Se trata de una plataforma que está online a partir de hoy y permitirá recabar información de la cantidad, localización e identidad de las personas que trabajan en establecimientos educativos para la organización de la logística y aplicación de las vacunas por parte del sistema de salud en todo el país. El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación Pública anunciaron hoy el comienzo del registro online del personal de establecimientos educativos para organizar el proceso de vacunación en todo el territorio nacional. El objetivo de este registro es actualizar y contar con la información real de la cantidad, localización e inserción laboral (modalidades, niveles, funciones) de personas que trabajan en establecimientos educativos, con voluntad de vacunarse, para que las autoridades sanitarias puedan organizar la distribución de las vacunas en todo el país de acuerdo a la demanda que se exprese en el relevamiento y las prioridades acordadas por el Consejo Federal de Educación (Resolución N° 386/2021).  Registrarse no implica solicitar un turno ni una reserva para aplicarse la vacuna. Una vez que las dosis estén disponibles y el cronograma de vacunación esté confirmado, las personas inscriptas recibirán una notificación de las autoridades de su jurisdicción. De acuerdo a los registros del último censo 2014 y datos 2019, la cantidad de personas que trabajan en establecimientos educativos en todo el país (en funciones con y sin designación docente) asciende a 1.458.084. Este total incluye al personal de todos los niveles y modalidades educativas, supervisores, personal de institutos del nivel superior y del sistema universitario. Las cifras se desagregarán según jurisdicción con el objetivo de programar la logística federal de distribución de las vacunas contra el COVID-19. A su vez, al interior de las jurisdicciones se estimó la cantidad de personal a vacunar en cada uno de los grupos de prioridad establecidos por resolución del Consejo Federal de Educación nro. 386/2021: Grupo 1 Personal de dirección y gestión; ii) personal de supervisión e inspección; iii) docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Inicial (incluye ciclo maternal), Nivel Primario, primer ciclo (1°, 2° y 3° grado) y de Educación Especial. Grupo 2 Personal de apoyo a la enseñanza; ii) todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios Grupo 3 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Primario, segundo ciclo (4° a 6°/7°). Grupo 4 Docentes frente a alumnos y alumnas de Nivel Secundario, de Educación Permanente para Jóvenes y Adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional Grupo 5 Docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades Las provincias de Buenos Aires, San Luis y Tucumán realizarán sus propios registros sin la utilización de esta plataforma. El desarrollo de la plataforma comenzó en noviembre 2020, momento en que se tomó la decisión de priorizar la vacunación al personal que integra las instituciones educativas. En el mismo trabajaron en conjunto los equipos de la Secretaría de Innovación Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete en coordinación con la Secretaría de Evaluación e Información Educativa del Ministerio de Educación y la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Nación. Fuente: Argentina.gob.ar Accesos: https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/vacuna/docentes https://www.argentina.gob.ar/noticias/comienza-hoy-el-registro-de-vacunacion-contra-el-covid-19-para-el-personal-de

25-02-2021 El lunes 22 de febrero, a través del Decreto 123/2021, se oficializó la creación del Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios, dentro de la órbita del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial este lunes 22/2/2021. El nuevo organismo se crea con el fin de “establecer un ámbito de trabajo interinstitucional que garantice un abordaje integral, eficaz y articulado por parte de los distintos organismos involucrados del Estado Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios y de otras violencias extremas”. El Consejo estará integrado por los titulares de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y de Derechos Humanos y de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Estos deberán dictar un reglamento interno. Además, se invita a las Provincias a incorporarse. Entre las funciones del Consejo se menciona “elaborar en forma conjunta los lineamientos para una política federal integral y unificada de prevención, investigación, sanción, asistencia y reparación de los femicidios, travesticidios y transfemicidios” y “elaborar estándares, herramientas de gestión, protocolos, guías y criterios rectores generales de actuación teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio”. Además, el Consejo deberá unificar los sistemas de registro y gestión de la información y promover mecanismos y circuitos de trabajo que aseguren una rápida, coordinada y especializada gestión de los casos de violencias por motivos de género promoviendo la coordinación de acciones entre los organismos judiciales, de seguridad y las áreas de género con competencia en la materia a nivel nacional y local. Adicionalmente, el Consejo tendrá que promover el fortalecimiento de los dispositivos locales de asistencia integral de situaciones de violencia por motivos de género. Otra de las funciones será organizar mesas de trabajo locales con participación de los gobiernos locales, integrantes del Poder Judicial y Ministerios Públicos con competencia en cada jurisdicción, referentes de la sociedad civil, asociaciones de apoyo a las personas en situación de violencia y expertos en la materia. Asimismo, deberá redactar y elevar un informe anual de las acciones que se tomaron en las distintas provincias y en el ámbito nacional en el marco del Consejo, el que deberá ser enviado al Congreso de la Nación. El Consejo Federal para la Prevención y el abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios tendrá una Coordinación Ejecutiva a cargo de los titulares de los nombrados ministerios. Así, la Coordinación Ejecutiva convocará al Consejo, como mínimo, una vez cada 6 meses. Como modalidad de funcionamiento, adoptará un esquema de trabajo por regiones que facilite el intercambio entre sus integrantes y permita elaborar estrategias acordes a las características de las distintas provincias. Por último, en el Decreto se recomienda a las provincias “jerarquizar y fortalecer las áreas de género provinciales y promover el fortalecimiento de las áreas de género municipales responsables de la asistencia y protección integral a las personas en situación de violencia por motivos de género” como también  “mejorar los mecanismos de coordinación y criterios de actuación conjunta entre las provincias y los municipios, en especial en casos de alto riesgo, e informar de manera regular al Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad sobre los recursos y lugares existentes en cada jurisdicción destinados a la asistencia y protección a personas en situación de violencia por motivos de género”. También propone que se generen mecanismos que faciliten la realización de denuncias administrativas ante casos de violencias por motivos de género que involucren a miembros de las fuerzas de seguridad. Finalmente, recomienda que en los establecimientos de salud se cuente con equipos interdisciplinarios que aseguren un adecuado abordaje de los casos de violencia por motivos de género, incluyendo el registro de las intervenciones sanitarias vinculadas a estas situaciones, en articulación con los organismos competentes en la materia. Fuente: Erreius

25-02-2021 La de ola femicidios acontecidos en el país desde comienzos del año, ha llevado a colocar el foco de atención en las diferentes reparticiones estatales encargadas de prevenir estos crímenes que dejan a una mujer muerta por día. En este contexto, integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación ha tomado cartas en el asunto con el caso de Eduardo Cáceres, diputado sanjuanino por el PRO, quien esta denunciado por violencia de género. Al menos quince diputadas pidieron que la Cámara suspenda al sanjuanino Eduardo Cáceres, procesado judicialmente por “lesiones leves agravadas por el vínculo” luego de ser acusado por violencia de género por su ex pareja, y que regresó a su banca el 12 de febrero, al fin de la licencia por 60 días que había tomado cuando comenzó el proceso judicial. “Como diputadas de la Nación, tenemos el deber y la obligación de implementar todos los mecanismos necesarios para sancionar y erradicar la violencia contra la mujer”, señalaron las legisladoras en un escrito dirigido a la presidencia de la Cámara. El texto refiere entre sus fundamentos, además del reglamento propio del cuerpo, las convenciones internacionales ratificadas por el Estado nacional argentino y la Ley Micaela, de capacitación en género obligatoria para agentes estatales, que el procesado Cáceres propuso modificar, justamente, en cuanto regresó de su licencia. Cáceres es del Pro y las quince firmantes del pedido de suspensión revistan en el Frente de Todos. Sin embargo, los reclamos internos de intervención que generaron el regreso de Cáceres, y su intento de convertir en ley la “noción” de que “la violencia no tiene género”, son transversales, como consignaron diputadas de distintas identidades partidarias, inclusive del mismo Pro -que integra Cáceres-, en diálogo con este diario. El fin de semana, de hecho, hubo reuniones para tratar el tema, y la participación no diferenció entre bloques. “Es una mirada transversal, no política partidaria. Es de género, de nosotras. No debería ser así. Porque la violencia debiera evitarse en todos los sentidos, debiera ser de defensa de los derechos. En cuanto a las diputadas, es un tema que une a todos los bloques”, advirtió a este diario una de las participantes. De hecho, el lunes de esta semana la Secretaría Nacional de Mujeres del PRO emitió un comunicado en el que afirmó que es preciso “acompañar a quien alza su voz”. “Acompañamos a Gimena Martinazzo en su denuncia y solicitamos que el Cuarto Juzgado Correccional de San Juan se expida lo antes posible. No desconocemos que hay varones que sufren violencia, pero es desafortunado que quien presenta un proyecto en este sentido, se encuentre hoy en medio de una causa judicial por violencia de género. Pareciera ser un abuso de su posición”, señaló el comunicado distribuido por las cuentas oficiales de Pro Mujeres en redes sociales.”Denunciar no es fácil, por eso debemos acompañar a quien alza su voz y evitar impactos negativos mientras la causa avanza, que intentan llevarnos nuevamente al silencio”, añadieron las políticas. Suspender al procesado es preciso para defender “el rol que la ciudadanía nos ha asignado y la necesidad de proteger y cumplir con la legislación para erradicar todo tipo de violencia de género”, aseguran la diputada sanjuanina Graciela Caselles, las bonaerenses Jimena López, Mónica Macha, Liliana Schwindt, Liliana Yambrun, la porteña Mara Brawer, las salteñas Verónica Cáliva, y Alcira Figueroa, la jujeña Carolina Moisés, la fueguina Carolina Yutrovic, la santafesina Patricia Mounier, la chubutense Estela Beatriz Hernández, la pampeana Melina Delú, la formoseña María Graciela Parola, y la puntana Victoria Rosso. Cáceres, en tanto, se afana en agitar en entrevistas y por redes sociales su proyecto para penalizar “falsas denuncias o escraches sociales”, al que denomina “Ley Alejo”, en referencia al joven Alejo Oroño, asesinado a mediados de febrero de una puñalada por su ex novia, Nadia Navarro Montenegro. El texto ingresó la semana pasada por mesa de entradas con las firmas de otras 14 legisladoras y legisladores, todas nombres de representantes que, en sus respectivos mandatos, intentan construir sus perfiles en base a aferrarse a la agenda de oposición a derechos de mujeres, disidencias y diversidad. En la página web del legislador, renovada días atrás, la iniciativa quedó destacada como contenido único de sus “proyectos para el país”, que se diferencian de sus “proyectos para San Juan”, una pestaña algo más poblada. A principios de esta semana, entrevistado por la señal televisiva oficial de la Cámara, el diputado procesado pidió hablar de su última iniciativa, a la que definió como “un proyecto que habla de la justicia, habla de un tema tabú que es quizá la violencia de género contra el hombre”. “Sin poner el hombre arriba de la mujer, trata de equiparar en los alcances de la Ley Micaela, que es la concientización de la violencia de género hacia la mujer, para que sea la violencia de género hacia toda persona. Es decir, incluir a mujeres, varones, trans, transexuales y transgénero. Me parece algo importante porque es solamente concientizar y (está) basado en algunas estadísticas que hablan que también existe violencia bidireccional”, aseguró, tal vez en referencia a publicaciones incluidas en los fundamentos del texto, que mantienen vínculos casi íntimos con los apologistas del “Síndrome de Alienación Parental”, oficialmente definido como “falacia carente de rigor científico” en un pronunciamiento que el Gobierno dio a conocer a mediados de 2020. En la misma entrevista de Diputados TV, Cáceres también aseguró que “la misma organización de Naciones Unidas entiende y reconoce que la violencia de género se da tanto en mujeres como en hombres”. “El 30 de noviembre del 2020, se autorizó por pedido del Diputado Cáceres su desafuero y la Diputada Nacional Graciela Caselles solicitó que se lo licenciara, para que la justicia local pudiera acceder a todas las herramientas necesarias que permitieran aclarar y proceder conforme a derecho, ante la denuncia por violencia de género agravada por el vínculo realizada por parte de la ciudadana sanjuanina, Gimena Martinazzo”, recordó el pedido de suspensión de Cáceres, que añadió que luego de eso el legislador resultó procesado. Fuente: Página 12

20-02-2021 Aunque había sido condenado a prisión perpetua por su participación en los crímenes cometidos por la CNU, estaba con arresto domiciliario por su precaria salud. Desde hace unos días lo habían internado en una clínica local. Gustavo Demarchi, el ex fiscal federal general y candidato a intendente de General Pueyrredon que cumplía una condena a perpetuidad por los crímenes cometidos por la CNU (Concentración Nacional Universitaria), murió en las últimas horas a causa del Covid. La información fue confirmada por gente del entorno de Demarchi, quien permanecía internado en la clínica 25 de Mayo de esta ciudad. Demarchi había sido beneficiado con la prisión domiciliaria en diciembre de 2019 a causa de la precariedad de su estado de salud y así cumplía con la condena perpetua que le habían aplicado en el año 2016 (sin sentencia firme). Demarchi contaba con 74 años y había sido juzgado por su responsabilidad al frente de la agrupación peronista de ultraderecha de los años ’70. Se lo consideró coautor de 6 homicidios perpetrados a mediados de la década del ’70, 5 de ellos cometidos el 21 de marzo de 1975 en la sangrienta “Noche del 5×1”. En esa madrugada, como venganza del crimen de Ernesto Piantoni ocurrido el día anterior, por entonces líder de la CNU en Mar del Plata, fueron asesinados Enrique Elizagaray, Guillermo Enrique Videla, Jorge Enrique Videla, Jorge Lisandro Videla y Bernardo Goldemberg. Según lo que pudo reconstruir la Justicia más de 40 años después, Demarchi había asumido la dirección de la agrupación y encabezó la masacre desde la no investigación de los hechos. Demarchi además fue condenado por la privación ilegítima de la libertad agravada por mediar violencia y el homicidio calificado de la decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Católica María del Carmen “Coca” Maggi, y por el delito de asociación ilícita. Maggi fue secuestrada el 9 de mayo de 1975 y sus restos aparecieron el 23 de marzo del año siguiente. La historia En el año 1974 Demarchi fue designado como fiscal federal general de Mar del Plata por el gobierno ya encabezado por María Estela Martínez de Perón. Su pertenencia a la CNU fue confirmada y también su rol como integrante de esa articulación como fuerza parapolicial que desplegó acciones como la del 5×1. En los años de la dictadura Demarchi fue secuestrado por el poder militar y liberado, y en el año 1983 fue candidato a intendente por el peronismo en Mar del Plata, pero fue derrotado por el radical Angel Roig. Su continuidad profesional en la ciudad estuvo ligada a su labor como abogado penalista y participó en numerosos procesos judiciales en ese rol. En 2010, al reactivarse las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad cometidos en los años ’70, fue procesado y en el mes de octubre se fugó del país hacia Colombia, tras salir por la frontera con Paraguay. El 12 de noviembre de ese año se registró su ingreso en la oficina de Migraciones de Bogotá como turista y recién al día siguiente se libró un pedido de captura desde la Justicia de Mar del Plata. En enero de 2011 pidió que se lo considerara en condición de refugiado político pero un mes después fue detenido por Interpol. En julio el presidente colombiano Juan Manuel Santos autorizó su extradición y recién en el año 2016 se realizó el juicio en el que fue condenado a prisión perpetua. Demarchi estuvo preso en la cárcel de Marcos Paz hasta que, después de varios intentos rechazados, en diciembre de 2019 le fue otorgada la prisión domiciliaria por su frágil salud. Varias organizaciones de derechos humanos reclamaron por esta situación, pero la medida jamás fue revocada porque la Justicia entendió que estaba justificada. Fuente: La Capital. Mar del Plata

De acuerdo a los Observatorios Feministas (Mumalá; Observatorio Ahora que Si nos Ven) que llevan adelante el seguimiento de casos de violencia patriarcal, en lo que va del año 2021 se han registrado más de 50 casos de femicidios, siendo el crimen hacia Úrsula Bahillo el de mayor impacto por la trama de impunidad que rodeo su caso, tras ser asesinada por su ex pareja, un policía bonaerense. En el día de hoy se confirmó el femicidio de Ivana Módica. La mujer, de 47 años, fue asesinada por su pareja y su cuerpo fue encontrado luego de la confesión del femicida, Javier Galván, tras ocho días de búsqueda en la Falda, Córdoba. ¿Hasta cuándo esta guerra silenciosa que se lleva cada un día a una mujer, trans, travesti, lesbiana, y que ahora avanza hacia las infancias? Romper el silencio impune es nuestra lucha. Pedir ayuda. No estás sola, nos apoyamos y nos cuidamos entre nosotras/es. Líneas y sitios donde recurrir si sufrís violencia de género en San Juan: -Línea Rosa Nacional: 0800 666 6351 o al 144 En San Juan: -Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género. Ubicado en esquina de Calle Rivadavia y Alem, microcentro de capital. Teléfono: 4281589 -Asamblea Ni Una Menos San Juan. -Dirección de la Mujer. Ubicado en calle 25 de Mayo 451 (oeste). Teléfono 4222713

20-02-2021 Tras darse a conocer la existencia de un «vacunatorio vip» en las instalaciones del Ministerio de Salud de la Nación, el presidente Alberto Fernández, por medio del jefe de Gabinete Santiago Cafiero, solicitó la renuncia inmediata del ministro de Salud Ginés González García. El hecho se dio a conocer tras los dichos de Horacio «el Perro» Verbitsky en el programa radial «El Destape», donde afirmó : «Decidí vacunarme. Me puse a averiguar donde hacerlo, llame a mi viejo amigo Ginés González García-a quien conozco desde mucho antes que fuera ministro- y me dijo que tenia que ir al Hospital Posadas (…) Cuando estaba por ir recibí un mensaje del secretario de Ginés que me dijo que iba a venir un equipo de vacunadores del Posadas al Ministerio y que fuera a darme la vacuna». Tras los dichos, se ventiló una «lista» con otras personas del ámbito que habían recibido las vacunas en las mismas condiciones. Mientras tanto, Carla Vizzoti es la nueva ministra de Salud.

Roberto I. Scherbosky Abogado-Mg.en GIRH Investigador INTA EEA LA CONSULTA 19/02/2021 Ante el debate suscitado sobre cómo debe ser la representación de los diversos sectores del agro en el Consejo Directivo del INTA, y de qué modo se debe cumplir con la misión del Instituto de ciencia y técnica, se propone aquí una breve descripción histórica, que si bien tiene su creación formal por medio del Decreto Ley 21.680/56 del 4 de Diciembre de 1956, tiene como antecedente a la Comisión Nacional de Investigaciones Agropecuarias que funcionaba desde su creación en 1946, bajo la órbita del Ministerio de Agricultura. El INTA nació con la finalidad de “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural”. Desde 1956 a la fecha pasaron más de seis décadas, en las que se modificó sustancialmente la estructura agraria de nuestro país. En ese transcurrir, se sucedieron gobiernos con una mirada más desarrollistas, otros con una clara defensa de los intereses neoliberales, (entre ellos la dictadura cívico militar), también algunos elegidos por el voto popular y los gobiernos democráticos donde la presencia del Estado fue indispensable para un mejoramiento de la vida cotidiana de diversos sectores sociales. En ese marco vale resaltar que el INTA, como organismo de ciencia y técnica, elaboró un documento que se denomina Plan Estratégico 2015-2030, suscripto por la gestión del gobierno nacional anterior y también por la anterior conducción del INTA, donde se conceptualizan algunos criterios, que, por su vigencia, pongo en consideración:   “El Sistema Agropecuario, Agroalimentario y Agroindustrial tiene relevancia estratégica para la Argentina por su contribución al desarrollo. Aporta al PBI, a la generación de divisas y de empleo, al desarrollo regional, a la producción de alimentos y al progreso tecnológico del sector, el cual deberá afrontar los desafíos globales de seguridad alimentaria, cambio climático, salud ambiental, equidad social, uso responsable y sustentable de los recursos naturales”. En dicho PEI se establece que “la Agricultura Familiar representa alrededor del 65% de los establecimientos agropecuarios, ocupa el 13% de las tierras cultivadas disponibles, genera el 20% de la producción y el 54% del empleo rural. Contabilizan unas 220.000 familias rurales y periurbana.[i] El dato coincide en gran medida con la publicación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura(FAO)  que indica que en nuestro país «la Pequeña Agricultura Familiar (PAF) abarca el 66 por ciento de los Establecimientos Agropecuarios (EAPs), ocupa el 13,5 por ciento de la superficie, dato que se traduce en más de 23 millones de hectáreas. Este importante sector produce el 20 por ciento del Valor Bruto de Producción (VBP), que en números del año 2004 significó más de 12 millones de pesos; y contempla el 53 por ciento del empleo rural» (Ing. Julio Elverdín, Director del CIPAF Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, del INTA). En esa publicación se consigna que “Los pequeños productores estarían aportando a nivel nacional el 71% del empleo directo del productor o socio, el 87% del empleo permanente familiar (92% del empleo familiar sin remuneración y 71% del empleo familiar con remuneración) y el 36% del empleo permanente no familiar sin remuneración”. Por su parte, un informe de la  FAO  explica que “ante una estructura actual del campo argentino con 35.000.000 de hectáreas que están en manos de 936 dueños (35.000 hectáreas cada uno); mientras que 2.300.000 hectáreas están en manos de 137.000 propietarios, a un promedio de 16 hectáreas cada uno”.[ii] En diversos informes publicados se aportan otros datos sobre la agricultura urbana y periurbana que indican que aportan hasta el 25 por ciento del 80 por ciento de los alimentos que produce la agricultura familiar a escala mundial, por esto su rol como sector productivo es reconocido por gobiernos y organismos internacionales. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), nueve de  cada diez de las 570 millones de explotaciones agrícolas en el mundo están gestionadas por familias que producen alrededor del 80 por ciento de los alimentos del mundo. La Agricultura Urbana y Periurbana es practicada desde hace muchos años, tanto en ciudades de países industrializados (Tokio, New York, Berlín, Shangai) como en países en vías de desarrollo (Cuba, México, Buenos Aires, Bogotá). En China esta actividad es ancestral ya que muchas ciudades se autoabastecen de alimentos de esta manera: en Shangai el 60 por ciento de los vegetales, 100 por ciento de la leche y 50 por ciento de la carne de cerdo que se consumen son producidos en el área urbana y periurbana, ejemplifica el documento del INTA Agricultura Urbana y Periurbana en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Es importante tomar en cuenta los nuevos enfoques con los que se analiza la complejidad de los periurbanos y los mercados de cercanía.  Delimitar y definir las ciudades y proteger los cinturones verdes es lo que hacen otros países del mundo. Por ejemplo Ontario (Canadá), el cinturón verde más grande del mundo, en la zona de mayor crecimiento de América del Norte; o  Londres (Inglaterra) donde más allá de las tensiones inmobiliarias y los sectores que pugnan por el territorio, la preservación de los periurbanos con sus mercados de proximidad están incorporadas a la política pública y a la conciencia ciudadana. Los periurbanos son territorios complejos y en constante tensión: si se piensan buenas estrategias desde el Estado pueden ser una plataforma para una economía integrada, y la agricultura familiar un actor relevante. El INTA, como lo hacen otros organismos de I+D del mundo, debe integrar esfuerzos en el desarrollo de tecnologías de innovación que contribuyan a la producción agroalimentaria y agroindustrial sustentable, en cadenas cortas. Esta pandemia demostró cómo el sector de la agricultura familiar, con su producción de alimentos frescos, resulta relevante para garantizar la seguridad alimentaria en los  mercados de cercanía. [iii] Como podemos ver, el Campo es un

La industria es impulsada por miembros de la comunidad originaria para el uso y preservación de sus bosques nativos. La comunidad de Salvador de Talquenca comenzó la producción de harina de algarrobo. Este proyecto de producción de harina se suma a otros dos que ya se encuentran funcionando, como son la producción de plantines de especies nativas y elaboración de miel. Para realizar esto se formó un grupo de trabajo de diez personas, en la que la mayoría son mujeres  de la comunidad. Cabe destacar que ellas ya fueron capacitadas en manipulación de alimentos. El proceso Las tareas comienzan con salidas de campo para realizar una recolección de semillas de algarrobo (Prosopis flexuosa), que posteriormente son seleccionadas, para realizar la molienda de las de mejor calidad y elaborar la harina. En una primera etapa se alcanzó una producción de 18 kilos de harina, posteriormente fueron elaborados 50, y se espera que, a lo largo de dos meses, la producción alcance los 100 kilos. La industria de los alimentos, el sector al que ingresar Esta harina de algarrobo tiene varios destinos y usos, uno de ellos es la comercialización en paquetes de medio kilogramo para ser usada en la industria alimenticia. Además, esta harina es utilizada para la elaboración de barras de cereal, para la que además se utiliza la miel producida en la misma comunidad, integrando de esta forma las tareas de diferentes proyectos desarrollados en Salvador Talquenca. Esta industria se encuentra dentro de las acciones sustentables que la comunidad hace del bosque nativo. Fuente: Diario Huarpe

18-02-2021 El inminente retorno a clases presenciales, el inicio de las paritarias docentes y las continuas movilizaciones del sector ocurridas en lo que va del año en San Juan, nos lleva a colocar el foco de atención en la situación que atraviesan los/as trabajadores/as de la educación en la provincia. Para ello, conversamos con el maestro Juan Godoy, quien nos brindó de algunas claves para comprender cuál es la situación por la que atraviesa uno de los sectores trabajadores más vapuleados del país a lo largo de los últimos tiempos. El 18 de febrero del 2021 se anunció el inicio de las paritarias docentes a nivel nacional. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, adelantó que “no habrá techo” en las negociaciones sobre el aumento salarial, siendo un piso esperable el 29% de aumento para equiparar el proceso inflacionario del año pasado. En este escenario de lucha, en San Juan los/as docentes no se hicieron esperar y la organización del sector ha copado las calles del microcentro capitalino, así como también las calles de departamentos aledaños, para hacer sentir sus voces y sus reclamos. Conversando con Juan Godoy, buscamos comprender un poco más sobre la situación actual atravesada por las/los maestra/os en la provincia. En las últimas dos semanas, sectores docentes de San Juan protagonizan masivas movilizaciones, movilizaciones que desde hacía mucho tiempo no se veían en la provincia. Este fenómeno encontró replicas en departamentos aledaños a la capital, como lo sucedido en Jáchal y en Valle Fértil, las cuales son reflejo de la necesidad de participación de los y las docentes en las políticas educativas a diseñarse para el comienzo de clases en este contexto político, social y sanitario tan particular. ¿A qué se deben estas masivas movilizaciones protagonizadas por los/as trabajadores/as de la educación? Sin lugar a dudas, la organización del sector responde a una necesidad de ser partícipes en la toma de decisiones de importancia que les competen como motor del sistema educativo. Así pues, buscamos conocer con mayor profundidad cuales son algunas de las causas que impulsan al sector a tomar las calles como medio de reclamo. Como hemos nombrado, en primer lugar, estas movilizaciones responden a una necesidad dejar expresadas sus opiniones respecto a las condiciones salariales, una de las situaciones de mayor urgencia a resolver, la que genera malestar y disconformidad en todo el sector, teniendo en cuenta que el último aumento ocurrió en marzo del año 2020 y correspondió sólo al 13.5%. En conversación con Juan Godoy, el docente sanjuanino nos comentó que: “Ni siquiera teniendo dos cargos de 4 horas como maestra de grado, se llega a la canasta básica. Es decir, una jornada laboral completa, la cual se extiende mucho más de 8 horas, no alcanza para cubrir la canasta básica. Y el salario de maestra inicial está casi por debajo del índice de indigencia. Por lo tanto, la pérdida salarial es muy importante, y genera un escenario de mucha disconformidad y malestar”. A la situación económica se le suma la crisis de representación que está viviendo el sector, crisis desatada ante la ausencia de canales de diálogo por parte de las históricas organizaciones gremiales docentes de la provincia. Ante esto, la docencia encontró otra forma de participar en la toma de decisiones: las movilizaciones públicas. Estas movilizaciones son convocadas por distintas agrupaciones docentes surgidas en el último tiempo. Como resultado de las mismas, se gestó un espacio de confluencia y de diálogo entre distintos sectores docentes, entre los que se encuentran, por un lado, personas autoconvocadas y, por otro, sectores pertenecientes a organizaciones partidarias. Más allá de estas diferencias, una voluntad unitaria les congrega en el encuentro, “esto suma y enriquece la participación democrática de la docencia, la cual ha sido determinante en muchos momentos de la historia del país”, nos comenta Juan. Entre las reivindicaciones que la organización docente provincial exige, el 50% de aumento salarial en las mesas paritarias abiertas en el día de la fecha cobra centralidad. Esto implica considerar en el aumento salarial el 22% correspondiente a la inflación del año pasado, y la recompensación de las paritarias suspendidas por el Poder Ejecutivo Nacional a comienzos del 2020, “un hecho inédito, suspender el acuerdo paritario de manera unilateral”. Otro de los puntos surgidos y que llevan a la organización es la situación del retorno a clases presenciales. Dentro del sector docente, hay un debate en torno a esto debido, en primer lugar, a la falta de consulta hacia los/las mismas trabajadores/as por parte del Gobierno, “desde el sector se exigen condiciones seguras y de sanidad para el retorno a las aulas, son nuestras consignas. Asimismo, no queremos que el retorno a la presencialidad sea un slogan de campaña para un año electoral. Esto puede generar hechos muy riesgosos. Y, en definitiva, los responsables de la salud de los/as chico/as en las escuelas no es el Estado, sino somos nosotros/as, los/as docentes. Entonces, es un tema muy delicado para la docencia el retorno a las clases presenciales. En la docencia existe la necesidad de volver, pero requerimos volver en condiciones seguras. Por lo tanto, también estamos discutiendo sobre el calendario de vacunación, lo cual se presenta como otro slogan electoral y, sin embargo, aún no hay calendario de vacunación para los/as docentes, por lo tanto, vamos a volver a las aulas sin estar vacunados/as”. Otro de las consignas de importancia que abordan desde el sector es el correspondiente a la conectividad.  La crisis sanitaria desatada durante el año pasado a raíz de la pandemia del covid-19, tuvo como correlato una crisis económica, la cual aún estamos transitando. En el sistema educativo, esto se vio reflejado en el aumento de la brecha económica existente entre las escuelas. En conversación con Juan, el docente nos comentó cómo muchas familias se vieron con dificultad de permanecer en las instituciones educativas por no contar con los equipos en condiciones de conectividad para poder realizar el cursado. “En el caso mi caso particular, de los doce alumnos, sólo dos tenían conexión. Con

El diputado nacional por San Juan, Eduardo Cáceres, promueve la «Ley Alejo» para prevenir y sancionar la violencia hacia el género masculino, los hombres. En un contexto donde los femicidios ocurren cada 29 horas en la Argentina, y la ineficiencia de las políticas públicas para el abordaje de esta problemática queda al descubierto, el proyecto de ley presentado y apañado desde el bloque opositor del PRO, se presenta como provocación a los movimientos de mujeres y feministas del país. 17-02-2021 Diputados del PRO presentaron el proyecto «Ley Alejo» para prevenir la violencia de género contra varones y sancionar la realización de denuncias falsas por violencia de género, algo que causó rechazo en buena parte de la de la sociedad en un país donde hay un femicidio cada 29 horas y a sabiendas de que las denuncias falsas representan una cifra inferior al 2% del total. La denominada “Ley Alejo” se presentó luego del crimen de Alejo Oroño (22) a manos de su ex pareja, Nadia Navarro Montenegro, en la localidad de William Morris, Hurlingam. La tratativa busca ampliar “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia “desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres”, indican sus impulsores. “A Alejo, como hombre, le daba vergüenza denunciarla (a su pareja) y cuando intentó hacerlo no le tomaron la denuncia”, remarcan en el proyecto, que además de la capacitación obligatoria, establece una línea gratuita de asistencia y comisarías especializadas capaces de atender “las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de los diferentes géneros y la diversidad sexual”. Además, tipifica las falsas denuncias por violencia de género, y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica. “Un tema que claramente es un tabú social y un fenómeno distinto al de violencia de género y debe legislarse como tal, debido a que su naturaleza, causas y consecuencias serían distintas, así como los espacios y formas en que se manifiesta”, señala la iniciativa que fue presentada con las firmas de los legisladores de JxC, Gisella Scaglia, Gabriela Lena, Alicia Terada, Estela Regidor, Lidia Ascarate, Sebastián García De Luca, Marcelo Orrego, Domingo Amaya, Francisco Sánchez, Juan Aicega, Gustavo Hein, David Schlereth, Hernán Berisso, y Gerardo Cipolini. Según consignó Clarín, el autor del proyecto y principal firmante es el diputado por San Juan, Eduardo Cáceres, que meses atrás fue denunciado por violencia de género por su ex pareja, la dirigente del PRO, Gimena Martinazzo. El proyecto cita dos estudios internacionales donde se indica que los hombres «tienen mayores problemas a la hora de pedir ayuda por el estigma que relaciona al varón con el sexo fuerte» y, al mismo tiempo, una cuestionada afirmación sobre que existe «paridad en las tasas para hombres y mujeres tanto como agente activo como agente pasivo del abuso y se recomienda reconocer a las víctimas masculinas». En Argentina, las denuncias falsas ya tienen un tratamiento, a través del artículo 456 del Código Penal vigente, el cual «sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación». A su vez, cabe destacar que a nivel internacional se constató que la cifra perteneciente a las denuncias falsas por violencia de género es ínfima con respecto al total de las denuncias. En España, un país que lleva este registro, la Memoria 2020 de la Fiscalía General del Estado, constató que en 2019, de las 168.057 denuncias que se presentaron, sólo 7 lo fueron por denuncia falsa. Además, estudios realizados en Inglaterra y Estados Unidos sostienen que las denuncias falsas por violencia de género son menos del 2%. Principales puntos del proyecto El proyecto amplía los alcances de la “Ley Micaela”, para que todo el personal del Estado reciba capacitación sobre violencia desde la perspectiva de diversidad de géneros y no sólo de las mujeres. Se desarrollan políticas públicas en educación, justicia, seguridad y trabajo, entre otros organismos, y campañas de difusión. Crea una línea gratuita de asistencia. Comisarías especializadas capaces de atender las diferentes formas de violencia desde la perspectiva de diferentes géneros, garantizando cupo igualitario en la atención y respetando el previsto por el Decreto 721/2020 para trans, travestis y transgénero. judiciales y administrativos, y crea un observatorio para analizar los casos. Se tipifican las falsas denuncias y el impedimento de contacto con los hijos como violencia psicológica. Establece mecanismos informativos y educativos en la capacitación dar a conocer las consecuencias legales de realizar falsas denuncias y publicar y compartir escraches en redes sociales. Fuente:FiloNews