entrada y los fines de semana viene a cuidar autos acá, ella deja a los pibes en la casa, pero los niños se le vienen y se ponen a pedir. Igual mejoró mucho ese problema y era un problema porque a veces los turistas no podían ni caminar con tanto niño pidiendo», dijo. Omar Reinoso, jefe de la Unidad Operativa San Expedito (el nuevo puesto policial) dijo que tienen un oficio judicial de Caucete para que actúen e intervengan impidiendo el trabajo infantil en el paraje. «Hablamos con los mayores, se les explica que el niño no puede trabajar. Pero cuando no ven presencia policial los niños siguen haciendo lo mismo, cuando lo ven al policía que se acerca, se van», dijeron. Dos niños de entre 5 y 7 años se acercaron a un auto visitante, pero cuando advirtieron que los filmaban se escurrieron rápidamente por la calle. La escena indica que será necesario seguir trabajando.