El joven desapareció hace 18 días en Chubut, tras la represión de Gendarmería a Mapuches. Bullrich no entregó la lista de oficiales que participaron del operativo. El titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Eguiguren Praeli, afirmó que en los próximos días el organismo tomará una decisión acerca por la desaparición de Santiago Maldonado. «Hace pocos días la CIDH recibió una solicitud de medidas cautelares y también una denuncia de desaparición forzada del señor Maldonado. Nosotros ya hemos aprobado una resolución que debe estar en proceso de notificación que primero se le comunica al Estado por eso no quiero adelantar nada, pero que debe estar ocurriendo en estos momentos», afirmó Praeli. Al ser consultado sobre la responsabilidad el Estado en el rol de la Gendarmería y de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en el caso, informó que «El Estado es el que tiene que responder por los actos de funcionarios y puede ser condenado», aunque aclaró que la Justicia debe primero librar su debido proceso. En una entrevista en el programa radial Rompiendo Moldes de Radio Rebelde, el titular de la Comisión se refirió a la desaparición de Maldonado: a veces las cosas no suceden por gusto, porque los procesos de ella y su detención continuaron, el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre detenciones arbitrarias había dispuesto que se le ponga en libertad lo que nunca ocurrió». Además, agregó que «hubo un exceso de prisión preventiva. Tiene que ser una excepción y no la regla», Luego contó que cuando la visitaron en el Penal de Alto Comedero, vieron «una persona que se sentía acorralada, sometida a muchos procesos disciplinarios internos, cohibida, vigilada y sobre todo que sentía que vivía una situación de injusticia. No veía una luz al final, ya ni siquiera quería participar de los juicios. Vimos a una persona que estaba siendo sometida a un aniquilamiento».  

Lo hizo un ex comisario santafesino de la dictadura junto a otros reivindicadores del terrorismo de Estado, a través de las redes sociales. “Claramente hay un envalentonamiento de estos sectores desde que asumió Mauricio Macri, pero no nos van a asustar”, aseguró José Schulman. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) denunció agravios y amenazas de muerte contra su secretario nacional, José Ernesto Schulman, quien además es sobreviviente de la dictadura, testigo y querellante en causas por crímenes de lesa humanidad en Santa Fe, dos de las cuales se encuentran actualmente en instrucción y otra elevada a juicio oral. En el caso ya interviene la Fiscalía Federal de esa provincia, que pidió al juez Reinaldo Rodríguez investigar al comisario retirado Orlando Agustín Gauna y a otras tres personas identificadas como Marcelo Michelli Ramos, Ricardo Salomé y Horacio Ramella. Gauna comenzó los agravios y las amenazas contra Schulman el pasado 3 de agosto en la red social Facebook, donde lo llamó “mentiroso” y “dirigente del Partido Comunista” que “se paseaba en la década del 70 con una 38 en la cintura que seguramente no usaba para festejar los goles de Colón”. “Ahora con total hipocresía, se dedica a hacer falsas imputaciones contra uniformados, por supuestos delitos hoy llamados de lesa humanidad”, agrega el ex policía en otro posteo, mientras que Michelli Ramos comenta: “Un paseíto en avión por el Río de la Plata y listo”. Los comentarios no terminaron ahí. Después intervino Salomé, asegurando que “a todos estos soretes asesinos hay que escracharlos…”, a lo que Ramella propone “…colgarlo en la vía pública”, mientras que Gauna añade: “Como me gustaría”. Gauna integra la Asociación de Familiares y Amigos de las Victimas del Terrorismo en la Argentina (Afavita), que reivindica a los genocidas de la última dictadura cívico-militar. En esos años estuvo a cargo de la Comisaría Segunda de la capital santafesina, que formó parte del plan de exterminio que el Segundo Cuerpo del Ejército articuló con la Policía Provincial y otras fuerzas de seguridad. Si bien hasta el momento no tiene ninguna causa en su contra por delitos de lesa humanidad, el ex comisario se reconoce en su blog personal como “un represor” y además lo justifica: “¿Cómo se detiene el accionar de una horda de violentos? Reprimiendo con todo el rigor”. Schulman dijo a Contexto que “claramente hay un envalentonamiento de estos sectores desde que asumió Mauricio Macri, pero no nos van a asustar”. “He escuchado a los genocidas hablar de sus ilusiones en Macri y de sus expectativas de una pronta amnistía, algo que el pueblo argentino para nada va a convalidar. La sociedad nos ha acompañado siempre, como lo hizo masivamente el 10 de mayo en contra del 2X1 o el viernes pasado por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Así que vamos a mantener nuestros testimonios en los juicios por Memoria, Verdad y Justicia”, subrayó. El secretario nacional de la LADH también cuestionó al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, por su silencio frente a las “acciones de intimidación” que sufren de manera permanente testigos, abogados y jueces en la provincia de Santa Fe. “Alguien amenaza abiertamente con matar a testigos y defensores de los derechos humanos, y nadie dice nada. La Liga es un organismo reconocido por el Estado y pertenece a la Federación Internacional de Derechos Humanos. Esperemos que algún funcionario de la Secretaría se entere y diga algo”, completó Schulman. Desde la LADH recordaron que en marzo de 2005 apareció un féretro con una carta amenazante en la puerta del Juzgado Federal de Santa Fe a cargo de Reinaldo Rodríguez. Un año después, el mismo magistrado recibió otra amenaza por impulsar el juicio contra el ex juez federal Víctor Hermes Brusa, condenado a 21 años de cárcel en diciembre de 2009 por su participación en torturas y desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado. También indicaron que, años más tarde, “comenzarían las pintadas contra las Madres de Plaza de Mayo que desembocaron en la formación de Afavita”, la misma organización a la que pertenece Gauna. “Es hora de terminar con tanta impunidad y castigar como corresponde a los que pretenden instalar el miedo entre los luchadores por los derechos humanos y los testigos de los crímenes de Estado que fueron y seguirán siendo juzgados con todas las garantías para los imputados”, manifestó la LADH. Fuente: Contexto.com

Desde el viernes por la tarde el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario lanzó un paro en distintas plantas para expresar su apoyo por la muerte de un trabajador en la fábrica de Renova Timbúes. El Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario (SOEAR) inició un paro desde el viernes a las 18 luego de que un trabajador falleció en un accidente en la planta de Renova Timbúes. La huelga se realiza en la totalidad de sus plantas para expresar su apoyo y reclamar el fin de las muertes laborales, según informó El Cronista. “La responsabilidad es en primer lugar de las patronales que priorizan su rentabilidad ante cualquier consideración por la salud y la integridad de las personas que trabajan en sus plantas”, indicó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina en un comunicado y agregó que “son estas mismas grandes empresas agroexportadoras las que han sido beneficiadas por amplias medidas económicas y administrativas, aumentando sus ya extraordinarias ganancias”. El siniestro que tuvo lugar en la mañana, cuando una viga se desplomó cobrándose la vida de al menos un trabajador y dejando un número aún no determinado de heridos, señala la nota de El Cronista. “Ahora se anuncia que se pretende avanzar con una reforma laboral en beneficio de las patronales para flexibilizar los convenios, inspirada en la instaurada por el gobierno de facto de Temer en Brasil, que sólo generalizará la precarización y el deteriorio de las condiciones laborales en nuestro país”, agregó el comunicado. Por último, los trabajadores afirmaron que la “situación que ha empeorado con la reciente aprobación de una reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo que la volvió aún más perjudicial para el trabajador, que no previene el daño y dificulta el acceso al resarcimiento luego de sufrido el mismo. Fuente: InfoCampo

También a Laura Alonso. El funcionario había evaluado como consultor privado el impacto de las represas santacruceñas. La fiscal federal Paloma Ochoa requirió este viernes el inicio de una causa penal contra el ministro de Energía, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un subsecretario de Estado que regulará las represas en Santa Cruz. Fuentes judiciales informaron que la funcionaria del Ministerio Público también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA). Ochoa requirió al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal contra los tres funcionarios, que habían sido denunciados en julio pasado por el senador Fernando «Pino» Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale. La denuncia pidió que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de «abuso de autoridad» y «negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas». Según la denuncia Marcolini «como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra» de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. «La misma persona que realizó el informe (Marcolini) en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba», agregó. Según la denuncia fue «ilegal la designación de Marcolini como funcionario», y «está conectado con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo». Además, la denuncia aseguró que Alonso «tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG’s sobre este conflicto de intereses de Marcolini».

Este miércoles, trabajadores de prensa intentaron llegar hasta el territorio mapuche donde ocurrió la violenta represión que terminó con la desaparición de Santiago Maldonado, pero las fuerzas de seguridad cercaron la zona. En horas de la mañana de este miércoles, empezó a circular la información de que el juez Guido Otranto, quien está a cargo de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado el 1 de agosto, tras una violenta represión por parte de Gendarmería en el Lof Cushamen mapuche, a unos 200 kilómetros de Esquel, periodistas de Revista Cítrica -quienes ayer denunciaron en una publicación el relato de cómo Gendarmería golpeó y se llevó a Maldonado- se dirigieron al predio mencionado. Sin embargo, en la ruta vieja de El Maitén, la Policía impidió el paso de la prensa, «de una manera poco amable», según denunciaron los periodistas. No conformes con eso, no solamente no se identificaron -como correspondería a una fuerza de seguridad nacional- sino que, además, celulares en mano, filmaron el rostro de los ocupantes del auto, además del automóvil en sí, y la patente del mismo. En la ruta vieja de El Maitén, la Policía no nos dejó pasar. No se quisieron identificar y encima sacaron sus celulares para filmarnos. Después de que policías filmaran nuestras caras y la patente de nuestro auto, se acercó una patrulla de la Gendarmería para intimidar. En un claro ejercicio de amedrentamiento, además del acto de filmar, se acercó una patrulla de Gendarmería para aumentar la intimidación. Después del «estado de alerta» dictado por los habitantes de la zona, y tras el primer rastrillaje realizado por la Justicia a cargo de Otranto, las fuerzas de seguridad liberaron los tres accesos posibles hacia la comunidad, los cuales estuvieron cortados durante horas, dejando a la Lof literalmente aislada.

Más allá de las denuncias del gobierno nacional contra el presunto descuido del kirchnerismo en lo que hace a autosustentabilidad energética, lo cierto es que la estratégica empresa nacional hidrocarburífera no ha hecho más que retroceder en los últimos dos años. YPF perforó 60% menos pozos que en 2015, retrocedió en la producción gasífera y revisó a la baja sus compromisos de inversión para 2017. Desde la asunción de Mauricio Macri, la cantidad de pozos perforados por YPF acumula un retroceso del 41% en comparación con el primer semestre de 2015. Es cierto que es necesario considerar el contexto internacional, en el que el precio del barril de petróleo permanece amesetado en torno a los 50 dólares desde mediados de 2014, pero la producción de la petrolea de bandera pudo acomodar el impacto hasta casi fines de 2015 gracias a una política nacional de precios sostén al barril doméstico. También es destacable que, si bien el impacto del retroceso del valor internacional del crudo fue sentido por todas las empresas petroleras con inversiones en Argentina, YPF retrocedió 20% más que la media nacional en cuanto a nuevas perforaciones. Según un estudio del Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), la perforación de YPF cayó durante el primer semestre de 2017 un 46% en comparación con el mismo período de 2016 (un semestre que ya había registrado un retroceso de 27% contra 2015). Se perforaron apenas 143 pozos durante los primeros seis meses de este año, lo que incluso supera el valor más bajo registrado en los últimos años: 150 pozos en 2009. La producción global de crudo en nuestro país también retrocedió, registrándose un 8% menos que el año pasado, según confirma un informe del Centro de Estudios de Servicios Públicos y Privados con datos del Ministerio de Energía y Minería. El informe también constata un retroceso en la cantidad de pozos terminados en actividad a nivel nacional. Si durante los primeros meses de 2016 se registraban 560, en 2017 quedaron apenas 461. Esto se relaciona con la contracción de la producción en las dos cuentas que concentran el 90% de la productividad nacional, la neuquina y la del Golfo San Jorge. En la cuenca del Golfo se pasó de 340 pozos terminados en 2015 a 209 en 2016 y a sólo 136 este año (un descenso de 35% en el último año), mientras que en la cuenca neuquina había 322 pozos en 2015, 336 en 2016 y en 2017 se retrocedió un 11%, hasta llegar a 298. A nivel producción, se constató una retracción del 9 y 7% en las cuencas del Golfo y Neuquina, respectivamente. También cayeron el resto de las regiones productivas: Austral (-17%) Noroeste (-9%) y Cuyana (-4%). En cuanto a la producción gasífera, a pesar de que el ajustazo del ministro de Energía Juan José Aranguren les garantizó a los productores precios récord de 7,5 dólares el millón de BTU en boca de pozo (los más altos del mundo y en forma generalizada, cuando previamente sólo premiaba con un valor superior a las producciones “nuevas”, como forma de incentivar la extracción), la extracción de gas retrocedió 1% y disminuyeron las inversiones en el área. Según el informe citado, la producción gasífera de la cuenca neuquina, que concentra el 60% de la producción nacional, fue la única que subió (1%), mientras que el resto de las regiones productoras registraron marcados descensos: Noroeste -9%, Cuyana -7%, Golfo San Jorge -6% y Austral -1%. Parte de este escenario puede explicarse por la apuesta a la producción en Vaca Muerta (un yacimiento de petróleo no tradicional o shale), la joya nacional en cuanto a anuncios de inversión extranjera. Con el avance tecnológico que permite explotar estos yacimientos a costos competitivos, la apuesta de la petrolera de bandera parece pasar por desinvertir en otras regiones para concentrarse aquí. Por ello también los acuerdos con de flexibilización laboral con los gremios petroleros del área, que permite bajar aún más los costos productivos. El CEO de YPF Ricardo Darré explicó en una reciente entrevista que los costos de producción de un barril de petróleo en Santa Cruz o Chubut cuesta aproximadamente 30 dólares, a lo que hay que sumarle otros 20 en costos de operación y mantenimiento, más regalías e impuestos, lo que redondea un valor final superior a los 50 dólares que está pagando el mercado internacional. Por eso se fija la atención en estos emprendimientos de Shale oil que, gracias a nuevas técnicas y a las perforaciones horizontales, están pudiendo producir barriles a 40 dólares. Por esto Darré no descarta desinvertir en otras regiones (con ventas parciales o totales de emprendimientos de YPF) para financiar desarrollos en Vaca Muerta. En diálogo con Perfíl, Darré explicó: “YPF tiene costos adicionales, de investigación y desarrollo, por ejemplo, que otras compañías no tienen. Tal vez, una petrolera con menor escala logre bajar un 15% los costos de explotación de ese tipo de campos”.  En dónde no se “desinvierta” se buscarán acuerdos de flexibilización laboral similares a los de Vaca Muerta, para perseguir una rentabilidad que los CEOs presentan como esquiva. Por su parte, Daniel González, jefe de Finanzas de YPF, ya anticipó que el año cerrará con inversiones de la petrolera estatal “menores a las esperadas” ya que, según anticipó, YPF no llegará a 4 mil millones de dólares en gastos de capital este año. 2016 también fue un año de inversiones menores a las prometidas, ya que se invirtieron 4.300 millones de dólares, cuando la meta originaria iba entre 4.500 y 5 mil millones. Difícil que lluevan las inversiones extranjeras cuando la empresa nacional desinvierte. Semejantes resultados de YPF no pueden adjudicarse a una mala administración, sino que está claro que se trata de un plan nacional que, mientras pregona objetivos de soberanía energética, no deja de hacer retroceder a la hidrocarburífera de bandera, tal vez para hacerle más lugar a las petroleras extranjeras.

A través de la disposición 9289-E/2017, que fue publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso y la distribución de dos presentaciones de hisopos porque la empresa que los importa y comercializa no cuenta con «las debidas autorizaciones». Se trata de los artículos rotulados como «SPRING VALLEY por 100 hisopos flexibles – origen China – Importador N 14838/3-7 Industrias Iberia SAIC – PAMS n 25728» y «COTTON UP x 120 hisopos descartables flexibles con punta de algodón, Origen China, importador n 14838/3-7 – Industrias Iberia SAIC». La autoridad regulatoria explicó que, en el marco de una inspección, la firma importadora Industrias Iberia SAIC «manifestó que cuenta exclusivamente con habilitación municipal y certificado de inscripción en el Registro Nacional de Establecimientos Domisanitarios». «Se verificó el Registro de Productores y Productos de Tecnología y pudo constatarse que existe al menos un establecimiento habilitado como ‘Elaborador, fraccionador, acondicionador e importador de hisopos higiénicos absorbentes’, según Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social Nº 288/90 (normativa aplicable para productos absorbentes descartables de uso externo)», completó la ANMAT. Además, instruyó sumario sanitario a la firma importadora «por presunto incumplimiento a los artículos 1º y 2º de la Ley 16.463 y a la Resolución del Ministerio de Salud y Acción Social Nº 288/90».