Más de 3 mil personas marcharon por el centro de Santiago denunciando la impunidad que intentan imponer el gobierno de la Nueva ‘Minoría’ y la derecha en favor de los poquísimos criminales de delitos de lesa humanidad que se encuentran actualmente detenidos, casi todos en el Penal-Hostal Punta Peuco. Los manifestantes, que respondieron al llamado efectuado por el Coordinador de Organizaciones Sociales y de Derechos Humanos, se desplazaron desde Plaza Italia hasta la céntrica Plaza de Armas exigiendo terminar con la impunidad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad; con los beneficios para los criminales procesados (a quienes sus cercanos, el gobierno y la derecha pretenden mostrar como unos ‘pobrecitos’ y ‘enfermitos’ ancianos) y por la salida del Comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, quien recientemente justificara las miles de ejecuciones, desapariciones y torturas de detenidos políticos posgolpe, con la excusa del “acatamiento de las órdenes”, pretendiendo así disculpar a cierta oficialidad que cometió tales atrocidades o bien mandó a otros a cometerlos. Recordemos que el pasado 9 de julio, durante la ceremonia del “Juramento a la Bandera” y que contó con la presencia de Michelle Bachelet, Oviedo aludió directamente a la situación que vive un centenar de exuniformados, quienes se encuentran procesados por su participación en graves violaciones a los derechos fundamentales perpetradas durante la dictadura cívico-militar (1973-1990). Oviedo, en su discurso, hizo referencia a la “angustiante y dolorosa” situación en la que se encontrarían varios militares acusados que, “en su momento se vieron obligados a acatar órdenes”. El jefe del ejército chileno agregó que “en la actualidad, muchos de los entonces jóvenes militares comparten junto a sus familias un destino impensado, angustiante y muy doloroso”. Bochornoso resultó el hecho que el ministro de defensa, José Antonio Gómez, presente en esa oportunidad, le siguiera las de abajo al “atribulado” jefe milico refrendando el cuento del “contexto histórico” para justificar la masacre (tanto más vergonzoso si atendemos a que este pánfilo sujeto es hermano de Juan Carlos Gómez Iturra, Loquillo, un insigne dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR, asesinado a sangre fría por los pacos el 21/6/1979). En verdad, los que sufrieron situaciones extremas de angustia y dolor fueron las víctimas de todo el ingenio del odio que se abalanzó sobre el movimiento popular desde el mismo 11 de septiembre de 1973, y para todas ellas, sus familias y compañeros la justicia ha sido demasiado brutalmente en la “medida de lo posible”. El compañero Higinio Espergue, presidente de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi y participante en la marcha de este viernes, señaló que la impunidad respecto de los crímenes de la dictadura no garantiza para nada la justicia de hoy. “Esto se evidencia claramente en las declaraciones de Oviedo, y que la única forma de oponerse a ella es movilizándonos con fuerza para exigir el respeto absoluto a los derechos humanos”, aseveró. Además, el dirigente y ex Preso Político en dictadura consideró una ofensa situaciones que se han difundido, como pensiones millonarias a exmilicos falsamente enfermos, siendo todas ellas razones para fortalecer el movimiento tras 27 años de seudodemocracia. En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, expresó: “Le pedimos al gobierno que le solicite la renuncia al comandante en jefe del ejército, por vulnerar con sus declaraciones, el rol no deliberante que le corresponde a la institución, aspecto que fue avalado por el ministro de defensa, José Antonio Gómez”. “Degradación a los asesinos”, “No olvidamos, No perdonamos, No nos reconciliamos”, se podía leer en algunas de las decenas de pancartas que los manifestantes portaron durante el recorrido entre Plaza Italia, tradicional punto de encuentro político-social santiaguino y la central Plaza de Armas, a escasas calles de La Moneda, sede del ejecutivo. Entre quienes marcharon en la larga columna se encontraban Joan Jara, viuda del cantautor y director de teatro Víctor Jara, asesinado por los milicos en 1973; el cineasta Cristián Galaz; los voceros de la ACES y CONES; los presidentes de las principales federaciones estudiantiles de la capital; los titulares de las diferentes organizaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos y un largo etcétera de hermosas personas comprometidas con la causa de la verdad, la justicia y la memoria histórica popular. Fue esta la primera movilización de la Coordinadora, en la que aseguran que buscarán regularizar manifestaciones para potenciar el movimiento y avanzar en post que en estas tierras realmente se haga justicia con tanto crimen brutal tras casi 44 años de cometido el fatídico Golpe militar de 1973. Fuente: Nodal

A través de un comunicado, indicó que la resolución de la CIDH solicita «medidas para garantizar la vida e integridad personal sin hacer lugar al pedido de liberación». El Gobierno de Jujuy, que encabeza el radical Gerardo Morales, destacó su «compromiso de garantizar la vida y la integridad personal» de la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, luego del pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre su detención. El Gobierno de Morales indicó que la resolución solicita al Estado Argentino «que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala», pero «sin hacer lugar al pedido de liberación efectuado por el CELS, Amnistía Internacional Argentina y ANDHES». Además, advirtió que «la resolución emitida por la CIDH convalida la actuación de la justicia provincial con relación a la prisión preventiva» y se avoca «sólo a la situación de la integridad personal de la señora Sala por presuntos actos de hostigamiento en su contra». Por ello, el Gobierno de la Provincia advirtió que, «en lo que es de su competencia, reafirma su compromiso de garantizar la vida y la integridad personal de la señora Sala situación que, no solo fue constatada por los miembros de la CIDH sino también por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Grupo de Trabajo de detenciones arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al momento de evaluar las condiciones de detención». El Poder Ejecutivo provincial remarcó además que «en ocasión de visitar la provincia, los miembros de la CIDH expresaron públicamente que las condiciones de detención eran satisfactorias sin hacerse eco de denuncias sobre hostigamientos», lo que -consideró- «da cuenta de que está garantizada la integridad personal de la señora Sala». El Gobierno de Morales, por último, confirmó que «en cumplimiento de los estándares y principios del sistema interamericano e internacional de derechos humanos», una vez recibida la notificación formal de la resolución «dictará acto administrativo poniendo en conocimiento de la misma al Poder Judicial de la Provincia, en virtud de que la justicia provincial y sus tribunales son las autoridades con competencia para resolver sobre la cuestión».

Tras un intenso trabajo que duró más de 17 horas sacaron los cuerpos de José Ricardo Mercerí (26) y Matías González (21), quienes habían quedado atrapados por los escombros tras el derrumbe del horno. El dueño de la calera quedó detenido. Este sábado pasado las 6.30 Policía de San Juan, Bomberos, Grupos de rescate USAR junto a Protección Civil lograron rescatar los cuerpos de José Ricardo Mercerí de 26 años y Matías González de 21, que luego del derrumbe quedaron atrapados bajo las rocas. Luego de realizarse la autopsia de rigor los cuerpos serán entregados a sus familiares informaron fuentes policiales. Mientras tanto Ernesto Vargas de 57 años, otro de los mineros que sufrió el accidente, se encuentra internado en el hospital Guillermo Rawson con traumatismos múltiples, pero fuera de peligro según indicó el último el último parte de aquel nosocomio. La jueza Mónica Lucero a cargo del tercer Juzgado Correccional ya intervino en el caso y ordenó la detención de Camilo Serrano dueño de la calera. Fuente: Canal 13

La central obrera adelantó, además, que solicitará a los partidos políticos con representación parlamentaria que «se pronuncien en defensa de los trabajadores y se comprometan a no sancionar ninguna ley que disminuya el nivel de protección social y laboral de los argentinos». El plenario de secretarios generales de la CGT ratificó hoy la movilización prevista para el 22 de agosto próximo, a la vez que decidió convocar a un Comité Central Confederal, aún sin fecha, tal como reclamaron algunos oradores en la reunión que se desarrolló este mediodía en el microestadio de Ferrocarril Oeste, del que no participaron las organizaciones gremiales que integran el Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA). El plenario ratificó el documento en el que señalan que “no puede aceptar que los trabajadores nuevamente seamos la variable de ajuste de un programa económico que desalienta la producción, agudiza la pobreza, ejecuta despidos y suspensiones, mientras que, sin inversiones genuinas y productivas, se toleran altas tasas de interés haciendo crecer la especulación financiera”. Además, el texto anticipa la respuesta al propósito oficial de impulsar una reforma laboral, confirmada por varias figuras de Cambiemos. «No vamos a tolerar que desde el Poder Económico concentrado y especulativo se agiten nuevamente  las banderas de una reforma laboral que avasalle los derechos laborales conquistados ni propuestas regresivas que afecten los Sistemas de Jubilaciones y Pensiones y de Obras Sociales», indica el documento. Los dirigentes sindicales resolvieron, asimismo, que no participarán de «negociación alguna» en la que se discuta la «quita o retroceso» de los derechos laborales y se comprometieron a «proteger los puestos de trabajo existentes haciendo uso de todas las políticas públicas activas con las que cuenta el Estado y nuestras organizaciones, para que cesen de inmediato los despidos y suspensiones». También condenaron y exigieron el cese de las «abusivas intervenciones en los sindicatos y el intolerable e injustificado ataque a los dirigentes sindicales», en relación a lo acontecido con Omar Plaini, del gremio de los Canillitas. Por último, reclamaron un aumento para los jubilados y de las asignaciones sociales, «tarifas acordes a los bajos niveles de ingresos», una política «comercial inteligente» que favorezca a la industria nacional y en especial a las Pymes, y «transparencia y efectividad» en la política contra el trabajo no registrado. Fuente: Pagina/12

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó una resolución a través de la cual le recomienda al gobierno argentino adoptar «medidas alternativas» para la prisión preventiva que cumple la militante Milagro Sala. Entre esas medidas alternativas, el organismo que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA) aconsejó «el arresto domiciliario» o bien que la líder de la Tupac Amaru «pueda enfrentar los procesos en libertad con medidas como la fiscalización electrónica». Así surge de un resumen del dictamen donde se le solicita al Estado que «adopte las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad personal de la señora Milagro Sala». Hace pocas semanas, el ministro de Justicia, Germán Garavano había recomendado que Sala pidiese el arresto domiciliario en virtud de los inconvenientes de salud denunciados por los abogados. El informe conocido hoy surge luego de una visita de una comisión de la CIDH a la Argentina que incluyó una reunión con la propia dirigente kirchnerista, detenida desde principios de 2016. Para arribar a esa conclusión, la CIDH tomó en cuenta «la excepcionalidad de la prisión preventiva, y el agravamiento de la situación de riesgo a la vida e integridad personal como resultado de las particularidades que tiene la continuidad de la privación de libertad de la beneficiaria, así como los presuntos hostigamientos que habría enfrentado y la necesidad de salvaguardar tales derechos». La Comisión le solicitó al gobierno argentino que informe dentro del plazo de 15 días «sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualice dicha información» periódicamente. Luego de conocerse los alcances de la resolución, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informó que brindará una conferencia de prensa a las 16:30. La respuesta oficial En un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos, el Gobierno adelantó que le comunicará los detalles del informe a las autoridades judiciales y administrativas de la provincia de Jujuy para «su conocimiento e intervención en el marco del pleno respeto a la independencia de poderes y las autonomías provinciales». “El gobierno nacional reafirma su apoyo y respeto al sistema interamericano de derechos humanos, reiterando su compromiso con la defensa de las garantías individuales, para avanzar en el fortalecimiento de nuestra democracia”, completó.

Por pedido de la UOCRA, el gremio de los trabajadores de la construcción, hoy se firmará en la Subsecretaría de Trabajo el acta que da inicio a la conciliación obligatoria. Esto implica que la empresa no podrá tomar nuevas medidas que perjudiquen a los trabajadores y el sindicato no podrá realizar medidas de fuerza por el término de quince días. Sin embargo, la tan ansiada reunión entre gremio y empresa recién tendría lugar lunes o martes de la semana próxima. Así lo confirmaron fuentes sindicales, quienes se mostraron en cierta forma esperanzadas en la medida adoptada por la Subsecretaría. El conflicto comenzó hade diez días cuando la empresa Panedile empezó a despedir trabajadores, unos 185 según UOCRA, por falta de los certificados de obra por parte de Vialidad Nacional.

Se trata de trabajadores de Panedile que se congregaron en el espacio lindante a las obras en la ruta nacional, tras conocerse la noticia de 18 despidos más. La polémica por los despidos en las obras en Ruta 40 recrudeció tras conocerse que 18 trabajadores más fueron cesanteados. Los obreros de Panedille se reunieron en el obrador de calle 6 y Ruta 40 y tomaron las instalaciones de forma pacífica, a modo de manifestación por el recorte de puestos laborales. El secretario general de la UOCRA, Eduardo Cabello, se reunión con los trabajadores para manifestar su apoyo y pedir calma. Se prevé que, a principios de la próxima semana, haya definiciones al respecto. Fuente: Canal 13 – Foto: Canal 13

El porcentaje de ocupación y el total de dinero recaudado en las vacaciones de invierno es el epicentro de la polémica que envuelve a la Ministra Gryznpan y al presidente de la Cámara de Turismo de la Provincia. Al inicio de esta semana desde la Cámara de Turismo salieron a “pegar el grito” por considerar que el porcentaje de ocupación había sido malo, o como mínimo pero que las del año pasado. Ante esta aseveración, la ministra Claudia Grynszpan salió a contestar y a cruzar esos dichos diciendo que “nuestras mediciones son de un relevamiento con la cámara hotelera, Cámara de Viajes y todos los municipios. No se hizo consultando a una sola persona”. Ante la afirmación del presidente de la Cámara, Ariel Giménez, al respecto de que Turismo promocionaba la provincia en solitario y esto podía servir como explicación de las malas vacaciones. Grynzspan contestó que “la Cámara de Turismo, junto a otras entidades, son parte de todas las actividades de promoción en la Provincia y afuera. No acostumbramos a hablar con una sola persona”.

La cifra se publicó en el Ranking SCImago 2017 que comprende a más de 5000 instituciones de todo el mundo. De esta manera sigue siendo el mejor establecimiento científico del país; en segundo lugar, se ubica la UBA. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) escaló al puesto 158 en el Ranking SCImago 2017, que mide la evaluación de las instituciones científicas y universidades centradas en la investigación de todo el mundo. De esa manera, subió 62 posiciones del anterior ranking, hecho en 2016, que lo ubicaba en el puesto 220. Por su parte, el ranking comprendió a más de 5000 mil instituciones de todo el mundo. Además, refleja que el CONICET sigue siendo la mejor institución del país (en segundo lugar se ubica la Universidad de Buenos Aires, que escaló el puesto 425 del ranking total de instituciones) y la segunda mejor institución de toda Latinoamérica, detrás de la Universidad de Sao Paulo (que se ubica en el puesto 71). CONICET escaló 62 posiciones en la evaluación de instituciones científicas y universidades del mundo  debido a las producciones científicas entre 2011 y 2015: http://www.conicet.gov.ar/el-conicet-subio-62-posiciones-en-el-ranking-y-es-la-mejor-institucion-gubernamental-cientifica-de-latinoamerica/ … Además, de los organismos gubernamentales a nivel Latinoamérica, CONICET se ubicó primero en el ranking. En el puesto número uno del ranking SCImago, se ubicó la Academia de Ciencias de China.