Según el organismo estadístico oficial, la suba de precios del mes pasado fue de 1,5%. Muy por encima del resto de los rubros, que aumentaron muy poco, Prendas de vestir y calzado lideró los incrementos con un salto del 7,5%. En los últimos 12 meses, la aceleración fue de casi el 44%, impulsada principalmente por el arrastre del último medio año macrista. El índice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC registró en mayo una suba del 1,5%, incremento idéntico al que se produjo el mes pasado, en abril. El número se conoce en el marco muy poca actividad económica y distorsiones en el relevamiento de precios producto de la pandemia y del aislamiento obligatorio para prevenir los contagios de Covid-19. En los primeros cinco meses del año, la inflación minorista marcó un avance de 11,1 % y en los últimos 12 meses reflejó un incremento acumulado de 43,4%. Lo ocurrido durante lo que va de 2020 no implica una alzada de precios significativa, pero ocurre en un momento de potente caída de la actividad por la pandemia.  El dato destacado de mayo fue que por primera vez en lo que va del corriente año el rubro Alimentos registró una suba por debajo del promedio general, con un avance de escaso de 0,7%. En el desglose del informe se observa que la división Prendas de vestir y calzado (7,5%) fue la que mostró un mayor aumento en la mayoría de las regiones. En mayo, y conforme fue abriendo al comercio tanto online como presencial en algunas provincias, se observaron aumentos en prendas de estación. Esta suba explicó, en parte, el alza que se observó en la categoría Estacionales (4,7%). Entre los que más se incrementaron se ubicó la división Equipamiento y mantenimiento del hogar, con un incremento de 2,8%, en el que incidió el segundo tramo de aumento de salario para trabajadores de casas particulares y en los precios de bienes no durables para el hogar. Si se lo observa por regiones, la zona con más aumentos en los productos de bienes y servicios fue la región Noroeste con 1,7 por ciento. Mientras que la que menos incremento mostró fue la región de Cuyo que sus precios subieron 1,3%.

El proyecto había sido aprobado en Diputados meses atrás y la semana había quedado trunco en la Cámara Alta. Este jueves, el oficialismo utilizó su mayoría para aprobarlo sin la oposición. El Frente de Todos aprobó hoy en el Senado la nueva Ley de Alquileres que reforma el vínculo entre propietarios e inquilinos, sin la presencia de la oposición, que se retiró de la sesión en medio de una pelea con el oficialismo. La ausencia de Juntos por el Cambio se debió a que, según sus términos, el oficialismo no respetó el reglamento de sesiones virtuales, el cual estipulaba tratar únicamente referidos a la pandemia.  Al abandonar la sesión, el Frente de Todos hizo pesar su mayoría y aprobó tanto el proyecto de alquileres como la suspensión de las Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS). El proyecto aprobado y deseado por los Inquilinos, quienes más lucharon para su sanción, tiene las siguientes claves: Actualización de precios: el índice para la actualización anual de los precios estará conformado en igual medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA). Duración del contrato: el plazo mínimo de la locación de inmueble serán tres años. Depósitos: no podrá exigirse al locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes; y el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler. Arreglos: introduce la posibilidad de que los inquilinos puedan hacer los arreglos y descontarlos del alquiler, dado que en caso de negativa o silencio del locador ante un reclamo del locatario debidamente notificado para que realice alguna reparación urgente, el locatario puede realizarlas por sí a cargo del locador, una vez transcurridas 24 horas de la notificación. Impuestos: el locatario no tiene a su cargo el pago de impuestos que graven a la propiedad (como el ABL y ARBA) ni el pago de expensas comunes extraordinarias. Garantías: los locadores deberán aceptar como garantía alguna de las siguientes opciones: título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario o garantía personal del locatario (recibo de sueldo o certificado de ingresos que pueden sumarse en caso de ser más de un locatario). Renovación del contrato: el locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato. Registro: será obligación del locador declarar el contrato de alquiler ante la Administración Federal de Ingresos Públicos de la Nación (AFIP), dentro de los plazos que disponga este organismo. Resolución de conflictos: para la resolución de conflictos, el proyecto establece que deberán crearse en el ámbito público de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires ámbitos de mediación y arbitraje gratuitos o de bajo costo. Intermediarios: la intermediación en el contrato de alquiler sólo podrá estar a cargo de un profesional matriculado y si interviene un solo corredor, ambas partes, propietario e inquilino, deberán pagar comisión

Tras la reunión en Olivos entre el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el CEO de la empresa, Sergio Nardelli, se acordó avanzar en la intervención estatal dispuesta por 60 días y buscar estrategias de cara al futuro para garantizar la continuidad de la cerealera. Terminada la reunión en Olivos encabezada por el presidente Alberto Fernández, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y el CEO de la empresa Vicentin, Sergio Nardelli, el mandatario santafesino habló con la prensa y fue el encargado de contar, sin profundizar demasiado, cómo fue el encuentro.Perotti ratificó entonces que el objetivo del Poder Ejecutivo nacional es el rescate del Grupo Vicentin a través de la intervención de la empresa, pero aclaró que el presidente Alberto Fernández está dispuesto a «escuchar alternativas superadoras» a la expropiación. Destacó luego que «se abrió una instancia de diálogo productivo, muy franca, y con las expectativas de que este canal siga fortalecido para abordar un tema tan importante como es Vicentin, que para el sector agroalimentario argentino es una de las referencias importantes». Perotti adelantó además que este viernes los integrantes de la empresa se reunirán con Gabriel Delgado, el interventor designado por el Poder Ejecutivo, y con directivos de YPF para analizar distintas estrategias, ya que el plan inicial oficial es sumar a Vicentin a YPF Agro. «El Presidente ha dado instrucción de que el interventor tenga la instancia de colaboración de todo el personal de gerentes actuales, para que no exista impedimento o burocracia que demore el normal funcionamiento de la empresa», finalizó Perotti.

La iniciativa apunta a la creación de contenidos y mensajes a partir de perspectiva de género. Norma Durango,  Senadora por el Frente Todos, fue quién presentó el proyecto de ley que busca garantizar la paridad de género en el acceso y permanencia del personal de los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional. En este sentido, Durango propone introducir modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual incorporando dentro de los objetivos de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado, el respeto y la promoción de la igualdad real de oportunidades y trato entre los géneros. Según consignó Télam, Durango brindó detalles sobre la medida y explicó que busca pone especial énfasis «en los cargos de conducción y de toma de decisión» en los medios de comunicación. «Sabemos que su aplicación inmediata arriesgaría la estabilidad laboral del personal actual, por lo tanto, se indica que los puestos que vayan liberándose luego de la entrada en vigencia de la ley son los que deberán regirse por esta disposición», explicó. El texto especifica que «según el artículo 2° de nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522), la actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones». «Es este carácter fundamental de los medios de comunicación audiovisual -remarcó la legisladora-, lo que hace insoslayable la necesidad de contar con una paridad de género para la reformulación de los contenidos y mensajes que se difunden a través de ellos».

En el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el gobierno nacional dispuesto para prevenir la propagación del coronavirus, extendió por el plazo de seis meses el pago de doble indemnización a los trabajadores que sean despedidos «sin justa causa» que había dispuesto en diciembre pasado por la emergencia pública en materia ocupacional. El gobierno prorrogó la medida que les dispone a los empresarios el pago de doble indemnización para los despidos sin causa.  La medida fue dispuesta por el presidente Alberto Fernández mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 528/2020.El artículo 1º del DNU dice: «Ampliase por el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, la emergencia pública en materia ocupacional declarada por el Decreto N° 34 del 13 de diciembre de 2019». «En consecuencia -añade- durante la vigencia del presente decreto, en caso de despido sin justa causa, la trabajadora afectada o el trabajador afectado tendrá derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad con los términos del artículo 3° del Decreto N° 34/19 y la legislación vigente en la materia». El artículo 2, del DNU que tiene vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial, aclara que «el presente decreto no será aplicable a las contrataciones celebradas con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto N° 34/19 ni al Sector Público Nacional definido en el artículo 8° de la Ley N° 24.156 y sus modificatorias, con independencia del régimen jurídico al que se encuentre sujeto el personal de los organismos, sociedades, empresas o entidades que lo integran».