Finalmente, Oscar Aguad dejó de demorar la situación al descartar a la firma que prefería y decidirse por la norteamericana Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA). El CEO de la empresa es Hugo Marino, quien aseguró a los familiares que en no más de 100 días encontraría al buque de guerra. A más de seis meses de su desaparición y a 40 días de iniciarse el proceso de contratación directa que lanzó el Ministerio de Defensa el 16 de abril, Oscar Aguad por fin eligió una empresa privada para comenzar una nueva búsqueda del ARA San Juan: la comisión evaluadora designada por la cartera del funcionario macrista para calificar a las 9 empresas que pretendían ser seleccionadas se quedó Sistemas Electrónicos Acuáticos (SEA), la empresa encabezada por el venezolano radicado en Miami Hugo Marino, quien había prometido a los familiares que en un plazo máximo de 100 días encontraría al buque de guerra. Según reveló Infobae, para que el Gobierno haga pública la decisión del veredicto sólo falta una firma. El problema que dilató más de dos meses el inicio de una búsqueda reclamada con urgencia por todos los sectores habría sido la predilección de Aguad por la firma que quedó en segundo lugar para los evaluadores de las carpetas de cada empresa. La favorita del «milico» ya había participado de manera indirecta en el operativo de búsqueda y rescate al submarino, ya que le facilitó el robot que usó la marina norteamericana. Si bien no lo reconocerán en público, Ocean Infinity era la preferida del Ministerio de Defensa y de la propia Armada Argentina, pero un punto que Aguad debería haber considerado inicialmente le jugó en contra: no podrían comenzar las tareas de búsqueda antes de noviembre de este año, es decir dentro de seis meses, ya que está buscando el desaparecido avión del vuelo MH370 de Malaysia Airlines en el océano Índico y recién podría venir al Atlántico Sur en 2019. Evidentemente, se trata de una espera insólita por parte de Aguad y del Gobierno, en medio de la presión de las querellas para que comience la búsqueda del ARA San Juan lo antes posible. De hecho, familiares de algunos de los 44 tripulantes desaparecidos, protestaron en diversas oportunidades por la dilación del Ejecutivo de Mauricio Macri.  Sin ir más lejos, hoy emitieron un durísimo comunicado de prensa: «Los familiares están en desespero ya que Aguad lo único que hace es estirar los tiempos de contratación. ¿Qué hay detrás de todo esto?». «Tal vez sea un juego político más, con el hallazgo del submarino para sumar votos para las próximas elecciones. Ya no sabemos qué pensar», remataron. Hace una semana, antes de conocer los resultados de la compulsa, representantes de familiares se reunieron con el venezolano Marino para solicitarle, en caso de ser contratado por el Estado, que permita la presencia de los tres veedores que están proponiendo para observar las tareas. La medida ya había sido solicitada por la abogada querellante Valeria Carreras a través de un escrito presentado ante la mesa de entradas del Ministerio de Defensa y que aún no recibió respuesta oficial. El CEO de la empresa SEA no solo estuvo de acuerdo con la presencia de observadores, sino que se comprometió a abonar los honorarios y los gastos que demandará la presencia de los tres expertos. Dos permanecerán en tierra y uno embarcado en el buque que llevará el instrumental con la tecnología para controlar, seguir y recopilar la información que desde las profundidades del océano emita el Vehículo Autónomo Submarino. El mismo recorrerá los casi 13.000 kilómetros cuadrados que ya fueron rastrillados desde la superficie.

El proyecto que busca poner gradualismo a la suba de tarifas obtuvo dictamen en el Senado con apoyo del peronismo federal y el kirchnerismo. En una jornada cargada de negociaciones, el proyecto que busca poner gradualismo a la suba de tarifas obtuvo dictamen en el Senado con apoyo del peronismo federal y el kirchnerismo. La iniciativa quedó en condiciones para ser votada en el recinto en la sesión prevista para el miércoles próximo. Pero la apuesta del oficialismo –que presentó ayer a último momento un proyecto que apunta a la rebaja del IVA a las tarifas- es seguir con las negociaciones a lo largo de esta semana y lograr frenar la iniciativa opositora. «Si se vota nuestro proyecto las tarifas van a bajar pero si vota el de ellos no, porque va a ser vetado», subrayó ayer el macrista Federico Pinedo, presidente provisional del Senado. El final por ahora asoma abierto. Es que a la jugada sobre la hora del oficialismo se suma que en la bancada del PJ hubo una inesperada rebelión: cuatro senadores firmaron el dictamen de mayoría en disidencia. Los cuatro peronistas disidentes anunciaron que no están dispuestos a aprobar el proyecto tal como llegó de la Cámara baja. Aseguraron que van a solicitar “profundos cambios”, entre ellos la reducción del IVA. En caso de que esos cuatro senadores -son el salteño Rodolfo Urtubey, el jujeño Guillermo Snopek, el correntino Carlos Espínola y el catamarqueño Dalmacio Mera- no voten a favor de la ley y dependiendo de la posición que tomen los tres senadores por Santiago del Estero más otros dos de Misiones, el oficialismo, que es minoría en el Senado, podría evitar una derrota. Todo dependerá de las negociaciones que lleve adelante la Casa Rosada. Las cartas quedaron echadas al inicio del plenario de las comisiones de Derechos y Garantías, Minería y Energía y Presupuesto. El oficialismo anunció que el Ejecutivo estaba trabajando en una “propuesta superadora”. El jefe de la bancada peronista, Miguel Angel Pichetto, no cerró la puerta, pero fue tajante: “Hoy sacamos dictamen y si la propuesta del Ejecutivo cuenta con aval de los gobernadores podemos analizarla de acá hasta el 30 (de mayo) que llegue al recinto». Las conversaciones siguieron toda la tarde, adentro de los despachos y por los pasillos. Sin embargo, el resultado final fue el anunciado a primera hora: la oposición avaló el proyecto que llegó con media sanción de Diputados y que limita la suba de tarifas y las retrotrae a noviembre. El dictamen contó incluso con el acompañamiento de Cristina Kirchner, quien no participó del debate pero por primera vez hizo un paso fugaz por una comisión para estampar su firma, sin emitir palabra. A los seis avales del FPV-PJ se sumaron los de los integrantes del bloque Argentina Federal (con cuatro en disidencia). “No ha habido una propuesta pública ni un compromiso respecto a una alternativa de bajar la tarifa de los servicios de luz, gas y agua. Si hay riesgo de veto de esta norma, para hacer una propuesta de cambio debe haber un compromiso de que lo que se haga se va a respetar y no se va a vetar”, explicó ayer Pichetto. Por su parte, el oficialismo sorprendió al firmar a último momento un dictamen de minoría que incluye la rebaja del IVA pedida por otros gobernadores peronistas, como el salteño Juan Manuel Urtubey (que le acercó una propuesta el lunes al presidente Mauricio Macri) y el cordobés Juan Schiaretti. El texto estipula una reducción del IVA al 10,5 % para usuarios residenciales y beneficiarios de la tarifa social y del 27% al 21 % para las Pymes. Esto, aseguran tendría un costo fiscal de entre 10.000 y 20 mil millones de pesos. Para el de la oposición se calcula un costo de $ 70 mil millones. «En un contexto económico complejo de déficit fiscal en el que el componente mayor es la matriz energética esta es una propuesta de mucha responsabilidad y esfuerzo compartido entre Nación y Provincia», aseguró Naidenoff. Si el Senado introduce modificaciones, el texto deberá volver a la Cámara Baja.

La corrida cambiaria que se vivió en los últimos días y que trajo como consecuencia una fuerte disparada del dólar comenzó a trasladarse a los precios de la economía, principalmente a los alimentos. En ese contexto, un informe de Focus Market al que accedió ámbito.com dio cuenta de los productos que mayores alzas registraron durante la primera quincena de mayo. En el top 10 de categorías de productos que más aumentaron en el período seleccionado se encuentran la harina (+15,3 por ciento), pastas secas (+7,7 por ciento), galletas (+2,7 por ciento), gaseosas (+3,3 por ciento), cervezas (+3,9 por ciento), yerbas (+4,2 por ciento), aceite (4,2 por ciento), queso untable (+4,1 por ciento), detergente (+2,5 por ciento), pan de molde (+2,1 por ciento), lamparas (+9,3 por ciento) y flanes (+6,7 por ciento). El estudio fue realizado a través de Scanntech (lector de código de punto de venta) en 515 puntos de venta en todo el país. En tanto, el director de Focus Market, Damián Di Pace, remarcó que además de la devaluación del peso hay que contemplar otros componentes que también «adhieren o confluyen en el mismo momento de la devaluación». «El empresario tenía pendiente incorporar a precios el ajuste de tarifas de abril, la suba de la nafta, acuerdos paritarios salariales y bonos compensatorios no remunerativos», explicó. Y agregó que «a eso se le suma el costo de endeudamiento por suba de tasas de referencia del Banco Central». «La derivación a precios tiene componentes por la devaluación del tipo de cambio y por lo menos hasta julio habría derivación a precios en los productos como consecuencia de todos estos factores que, en definitiva, muestran un plato en góndola con alza de precios», concluyó.

Es por la devaluación del peso de un 33 por ciento en 2018. El retroceso equivale a un salario mínimo por cada trabajador registrado e implica un ahorro de 2300 millones de dólares para las empresas. La corrida contra el peso que se desarrolló desde fines del mes pasado hasta las primeras dos semanas de mayo impactó especialmente en el valor relativo de la fuerza de trabajo de nuestro país. Más allá de la afectación del poder adquisitivo que se irá plasmando en los próximos meses al ritmo de la inflación, las patronales que operan en el país han visto reducidos sustancialmente sus costos laborales medidos en dólares. Es que, según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y proyecciones propias, el salario promedio de los trabajadores privados de la Argentina se redujo en 360 dólares desde diciembre de 2017 al mes que está en curso. En aquel entonces, la remuneración normal y permanente promedio de los asalariados privados alcanzaba $ 26.451 que, según la cotización del dólar al 1 de diciembre, equivalían a U$S 1504. Si bien los datos del SIPA se encuentran actualizados por el Ministerio de Trabajo sólo hasta febrero, cuando el salario promedio alcanzaba los $ 27.747, sobre la base de la evolución del salario privado que mide el Indec en los meses de enero y febrero de este año comparada con la misma evolución de esos meses en 2017, y transfiriéndola a los meses de marzo, abril y mayo, es posible proyectar que, a mayo, ese salario promedio se ubicaría en alrededor de $ 28.757 que, al tipo de cambio de $ 25,11 por dólar al cierre del viernes último, arroja un total de U$S 1145. Así se consagra un retroceso de U$S 360, equivalente a un 24% menos. Julia Campos, integrante del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, señaló ante la consulta de Tiempo que, incluso, «esa estimación del salario a mayo da una cifra de máxima. Este año las primeras cuotas de las paritarias se postergaron con relación a 2017. Creemos que, con algunas excepciones, el salario ha quedado relativamente estancado en los meses de marzo a mayo. Hay que aclarar que el dato sirve para dar cuenta de la desvalorización de los salarios medida a escala mundial pero todavía no con relación en la pérdida del poder adquisitivo». En el caso de que el salario hubiera quedado congelado a febrero, la pérdida absoluta en divisas llegaría hasta los 400 dólares. Por eso, en promedio, los asalariados privados perdieron el equivalente a un salario mínimo vital y móvil que, desde enero de este año, se sitúa en $ 9500 o 378 dólares. En diciembre, esa remuneración alcanzaba $ 8860 equivalentes, al tipo de cambio de entonces, a U$S 503. El valor más alto medido en dólares de ese salario se alcanzó en agosto de 2015, cuando llegó a U$S 606 para caer abruptamente hasta 383 dólares en mayo de 2016 y recuperarse parcialmente hasta los U$S 478 un mes después. En el caso del salario promedio de los empleados privados, el pico hay que buscarlo en diciembre del 2015 cuando los $ 15.813 de entonces equivalían a U$S 1628, los que cayeron abruptamente a U$S 1179 con la devaluación de mediados de ese mes, resignando 450 dólares. Un fenómeno similar en el período reciente se produjo en enero de 2014 cuando, devaluación mediante, el salario promedio de $ 9212 pasó de representar U$S 1406 a U$S 1148 retrocediendo, en apenas unos días, 258 dólares. A la hora de explorar el piso de la historia reciente en lo que a salario promedio se refiere hay que recalar en diciembre de 2002 cuando los $ 897 equivalían a U$S 247, con una pérdida de casi 600 dólares con relación al valor de entre 800 y 835 dólares de la década anterior. El umbral de los mil dólares recién se superó en diciembre de 2010, cuando los $ 4213 equivalían a 1053 dólares. Los reclamos por el costo laboral han sido la norma de los representantes empresariales. En octubre último, los dirigentes de la Unión Industrial Argentina se reunieron con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, para manifestar su descontento. Allí Cristiano Ratazzi, presidente de FIAT, le había señalado que «no es un problema sólo de impuestos, el sueldo que pagamos en el país es un 50% superior al de México». En medio de las turbulencias cambiarias de esta semana, el mismo dirigente se pronunció a favor de un dólar de 26 pesos. Los U$S 360 por trabajador equivalen a un ahorro de U$S 2300 millones mensuales para todas las patronales. Gobierno y UIA evalúan «revisar» paritarias Tanto el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, como el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, reconocieron en los últimos días que ante el cuadro de inestabilidad cambiaria, la meta del 15% de inflación será de difícil cumplimiento y que, por lo tanto, será necesario activar las cláusulas de revisión que se incorporaron a los acuerdos paritarios sellados en lo que va del año en reemplazo de las cláusulas gatillo, que implicaban una actualización automática de salarios. El titular de la cartera laboral reconoció durante una visita a la ciudad de Córdoba que ante la inflación y la devaluación del dólar, «seguramente» será necesario recurrir a esas revisiones. En tanto, Acevedo dijo, en declaraciones a Radio LED, que «con una devaluación del 25% va a ser difícil dejar una pauta salarial del 15%», dando a entender que será inevitable recurrir a la revisión. Esta postura comprensiva por parte de los más fieles defensores de la pauta del 15% en las paritarias merece una mirada de desconfianza. Es que, en un contexto de fuertes turbulencias cambiarias y de agitación dentro de los sindicatos, todavía restan cerrar algunas paritarias importantes como la de camioneros, docentes, sanidad, gráficos, alimentación, neumático y docentes universitarios, entre otras. Poner en valor hoy las cláusulas de revisión podría ser una forma de ratificar el 15% para las paritarias abiertas y postergar

El Gobierno oficializó que la Asignación Universal por Hijo (AUH) registrará una suba del 5,69 por ciento a partir de junio. Este será el segundo aumento trimestral del año, de los cuatro previstos por la Ley N° 27.426 de Reforma Previsional impulsada por la administración Cambiemos. La ley que fue aprobada en diciembre de 2017 prevé que las cuatro variaciones al año estarán basadas en la evolución del índice de inflación y de los salarios. A partir del 1 de marzo, la movilidad se determina en un 70% por las variaciones del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y en un 30% por el coeficiente que surja de la variación de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte). Desde junio, el haber mínimo de las jubilados subirá  435,87 pesos hasta 8.096,29 pesos. A su vez, la AUH que cobran unos 4.300.000 niños y adolescentes de todo el país pasará de 1.493 pesos a 1.577,95 pesos, o sea, unos 84,5 pesos más por mes. Pero en julio siguiente las jubilaciones mínimas volverán a subir, por la garantía de que no pueden ser menores al 82 por ciento del salario mínimo, que en el séptimo mes del año pasará de 9.500 pesos a 10.000 pesos. Con lo cual alrededor de 1 millón de jubilados recibirán $ 103 extras hasta llegar a un ingreso previsional básico de 8.200 pesos. Con la suba que se aplicará desde junio, las jubilaciones, pensiones y asignaciones habrán aumentado 11,4 por ciento en el primer semestre de 2018 (5,71 por ciento en marzo y 5,69 por ciento en junio). El porcentaje de junio fue oficializado a través de la Resolución 6/2018 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci Malvis.

El 1 de junio comienzan a regir los cambios que la última reforma tributaria. Qué implica. Como sucede todos los años, el 20 de mayo vence el plazo para que los monotributistas cuyas situaciones así lo requieran, cumplan con el trámite de la recategorización. Como esta vez cae domingo, la fecha se pasa para el lunes. Solo por esta vez, esta gestión está habilitada pero no es obligatorio hacerla. Esto es así, porque el 1° de junio comienzan a regir los cambios que la última reforma tributaria (la ley 27.430, aprobada en diciembre pasado) dispuso para el régimen simplificado de pequeños contribuyentes. Y una modificación está referida al esquema de recategorizaciones: ya no habrá que revisar los datos tres veces al año (y cambiarse de escalón en la tabla si es necesario), sino que tal obligación deberá ser cumplida en forma semestral: en enero y en julio. La mencionada resolución del organismo recaudador dispuso que la actual exigencia de recategorizarse se dará por cumplida si el monotributista hace la correspondiente gestión en julio. Luego de mañana, el período para hacer el cambio de categoría será del 1 al 20 de julio. Durante la semana entrante se conocería la reglamentación de los artículos de la ley referidos a este tema, que determinaría, entre otras cosas, en cuál de los dos períodos (julio o enero) la totalidad de los pequeños contribuyentes deberá realizar uno de dos trámites: la recategorización (en caso de haber cambios en su situación) o la confirmación de categoría. Después de cada período habilitado para que los monotributistas revisen su posición en la escala, la AFIP cruzará datos para asignarle de oficio una categoría a los contribuyentes, en los casos en que considere que no se ubicaron correctamente. Esto ya ocurrió luego del 20 de enero pasado. Para hacer el trámite, se ingresa en monotributo.afip.gob.ar y se va a la opción correspondiente. Además de la facturación de los 12 meses previos, hay que tener en cuenta (aunque no en todos los casos, ya que esto depende de la actividad ejercida) el consumo de energía eléctrica (en Kw) y el monto de alquileres devengados. La reforma impositiva estableció también otros cambios. Desde junio, el precio máximo que puede tener algún bien comercializado por un monotributista subirá de $2.500 a $15.000. Otras condiciones, como la de no realizar operaciones de importación ni tener más de tres actividades, seguirán sin modificaciones. Por otra parte, ya no será un requisito, en el caso de las categorías más elevadas, tener empleados. Esta exigencia rige, hasta este mes, para quienes están en las categorías I, J y K (solo habilitadas para el comercio). Fuente: La Nación