Luego del encuentro en el CFI, los gobernadores opositores le responderán hoy a la Rosada por la propuesta de pacto fiscal. Quieren más flexibilidad y plazos para la reducción de Ingresos Brutos. El mapa desigual de Ingresos Brutos es un problema y, a la vez, podría servir de solución. La eliminación y baja de ese impuesto que Mauricio Macri impone en su pacto fiscal aparece en el podio crítico que los gobernadores opositores discutirán mañana con un doble plan: diseñar una contraoferta técnica y acordar una posición uniforme. Firman todas o ninguna. En el CFI, temprano, se reunirán los ministros de Economía -que ya fueron juntando objeciones y demandas- para bosquejar la «contraoferta» que al mediodía pulirán sus jefes antes de enviarla por mail a la Rosada. Las provincias tienen un repertorio de correcciones y tachas al plan PRO. No sólo las opositoras que forman el eje CFI. También, en voz baja, se quejan mandatarios de Cambiemos. Alguno, incluso, podría participar de la reunión. Uno de los puntos más picantes es el esquema para suprimir IIBB para la producción y limitar la alícuota a un 4%. Esa reforma golpea feo a varias provincias -Misiones y Mendoza, por caso- daña a casi todas y sólo no afecta a un par. En San Juan la exención es casi plena. En Córdoba se bajó, pero comercio está arriba del 4 por ciento. En Buenos Aires, que descansa sobre los fondos extra del pacto, comercio está en 5 o más. La hoja de ruta sobre la que se enfocarán ministros y gobernadores es dual: fijar en 5 por ciento la alícuota máxima y establecer un régimen diversificado que no estandarice valores y regiones. Quieren, también, que la progresión mude el dead line del 2022 al 2025. ¿Argumentos? Nación pide bajar/eliminar IIBB pero no contempla ningún esquema de compensación directa sino que ofrece la «solución del mercado» que se sintetiza en el siguiente silogismo: bajan los impuestos provinciales, crece la economía, se recauda más IVA y Ganancias por lo que coparticipan más fondos a las provincias. «Como teoría es muy linda», dice un peronista que recolectó posturas y propuestas de las demás provincias. La diversidad puede ir a una contraoferta para que la baja y las alícuotas impacten menos en las provincias que tienen mayor dependencia de IIBB. Como el hueco de Ingresos Brutos se cubriría con coparticipación federal, en la discusión entra la cuestión de Ganancias. El fin del artículo 104° tiene como lado B que lo recaudado por cheque va todo a ANSeS. Pero como ese tributo se podrá deducir de Ganancias y el revalúo impositivo también afectará esos ingresos, las provincias temen que se reduzca los fondos a coparticipar. Una doble navaja: baja la recaudación propia por IIBB y baja, además, lo recaudado por Ganancias que se reparte entre las provincias. Otro punto que los gobernadores quieren retocar es la renuncia a demandas ante la Corte. En Nueva York, Macri le planteó a Miguel Lifschitz el tema, ya que Santa Fe tiene una sentencia por el 15 por ciento de ANSeS. El gobernador le anticipó su negativa. En Casa Rosada señalan a San Luis, de Alberto Rodríguez Saá, y La Pampa, con Carlos Verna, como las provincias díscolas que se niegan a firmar. Ayer se confirmó que Macri encabezará la reunión del jueves, en un intento por meterle presión a los gobernadores. La cita en el CFI servirá para unificar no solo letra y demandas, sino sobre todo postura política. Algunos mandatarios son más proclives a firmar, en la medida que haya correcciones, y otros se muestran más duros. La compensación multimillonaria a la provincia de Buenos Aires es otra bomba sucia. En las provincias cayó pésimo que el documento inicial no figure los montos y aparezcan, luego, con 21 mil millones para 2018 y 44 mil millones para 2019. “Es cierto que es plata de Nación, pero lo que va a Buenos Aires deja de ir a las demás provincias”, sintetiza un funcionario provincial. Con 36 horas por delante para discutir entre los mandatarios y negociar con Nación, era pocos, muy pocos, los que apostaban a que el jueves se firme el pacto fiscal de Macri.

Mauricio Macri ordenó, analizar y trabajar en el tema tras una reunión sectorial; quieren mandar la iniciativa al Congreso en febrero. El Gobierno buscará darle una nueva forma a la protección legislativa de los glaciares, de manera que arbitre entre el cuidado ambiental y el desarrollo de actividades económicas en la zona de la Cordillera de los Andes que, según los empresarios, hoy están prácticamente vedadas. Macri mismo les encomendó a los técnicos del Gobierno presentes en el encuentro que se pusieran a trabajar en el tema, confirmaron fuentes que participaron de la reunión. El objetivo del Presidente es que en febrero del año próximo esté listo el proyecto de ley para modificar el texto vigente. La iniciativa oficial está en línea con los últimos proyectos que encaró la Casa Rosada, todos polémicos, como la reforma impositiva o la laboral, pero que al mismo tiempo buscan allanar el camino para el crecimiento de la economía y la generación de empleo. Es un punto que ayer volvió a señalar el Presidente. En la decisión de Macri sobre los glaciares pesaron varios motivos. Por ejemplo, los empresarios le plantearon que había unos US$ 18.000 millones en inversiones potenciales en minería frenadas por la incertidumbre que genera la ley. A los argumentos de Elsztain (el dueño de shoppings y oficinas participa en el sector a través de Austral Gold), Miguens (el ex propietario de Cervecería Quilmes tiene Patagonia Gold), Álvarez y otros empresarios, como Fernando Giannoni, director ejecutivo de Barrick, que estuvieron en el encuentro, se sumaron las dudas respecto de la norma vigente que tienen los propios funcionarios. No sólo el secretario de Minería, Daniel Meilán, sino también Aranguren, cuyos técnicos ya habían advertido que la actual ley de glaciares podría impedir en el futuro la instalación de nuevos proyectos hidroeléctricos. Representantes provinciales Había representantes de las gobernaciones de Jujuy, Mendoza, Catamarca, Santa Cruz, Río Negro y San Juan. Esta última sostuvo que la obra para la construcción del túnel Agua Negra, principal componente del corredor bioceánico que conectará el centro de la Argentina con el puerto de Coquimbo, en Chile, podría resultar afectada por la ley de glaciares. Fue un modo de aportar su visto bueno a la cruzada presidencial. En la reunión también estuvieron el secretario general de la Uocra, Gerardo Martínez, y Héctor Laplace, jefe de los trabajadores mineros reunidos en AOMA. Este último confirmó a LA NACION: «El tema central del encuentro fueron los glaciares. Tenemos un problema importante con la ley, que no nos deja hacer minería en la cordillera. Nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar [las áreas donde operan los congelamientos]. Algunos consideran que eso podría llegar hasta la provincia de Buenos Aires, sólo porque hay heladas», resumió. E insistió: «Esto genera una gran complicación porque está prohibida toda la actividad industrial». Según los mineros, la actual ley es confusa y no permite tener certidumbres básicas para la inversión. Los asistentes se llevaron de la reunión con Macri más de lo que esperaban. Las últimas referencias al tema habían pasado por la necesidad de reglamentar la ley vigente, algo que Macri no hizo, entre otras cosas, porque los equipos técnicos de diferentes ministerios no lograron ponerse de acuerdo en un texto final. Desde hace tiempo desde el sector minero (tanto los empresarios como el gremio) rechazan la norma porque consideran que limita fuertemente el desarrollo de la actividad. Desde ese punto de vista, el aventón de Macri a una nueva iniciativa legislativa los sorprendió favorablemente. El Presidente descarta que se meterá en un terreno fangoso con el intento de modificar la ley. Tiene el ejemplo cercano de su antecesora Cristina Kirchner. En 2008, una ley de la diputada Marta Maffei que tenía como objetivo proteger los glaciares chocó con el veto posterior de la presidenta Cristina Kirchner. Pero los legisladores volvieron a la carga. En 2010 se presentaron dos propuestas distintas de Miguel Bonasso y del senador oficialista Daniel Filmus. Se reglamentó en 2011, pero nunca se hizo el Inventario Nacional de Glaciares que preveía la ley, un paso necesario para su puesta efectiva en marcha. Una iniciativa polémica Freno industrial En una reunión del Presidente con empresarios, sindicalistas y provincias se acordó trabajar en un texto menos restrictivo que la norma actual. Ley vigente La ley actual fue aprobada en el kirchnerismo en medio de una fuerte polémica, pero nunca terminó de entrar en vigor por demoras en ciertos pasos. Inversión Según los privados, hay US$ 18.000 millones de potencial inversión frenados por la indefinición sobre glaciares. Tres partes que están de acuerdo El Gobierno El propio presidente Macri se comprometió a liderar el proyecto de reforma de la ley, para que esté listo en febrero. El ministro Aranguren había advertido que la actual ley no incentiva la inversión y afecta a varios proyectos hidroeléctricos. Las empresas La CAEM, presidida por Marcelo Álvarez, plantea, en coincidencia con el Gobierno, que la ley actual frena inversiones. En la gestión de la reunión con Macri estuvieron empresarios de renombre como Eduardo Elsztain y Carlos Miguens. El gremio Héctor Laplace, jefe de los trabajadores nucleados en AOMA, dice que «nadie se va a meter con los glaciares. El problema es el ambiente periglaciar», porque no está bien definido en la ley, lo que impide hacer minería en la Cordillera.

Fue consensuado entre las jurisdicciones y se ratificará en el Consejo Federal. Santa Cruz y San Luis quedaron fuera del acuerdo. A poco más de un mes de finalizar el ciclo lectivo 2017, pese a que aún no se anunció en forma oficial, ya existe un acuerdo sobre los extremos que planteará el calendario escolar del año que viene. Las distintas jurisdicciones, a excepción de San Luis y Santa Cruz, consensuaron comenzar las clases el 5 de marzo y terminarlas el 14 de diciembre. Luego, cada distrito tiene cierto margen de maniobra para definir, por caso, los días que comprenderá su receso invernal a desarrollar en julio. Asimismo, como es habitual, la semana típica de desfase entre los distintos niveles también se replicaría en 2018. La secundaria arrancaría siete días más tarde que la primaria. La confirmación del calendario oficial se dará en el Consejo Federal, en el que participarán el ministro de educación nacional Alejandro Finocchiaro y todos los ministros provinciales. El encuentro se realizará en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, entre el 5 y 6 de diciembre. Las dos provincias que se apartaron del consenso lo hicieron por motivos dispares. San Luis, por su parte, suele tomarse ciertas licencias a la hora de delinear su calendario escolar y desoír los acuerdos generales. Santa Cruz, en cambio, todavía tiene grandes dificultades para reacomodar su ciclo lectivo 2017 debido a los 105 días de paro docente que dejaron a los chicos sin clases. En agosto, el Consejo Provincial de Educación santacruceño estableció que el calendario primero se extendiera hasta el 22 de diciembre para luego retomar el 1° de febrero hasta su finalización el 31 de marzo del año próximo. A su vez, determinó que el ciclo 2018 empezaría el 1° de abril y terminaría el 21 de diciembre. Sin embargo, la medida despertó un fuerte rechazo por parte de los gremios. En tanto, la Provincia de Buenos Aires que, aunque muy lejos de Santa Cruz, quedó en el segundo lugar en el ranking de pérdida de días de clases -17 en el año por el conflicto con los gremios docentes- también se acoplará al calendario consensuado.

Seguirá en su cargo, percibiendo sueldo hasta que ANSES le otorgue el alta al beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, el haber es de un monto superior al de fiscales y jueces. En la mañana de este martes, se conoció la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal tras el ingreso a la Cámara de diputados del pedido de inicio de juicio político que solicitó el juez federal Leopoldo Rago Gallo al cortista, imputado por delitos de Lesa Humanidad. Tras la renuncia al cargo acogiéndose a la jubilación evita el juicio político, pero sigue la causa en la que está imputado por presuntos delitos de Lesa Humanidad. Cabe consignar que seguirá en su cargo percibiendo su sueldo, hasta que ANSES le otorgue el alta del beneficio. La jubilación la tiene otorgada desde 2012, la jubilación es de un monto superior al de fiscales y jueces. El fiscal Francisco Maldonado le imputó a Caballero Vidal ser partícipe necesario de los delitos de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad, robo agravado, integrante de una asociación ilícita, de no promover la investigación penal y de amenazar al abogado de una persona que fue detenida ilegalmente. El pedido del Ministerio Público tuvo su origen en un testimonio que se brindó el 8 de mayo pasado en el tercer juicio de lesa humanidad que se realiza en la provincia. Uno de los testigos que declaró en la causa Cevinelli, el abogado Pedro Bayugar, dijo que en un encuentro que mantuvo con Caballero Vidal en 1977, en ese entonces juez Penal, sobre un pedido para recuperar ciertos bienes de su cliente, Héctor Cevinelli, (bienes robados por el grupo de tareas que secuestró a Cevinelli) el magistrado sacó una pistola y le expresó que se olvidara de lo sucedido. Posteriormente el fiscal amplió la imputación, imputándole a Caballero Vidal el delito de “omisión de investigar la muerte por presunto ahorcamiento” que sufrió Ángel José Alberto Carvajal mientras estuvo preso en el Penal de Chimbas durante los años de la dictadura militar, época en la que el cortista era juez penal. La autopsia determinó que Carvajal había sido picaneado. Tras conocerse la renuncia del cortista Juan Carlos Caballero Vidal, este al salir de Tribunales, pasado el mediodía, fue consultado por los medios sobre el pedido de juicio político del juez Rago Gallo y su decisión de renunciar a lo que respondió «ninguna declaración, les van a dar un comunicado de prensa, lo que sí reitero como siempre es que estoy a disposición de la justicia”. Ante la insistencia, de la prensa sólo dijo»renuncié para facilitar todo y ponerme a disposición de la Justicia». Sobre la imputación del Fiscal Maldonado sobre presuntos delitos de Lesa Humanidad Caballero Vidal señaló «me voy a defender y la sociedad va a saber todo», para luego subir al auto y salir de la playa de estacionamiento de Tribunales.  

Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Con el impulso que significó el triunfo en las elecciones, en el Gobierno vislumbran un año con menos conflictividad social. Tanto que, apuntalado también por algunas señales de mejora de la economía, Mauricio Macri tomó la decisión de que este año, por primera vez desde que asumió la Presidencia, no otorgará un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Y tampoco habrá un plus para los empleados públicos. El año pasado, luego de un año crítico y con alta inflación, para calmar los ánimos el Gobierno accedió al pedido de la CGT y desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima. Pero, según consideran en Balcarce 50, «este año es distinto». «No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe», indican. En ese sentido, sostienen que la previsibilidad que se logró con la inclusión de cláusulas gatillo en los acuerdos paritarios con los gremios posibilitó que el diálogo con la central obrera hoy se centre en otra etapa. «Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016», exponen. En esa línea, tampoco prevén un bono para estatales: el año pasado, unos 130 mil empleados públicos nacionales que dependen directamente de la administración central recibieron una suma que osciló, según cada categoría, entre 2.000 pesos y 3.500 pesos. Sí habrá un plus para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos 2.200 pesos que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil los trabajadores de la economía popular. Esos 900 millones, a diferencia de la cifra que demandaría un bono para AUH y jubilados, ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el puntilloso vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

Tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar. Solamente evitaría el juicio político si renuncia a su cargo y se jubila. El juez Rago Gallo solicitó la destitución de su cargo, tras la imputación de delitos cometidos durante la última dictadura militar al cortista Juan Carlos Caballero Vidal, cuando éste era juez de primera instancia. De esta manera, ahora la decisión está en manos de los diputados quienes deberán realizar una investigación sobre el caso y tomar una resolución. Recordemos que la causa se inició el 8 de mayo pasado con el testimonio de Pedro Bayugar en una audiencia por el segundo megajuicio por delitos de Lesa Humanidad. Pedro Bayugar declaró como abogado de Héctor Cevinelli, docente de la UNSJ detenido y torturado durante la dictadura militar y manifestó que en 1977 fue a ver al juez en primera instancia Juan Carlos Caballero Vidal para decirle personalmente que había aparecido Civinelli. Y que Caballero Vidal le manifestó que sabía que Cevinelli no tenía nada que ver con la subversión y posteriormente le expresó “bueno supongo que tendrán poderosas razones para olvidarse de todo lo acontecido”. Mientras sacó una pistola 9 milímetros del cajón y la puso arriba del escritorio. A lo que yo contesté: »»»»»»»»»»»»»»»»Sí sí, claro. Chau”. Caballero Vidal podría evitar el juicio político solamente de una manera. Esta es renuncia a su cargo, evitar por lo tanto el juicio y jubilarse. De esta manera, su proceso de juicio pasaría a archivo por convertirse en abstracto y solamente sería investigado por encubridor de militares.

Con el propósito de llevar adelante acciones que signifiquen un mejoramiento de las condiciones de detención de personas alojadas en instituciones penales, se firmó un acta de colaboración entre el Ministerio de Gobierno y el Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias. La firma del acta se concretó en la sala “Eloy Camus” de Casa de Gobierno, durante una reunión que el gobernador Sergio Uñac mantuvo con el juez Sergio Paruzack, representante del mencionado. sistema nacional. Participaron además de la firma del acta, el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi y la secretaria de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ana Fabiola Aubone, entre otros funcionarios nacionales y locales. El Sistema de Coordinación y Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias tiene como objetivo fundamental instar y desarrollar acciones orientadas a asegurar la vigencia concreta de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, destacando el valor de la persona humana, que con su detención no pierde la protección de la Constitución Nacional y las leyes, como sujeto de tutela. De acuerdo al primer artículo del acta, el Ministerio de Gobierno se compromete a llevar a cabo acciones que implique mejorar las condiciones de alojamiento de las personas privadas de su libertad y la gestión penitenciaria, logrando con ello la adecuación de la política penitenciaria a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos. El ministerio local asumió también el compromiso de realizar capacitaciones especializadas al personal del servicio Penitenciario de San Juan, para lo cual se articulará con el sistema de Coordinación y Seguimiento lo necesario para llevar adelante dichas acciones. En otro de los artículos del acta, el ministerio de Gobierno y el Servicio Penitenciario en particular se comprometieron a fortalecer y eficientizar el tratamiento de los detenidos en cuanto a la tarea del Consejo Correccional del Servicio Penitenciario se refiere. La mencionada iniciativa se inscribe en el marco de los tratados internacionales y la Constitución Nacional, con más lo establecido en las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos (Reglas Mandela), adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del delito y tratamiento del delincuente.

Impuesto a las bebidas blancas y sin alcohol, menor reducción de lo prometido a los productos tecnológicos y fuerte incremento en los cigarrillos. También suben los gravámenes a combustibles y al uso de los teléfonos celulares. Hoy se conoció el texto completo del proyecto de ley de reforma tributaria que impulsa el gobierno nacional. Pese a las quejas de las empresas multinacionales, se mantiene el impuesto a las bebidas azucaradas, habrá mayor carga tributaria para combustibles y tabaco y se da marcha atrás con los impuestos al vino, cervezas y espumantes. El texto tiene un total de 220 páginas, grava la renta financiera, dentro de la cual incluye la «moneda digital», conocida como bitcoin. Desde esa comunidad, calificaron a esta reforma como «confiscatoria». Actualmente, «si una persona ahorra en bitcoins y después decide venderlos para comprar una casa o un auto, no está alcanzado por Ganancias porque no es una renta periódica», explicó al diario La Nación Daniel Rybnik, profesor de Derecho Tributario de la UBA. La reforma le da al bitcoin un tratamiento similar al de un bono. Por su parte, Bitcoin Argentina, redactó un documento en el que señalaron que «al tomar como costo de adquisición el valor histórico, el proyecto pretende capturar la apreciación obtenida por los tenedores de ‘monedas digitales’ antes de la entrada en vigencia de la reforma, lo que implica una forma de imposición retroactiva». Dentro de los puntos centrales, el proyecto del Gobierno propone gravar la renta financiera «cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos … provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales (…) monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por ciento (15 por ciento)». Además, habla de un impuesto cedular del 5 por ciento que se aplicará en donde depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuota partes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos en pesos, mientras que el gravamen para los que sean con moneda extranjera será del 15 por ciento. Por otra parte, y pese a la polémica, se mantendrá el gravamen del 17 por ciento a las bebidas azucaradas, y se excluye a los vinos, sidras y cervezas, después de la presión ejercida por esos sectores. Se entiende como bebidas azucaradas a las analcohólicas, gasificadas o no, incluso aquellas con cafeína y taurina suplementadas o no. Los jugos frutales y vegetales, jarabes para refrescos, extractos y concentrados que, por su preparación, las aguas minerales aromatizadas o saborizadas y los jarabes, extractos y concentrados, destinados a la preparación de bebidas sin alcohol. Además, se aumentará el impuesto al tabaco. En el artículo 15 se estipula que «los cigarrillos, tanto de producción nacional como importados, tributarán sobre el precio de venta al consumidor, inclusive impuestos, excepto el impuesto al valor agregado, un gravamen del setenta por ciento» y agrega que lo tributado o “no podrá ser inferior a veintiocho pesos por cada envase de veinte unidades». Respecto a la telefonía celular, el proyecto establece un impuesto del 5 por ciento sobre el importe facturado por la provisión del servicio al usuario, tanto celular como satelital.