El gobernador jujeño se mostró autocrítico por el rechazo de la Justicia de su provincia a practicar un aborto por violación a la nena de 12 años que fue obligada a practicarse una cesárea para darle vida a su beba que terminó muriendo días más tarde. Tras semejante acto aberrante, Morales dijo que está en contra pero que «hay que dar un paso hacia la legalización del aborto». Gerardo Morales rompió el silencio después del aberrante caso que dictaminó la Justicia de su provincia obligando a parir a una niña de 12 años que había sido victima de una violación. Ahora el gobernador se mostró arrepentido y aseguró que si bien está en contra debe avanzarse hacia la legalización del aborto. «Lamentamos mucho lo ocurrido; se ha cumplido con la ley, con la voluntad de la niña, de la madre y se han hecho todos los esfuerzos conformes a todos los protocolos del país para salvar la vida de la niña, que era la prioridad porque corría riesgo, y luego la del bebé, pero las cosas salieron mal y los extremos de ambos sectores no están conformes», declaró en una entrevista con Radio La Red. El gobernador de Cambiemos sostuvo que «en lo personal estoy en contra del aborto, pero se tendría que haber dado un paso hacia la legalización, en particular en muchos casos de adolescentes o situaciones injustas que no debieran penalizarse». Pese a la muerte de la beba de la niña forzada a parir aseguró estar «tranquilo por la decisión tomada». Sobre el escenario político, Morales opinó que «el Gobierno está pasando el peor momento en todo sentido» y advirtió que antes de pensar una estrategia electoral para este año e ir definiendo como serán las candidaturas de Cambiemos, se debe esperar «algún indício de la economía» que sea favorable. «Es una decisión que no tiene que ser unilateral; no estaría bien que las provincias que gobierna Cambiemos (Buenos Aires, Jujuy y Mendoza) tomen decisiones por sí mismas , sino que tienen que formar parte de una estrategia nacional», aseguró sobre las posibilidades de desoblar las elecciones provinciales de la nacional.  

Presentó un recurso formal para pedir la remoción de Gustavo Bouhid, quien impulsó que se le realice una cesárea en lugar de un aborto. La madre de la niña de 12 años violada en Jujuy presentó un recurso formal para pedir la remoción del ministro de Salud de esa provincia luego de que se le impidiera realizar un aborto no punible a su hija y se la obligara a parir mediante una cesárea, que no es un método abortivo. Según indicó Página 12, el pedido de remoción fue por sacrificar “la intimidad, la libertad, la dignidad y la salud integral” de la niña de 12 años y contó con el aval de más de 2000 firmas, entre organizaciones de mujeres y de derechos humanos. “No fue ILE, fue tortura”, denunciaron desde la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Jujuy. La principal denuncia fue contra el ministro Gustavo Bouhid es que violó el derecho a la privacidad y la intimidad de la paciente y el secreto profesional. “El ministro de Salud Dr. Bouhid, difundió ilegalmente –sin el consentimiento de la niña ni de su familia– en medios periodísticos gráficos, radiales y audiovisuales provinciales y nacionales el cuadro clínico de la paciente, el procedimiento médico que se llevaría a cabo, el horario de la intervención quirúrgica, las condiciones de su salud previas y posteriores al curso de acción terapéutico consentido”, sostiene el pedido, que también remarca que la intervención del ministro significó un “doble incumplimiento de funcionario público”. Las organizaciones de mujeres realizaron una asamblea para decidir cómo seguir con la denuncia y el reclamo y, según trascendió, en los próximos días las organizaciones convocarán a una conferencia de prensa, una marcha federal y presentarán una denuncia penal contra el ministro de Salud de la provincia.

A través del decreto 67/2018, el Ejecutivo dispuso medidas para asistir a vecinos y productores afectados por las inundaciones en las zonas Noroeste y Litoral del país. El Gobierno declaró hoy la emergencia hídrica por 180 días a raíz de la grave situación que atraviesan vecinos y productores afectados por las inundaciones en las zonas Noroeste y Litoral del país. A través del decreto 67/2019, el Ejecutivo nacional anunció que implementará «medidas inmediatas para preservar los puestos de trabajo» en las regiones comprometidas. La decisión de la administración de Mauricio Macri se conoce apenas días después de que el presidente analizara la crisis de las inundaciones con una controversial declaración. «Tendremos que acostumbrarnos a que esto va a pasar en distintas zonas, en distintos lugares del país», dijo el mandatario tras una recorrida por zonas afectadas en Chaco. La medida conocida hoy instruye al Ministerio de Producción y Trabajo y al Banco Nación para que adopten las medidas para «preservar la continuidad de la actividad productiva y la conservación de los puestos de trabajo de los sectores afectados». Además, define que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá adoptar decisiones pertinentes para aquellos contribuyentes cuyo establecimiento productivo se encuentre afectado por la emergencia y sea su principal actividad. El decreto también instruye a la Secretaría de Energía a que establezca  un régimen tarifario especial provisorio en el servicio de gas para el sector productivo de las zonas afectadas mientras dure el período de emergencia. Además, señala que se deberá ponderar la urgencia comprometida en la ejecución de los proyectos y las obras de infraestructura necesarios para prevenir y/o mitigar inundaciones y eventos climáticos extremos en las zonas de emergencia. El Gobierno argumentó que las intensas precipitaciones registradas durante enero de 2019 “fueron de una magnitud sin precedentes y superaron los registros históricos, lo cual ha ocasionado desbordes de cursos de agua en distintas regiones del país”. Y reconoce esa situación hizo insuficiente el funcionamiento de desagües pluviales, lo que provocó inundaciones en barrios cercanos a los cauces, afectó la red de caminos y causó pérdidas materiales a vecinos y productores de bienes y servicios.

A pesar de los esfuerzos del Gobierno por negar la crisis, se conoció que 108.357 trabajadores formales echados sin causa están cobrando la prestación por desempleo, récord desde que se mide. Sin embargo, no fue el único hito negativo que logró Cambiemos el año pasado en el tema: también elevó el techo de personas que solicitan el mismo seguro. A poco más de un mes de que el INDEC reconociera que al tercer trimestre de 2018, en sólo 12 meses, se generaron casi 180 mil nuevos desocupados en la Argentina, se conoció que Mauricio Macri logró un nuevo récord negativo, de los tantos que consiguió en el último año: la administración Cambiemos consiguió romper el techo de la cantidad de personas que cobra el seguro de desempleo y, también, de la que pidió cobrarlo. Según publicó Clarín en un artículo firmado por Ismael Bermúdez, la cantidad de trabajadores formales despedidos sin causa que están cobrando el seguro por desempleo alcanzó el récord de 108.357 personas, según los datos de la ANSeS a septiembre pasado, cifra que es récord histórico de la serie que arranca en enero de 2013. No obstante, no es la única plusmarca que Macri consiguió quebrar respecto del tema desocupación con la crisis 2018: también es récord el número de personas echadas sin causa que están solicitando la prestación por desempleo. En septiembre se les otorgó a 16.057 trabajadores frente a 12.727 en septiembre de 2017 y 8.038 en enero de 2018. El monto del beneficio equivale a la mitad de la mejor remuneración neta mensual, normal y habitual de los últimos 6 meses trabajados. Sin embargo, tiene un techo tan bajo que en promedio, en septiembre, los 108.357 desocupados cobraron $ 3.556, un 12% del sueldo promedio de los activos. Eso sucede porque actualmente ese beneficio tiene un tope de $ 4.205,47 que anula el de la mitad del promedio salarial semestral. El tiempo o plazo de cobro de este beneficio depende de la antigüedad que registre el trabajador en el último empleo. Y puede percibirlo entre 2 y 12 meses como máximo. Quien fue despedido con una antigüedad de entre 6 y 11 meses tiene derecho a cobrar 2 meses este beneficio. Con una antigüedad de entre un año y 23 meses, cobrará por 4 meses. El plazo se extiende a 8 meses si ese trabajador tuvo una antigüedad de entre 2 años y 35 meses y hasta 12 meses para los que tuvieron una antigüedad de 3 años o más. Con el avanzar de las cuotas, además, el monto se va reduciendo a un 85% del valor vigente y, luego, a un 70%. Si el trabajador despedido tiene 45 o más años, automáticamente se extiende el seguro de desempleo por un periodo de 6 meses.

El hospital materno-infantil de la capital norteña anunció la tarde del martes que la beba se descompensó y falleció. Había nacido el viernes  luego de una cesárea. La Dirección del Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, de San Salvador de Jujuy, informó esta noche que falleció la beba nacida por cesárea luego de que su mamá, una niña 12 años, fuera violada por un hombre de 60. “Se informa que a las 20.30 del día de la fecha, en el Servicio de Neonatología, falleció el recién nacido cuyo caso, de público conocimiento, fue informado oportunamente el pasado viernes 18”, precisó el hospital en su página de Facebook. La noticia también fue confirmada por el Gobierno de Jujuy en su página oficial. La niña de 12 años había ingresado el 11 de enero al hospital Paterson de San Pedro de Jujuy con un embarazo de 23 semanas. Ahí solicitó un aborto no punible dado que su embarazo había sido producto de una violación. El director de ese hospital, Marcelo Villa se la negó y la provincia determinó el traslado hacia la capital jujeña. Allí comenzaron a dilatar el tiempo hasta que finalmente se cumplieron 24 semanas de gestación. Junto a la familia, el equipo sanitario de la provincia propuso realizar una cesárea. De ese parto prematuro, nació una beba de 700 gramos que estuvo en incubadora y cuatro días después, murió. El gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, había dicho a la prensa durante el fin de semana que «una importante familia» quería adoptarla. La negativa a realizar la aplicación del aborto no punible fue una acción en contra del protocolo mismo de la provincia, y de lo que establece la ley desde 1921.