En Santa Fe dieron de baja, por orden del Gobierno, una lista encabezada por un radical y estalló la interna. Estalló la interna entre el radicalismo y el PRO tras el cierre de listas. En medio de la polémica por el audio que se filtró del coordinador del macrismo en la Patagonia donde aprieta a un dirigente de la UCR, ahora el escándalo se mudó a Santa Fe. Es porque la Junta Electoral de la coalición que reúne a PRO con la UCR y la CC-ARI solo oficializó la lista que encabeza el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Albor Cantard, apoyada por el gobierno nacional. Es que esta Junta de Cambiemos en la provincia de Santa Fe rechazó la lista de precandidatos a diputados nacionales encabezada por el concejal rosarino radical Jorge Boasso. Ahora, este dirigente de la Unión Cívica Radical estalló y denunció «proscripción». El Gobierno realizó por lo bajo un acuerdo con el titular de la UCR e intendente de Santa Fe, José Corral, quien responde al macrismo. Boasso en 2015 fue compañero de fórmula de Miguel Del Sel en las elecciones a gobernador y presentó el sábado la lista «Fuerza para el Cambio», que fue rechazada por la Junta Electoral de Cambiemos «por no cumplir con requisitos básicos, como la presentación de avales suficientes». En declaraciones a Radio 10, Boasso dijo que el rechazo a su lista es «una negación de derechos asquerosa» y comparó la situación con la «Venezuela de Maduro». Además, anunció que apelará la medida. «Volvemos a las peores prácticas que uno se pueda imaginar», dijo Boasso al denunciar que su espacio fue «proscripto». «Hoy presentamos la revocatoria ante esta junta inquisidora, la van a rechazar y por supuesto jurídicamente corresponde la apelación en la Justicia Federal con sede en Santa Fe y eventualmente en la Cámara Nacional Electoral», manifestó Boasso. Con durísimas críticas a Corral, a quien calificó como «nefasto» y «el peor presidente que tuvo la UCR», dijo que la decisión de darle de baja su lista se debe a que las encuestas lo marcan ganador a él por sobre la que negociaron el radicalismo con el macrismo.

En una reunión de la comisión de Ciencia de la cámara baja, el bloque del FPV obtuvo los votos necesarios. Fuerte presencia de la comunidad científica. Con amplio apoyo de la comunidad científica, el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria logró hoy dictamen de mayoría en la Comisión de Ciencia para dos proyectos. Uno busca aumentar gradualmente las partidas presupuestarias para el sector de Ciencia y Tecnología, mientras que el otro amplía la cantidad de ingresos a la carrera de investigador científico. El primer dictamen aprobado con 20 firmas prevé una ampliación progresiva del presupuesto en el área de Ciencia y Tecnología hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2030 como piso. En el articulado se establecen mecanismos para evitar que se reduzca el presupuesto en los años de retracción de la economía. Actualmente, el presupuesto destinado al sector es de alrededor del 0,8% y no está regulado por ley. De convertirse en ley el proyecto en lo que queda del año, en 2018 las partidas asignadas al desarrollo del sector científico se incrementarían en un 78%, compensando de esa forma la caída que experimentó en 2016 y 2017. El segundo proyecto estipula la ampliación de la planta de investigadores del Conicet en un 10 por ciento hasta el 2020, garantizando así 1000 ingresos a carrera por año. Durante el 2017, el Gobierno efectivizó apenas 350 ingresos a carrera de investigación del Conicet pese a que habían sido 850 los seleccionados por las juntas evaluadoras, por lo que fueron desafectados 500 científicos. Fuente: infonews  

El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al ministro de Finanzas Luis Caputo para que se investigue un presunto delito por la decisión de emitir bonos a 100 años ante la posibilidad de «conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional». El fiscal federal Juan Pedro Zoni imputó este martes al ministro de Finanzas Luis Caputo para que se investigue un presunto delito por la decisión de emitir bonos a 100 años ante la posibilidad de «conductas delictivas en perjuicio de la Administración Pública Nacional». Zoni requirió al juez Ariel Lijo abrir la causa para investigar la maniobra y solicitó una batería de medidas relacionadas con la operación. «El presente impulso penal no puede soslayar el interés y trascendencia que reviste la temática denunciada, por las consecuencias y entidad de los perjuicios económicos que le generan al Estado Nacional las conductas imputadas», sostuvo el fiscal en su dictamen. Zoni advirtió además que «corresponde resaltar que en los últimos días se han expresado públicamente distintos especialistas vinculados a la operatoria de bonos que han realizado diversos cuestionamientos sobre el endeudamiento denunciado que justifican la apertura de una investigación criminal en orden a estos hechos». En la denuncia que fue realizada por el diputado Darío Martínez e impulsada por el fiscal se cuestiona la colocación de 2.750 millones de dólares mediante un bono en dólares al inusual plazo de 100 años, lo que el Ejecutivo calificó como un reflejo de la confianza de los inversores. Un grupo de diputados kirchneristas, encabezado por Martínez presentó una denuncia contra el presidente Mauricio Macri y parte de su gabinete por la colocación del bono a 100 años, a una tasa de 7,9%, operación que consideró que «no será algo bueno para el Estado». En la denuncia, fueron acusados por administración fraudulenta y cohecho Caputo, el presidente Macri; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el ministro de Economía Nicolas Dujovne. Para los denunciantes, «este fenomenal perjuicio descripto por el Estado, es equivalente al fabuloso beneficio que obtienen los inversores, que en un lapso mínimo de una hora desde el lanzamiento de este bono por parte del Gobierno Nacional, ya lo habían adquirido en su totalidad, excediendo tres veces con sus ofertas la cifra puesta a disposición.» Fuente: Minutouno

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa sobre las libertades religiosas que pone en vilo a la educación sexual y a la unión civil entre dos personas del mismo sexo. El Poder Ejecutivo envió un proyecto sobre las libertades religiosas que pone en peligro a la educación sexual y al matrimonio igualitario. Por el hecho, la organización Amnistía Internacional le envió una carta a Mauricio Macri para manifestar preocupación por el proyecto. Se trata del proyecto 0010/PE/2017 sobre Libertad Religiosa, remitido por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 12 de junio de 2017. «Según el texto, el proyecto busca consagrar una protección más completa a la libertad religiosa. Sin embargo este derecho ya se encuentra garantizado en nuestro país. En primer lugar, el artículo 14 de la Constitución Nacional consagra la profesión libre de culto, protegiendo la libertad religiosa y de conciencia. A su vez, el artículo 19 establece incluso que nadie será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe», afirma Amnistía en el comunicado.

Con la quita a los aranceles por importación, la compañía dejó de producir computadoras portátiles en Argentina. A partir de la de la quita del 35% de arancel a la importación de PC, notebooks y tablets, la empresa Banghó comenzó a importar computadoras de terceros con su propia marca. Aún mantienen la producción nacional de equipos de escritorio. A principio de año, la compañía despidió a 200 trabajadores debido a que cerró la fábrica de notebooks. Sin embargo continuaron con la producción de computadoras de escritorio en su planta del distrito tecnológico de Buenos Aires. Por su parte PC Arts (Banghó) no fue la única que cerro sus puertas y dejo a trabajadores en la calle. Air Computers (CX) cerró su planta de Rosario, con 100 empleados; e Informática Fueguina (BGH Positivo) cerró en Tierra del Fuego, dejando sin empleo a 165 trabajadores. Fuente: El Destape

Según le contó un sobreviviente a su hermano, Damián Pinelli les habría gritado a los pasajeros que se quedó sin frenos en los momentos previos al trágico accidente que dejó un saldo de 15 personas muertas. La causa de la Tragedia de Mendoza tienen una nueva hipótesis a partir del testimonio de un sobreviviente quien le habría contado a su hermano que momentos previos al accidente el chofer Damián Pinelli habría gritado que se quedó sin frenos. Claudio Sosa, hermano de David, profesor de danza y sobreviviente de la tragedia, aseguró en declaraciones televisivas que le contó que «el chofer gritó me quedé sin frenos, me quedé sin frenos». En la tragedia falleció su mamá que estaba acompañando a David, por lo que el sobreviviente no pudo decir mucho más a raíz del trauma que tenía por la situación. «Mi mamá era jubilada, y se ponía feliz con los viajes, porque ella no había viajado nunca, siempre se ocupó de nosotros», relató Claudio. Por el caso se están realizando las pericias correspondientes al micro, en tanto que se investiga a la empresa de la que eran propietarios ambos choferes: Damián que murió y su papá, Jorge, que se encuentra internado. Foto: Minuto Uno

Poco antes de comenzar la segunda sesión del Consejo del Salario en la era de Mauricio Macri, un informe de la Universidad de Avellaneda reveló que la actual remuneración mínima, vital y móvil cubre 28% menos de los productos de la canasta básica que al inicio de la gestión de Cambiemos. «El proceso de deterioro del poder de compra en la Argentina que se produjo durante el 2016 viene a revertir la tendencia que se presentó en gran parte de los 12 años precedentes», destacó el estudio académico. Desde 2003 a 2015 el salario mínimo creció 2.424% al pasar de $ 200 a $ 6.060, mientras que la inflación acumulada en ese período llegó a 845%. Solo en 2010, 2012 y 2013 los incrementos anuales del salario no fueron mayores a la inflación, mientras que en 2011 se retrajeron. Con la llegada de Macri al Gobierno el mínimo subió 44,24% a $ 8.060, entre diciembre de 2015 y mayo de 2017. Sin embargo, ese aumento no fue suficiente para mejorar el poder adquisitivo del SMVM. «En términos concretos el ingreso mínimo laboral vigente para junio de 2017 alcanza para comprar menos productos que el salario vigente en diciembre del 2015», subrayó el análisis del módulo de «Políticas Económicas», del Observatorio de Políticas Públicas, que coordina Santiago Fraschina. En diciembre de 2015 el mínimo era de $ 5.588 y alcanzaba para cubrir 4,39 veces la Canasta Básica Alimentaria, que mide la indigencia, y 2,4 veces la Total, que mide la pobreza, para una persona, según datos del Instituto de Estadísticas porteño. Transcurridos los 18 meses de gestión, el salario ahora solo 4,21 veces la CBA y tan solo 1,72 veces la CBT. En términos porcentuales, la caída del poder adquisitivo del SMVM fue de 28% en un año y medio. Si el salario mínimo se contrasta con la inflación anualizada, el retroceso en el poder de compra supera el 12%. «Entre diciembre de 2015 y mayo de 2017 los incrementos en el SMVyM fueron insuficientes para mantener el poder de compra», resaltó el informe, y continuó: «Mientras que a fines de 2015 el salario básico era de $ 5.588, en mayo de 2017 alcanzada $ 8.060, incrementándose 44,24%. Si tomamos la inflación acumulada publicada por el IPC de la Ciudad de Buenos Aires tenemos 57,05% para todo el periodo analizado, es decir que el aumento del salario se queda 12,81 puntos porcentuales por debajo de la inflación, perdiendo así salario en términos reales», remarcó la publicación de la UNdAv. Para Fraschina y su equipo de especialistas el nuevo salario mínimo debe ser «justo» y «equitativo» para brindar un «piso» en el combate contra la informalidad y el trabajo esclavo en «estratos vulnerables» y para ejercer «influencia» en otras variables económicas. Para cubrir las necesidades de una familia compuesta por dos adultos de 35 años, masculino y femenino, con dos hijos varones de 6 y 9 años, no propietarios de la vivienda familiar, ambos adultos con ingresos iguales al salario mínimo, vital y móvil, lo ubican por arriba de los $ 14.175. Ámbito Financiero recordó que el nuevo valor impactará de manera directa sobre un grupo de 200.000 trabajadores no regidos por convenios colectivos y, desde la sanción a fin de 2016 de la ley de Emergencia Social, en unos 400.000 planes sociales calculados en la mitad de ese valor. Por ese motivo, las agrupaciones como Barrios de Pie o CTEP piden llevarlo por encima de los $ 14.090 en que hoy se ubica la línea de pobreza. El año pasado el Presidente cerró las sesiones del Consejo que esta tarde se vuelve a reunir con incremento del 33%. En esta ocasión el Gobierno nacional espera convalidar alrededor de 20% ($ 9.672) que pactaron grandes gremios en paritarias como la Uocra, Upcn, Comercio y La Fraternidad. Sin embargo, el triunvirato de la CGT pretende estirar la suba al 25% ($ 10.075). Fuente: Ambito.com