Movimientos campesinos, organizaciones socioambientales y académicos hicieron pública una carta al Gobierno para que modifique su negativa a promover la agroecología en Naciones Unidas. Dirigida especialmente al Ministerio de Agricultura y Cancillería, denuncian que en ámbitos internacionales Argentina está alineada con el agronegocio, modelo impulsado por las empresas de transgénicos y agrotóxicos. 10 de Mayo de 2021 Por Nahuel Lag Los movimientos campesinos, organizaciones socioambientales, gremiales y académicas firmaron una carta abierta en la que le solicitan al ministro de Agricultura, Luis Basterra; y al canciller Felipe Solá, que rectifiquen su postura en las negociaciones de las “Recomendaciones políticas sobre enfoques agroecológicos y otros enfoques innovadores”, que, en las próximas 72 horas, entrarán en la etapa de definición en el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA) de la ONU. Hasta el momento, la posición argentina se encargó de hablar de un “desbalance a favor de la agroecología”, rechazar la transición hacia este tipo de producción para defender el modelo corporativo de agricultura intensiva. El gobierno argentino utiliza el argumento retórico “otros enfoques innovadores” para aggiornar la cuestionada “revolución verde”, mantener el modelo basado en transgénicos y agroquímicos, y profundizar la producción de commodities para el mercado internacional. “Un modelo de agricultura que en el marco de la diversidad y la producción en armonía con la naturaleza busque hacer realidad el imperioso derecho humano a la alimentación adecuada y la soberanía alimentaria”, exige la carta firmada por 2600 organizaciones y personas del ámbito de la producción, la salud y la nutrición, y, en particular, por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-Vía Campesina), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el MNCI-Somos Tierra, MTE Rama Rural-UTEP, el Mocase, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC-Vía Campesina) y el Movimiento Agroecológico de América Latina (Maela). La posición de la Argentina no es sorpresiva. Como publicó Agencia Tierra Viva, el país mantuvo una posición cerrada junto al bloque de países agroexportadores —Estados Unidos, Rusia, Brasil, Australia, entre otros— durante la aprobación de las recientes Directrices Voluntarias sobre los Sistemas de Alimentación y Nutrición (Dvsan), un documento más amplio y de mayor peso en el sistema de Naciones Unidas. En esas negociaciones, la Argentina se posicionó en contra de la mayoría de los objetivos presentados por el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (MSC), organismo que nuclea la representación de campesinos, pequeños productores, consumidores y otros sectores de base ante el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA). La co-facilitadora del Grupo de Trabajo de Alimentación y Nutrición del MSC, Magdalena Ackerman, relató a Tierra Viva cómo la Argentina se plantó fuertemente durante la negociación de las Dvsan para condicionar el debate posterior sobre las recomendaciones políticas e impulsar al mismo nivel que la agroecología definiciones como “agricultura inteligente” e “intensificación sostenible”. Al otro lado de la mesa, respaldando el documento presentado por la MSC están los estados de la Unión Europea, Suiza, Senegal y Mali. “No responde a los intereses de nuestro pueblo sino de sectores corporativos vinculados al agronegocio y las grandes corporaciones de la alimentación”, sentencia la carta al Gobierno sobre la posición que el gobierno argentino mostró durante las dos primeras rondas de negociaciones del documento. Este martes se abrió la tercera ronda, que se extenderá hasta el jueves, y el 10 de mayo se firmará el documento final. Los firmantes del posicionamiento público mantienen la esperanza de encontrar una “ventana de oportunidad” para lograr un cambio de rumbo del Ministerio de Agricultura y de la Cancillería y evitar la posición sostenida durante la Dvsan, que describieron como “alineado fuertemente con los gobiernos ecocidas de Bolsonaro y Trump”. La carta también resalta la contradicción que significa el posicionamiento de la Argentina en contra de la agroecología, cuando el Ministerio de Agricultura creó la Dirección Nacional de Agroecología y mantiene un enfoque hacia este tipo de producción desde la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Safci). Además de existir otros programas de promoción a la agroecología en los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Social. Enfoques que se replican en programas a nivel provincial y municipal, donde las ordenanzas locales y fallos judiciales ponen un freno al modelo agroquímico. “Resulta entonces inentendible e inadmisible que el mismo Gobierno que promueve la agroecología a nivel nacional, boicotee una negociación multilateral que tiene como objetivo consensuar políticas públicas para la transformación de los sistemas agroalimentarios, y por lo tanto de la calidad de vida de toda la humanidad”, sostienen los firmantes de la carta. Para respaldar el posicionamiento de los movimientos campesinos y otro millar de firmas, los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar emitieron un comunicado paralelo en el que reafirman “el desarrollo de sistemas alimentarios sostenibles y equitativos se logrará a través de la profundización de la aplicación de la agroecología”. Solicitaaron un cambio de posición del Ministerio de Agricultura en las negociaciones y reivindicaron las políticas que desarrollan en territorio: “Más agroecología, más alimentos seguros y soberanos, buen vivir para todos”. Agroecología o los mismos enfoques del modelo agroquímico El resultado de las Dvsan, a favor de la continuidad del actual sistema agroalimentario, y el debate expuesto públicamente de replicar ese resultado en las recomendaciones políticas tendrá una consecuencia inmediata: los documentos servirán como base para los lineamientos que surjan de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, que la ONU convocó para septiembre de este año. Una cumbre que las organizaciones campesinas y el propio Relator Especial sobre Derechos de la Alimentación, Michael Fakhri, vienen denunciando por su enfoque en las soluciones de mercado (pro-empresas). “La premisa fundamental de la Cumbre tendría que ser aquella que fomente el enfoque holístico y sistémico que reconozca la naturaleza multidimensional de la alimentación (social, económica, ecológica, cultural y política), que afirme la soberanía alimentaria”, cita la carta pública el posicionamiento del MSC respecto de los ejes que deberían llevarse a la cumbre . ¿Cómo está condicionando la Argentina los enfoques agroecológicos en su posición? En el borrador presentado por el país para la segunda ronda de

La Cámara Federal de Casación volvió a cerrar la puerta a que se investiguen las torturas sobre la propia tropa en la guerra de Malvinas. 07 de Mayo de 2021 Al aceptar un recurso presentado por un militar retirado acusado de mandar a estaquear a un conscripto, los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña sostuvieron que ese tribunal ya había dicho doce años atrás que lo sucedido en Malvinas no eran delitos de lesa humanidad y que regía el estatuto de la prescripción. Los querellantes y el fiscal Javier De Luca confirmaron a este diario que llevarán el tema a la Corte Suprema para que el máximo tribunal salde una discusión que lleva décadas. “Estos hechos no pueden quedar impunes. Nos enfrentamos a un sistema judicial que trabaja a favor de la impunidad”, sostuvo Ernesto Alonso, referente del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) La Plata. En 2019, llegó a la Sala I de la Cámara Federal de Casación un recurso presentado por el militar retirado Jorge Ferrante, que se oponía a que lo investigaran por lo sucedido en Malvinas. A Ferrante lo acusan por las torturas a Julio César Más, un joven conscripto que prestaba funciones en el Regimiento de Infantería 5 durante la guerra. Muerto de hambre y después de haber perdido más de 20 kilos durante el conflicto bélico con el Reino Unido, Más salió en busca de comida, cazó una avutarda y la cocinó. Cuando volvió al puesto, un cabo le anunció que Ferrante había ordenado que lo estaquearan. Pasó entre doce y 18 horas estaqueado. Lo soltó el mismo cabo durante un bombardeo de los ingleses y le hizo prometer que, cuando cesaran las bombas, se iba a dejar estaquear nuevamente para que no fuera él mismo el castigado. Según declaró Más, Ferrante lo fue a ver y le dijo que era un “cobarde” mientras el muchacho estaba amarrado a la intemperie. Con Ferrante se presentó ante la Casación como amicus curiae una asociación civil –llamada Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica– que tiene entre sus filas a uno de los defensores de genocidas más populares de los tribunales de Comodoro Py, Guillermo Fanego. Dos años después de la presentación, Petrone y Barroetaveña le dieron la razón a Ferrante. Sostuvieron que la misma Sala de la Casación, aunque con una integración diferente, ya había zanjado la discusión sobre las torturas en Malvinas al decir que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, no eran imprescriptibles.Petrone y Barroetaveña se ciñeron al fallo que en 2009 emitieron integrantes de la vieja guardia de la Casación –por entonces muy cuestionada por obstaculizar el avance de las causas de lesa humanidad–. Ese año, los jueces Raúl Madueño, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso habían examinado un planteo de Jorge Eduardo Taranto y lo habían cerrado con ese argumento. El caso terminó en la Corte Suprema, que el 19 de febrero de 2015 rechazó el recurso que había presentado el CECIM La Plata. El escándalo fue en ascenso, tanto que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión de los jueces supremos en la asamblea legislativa del 1 de marzo de ese año. Después, los cortesanos aclararon que no habían analizado el fondo de la cuestión y, por ende, no se habían pronunciado sobre la prescripción o no de los delitos en Malvinas.El tema llegó, de la mano del CECIM, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que mantiene aún el expediente abierto. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia consideró que lo resuelto por la vieja Casación sólo afectaba a Taranto y en 2018 convalidó que se continuaran las investigaciones contra otras decenas de militares que actuaron en Malvinas y están señalados por torturar a su propia tropa, muerta de hambre y de frío. Son, en total, 95 imputados por más de 120 hechos. En 2019, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto comenzó con las indagatorias y procesó a cuatro imputados. El fallo de la Casación –que anula el fallo de la Cámara de Comodoro Rivadavia– se conoce mientras se llevaba adelante una nueva ronda de indagatorias. A diferencia de Petrone y Barroetaveña, la camarista Ana Figueroa consideró que la investigación debe continuar. “No resulta razonable separar dicha investigación del contexto de su tiempo, donde el territorio del país se encontraba bajo la opresión de un gobierno de facto, acreditado el funcionamiento de más de seiscientos centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, apropiaciones forzadas de niños/as, encarcelamientos clandestinos, persecuciones a opositores y líderes políticos, económicos, culturales o sociales, conforme los juicios que se sustanciaron y aún en trámite en la justicia federal”, escribió Figueroa. “No puede descartarse que en el terreno insular de Malvinas también ese gobierno ilegítimo haya desplegado contra sus soldados las mismas prácticas que fueron común en el territorio”, completó. El fiscal ante la Casación Javier De Luca, que había caracterizado los hechos como graves violaciones a los derechos humanos o crímenes de guerra, le dijo a Página/12 que recurrirá el fallo de la Casación. “Vamos a pedir que la Corte se expida finalmente para definir si estos son delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos –o nada–, pero que se pronuncie a la brevedad”, sostuvo De Luca. “Por supuesto, otra vez está en juego la responsabilidad del Estado argentino: este tipo de hechos no pueden prescribir, no se pueden amnistiar, no pueden operar disposiciones de derecho interno que eviten el juicio contra estos crímenes”.Junto con De Luca, irán el CECIM La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires –que conduce Matías Moreno– a la Corte a la espera de que los supremos y la suprema traigan un poco de justicia a quienes también padecieron los tormentos de sus propios jefes durante la guerra. «Queremos juicios por la verdad por Malvinas» “Investigar las torturas en Malvinas es una asignatura pendiente de

El ministro de Ambiente nacional culminó su viaje a la provincia cuyana donde participó de actividades con fuerte impronta sostenible. San Juan, 7 de Mayo de 2021 El titular del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, culminó esta tarde su visita a la provincia de San Juan donde junto al gobernador de la provincia, Sergio Uñac, llevaron adelante una agenda comprometida que incluyó la entrega de maquinarias para la gestión integral de residuos sólidos urbanos (GIRSU), de fondos por la Convocatoria del Plan Nacional de Bosques Nativos y la firma de convenios en el marco del Plan Integral Casa Común y de manejo del fuego. El monto total de las acciones anunciadas por Cabandié en San Juan asciende a $ 163 millones entre los que se destacan la entrega de maquinaria para fortalecer la gestión GIRSU de un consorcio integrado por nueve municipios que involucra $ 37 millones; y un llamado a licitación para la adquisición de equipamiento en la materia que se destinará a las localidades sanjuaninas de Calingasta y Caucete, por un valor mayor a $ 41 millones. Además, se entregaron fondos dinamizados en 2020, mediante el acuerdo con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) por $ 7,7 millones, para los planes correspondientes al período 2018/2019, en el marco de la convocatoria de la ley nacional de bosques y se rubricaron actas de intención para suscribir al Convenio Marco de Cooperación del Plan Nacional para el Manejo de Bosques con Ganadería Integrada en la provincia. También es importante resaltar la firma del convenio para el Plan Integral Casa Común, con el intendente del municipio de San Martín, Cristian Felipe Andino, destinada a la comunidad rural sostenible Boca de Tigre, con una inversión de $ 10.996.338. La obra tendrá un lapso de 12 meses, estará a cargo de la administración municipal y se llevará a cabo a través de cooperativas de trabajo locales. Asimismo, las localidades Capital, Calingasta, Caucete, 9 de julio, Ullum, Zonda y Valle Fértil firmaron una carta de adhesión al Plan Integral Casa Común. Antes de partir, durante la jornada de hoy, el ministro participó de un acto en el Teatro del Bicentenario donde se presentó el Programa Jóvenes Promotores Ambientales, que busca formar agentes de cambio para motorizar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otra parte, ayer por la tarde, el ministro de ambiente nacional participó del lanzamiento de la Diplomatura Superior en Educación Ambiental, junto al gobernador Uñac; el secretario de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Juan, Domingo Raúl Tello; el ministro de Educación de la misma provincia, Felipe de los Ríos; y el director de Bosques de la cartera ambiental nacional, Martín Mónaco. Estará destinada a la formación y actualización docente de niveles inicial, primario, secundario y superior. Entre las actividades en San Juan, el ministro de Ambiente visitó ayer por la mañana el sitio de construcción de la Fábrica Integrada de Paneles Solares Fotovoltaicos (FV), emplazado en la localidad de Pocito. Allí, junto a Uñac, rubricó un convenio marco de colaboración entre la cartera que conduce y el Gobierno provincial para apoyar y potenciar mutuamente esa iniciativa. También se colocó una piedra basal en el predio. Además, los funcionarios recorrieron el Parque Industrial Tecnológico Ambiental (PITAR) y se dirigieron más tarde hacia el Centro Ambiental Anchipurac. Allí visitaron el observatorio ambiental e integraron un acto en el que se descubrió una placa conmemorativa, en virtud de que el sitio fue declarado “Monumento Nacional Ambiental” por el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA). Además, Cabandié visitó el Parque de la Biodiversidad.Por otro lado, el ministro nacional y el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky, firmaron un convenio de colaboración con la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia de San Juan, destinado al Servicio Nacional de Manejo del Fuego. El objetivo es brindar acompañamiento y asistencia técnica a la estructura de focos ígneos de la provincia cuyana. El compromiso del organismo nacional será dictar capacitaciones, formar instructores, proveer asistencia técnica y brindar equipamiento para fortalecer la brigada provincial. Fuente: Argentina.gob.ar

La Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca rechazó a través de un comunicado la convocatoria del Gobierno de la provincia para abrir el diálogo en torno a la actividad minera en la provincia. Catamarca, 6 de Mayo de 2021 «Nosotras y nosotros, autoridades tradicionales comunitarias en representación de nuestras asambleas comunitarias, manifestamos que no participaremos de la convocatoria realizada por el gobierno provincial a las comunidades indígenas prevista para los próximos días. Como autoridades del pueblo diaguita venimos promoviendo y solicitando incansablemente instancias de diálogo con el Estado en un marco de respeto intercultural. Sin embargo, las pocas veces que nos hemos reunido con los gobiernos, les hemos transmitido las urgentes necesidades de nuestras comunidades y los compromisos asumidos terminan por convertirse una y otra vez en promesas incumplidas», dice el escrito. Y añade: «En esta oportunidad, desde el gobierno provincial insisten en la necesidad urgente de reunirse con las comunidades indígenas. Ninguna de las comunidades pertenecientes a nuestra organización de los departamentos de Antofagasta de la Sierra, Belén, Andalgalá y Santa María ha sido consultada respecto de la fecha, el lugar, el temario y las condiciones en las que se llevará a cabo dicho encuentro, fijándose de manera unilateral y sin respetarnos como sujetos de derecho en un marco intercultural. Según declaraciones públicas de funcionarios del gobierno, sabemos que lo que se busca es construir un “consenso minero”, hablan de “diálogo” con las comunidades cuando en realidad pretenden utilizarnos como el símbolo folclórico de una foto para medios. Hemos manifestado en numerosas oportunidades que no negociaremos nuestros territorios y no avalaremos con nuestra presencia ningún intento por legitimar los saqueos y la destrucción de nuestra Pachamama que es el resultado del avance de la megaminería en nuestra provincia». Fuente: elancasti.com.ar

Entre las medidas que anunció el Ministerio de Cultura se destaca el pago de la primera cuota de Cultura Solidaria para más de 50.000 beneficiarios de todo el país, la extensión del Plan Podestá para el teatro independiente, un apoyo económico de emergencia para la Comarca Andina y un subsidio para el sostenimiento del espectáculo en vivo en AMBA. 05 de Mayo de 2021 Como continuación de las políticas implementadas desde el inicio de la pandemia para acompañar a las industrias culturales y a sus trabajadores y trabajadoras, el Ministerio de Cultura de la Nación anunció nuevas medidas de apoyo económico dirigidas a uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. En el Centro Cultural Kirchner estuvieron presentes el ministro de Cultura, Tristán Bauer, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, el secretario del Interior del Ministerio del Interior, José Lepere, funcionarios del Ministerio de Cultura y representantes de los diversos sectores de las industrias culturales. En primer lugar, se anunció el pago de la primera cuota de Cultura Solidaria, el programa que alcanzó a 50.757 artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura con una inversión sin precedentes: más de 1600 millones para mitigar los efectos de uno de los sectores donde más impactó la pandemia del COVID-19. Son dos cuotas de $15.000 cada una que comenzarán a pagarse a partir del 4 de mayo. Se trata de una política pública, federal e inclusiva que llega a toda la Argentina y cubre todos los rubros del sector de las industrias culturales. Al mismo tiempo, se presentó el Subsidio para el Sostenimiento del Espectáculo en Vivo, un apoyo económico de 50 millones de pesos destinados a salas y teatros del AMBA y de todas las jurisdicciones que adhieren al Decreto 241/2021 que tuvieron que suspender funciones programadas. Está dividido en tres categorías vinculadas a la capacidad de cada sala y tendrá impacto en los ingresos de actores, actrices y guionistas, entre otros trabajadores y trabajadoras de las artes escénicas, ya que se prevé el mismo destino que hubiese tenido la taquilla. También se anunció el Plan AmpliAR Podestá 2021 del Instituto Nacional del Teatro (INT). Se trata de una serie de convocatorias especiales destinadas al sector del Teatro Independiente, con requerimientos flexibles, reunidas en un único plan de acción integral y abarcativo, que amplía los alcances del Plan Podestá 2020. Tiene una inversión de más de 60 millones de pesos. Finalmente, se dio a conocer el Apoyo Económico de Emergencia para la Comarca Andina. Consiste en una ayuda económica diseñada en forma exclusiva para acompañar a 221 trabajadores y trabajadoras de la cultura afectados por los incendios que ocurrieron durante el mes de marzo en la región. Con una inversión de más de $8,1 millones de pesos se diseñó un apoyo especial destinado a los trabajadores y trabajadoras de la Comarca y se implementó el programa Cultura Solidaria junto a incentivos especiales del INT y al otorgamiento de equipamiento por parte de la CONABIP. Estas medidas refuerzan la voluntad y el compromiso del Ministerio de Cultura con los artistas, trabajadores, trabajadoras y con cada sector que forma parte de las industrias culturales, sabiendo de su esfuerzo por atravesar esta coyuntura que involucra a todos los argentinos y a las argentinas. Seguimos convencidos de que el camino es de la cultura de la solidaridad. En el marco de estos anuncios, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, señaló: “Hace días conmemoramos el día del trabajador y la trabajadora, de los mártires de Chicago, de momentos de luces y de sombras, y todos estos programas que presentamos hoy se los debemos a ellos. Hubo un enorme trabajo para poder implementar estos programas ya que estos tiempos de emergencia nos encuentran dando respuestas nuevas y hoy estamos llegando a más de 50.000 artistas. Cuando logramos estos planes se desataron los incendios en la Comarca Andina y un equipo del Ministerio de Cultura viajó e hizo un relevamiento para poder ayudar a los artistas, artesanos y trabajadores de la cultura que perdieron sus casas, con 8 millones de pesos”, resaltó Bauer. En cuanto al AMBA, señaló: “La situación sanitaria nos obligó, una vez más, a tener que cerrar salas, teatros, cines y espectáculos musicales y por eso destinamos, a través del programa de apoyo a salas de teatro, una inversión de más de 50 millones de pesos.  Al mismo tiempo, el Instituto Nacional del Teatro ampliará el Plan Podestá 2021 con una ayuda de 60 millones de pesos. Estos programas hablan del compromiso de nuestro gobierno porque tenemos la virtud de tener un gobierno con una enorme sensibilidad hacia lo cultural. A nosotros nos gustan dos palabras: la producción y el trabajo. Quisiéramos volver inmediatamente a realizar ambas pero mientras tanto tenemos que cuidar mucho la salud de la población. Por eso estas medidas son tan necesarias y fundamentales en esta etapa”. Por su parte, Fernanda Raverta, titular de ANSES, sostuvo: “Para resistir la crisis fueron necesarios los artistas y hoy podemos decir que, a partir del 4 de mayo, empezaremos a pagar a más de 50 mil artistas beneficiados”. Es compromiso de nuestro gobierno empezar por los últimos y los que más lo necesitan”. Finalmente, el secretario del Interior, José Lepere, subrayó: “Cultura hace el esfuerzo, ANSES la logística y desde el Ministerio del Interior queremos ser guardianes de que sea una política federal e inclusiva que llegue a todos los municipios, a todos las provincias, a toda la Argentina”. Acompañaron los anuncios, de manera presencial, María Cristina Alvarez Rodriguez; diputada Nacional; Lucrecia Cardoso, secretaría de Desarrollo Cultural; Valeria Gonzalez, secretaria de Patrimonio Cultural; Maximiliano Uceda, secretario de Gestión Cultural, María del Carmen Bianchi, presidenta de la CONABIP; Carlos Rotemberg (AADET); Martín Alfiz (AADET); Ana Poluyán (ACMMA); Guillermo González (CAPTE); Eduardo Sempé (IDEAR); y de manera virtual: José Palazzo ( CIEyA); Pía Rigoni (CIEyA); Romina Costigliolo (ASAP); Tiana Rivera (ASAP); Noelia Villafañe (ASAP); Alexis Turnes Amadeo (ASAP); Hernán Guiterrez (ACMMA); Rodrigo Lavecchia (CAPTE) y Martín Mercado (IDEAR).

El día 02 de mayo del presente año, autoridades de pueblos indígenas e investigadoras e investigadores de la Universidad Nacional de Buenos Aires involucrados con pueblos originarios, hicieron llegar al ministro de Educación, Nicolás Trotta, una nota manifestando su preocupación respecto al material pedagógico editado por la Editorial Estrada: “Biociencias Estrada – Ciencias Sociales – Ciencias Naturales”. San Juan, 5 de Mayo de 2021 Dicho manual está destinado a estudiantes de cuarto 4 año de la provincia de Buenos Aires. Las objeciones planteadas se sostienen tanto en resultados de los trabajos de investigación, como en las profundas contradicciones que se advierten entre este material y la normativa vigente en el país, en materia de educación y derechos de los pueblos indígenas. Desde el Puelmapu, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Coordinadora del Parlamento del Pueblo Mapuche de Rio Negro, hicieron llegar una nota al ministro de Educación de la Nación ante: «Nuestra profunda preocupación por la difusión de un material distribuido por Editorial Estrada cuyos contenidosresultan agraviantes para nuestra memoria, nuestro presente y futuro como pueblos preexistentes. Hacemos referencia a el material denominado Biociencias Estrada – Ciencias Sociales – Ciencias Naturales con la aclaración “Bonaerense” (…) El texto de la página 18 titulado “LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL ACTUAL TERRITORIO ARGENTINO” presenta un mapa en el que se omite a la mitad de las naciones originarias actuales, además de otros errores y falacias que detallamos a continuación. Consideramos de una EXTREMA GRAVEDAD, la invisibilización de 20 pueblos indígenas en un material diseñado para lectura en la escuela secundaria, dado que tales falacias constituyen el marco de prejuicios estigmatizantes que se sustentan en todo tipo de tergiversaciones«. Ante estas denuncias, el Instituto de Ciencias Antropológicas (ICA) de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en función del trabajo de investigación, gestión y articulación desarrollado pordiferentes equipos que trabajan con pueblos originarios (en varios casos desde hace décadas), manifestó su preocupación respecto al mismo material pedagógico.

En el día de ayer, 4 de mayo de 2021 se presentó el Libro “El regreso de los ancestros. Movimientos indígenas de repatriación y redignificación de los cuerpos”, publicado por el Servicio Nacional de Patrimonio Cultural de Chile. La presentación tuvo la participación especial de la investigadora sanjuanina Carina Jofré. San Juan, 05 de Mayo de 2021 El libro es una compilación de textos editada por Jacinta Arthur de la Maza, docente e investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Patricia Ayala Rocabado, investigadora del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR). La presentación del libro estuvo a cargo de Susana Herrera, Subdirectora de Investigación del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile, y de Carina Jofré, activista warpe investigadora del CONICET con lugar de trabajo en la Universidad Nacional de San Juan, quien tuvo a su cargo el Prólogo de esta inédita publicación. Retomando una provocación lanzada originalmente por James Riding, Jacinta Arthur y Patricia Ayala, se centran en la necesidad de señalar los problemas y obstáculos epistemológicos, ontológicos y políticos que existen en los procesos de repatriaciones de cuerpos humanos a pueblos indígenas en un plano transnacional. El libro pone su interés en las políticas patrimoniales de las instituciones del Estado y la ciencia en Chile, y lanza una crítica que se potencia con las reflexiones y experiencias ofrecidas en este libro por los y las activistas indígenas Atacameños/Lincantay, Yaganes, Mapuches, Rapa Nui y Maorí. Según plantearon sus editoras, el objetivo de este libro es abrir puentes para los diálogos entre el Estado chileno y los pueblos, organizaciones y comunidades indígenas, ofreciendo antecedentes para fortalecer estas demandas por “el regreso de sus ancestros”, reconociendo el estatus jurídico internacional que estas demandas tienen en materia de derechos humanos reconocidos, por ejemplo, en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Reflexiones para recuperar la sensibilidad La participación de la investigadora arqueóloga-antropóloga warpe Carina Jofré en este proyecto editorial, conectó las experiencias transnacionales de lucha por “el regreso de los ancestros y ancestras” con las luchas warpes. “Para mí es un orgullo ser parte de esta compilación, agradezco la invitación de Jacinta y Patricia, sobre todo, porque en esta invitación se esconde el gesto cómplice de las autoras de ampliar también los territorios de lucha warpe por el regreso de nuestros ancestros a su morada.” Recordemos que desde 2011, la Comunidad Warpe del Territorio del Kuyum tiene abierto un reclamo por la restitución de los cuerpos que se encuentran en las colecciones del Museo “Prof. Mariano Gambier” dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad de San Juan. Ese pedido realizado en el marco de la Ley Nacional Nº25517 y su decreto reglamentario 701/10, a la fecha no ha avanzado, habiéndose paralizado las conversaciones desde 2018. Luego de que a partir de la intervención del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), se le requiriera al mencionado museo el inventario de sus colecciones. Desde 2018 se ha reiterado en numerosas oportunidades este pedido del inventario del museo, desde el propio Consejo Superior de la UNSJ, y posteriormente desde el Consejo Asesor Indígena creado en 2019 en el ámbito de esta casa de estudios, sin respuesta alguna hasta el momento. En el prólogo de este libro, Carina Jofré hace un llamado a “recuperar la sensibilidad” para descolonizar las repatriaciones y restituciones de cuerpos a pueblos indígenas. “Más que un trato digno para nuestras/os ancestras/os en los museos y colecciones, debiéramos ir más allá y exigir por una ciencia digna capaz, ante todo, de sensibilizarse frente al dolor humano. Quizás entonces empecemos a revertir un poco más las injusticias. Pensar sobre la existencia y características de esas comunidades indolentes de la academia y las instituciones del Estado es prioritario también para construir una ética que persiga re-fundar ¿y por qué no? abolir, las prácticas antropológicas, arqueológicas, museológicas, patrimoniales tal cual las conocemos, asumiendo que quizás su propia existencia carezca de sentido para los proyectos colectivos de lucha y descolonización en nuestros nuevos territorios de vida. ¿A quiénes sirven los cuerpos en los museos? ¿Cómo llegaron allí, y por qué no pueden retornar a los territorios que nos han sido despojados? deberían ser cuestionamientos urgentes para las agendas estatales, tanto como para los pueblos y comunidades indígenas”. El libro puede accederse de forma gratuita en su versión digital, para su descarga se puede acceder en la siguiente dirección web: https://www.investigacion.patrimoniocultural.gob.cl/694/w3-article-99638.html?_noredirect=1 La actividad fue transmitida de forma virtual, a través de la plataforma Zoom y por el canal de Youtube del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, donde se puede volver a ver la presentación realizada.Link de retransmisión a youtube: 

A comienzos de esta semana, medios de comunicación locales y nacionales dieron a conocer el vergonzoso fallo resuelto por tres jueces de la Sala III de la Cámara Civil de San Juan. En dicho fallo se reconoce la cautelar de un varón sobre los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de una mujer en San Juan, al negársele los derechos amparados por la ley nacional N° 27610 de ACCESO A LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO. San Juan, 04 de Mayo de 2021 El fallo judicial devela lo que movimientos feministas y de derechos humanos en la Argentina y América Latina denuncian hace años: las tramas de complicidad masculinas que se sellan en los diferentes despachos estatales donde, una vez más, el Sistema Judicial manifiesta de manera deliberada su ADN patriarcal, perpetuador de las violencias sexuales actuales a las cuales estamos sometidas las mujeres y disidencias en todo el territorio provincial y nacional. No debe sorprender cómo la colonización sobre los cuerpos feminizados se extiende desde los mismos mecanismos legales en manos de varones heterosexuales, los cuales niegan derechos y, en su accionar, hacen fracasar las voces y las esperanzas de quienes se sublevan ante los órdenes de dominación que por años acarrearon silencios, secretos y vidas. Este hecho no se presenta como aislado, por el contrario, se une a una serie de acciones judiciales devenidas a nivel país durante los últimos meses, donde se observa una avanzada sobre derechos adquiridos en los últimos años. Ante esto, cobra mayor fuerza la necesaria revisión del Sistema Judicial Argentino en su totalidad. A continuación, compartimos la declaración publicada por la Mesa por el aborto legal, seguro y gratuito de San Juan: