El juzgado informó que investiga una supuesta «organización» que «operó entre 2008 y 2015». El período es posterior a la cesión de Iecsa a Calcaterra. Denunciarán a Stornelli. El juez federal Claudio Bonadio decidió excluir de la investigación de «los cuadernos» al presidente, Mauricio Macri, y a las empresas de su familia. Sin embargo, mañana a las 10 un abogado ratificará ante el fiscal Jorge Di Lello una denuncia que involucra directamente a los Macri con el expediente y parece desnudar una estrategia común para alivianarles una eventual imputación. El sorpresivo informe publicado el viernes último en la página de Internet del Centro de Información Judicial (CIJ) es oficial y exhibe como fuente al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11. Ese documento tiene un detalle que pasó casi inadvertido: habla de la «existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos» que operó «entre los años 2008 y 2015». ¿Por qué esa delimitación temporal, si las fotocopias de los cuadernos y, sobre todo, varios de los «arrepentidos», consignaron que el supuesto mecanismo espurio de recaudación ilegal se remonta a 2004? Tal vez la respuesta esté en que la familia Macri vendió una de sus empresas, IECSA, al primo del hoy presidente, Angelo Calcaterra, en 2007. Al delimitar el accionar delictivo entre 2008 y 2015, Macri queda afuera. Pero el expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, en su declaración como arrepentido, corrió la línea de tiempo hacia atrás. ¿Mintió Wagner? Otro detalle: en 2008 Néstor Kirchner ya no era presidente. Mañana, lunes, el abogado Fernando Miguez, presidente de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina, se presentará ante el fiscal Jorge Di Lello a ratificar su denuncia en el marco de la causa 132.233/18. Allí pidió que se investigara la supuesta existencia de una reunión en la quinta presidencial de Olivos entre el presidente Macri, su primo Angelo Calcaterra, el exgerente de IECSA Javier Sánchez Caballero y el fiscal Carlos Stornelli el fin de semana previo al lunes 6 de agosto. Sobre la base de artículos periodísticos que dan cuenta de esa reunión, Míguez denunció que en ese encuentro se definió la estrategia para que Sánchez Caballero, que estaba preso, recuperara la libertad y Calcaterra declarara como arrepentido y obtuviera una exención de prisión. Según la denuncia (y las publicaciones) Macri participó de esa reunión. El juez de la causa es Julián Ercolini, pero delegó las decisiones en el fiscal. Toda la comunidad jurídica, más allá de simpatías personales y diferencias ideológicas, coincide en dos apreciaciones respecto de la causa: que tiene una gravísima falla de origen (la asignación irregular a Bonadio, lo que se conoce como «Forum Shopping», y la violación de la garantía de defensa y debido proceso al excluir al abogado Carlos Beraldi del allanamiento al departamento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ambas pueden ser causales de apartamiento del juez. El viernes por la noche se sumó un tercer factor: Bonadio pudo haber «prejuzgado» al emitir el informe publicado en el CIJ. En un expediente en el que los abogados se quejan todo el tiempo porque no les permiten acceder a la documentación para ejercer las defensas, el juez emitió un documento oficial en el que ya definió (antes de dictar una resolución con los previsibles procesamientos y preventivas) quiénes integran la asociación ilícita y sus roles. Pero más allá de esas objeciones casi monolíticas, en las que coinciden incluso jueces y fiscales vecinos de Bonadio, todos pronostican que la Cámara Federal sostendrá al juez contra viento y marea. El tribunal de alzada ya rechazó buena parte de las recusaciones y nulidades presentadas por las defensas e, incluso, se sostienen entre ellos: el martes pasado, el camarista Martín Irurzun rechazó la recusación contra su colega Leopoldo Bruglia que había formulado el abogado Domingo Montanaro, defensor del influyente auditor general de la Nación y eximido de prisión en la causa Javier Fernández. La Cámara también ratificó el criterio que eligió Bonadio desde el principio: el que habla, sale; el que no se arrepiente, queda preso. De hecho, las denegatorias de las excarcelaciones (todas iguales) firmadas por Irurzun y Bruglia con una invitación al arrepentimiento. «Varios imputados ya se han acogido a la figura prevista (del arrepentido), no pudiéndose descartar la posibilidad de que otros se sumen a este supuesto… En este contexto, la libertad del imputado podría poner en serio riesgo la investigación y recolección de prueba». Dicho de otro modo: los que se arrepintieron y colaboraron no ponen «en serio riesgo la investigación» y, por eso, salen. Venga, confiese y se va. La seducción para el arrepentimiento genera, incluso, diferencias entre los propios tribunales colegiados. El exfuncionario José López fue aceptado como «imputado colaborador» el viernes, pero desde hacía una semana venía recibiendo mimos que incluyen que, si bien sigue estando detenido, no permanezca en una cárcel. Dos jueces del tribunal oral federal N° 1 que lo está juzgando por enriquecimiento ilícito, José Antonio Michilini y Ricardo Basílico, aceptaron que lo llevaran a una casa segura y confortable. El tercer juez, Adrián Grünberg, se inclinó por cambiarlo de penal y ponerlo a salvo, intramuros, de cualquier agresión. La Cámara también definió como objetivo prioritario de la investigación la recuperación del dinero supuestamente robado. «Teniendo en consideración la hipótesis delictiva objeto de pesquisa y la magnitud de los montos comprometidos cuya incautación y afectación a la causa resulta una de las tareas primordiales del juez, deviene ineludible mantener la restricción (de la libertad) cuestionada para evitar también que el imputado realice conductas tendientes a sustraer del alcance de la justicia los bienes y/o el provecho del ilícito imputado». ¿Ha sido exitosa, hasta ahora, la investigación? A juzgar por los parámetros mediáticos que hablan del «robo de 36 mil millones de dólares», uno o varios PBI, o lo parece. El informe publicado en el CIJ explica que después de 70 allanamientos realizados en todo el país, 52 indagatorias y 17 arrepentidos se secuestraron unos seis

Con el descenso de julio, es la cuarta baja consecutiva de la actividad. Según el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, acumula una baja de 1,7% desde el inicio del año. La industria se desplomó 5,2% en julio respecto al mismo mes del año interior. Además, acumuló una baja de 1,7% desde el inicio del año, según el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres. El Indice de Producción Industrial de julio cayó 5,2%. Se trató de la cuarta baja interanual consecutiva, lo que resulta peligroso ante un eventual ingreso a una etapa recesiva. «En esta oportunidad, el segmento que lideró la caída fue el de Alimentos y Bebidas, que se vio afectado por una merma de aproximadamente 20% en la producción de aceites, y una reducción de la demanda de gaseosas de casi 4 por ciento», informó el estudio privado. Por otra parte, el relevamiento de los indicadores de actividad arrojó que la industria “también resultó afectada por la desaceleración de la construcción, lo que se evidencia en una merma del rubro de Minerales no Metálicos de más del 6 por ciento». Acerca del futuro del rumbo económico, los miembros de la consultora consideraron que «las perspectivas de corto plazo siguen siendo poco alentadoras, por la inestabilidad macroeconómica y las elevadas tasas de interés, que son condicionantes de una coyuntura industrial cada día más compleja». Fuente: www.eldestapeweb.com

Se estudian alternativas para que se reduzcan gradualmente las asignaciones que reciben los obispos. «Mantener a los obispos cuesta $130 millones por año». Aunque los datos no eran novedad, los números que detalló Marcos Peña en marzo pasado sobre cómo el Estado financia a la Iglesia instalaron un debate al respecto. Ahora, algunos meses después, las autoridades eclesiásticas parecen comenzar a aceptar que deben resignar parte del dinero que reciben del erario público.   El Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) dejó trascender ayer que se iniciaron negociaciones con el Gobierno para comenzar a resignar, gradualmente, los fondos que el Estado le transfiere a la Iglesia.   En este marco, ya se conformaron dos equipos técnicos ad hoc, del Gobierno y de la Conferencia Episcopal. El del Ejecutivo lo encabeza Alfredo Abriani, el Secretario de Culto que reemplazó hace poco más de 20 días a Santiago de Estrada, y que es del riñón de Marcos Peña.   En paralelo, la Casa Rosada hizo un guiño para no complicar más la relación con la Iglesia, que ya está dañada: Macri frenó las incorporaciones en el Código Penal referidas a la despenalización del aborto. Como ya había destacado Marcos Peña meses atrás, se trata de cifras no menores en un contexto de ajuste económico. Las asignaciones de los Obispos ascienden a poco más de $130 millones, según el Presupuesto 2018, y comprende a obispos diocesanos -con una remuneración de $46.800-, obispos auxiliares -$40.950-, obispos eméritos-$40.950- y administradores apostólicos y diocesanos -$46.800-.   Ya se mantuvieron tres reuniones de los equipos para comenzar a evaluar la quita gradual de las transferencias del Estado. Antes había ocurrido un primer encuentro entre el vicejefe de Gabinete Mario Quintana y el obispo Carlos Malfa.   En la Casa Rosada aseguran que se están evaluando «cuatro o cinco» alternativas para efectivizar la medida. Y que representa un cambio de paradigma en el que ganan tanto la Iglesia como el macrismo. Una de las posibilidades propondría mecanismos para que los fieles católicos contribuyan en el financiamiento de su credo.   Finalmente, durante estas primeras reuniones se acordó que, al menos por ahora, no se verán afectados los subsidios que el Estado otorga a sacerdotes en zonas vulnerables, ni la asistencia a instituciones católicas a través del área de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social, del ministerio de Desarrollo Social.