La cartera que conduce Luis Etchevehere decretó asueto para este viernes sin especificar motivos. Desde ATE advirtieron que es para «evitar situaciones de conflicto ante los despidos» y rechazaron fuertemente la medida contra los trabajadores. El Gobierno argumentó que la medida responde al plan para «optimizar la utilización de los recursos del Estado Nacional». El Ministerio de Agroindustria, conducido por Luis Etchevehere, despedirá 330 trabajadores. Las autoridades decretáron asueto para este viernes y según trascendió es cuándo comenzarán a enviar los telegramas de despidos. Las cesaciones serían en un 50% en Capital Federal y el resto en las delegaciones de provincias. Por su parte, ATE rechazó fuertemente el plan de recorte de Cambiemos, que nuevamente apunta contra los empleados públicos. Hasta el momento, los despidos no incluyen a organismos como el SENASA y el INTA, donde también podrían aplicarse ajustes en la planta de personal. La cartera argumentó que inicia un programa de reducción de costos, en el marco de «optimizar la utilización de los recursos del Estado Nacional». A lo que la junta interna del gremio de estatales respondió con la emisión de un duro comunicado en el que advirtieron que la situación ha generado “un inevitable clima de zozobra entre más de tres mil trabajadores y trabajadoras que ven peligrar sus fuentes de trabajo”. En ese sentido criticaron: “A este clima de incertidumbre las autoridades le acaban de sumar un agregado innecesario:  el asueto decretado, sin motivo aparente, para este viernes. No podemos dejar pasar esta incomprensible actitud de las autoridades que, lejos de calmar los ánimos y llevar tranquilidad, parecen estar empeñadas en echarle más nafta al fuego”. Respecto al asueto otorgado desde el ministerio, sostuvieron que “todos interpretamos que es para evitar situaciones conflictivas frente a eventuales despidos. Si este es un modo de confirmar los rumores, no es, claramente, el más feliz”.

La cuarta jornada de debate en Diputados fue dedicados a especialistas de la salud. Algunos fueron cuestionados por su falta de rigurosidad científica y su búsqueda de generar polémica. La exhibición de un video que mostró la interrupción quirúrgica de un embarazo en el tercer trimestre generó cuestionamientos por la crudeza de las imágenes, al continuar este jueves el debate en comisión en Diputados sobre la despenalización del aborto. En la cuarta audiencia debate expusieron médicos, psicólogos y especialistas a favor y en contra, de forma intercalada, de la propuesta de legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, en esta cuarta jornada, los presidentes de las comisiones de Legislación General, Daniel Lipovetzky (PRO); de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); de Salud, Carmen Polledo (PRO) y de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) resolvieron intercalar las exposiciones a favor y en contra de la despenalización del aborto. “Esperemos que sea un buen modelo de funcionamiento y seguir con la línea de mucho respeto y altura que la sociedad espera”, aseguró Lipovetzky, al abrir el plenario de comisiones. Además reiteró que la audiencia se puede desarrollar sin la presencia de la totalidad de legisladores que integran las cuatro comisiones, y justificó la ausencia de algunos diputados por la continuidad de la actividad legislativa. Una de las exposiciones que trajo polémica, en tanto, fue la del médico Francisco Turri, obstetra del Hospital Austral que, a través de un video de un médico norteamericano mostró el procedimiento del aborto quirúrgico en el tercer trimestre, lo cual fue cuestionado por varios invitados que advirtieron sobre la crudeza de las imágenes. Una de las diputadas que se conmovió fue la radical Brenda Austin, quien a través de Twitter afirmó: «El doctor Turri mostró un video de un aborto en el tercer trimestre de gestación, lo cual no es lo que está en debate en ninguno de los proyectos. Respetar las reglas de discusión es fundamental para que podamos tomar una decisión informada». Ante esa situación, que generó un murmullo generalizado en la sala, Lipovetzky aclaró que “hay libertad para que cada expositor traiga el material que crea necesario”, y recordó que “muchas de estas imágenes están en internet», pidió: que sean «amplios para dar la posibilidad que cada expositor considere, después cada uno decide” y dio la palabra al siguiente expositor. En primer término expuso el neumonólogo Alejandro Videla, que se mostró en contra de la propuesta y consideró “discutible que la legalización del aborto sea el factor más importante para disminuir la mortalidad”. En cambio, Videla sostuvo que “la calidad de la atención médica a la embarazada, el manejo de la fertilidad, el analfabetismo de la mujer, la prevención de la violencia de género son las oportunidades de intervención para disminuir la mortalidad materna”. Por su parte, la psicóloga y sanitarista Alicia Stolkiner afirmó que “estamos discutiendo el acceso seguro para garantizar el derecho a la salud” y puso de relieve que “se ha avanzado en que el aborto no sea la principal forma de evitar un embarazo pero sigue siendo una medida de última instancia allí donde no se tuvieron los cuidados necesarios o no fueron posibles”. A su turno, el médico cirujano, Hugo Esteva (Academia Nacional de Medicina), que acompañó al presidente Mauricio Macri en 2016 en su viaje a Davos, Suiza, sostuvo que “una vez unidos el óvulo y el espermatozoide comienza una vida”, y destacó que “la única forma de cuidar a las mujeres es terminar con la cultura de la promiscuidad y la drogadicción que es causante de la mayoría de los embarazos no queridos”. En tanto, la endocrinóloga Cecilia Goodall puso de relieve la importancia de la educación sexual, al sostener que la información es “la solución a un embarazo no previsto: podemos actuar antes, podemos educar a nuestros hombres y mujeres con información concreta que le permitan tomar mejores decisiones”. Leandro Cahn, de la Fundación Huésped, aseguró que “no estamos discutiendo aborto sí o no, sino si desde el Estado se garantiza una práctica segura o si se decide mirar para otro lado”. La obstetra Carolina Comaleras dijo que el «aborto es una realidad en este país que no se puede negar y ahora mismo muchas mujeres que están gestionando su aborto como pueden».

La «tensión» interna en Cambiemos provocada por la fuerte presión opositora para frenar el descontrol de los aumentos de servicios públicos culminó con una «salida consensuada» entre el PRO, la UCR y la CC: ratificaron todas las subas, pero en el gas el analgésico la posibilidad de pagar en cuotas las facturas de los meses de mayor consumo en los de menos con intereses. Las presiones de la oposición en el Congreso por frenar los tarifazos, las protestas sociales más los «chisporroteos» al interior de Cambiemos, finalmente, provocaron un ensayo de «propuesta intermedia», al estilo Elisa Carrió, un «aplanamiento» en el lenguaje Mario Negri o un «recalculando», en el Nicolás Massot style: el gobierno de Mauricio Macri estableció que continuarán todas las fuertes subas de los servicios públicos, pero en el caso del gas agregaron la opción del pago en cuotas las facturas de los meses de mayor consumo en los de menos, pero con intereses. Ése fue el acuerdo al que llegaron en la cumbre de Cambiemos en Casa Rosada, que fue encabezada por Marcos Peña, jefe de Gabinete de Macri, y contó con la presencia de Federico Pinedo -presidente provisional del Senado-, Emilio Monzó -titular de Diputados-, Massot -jefe de bloque del PRO en la Cámara baja-, los radicales Alfredo Cornejo -gobernador de Mendoza y titular del partido- y Negri, y Fernando Sánchez y Juan López por la Coalición Cívica de «Lilita». El Gobierno busca con esta «salida consensuada» desterrar la (¿aparente o simulada?) crisis interna al interior de la alianza política, disparada como respuesta a la fuerte presión opositora en torno a los tarifazos. El primer vocero a cargo de comunicar las conclusiones del cónclave fue Negri, que resumió: «Aplanamiento de las facturas de los dos bimestres de mayor consumo, mayo-junio y julio-agosto, se podrá posponer el pago del último aumento en tres cuotas bimestrales para todas las facturas emitidas entre el 1 de julio y el 31 de octubre, que corresponde a los meses de mayor consumo, de mayo a agosto. Las cuotas se harán efectivas en lo tres bimestres de menor consumo, el último bimestre de 2018 y los  primeros de 2019. Esto es optativo para el consumidor». En línea apaciguadora, el diputado, además, pidió «desdramatizar, porque no hay ninguna crisis en Cambiemos». Y apuntó contra la oposición: «Los que sueñen con que le van a pegar al corazón de Cambiemos se equivocan». «No podemos volver al infierno. La oposición se expresó en el Congreso ayer; había proyectos que proponían volver al pasado. La cosa tiene que tener racionalidad», finalizó. Massot, quien fue criticado durante la jornada de ayer en el Congreso por esconderse tras unas cortinas, fue quien deslizó que el mecanismo incluiría que el pago prorrateado sea con interés. Es decir, pagar la misma suma de aumento que estaba estipulada, pero diferida y con el plus de intereses. Sin embargo, sostuvo que las modificaciones atacan «la estacionalidad, que los aumentos no sean en los meses de más consumo», y dejó en claro que no se trata de ningín freno a los tarifazos: «No es una marcha atrás, es un recalculando, por supuesto. En los meses de invierno, donde el consumo es mayor, se distribuye las facturas». Estos cambios anunciados no deberán pasar por el Congreso sino que serán aplicados directamente el Ejecutivo con el Ministerio de Energía. Esto deja fuera de debate a la oposición, que ayer no consiguió quórum por un diputado para imponer sus proyectos para congelar los precios.

El controversial fallo ocurrió en un caso de Puerto Madryn. Los fiscales apelarán. Un tribunal de la provincia de Chubut quedó en el centro de las críticas por un caso de acoso sexual. Según un fallo sobre un hecho ocurrido en Puerto Madryn, se descartó la veracidad del ataque y dictaron la absolución del acusado porque, observaron, la víctima «era obesa».   Aunque suene llamativo, la resolución fue adoptada por tres juezas. Tras analizar los hechos y testimonios, Patricia Reyes, Marcela Pérez y Patricia Asaro determinaron que no se pudo comprobar el acoso sexual. Pero lo más llamativo del juicio fue el criterio de la defensora oficial.   «No es a los fines de hacer una acción discriminatoria ni es mi ánimo ofender la intimidad de la señora. Tenemos que trabajar sobre hechos reales y no con sentimentalismos. Lo que voy a decir la señora fiscal lo puede acreditar: estamos analizando un hecho de abuso sexual de una mujer obesa», indicó la defensora María Angélica Leyba en la etapa de alegatos.   El presunto ataque se desencadenó en octubre de 2016. La víctima estaba en su casa cuando se presentó su ex pareja y padre de su hijo. Después de una discusión, el hombre la llevó por la fuerza a su dormitorio y la obligó a mantener relaciones sexuales. El protocolo de casos de abuso sexual dio resultado positivo y el caso fue calificado como «abuso sexual con acceso carnal» por parte de la Fiscalía. Sin embargo, para la defensora lo que ocurrió fue una relación sexual consentida y no hubo delito.   Sin recaudos al tomar la palabra, Leyba señaló que remarcar la obesidad de la víctima «no es ofensivo» y se expresó contra las evaluaciones de la fiscal. Parte de su disertación estuvo en una curiosa hipótesis sobre la dificultad de quitar una calza a una persona con exceso de peso.   «El señor le sacó la calza, y yo me pregunto si a una persona obesa puede un hombre que pesa 75 kilos forzarla a sacarle una calza. La calza es una prenda de vestir que no es de fácil acceso para colocarla o sacarla», comenzó Leyba. «No hace falta que le explique al Tribunal lo molesto o dificultoso que resulta sacarse una calza», sostuvo la letrada.   Para la defensora oficial, no bastó como prueba que la Fiscalía haya aportado «una bombacha de escasísimas dimensiones que tenía manchas hemáticas»; esto es, con rastros de sangre. Insistió con su teoría: «¿Dónde está la calza? Si fue forzada a sacarse esa calza debería estar rota, no solo por la fuerza de la víctima sino la fuerza de la prenda de vestir».   En su fallo, las juezas Reyes, Pérez y Asaro reconocieron que la investigación de un delito de estas características «no es sencilla» y que «es relevante la declaración de quien resultó víctima». Repasaron la mecánica de lo sucedido. El imputado propuso tener relaciones sexuales con la víctima, y ella no quiso. Que la tiró en la cama y ella le decía que no. Que la penetró y ella no quería.   Pese a estas consideraciones, el tribunal descartó la veracidad del relato de la agredida y resolvió la absolución. «¿Por qué entendemos que no ha podido acreditar? El principal descrédito es la declaración de la propia víctima», plantearon las magistradas. «La duda no ha podido ser despejada, pues no solo el medio comisivo no ha sido superado si no que tampoco se ha corroborado el dolo del autor. Es en esta etapa que se requiere absoluta certeza, que no hemos podido arribar».   En palabras más simples, lo que dictó la Justicia de Chubut fue que no se pudo comprobar la falta de consentimiento en el acceso carnal. La Fiscalía adelantó que apelará el fallo.

El Gobierno convocó a los jefes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa Rosada, para tratar la suba de las tarifas, luego de la caída de la sesión en Diputados donde estaba previsto que se debatan los aumentos. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, será quien encabece el encuentro previsto para las 11, del que no participará Elisa Carrió, promotora de la reunión tras la fracasada sesión en Diputados que impulsaba la oposición, y en la que el kirchnerismo buscaba frenar los aumentos tarifarios y retrotraerlos a diciembre pasado. Carrió había anunciado, a través de sus redes sociales, que el Gobierno aceptaba «abrir una instancia de negociación» y postergar la sesión sobre las tarifas hasta la próxima semana. Por un lado, la UCR llevará su propuesta para que se modifique el actual sistema tarifario, mientras que los representantes de la Coalición Cívica, en sintonía con su líder, quieren que se implemente la posibilidad de que los servicios públicos puedan abonarse en cuotas, lo cual se está estudiando dentro del Gobierno. Los radicales quieren «atenuar» el impacto del aumento en las tarifas de gas en los meses de invierno, a fin de que se pueda cobrar en los períodos de menor consumo. Al respecto, el titular del bloque de la UCR, Mario Negri, anticipó que desde el radicalismo se «elaboran propuestas sensatas que no dinamitarán al Estado» y destacó que dentro de Cambiemos hay «un sano debate de ideas que lo fortalece». En paralelo, el Senado también replicó las tensiones en torno a los aumentos tarifarios, y durante la sesión en la que se acordó abordar en comisión, en mayo, la adecuación tarifaria que impulsa el Poder Ejecutivo, hubo cuestionamientos de la ex presidenta Cristina de Kirchner, quien a su vez fue criticada por la política energética que llevó adelante durante su gestión de gobierno.