Con la presencia del ministro del Interior Rogelio Frigerio y su vice, Sebastián García de Luca, los mandatarios provinciales -entre ellos Uñac- le entregaron al funcionario nacional una serie de cambios que esperan integrar en la propuesta del presidente. Este miércoles se realizó una intensa reunión entre los gobernadores argentinos -donde participó Sergio Uñac-, para analizar los alcances del nuevo Pacto Fiscal que propone el gobierno nacional y se da antes del encuentro con Mauricio Macri en Casa Rosada el próximo jueves. «En una intensa reunión hemos participado los gobernadores para analizar los alcances de este nuevo pacto fiscal», señaló Uñac, a la vez que advirtió que «hay muchos puntos que discutimos y se lo hemos expresado al ministro del Interior, Rogelio Frigerio». Es que Frigerio dedica sus horas a aunar criterios con los gobernadores del peronismo, por lo que se acercó hasta la sede del CFI, donde se realizó la cumbre. «Le expresamos lo que queríamos modificar y para escuchar algunas explicaciones de otros puntos que a nosotros no nos lograban satisfacer», añadió el gobernador a la vez que adelantó que se pasó a un cuarto intermedio para las 9 de la mañana del jueves, algunas horas antes de ver al presidente. «Veremos en términos finales cuales pueden ser las modificaciones propuestas por los gobernadores y saber si han sido aceptadas», dijo. En la reunión de hoy, de la que participan gobernadores de Cambiemos, aún persisten duras posturas de parte de algunos dirigentes, aunque la intención de Macri es avanzar en el pacto fiscal propuesto la semana pasada. Entre los puntos propuestos está el establecer la coparticipación del revalúo que propone el gobierno nacional; el cálculo periódico y automático de la compensación a cada jurisdicción provincial con la derogación del artículo 104; se busca no condicionar el fondo sojero y la compensación a la firma en cumplimiento del acuerdo; «invitar y no obligar» a los municipios a adherir a este esquema de pacto fiscal; buscar un nuevo esquema de actualización de los sistemas jubilatorios en el país y analizar las jubilaciones de privilegio que impactan directamente en el sistema previsional del país.
Peligro de cierre para un jardín para hijos de víctimas de violencia de género y redes de trata
Se trata del jardín «Los Ángeles de María», de Susana Trimarco, que asiste a 136 niños y tiene 98 en lista de espera. La madre de Marita Verón explicó que la gestión PRO recortó un 75 por ciento de la ayuda que recibía del Estado de la mano de CFK. Hace meses 23 trabajadores no cobran su sueldo, por lo cual tildó al macrismo de «sinvergüenzas». En medio de la etapa denominada por el presidente Mauricio Macri como de «reformismo permanente», que encierra diversos proyectos de reformas cuestionadas desde distintos sectores, y tras la aprobación de un Presupuesto 2018 que encierra un ajuste en áreas sensibles como Salud, se siguen conociendo ejemplos concretos de las consecuencias de estas decisiones. Es el caso del jardín maternal «Los Ángeles de María», fundado por la reconocida dirigente social Susana Trimarco, que está en serio riesgo de no poder asistir más a 136 niños hijos de víctimas de violencia de género y redes de trata debido a una vergozosa deuda del Estado nacional. Según publicó el diario local de Tucumán La Gaceta, Trimarco denunció que por la subejecución del presupuesto en un 75 por ciento por parte del gobierno nacional se generó un monto adeudado es de $3.300.000, con lo cual hace seis meses 23 trabajadores no cobran su sueldo, entre auxiliares y docentes, y está en riesgo la asistencia a 136 niños y otros 98 que están en lista de espera. «No me siento atacada. Yo las estoy escuchando como madre. Porque es muy difícil mi situación. Ya no está Cristina (Kirchner), ya no está la gente que nos ayudaba. Ha venido esta gente y nos han quitado el presupuesto. Y allá tenemos 3800 víctimas que estamos atendiendo», disparó Trimarco ante un abrazo simbólico de las madres de los niños que asistían al lugar, que reconocieron la labor de la madre de Marita Verón pero reclamaron para que el jardín pueda seguir brindándoles la ayuda que necesitan. Tras consignar que «es el Estado el que tiene que hacerse cargo», Trimarco arremetió con dureza contra el Ejecutivo de Cambiemos, a quienes atribuyó «la culpa» de lo que está ocurriendo con el jardín y los tildó de «sinvergüenzas». Según informó el mismo medio local, las madres de los alumnos asistentes reclamaron la continuidad de la institución ya que para ellas representa «una contención». La presidenta de la Fundación Marita Verón explicó que ya se reunió con representantes del gobierno provincial de Juan Manzur para resolver la situación. Aún está a la espera de una resolución, que espera será positiva. En relación al gobierno nacional, Trimarco pidió audiencia con Macri, pero todavía aguarda una respuesta. En su momento, el propio Presidente de la Nación le había regalado los muebles del casamiento para la fundación. Hoy, la subejecución pone en riesgo su continuidad.
Sergio Maldonado cuestionó la investigación y señaló: «Tengo más sospechas de que el cuerpo no estaba ahí»
En el día de ayer la familia Maldonado presentó un escrito por el cual expresaron las críticas a la resolución del Juez Lleral, que rechazó el pedido de incorporar un grupo de expertos independientes para colaborar en la investigación de la causa. Se adjunta a este comunicado el texto completo de la presentación. «La misma gente que estuvo haciendo rastrillajes anteriores fue la misma que después encontró el cuerpo de Santiago (en el río Chubut)», cuestionó Maldonado en declaraciones a C5N. Agregó: «Cuando digo no confió en nadie me refiero a eso. No puedo confiar en gente que antes participó y dice no haber visto nada y, de repente, un día vamos y encontramos el cuerpo ahí a la vista de todos». Añadió: «Vi los videos del día que se encuentra el cuerpo y ahí me permite ver y darme cuenta de un montón de cosas que (hacen que) sospeche más que el cuerpo no estaba ahí». Además, pidió que el juez anterior de la causa, Guido Otranto, declare por haber dicho que una de las hipótesis era que Santiago Maldonado se había ahogado, antes de que el cuerpo fuera encontrado. «Queremos que Otranto declare porque él dijo, en una nota, que su hipótesis era que Santiago se había ahogado. Eso después pasó. Queremos saber qué datos tenía», apuntó. Sobre los resultados que estarán el próximo 24 de noviembre, afirmó: «Ahí dirán las condiciones de cómo murió, si realmente ahogado, o cómo fue la muerte, pero no vamos a saber nada porque no tenemos una investigación como tendría que ser». Finalmente, dio por válida la versión de que se habrían encontrado billetes en buen estado en el bolsillo de Santiago Maldonado: «Es lo que tenemos, no lo pude ver, pero tenía plata. Es raro que si un cuerpo estuvo 78 días en el agua (el billete) esté en esas condiciones». COMUNICADO COMPLETO DE LA FAMILIA MALDONADO: Entre los puntos centrales: volvimos a pedir que se garantice una investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a fin de conocer las circunstancias de la muerte de Santiago. Recordamos que, pese a la cuestionable actuación de funcionarios de alto rango del Ministerio de Seguridad de la Nación, siguen a cargo de la investigación únicamente fuerzas de seguridad dependientes de dicha institución. Requerimos la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que supervise y coadyuve a la investigación que realice el Juez, según lo recomendado por el Comité de Desaparición Forzada de la ONU (nota 6/10/17). La audiencia fijada para el día 24 de noviembre debe ser el comienzo de la investigación y no el final. A partir de allí, un equipo independiente, estable y multidisciplinario debería recorrer de modo exhaustivo el lugar de los hechos y hallazgo del cuerpo, interrogar a distintas personas claves para probar qué ocurrió –que todavía no declararon en la causa-, recoger los restos de la fogata que realizaron los gendarmes el 1 de agosto de 2017, disponer pericias que surjan de esas investigaciones (planimetrías detalladas de cada declaración prestada para destacar concordancias, diferencias y complementariedad entre los relatos y otros hallazgos ya realizados y los aún pendientes), entre otras medidas por cumplir. Entendemos que el Juez Lleral debe aplicar la Guía Nro. 9 para profesionales sobre Desaparición forzada y ejecución extrajudicial: Investigación y sanción, del Comité de Juristas Internacionales e incluir en la investigación el modus operandi o contexto del accionar de distintos integrantes de Gendarmería y fuerzas policiales de la zona, como indican los protocolos referidos a hechos de tortura u otros tratos inhumanos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas (Protocolo de Estambul, Protocolo de Minesota, entre otros). Solo así podrá avanzarse en la investigación exhaustiva, efectiva, imparcial e independiente a la que tenemos derecho como víctimas. Señalamos que la referencia al objeto de la instrucción es genérica y adaptable a cualquier procedimiento penal. Entendemos que esa falta de precisión llevó a que se investigue cualquier cosa menos una presunta desaparición forzada de persona, ahora agravada por muerte. Reiteramos que el Poder Ejecutivo Nacional (en particular, por las declaraciones de la Ministra de Seguridad) proyectó su influencia sobre la investigación. Por esta razón, solicitamos al Señor Juez que designe un grupo de expertos independientes que, según su criterio, puedan colaborar con la investigación. Rechazamos que la Justicia haya ejercido sus deberes y facultades en procura de la búsqueda y hallazgo de Santiago y bregado para garantizar el derecho a la verdad de sus familiares. La remoción del Juez original de la causa exime de mayores comentarios. Exigimos que sea el Estado, como titular de la acción penal, el principal responsable del avance en la investigación sobre la muerte de Santiago. Como particulares damnificados, nosotros intentaremos seguir colaborando en la causa, pero, en modo alguno, se nos puede exigir un rol distinto al previsto en la normativa vigente. Verdad y Justicia para Santiago.
Crisis: OCA podría dejar de trabajar en diciembre
Son 15 días los que restan para que se venza el plazo para regularizar su situación con la AFIP y extender su licencia como operadora de servicios postales. Menos de un mes es lo que le quedaría de vida comercial a OCA. La mayor empresa de correo privada del país tiene plazo hasta el próximo 5 de diciembre para regularizar su situación con la AFIP y lograr que el Gobierno le prorrogue la licencia como operadora de servicios postales. Ese día vence el permiso para que la empresa siga operando mientras negocia un programa de pago de su deuda con el ente recaudador. Se trata de un monto cercano a los $500 millones por haber usado impuestos retenidos de terceros para financiarse y la suma aumenta en alrededor de $120 millones por mes. Para extender el permiso, OCA debe contar con el correspondiente libre deuda de la AFIP o no podrá seguir prestando sus servicios. La empresa actualmente opera con un permiso precario por 60 días que ya caducó. Las firmas postales deben presentar cada tres meses sus papeles vinculados con sus operaciones y cada año revalidar la actividad ante los organismos oficiales. El trámite de renovación es casi automático: deben abonar $5.000, llenar varios formularios y solicitar un certificado fiscal ante la AFIP. En el Gobierno evalúan la hipótesis de su eventual disolución como sociedad y una posible quiebra en el marco del concurso preventivo de acreedores que ya presentó y que se tramita en un juzgado de la provincia de Buenos Aires. En la actualidad, OCA cuenta con 150 sucursales, 2.000 agentes oficiales, casi 7.000 empleados y una flota de 1.000 vehículos, todo lo cual está en riesgo si finalmente se queda sin licencia. Según su dueño, Patricio Farcuh, existe un plan para dejarlo fuera del negocio y la complicada situación financiera que padece la empresa fue provocada por desfalcos cometidos por referentes del gremio de Camioneros que manejaron OCA durante un período de casi 10 meses cuando lo echaron por la fuerza de su cargo, de acuerdo a lo informado por profesional.
Encuentro de Lecturas
En día sábado 18 de noviembre, a las 19 horas, en la Biblioteca del Museo Franklin Rawson se unen dos espacios que le dan un lugar preponderante a la literatura, Micrófono abierto del Espacio Cultural Feria de las Pulgas y el Taller Literario «Tramando Textos». La voz de todo el que participe será escuchada, además los talleristas harán una puesta en común de los textos logrados. La entrada es libre y gratuita y no hace falta inscripción previa. Animate y participa.
Los gobernadores se reúnen nuevamente para armar una contraoferta al Gobierno nacional
Luego del encuentro en el CFI, los gobernadores opositores le responderán hoy a la Rosada por la propuesta de pacto fiscal. Quieren más flexibilidad y plazos para la reducción de Ingresos Brutos. El mapa desigual de Ingresos Brutos es un problema y, a la vez, podría servir de solución. La eliminación y baja de ese impuesto que Mauricio Macri impone en su pacto fiscal aparece en el podio crítico que los gobernadores opositores discutirán mañana con un doble plan: diseñar una contraoferta técnica y acordar una posición uniforme. Firman todas o ninguna. En el CFI, temprano, se reunirán los ministros de Economía -que ya fueron juntando objeciones y demandas- para bosquejar la «contraoferta» que al mediodía pulirán sus jefes antes de enviarla por mail a la Rosada. Las provincias tienen un repertorio de correcciones y tachas al plan PRO. No sólo las opositoras que forman el eje CFI. También, en voz baja, se quejan mandatarios de Cambiemos. Alguno, incluso, podría participar de la reunión. Uno de los puntos más picantes es el esquema para suprimir IIBB para la producción y limitar la alícuota a un 4%. Esa reforma golpea feo a varias provincias -Misiones y Mendoza, por caso- daña a casi todas y sólo no afecta a un par. En San Juan la exención es casi plena. En Córdoba se bajó, pero comercio está arriba del 4 por ciento. En Buenos Aires, que descansa sobre los fondos extra del pacto, comercio está en 5 o más. La hoja de ruta sobre la que se enfocarán ministros y gobernadores es dual: fijar en 5 por ciento la alícuota máxima y establecer un régimen diversificado que no estandarice valores y regiones. Quieren, también, que la progresión mude el dead line del 2022 al 2025. ¿Argumentos? Nación pide bajar/eliminar IIBB pero no contempla ningún esquema de compensación directa sino que ofrece la «solución del mercado» que se sintetiza en el siguiente silogismo: bajan los impuestos provinciales, crece la economía, se recauda más IVA y Ganancias por lo que coparticipan más fondos a las provincias. «Como teoría es muy linda», dice un peronista que recolectó posturas y propuestas de las demás provincias. La diversidad puede ir a una contraoferta para que la baja y las alícuotas impacten menos en las provincias que tienen mayor dependencia de IIBB. Como el hueco de Ingresos Brutos se cubriría con coparticipación federal, en la discusión entra la cuestión de Ganancias. El fin del artículo 104° tiene como lado B que lo recaudado por cheque va todo a ANSeS. Pero como ese tributo se podrá deducir de Ganancias y el revalúo impositivo también afectará esos ingresos, las provincias temen que se reduzca los fondos a coparticipar. Una doble navaja: baja la recaudación propia por IIBB y baja, además, lo recaudado por Ganancias que se reparte entre las provincias. Otro punto que los gobernadores quieren retocar es la renuncia a demandas ante la Corte. En Nueva York, Macri le planteó a Miguel Lifschitz el tema, ya que Santa Fe tiene una sentencia por el 15 por ciento de ANSeS. El gobernador le anticipó su negativa. En Casa Rosada señalan a San Luis, de Alberto Rodríguez Saá, y La Pampa, con Carlos Verna, como las provincias díscolas que se niegan a firmar. Ayer se confirmó que Macri encabezará la reunión del jueves, en un intento por meterle presión a los gobernadores. La cita en el CFI servirá para unificar no solo letra y demandas, sino sobre todo postura política. Algunos mandatarios son más proclives a firmar, en la medida que haya correcciones, y otros se muestran más duros. La compensación multimillonaria a la provincia de Buenos Aires es otra bomba sucia. En las provincias cayó pésimo que el documento inicial no figure los montos y aparezcan, luego, con 21 mil millones para 2018 y 44 mil millones para 2019. “Es cierto que es plata de Nación, pero lo que va a Buenos Aires deja de ir a las demás provincias”, sintetiza un funcionario provincial. Con 36 horas por delante para discutir entre los mandatarios y negociar con Nación, era pocos, muy pocos, los que apostaban a que el jueves se firme el pacto fiscal de Macri.
Desde el Gobierno buscan modificar la Ley de Glaciares para favorecer la minería
Mauricio Macri ordenó, analizar y trabajar en el tema tras una reunión sectorial; quieren mandar la iniciativa al Congreso en febrero. El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas. Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente. La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente. En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos. Representantes provinciales Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial. En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Este último confirmó a LA NACION: «El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar [las áreas donde operan los congelamientos]. Algunos consideran que eso podría llegar hasta la provincia de Buenos Aires, sólo porque hay heladas», resumió. E insistió: «Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial». Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión. Los asistentes se llevaron de la reunión con Macri más de lo que esperaban. Las últimas referencias al tema habían pasado por la necesidad de reglamentar la ley vigente, algo que Macri no hizo, entre otras cosas, porque los equipos técnicos de diferentes ministerios no lograron ponerse de acuerdo en un texto final. Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente. El Presidente descarta que se meterá en un terreno fangoso con el intento de modificar la ley. Tiene el ejemplo cercano de su antecesora Cristina Kirchner. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha. Una iniciativa polémica Freno industrial En una reunión del Presidente con empresarios, sindicalistas y provincias se acordó trabajar en un texto menos restrictivo que la norma actual. Ley vigente La ley actual fue aprobada en el kirchnerismo en medio de una fuerte polémica, pero nunca terminó de entrar en vigor por demoras en ciertos pasos. Inversión Según los privados, hay US$ 18.000 millones de potencial inversión frenados por la indefinición sobre glaciares. Tres partes que están de acuerdo El Gobierno El propio presidente Macri se comprometió a liderar el proyecto de reforma de la ley, para que esté listo en febrero. El ministro Aranguren había advertido que la actual ley no incentiva la inversión y afecta a varios proyectos hidroeléctricos. Las empresas La CAEM, presidida por Marcelo Álvarez, plantea, en coincidencia con el Gobierno, que la ley actual frena inversiones. En la gestión de la reunión con Macri estuvieron empresarios de renombre como Eduardo Elsztain y Carlos Miguens. El gremio Héctor Laplace, jefe de los trabajadores nucleados en AOMA, dice que «nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar», porque no está bien definido en la ley, lo que impide hacer minería en la Cordillera.
Educación: el ciclo lectivo 2018 ya tiene fecha
Fue consensuado entre las jurisdicciones y se ratificará en el Consejo Federal. Santa Cruz y San Luis quedaron fuera del acuerdo. A poco más de un mes de finalizar el ciclo lectivo 2017, pese a que aún no se anunció en forma oficial, ya existe un acuerdo sobre los extremos que planteará el calendario escolar del año que viene. Las distintas jurisdicciones, a excepción de San Luis y Santa Cruz, consensuaron comenzar las clases el 5 de marzo y terminarlas el 14 de diciembre. Luego, cada distrito tiene cierto margen de maniobra para definir, por caso, los días que comprenderá su receso invernal a desarrollar en julio. Asimismo, como es habitual, la semana típica de desfase entre los distintos niveles también se replicaría en 2018. La secundaria arrancaría siete días más tarde que la primaria. La confirmación del calendario oficial se dará en el Consejo Federal, en el que participarán el ministro de educación nacional Alejandro Finocchiaro y todos los ministros provinciales. El encuentro se realizará en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, entre el 5 y 6 de diciembre. Las dos provincias que se apartaron del consenso lo hicieron por motivos dispares. San Luis, por su parte, suele tomarse ciertas licencias a la hora de delinear su calendario escolar y desoír los acuerdos generales. Santa Cruz, en cambio, todavía tiene grandes dificultades para reacomodar su ciclo lectivo 2017 debido a los 105 días de paro docente que dejaron a los chicos sin clases. En agosto, el Consejo Provincial de Educación santacruceño estableció que el calendario primero se extendiera hasta el 22 de diciembre para luego retomar el 1° de febrero hasta su finalización el 31 de marzo del año próximo. A su vez, determinó que el ciclo 2018 empezaría el 1° de abril y terminaría el 21 de diciembre. Sin embargo, la medida despertó un fuerte rechazo por parte de los gremios. En tanto, la Provincia de Buenos Aires que, aunque muy lejos de Santa Cruz, quedó en el segundo lugar en el ranking de pérdida de días de clases -17 en el año por el conflicto con los gremios docentes- también se acoplará al calendario consensuado.
Renunció Caballero Vidal
Seguirá en su cargo, percibiendo sueldo hasta que ANSES le otorgue el alta al beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, el haber es de un monto superior al de fiscales y jueces. En la mañana de este martes, se conoció la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal tras el ingreso a la Cámara de diputados del pedido de inicio de juicio político que solicitó el juez federal Leopoldo Rago Gallo al cortista, imputado por delitos de Lesa Humanidad. Tras la renuncia al cargo acogiéndose a la jubilación evita el juicio político, pero sigue la causa en la que está imputado por presuntos delitos de Lesa Humanidad. Cabe consignar que seguirá en su cargo percibiendo su sueldo, hasta que ANSES le otorgue el alta del beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, la jubilación es de un monto superior al de fiscales y jueces. El fiscal Francisco Maldonado le imputó a Caballero Vidal ser partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, robo agravado, integrante de una asociación ilícita, de no promover la investigación penal y de amenazar al abogado de una persona que fue detenida ilegalmente. El pedido del Ministerio Público tuvo su origen en un testimonio que se brindó el 8 de mayo pasado en el tercer juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia. Uno de los testigos que declaró en la causa Cevinelli, el abogado Pedro Bayugar, dijo que en un encuentro que mantuvo con Caballero Vidal en 1977, en ese entonces juez Penal, sobre un pedido para recuperar ciertos bienes de su cliente, Héctor Cevinelli, (bienes robados por el grupo de tareas que secuestró a Cevinelli) el magistrado sacó una pistola y le expresó que se olvidara de lo sucedido. Posteriormente el fiscal amplió la imputación, imputándole a Caballero Vidal el delito de “omisión de investigar la muerte por presunto ahorcamiento” que sufrió Ángel José Alberto Carvajal mientras estuvo preso en el Penal de Chimbas durante los años de la dictadura militar, época en la que el cortista era juez penal. La autopsia determinó que Carvajal había sido picaneado. Tras conocerse la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal, este al salir de Tribunales, pasado el mediodía, fue consultado por los medios sobre el pedido de juicio político del juez Rago Gallo y su decisión de renunciar a lo que respondió «ninguna declaración, les van a dar un comunicado de prensa, lo que sí reitero como siempre es que estoy a disposición de la justicia”. Ante la insistencia, de la prensa sólo dijo»renuncié para facilitar todo y ponerme a disposición de la Justicia». Sobre la imputación del Fiscal Maldonado sobre presuntos delitos de Lesa Humanidad Caballero Vidal señaló «me voy a defender y la sociedad va a saber todo», para luego subir al auto y salir de la playa de estacionamiento de Tribunales.
No habrá bono de fin de año para jubilados, ni asignaciones
Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos. El año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima. Pero, según consideran en Balcarce 50, «este año es distinto». «No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe», indican. En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. «Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016», exponen. En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre 2.000 pesos y 3.500 pesos. Sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos 2.200 pesos que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular. Esos 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.
El Juez Rago Gallo solicitó la destitución del cortista Caballero Vidal
Tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar. Solamente evitaría el juicio político si renuncia a su cargo y se jubila. El juez Rago Gallo solicitó la destitución de su cargo, tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar al cortista Juan Carlos Caballero Vidal, cuando éste era juez de primera instancia. De esta manera, ahora la decisión está en manos de los diputados quienes deberán realizar una investigación sobre el caso y tomar una resolución. Recordemos que la causa se inició el 8 de mayo pasado con el testimonio de Pedro Bayugar en una audiencia por el segundo megajuicio por delitos de Lesa Humanidad. Pedro Bayugar declaró como abogado de Héctor Cevinelli, docente de la UNSJ detenido y torturado durante la dictadura militar y manifestó que en 1977 fue a ver al juez en primera instancia Juan Carlos Caballero Vidal para decirle personalmente que había aparecido Civinelli. Y que Caballero Vidal le manifestó que sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y posteriormente le expresó “bueno supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”. Mientras sacó una pistola 9 milímetros del cajón y la puso arriba del escritorio. A lo que yo contesté: »»»»»»»»»»»»»»»»Sí sí, claro. Chau”. Caballero Vidal podría evitar el juicio político solamente de una manera. Esta es renuncia a su cargo, evitar por lo tanto el juicio y jubilarse. De esta manera, su proceso de juicio pasaría a archivo por convertirse en abstracto y solamente sería investigado por encubridor de militares.