El Gobierno provincial espera que el INDEC dé a conocer la inflación de diciembre para determinar el aumento salarial para los estatales. Se prevé que el organismo nacional publique el dato entre el 8 y el 10 de enero. UDAP solicitó al ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Roberto Gattoni, la urgente aplicación de la cláusula gatillo para mejorar el salario de los empleados públicos. Desde el Gobierno esperan los datos oficiales del INDEC para determinar el porcentaje de aumento.   Unión Docente Agremiados Provinciales elevó un pedido al Ejecutivo provincial, específicamente al jefe de la cartera de Hacienda, de «hacer efectiva la cláusula gatillo que quedó establecida en el marco Paritario Provincial 2017 donde se dispuso de un ajuste real automático del valor índice de la inflación». En el parte de prensa, el gremio asegura que tal medición de enero a diciembre del año pasado superó la cifra convenida oportunamente.   Convencidos de que la inflación del 2017 superará la disposición del 22% acordada, en la provincia esperan que el organismo nacional dé a conocer el dato de diciembre para establecer el acumulado de todo el año. Según la secretaria de Hacienda, Marisa López, entre el 8 y el 10 de enero sería la fecha clave de publicación de la cifra. A partir allí, el Ejecutivo local tendrá certeza de cuál es el aumento salarial que de los empleados del sector público de la provincia. Lo único que resta saber es en cuánto se superará el 22 por ciento fijado como límite. Para que se entienda mejor: si la inflación entre enero y diciembre del año pasado llega al 23 por ciento, el Gobierno deberá aumentar en un 1 por ciento los sueldos de los estatales. López afirmó que los números de diciembre y el acumulado de 2017 tomarán estado público la semana que viene. Hasta noviembre, el índice inflacionario escaló aproximadamente al 21 por ciento y el organismo que dirige Jorge Todesca publicará el dato de diciembre y finalmente se conocerá cuánto aumentaron los precios minoristas durante todo el año pasado.   Para la gestión de Uñac no sería un problema en materia fiscal. Gattoni hizo las previsiones y él mismo le dijo la semana pasada a sanjuan8.com que la erogación extra que deberá hacer la provincia por la cláusula gatillo no comprometerá el equilibrio fiscal que se proyectó en el presupuesto para el 2018.

El Gobierno buscará avanzar con los cambios en trabajo en febrero. En el horizonte legislativo también aparecen otras dos reformas: la del Ministerio Público Fiscal y la del Código Penal. Al Gobierno le quedaron pendientes varios proyectos que envió al Congreso y que formarán parte de la agenda de este año, entre los que se destacan las reformas laboral, electoral y de la Procuración General, que se encuentran en el Senado. De ese paquete, la prioridad para el Poder Ejecutivo es el proyecto de ley de reforma laboral con el que intentará avanzar en febrero, en sesiones extraordinarias, confirmó semanas atrás el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La decisión corresponde a la Sala Penal de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy. La dirigente social está presa por un acampe realizado en Plaza Belgrano a comienzos de 2016. La Sala Penal de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy concedió la prórroga extraordinaria de la prisión preventiva de la dirigente social Milagro Sala solicitada por el fiscal Diego Cussel. Esta prórroga será por el plazo de un año, desde que se cumplan los dos años de la prisión preventiva dictada en el expediente de la causa conocida como «Pibes Villeros», informó el Tribuno de Jujuy. La líder de la Tupac Amaru se encuentra detenida desde el pasado 16 de enero de 2016 tras el acampe realizado en Plaza Belgrano y actualmente la cumple en forma domiciliaria en la propiedad del barrio El Carmen. Los jueces hicieron lugar al pedido de prórroga ya que consideran que se trata de una causa de «muy difícil investigación y de suma gravedad». La prisión domiciliaria en una vivienda que no es la residencia habitual de Milagro Sala fue habilitada en cumplimiento de una disposición de la Corte Interamericana de Derechos humanos, en un fallo dilatado por la justicia jujeña. La residencia tiene un cerco perimetral, cámaras de vigilancia y un puesto de guardia de la Gendarmería, que controla los movimientos y las visitas que recibe. La defensa de Sala advirtió que conoció la prórroga «a través de los medios de comunicación» y remarcó que «el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas ya determinó que aquella detención» dispuesta en enero de 2016 «fue arbitraria y ordenó la liberación inmediata al Estado Nacional». «Tomaron esta decisión sin siquiera correr vista a la defensa, que conlleva una violación de la igualdad de partes que debe regir el proceso penal. El fundamento central de la prórroga es que la defensa presentó innumerables recursos y nulidades, pero esto carece de sentido porque todas las presentaciones se realizaron en el marco del legitimo derecho a la defensa, que es un derecho constitucional», indicaron los abogados en un comunicado. Agregaron, en este sentido, que «ése no es un argumento valido para prolongar una medida de excepción como es la prision preventiva» y denunciaron que «de ningún modo han especificado cuáles son las complejidades de la causa que utilizan como otro de los fundamentos y no valoran circunstancias como la calificación de arbitraria realizada por el GTDA de la ONU y que fue refrendada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH)». «Que la causa este lista para ir a juicio, por otra parte, no es un argumento a favor de la extensión de la preventiva, sino al contrario. Producidas las pruebas que se van a utilizar en el debate, la decisión debería haber sido exactamente la contraria», insistió la defensa.

  Musa Azar, el jefe de la «Gestapo santiagueña» cumple cuatro condenas a prisión perpetua, mientras que Rafael Barreiro fue beneficiado por padecer cáncer de próstata. El represor Antonio Musa Azar, que cumple cuatro penas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, recibió este viernes el beneficio de la prisión domiciliaria otorgado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero, que le dictó la última condena a fines de diciembre último. Por su parte, el juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes La resolución en favor de Musa Azar fue repudiada en duros términos por la Asociación por la Memoria , la Verdad y la Justicia, querellante en la causa. La excarcelación solicitada por el hijo del represor, el abogado defensor Moisés Azar, argumentó la edad (tiene 81 años) y su estado de salud. El pedido fue aceptado por los jueces Domingo Batule, Abel Fleming y Carlos Lascano, integrantes del Tribunal que a fines de 2017 lo condenó a 22 años de cárcel por la denominada «Megacausa 3» por delitos de lesa humanidad, junto a otros 11 imputados. Según la defensa, Antonio Musa Azar, considerado el jefe de la denominada «Gestapo santiagueña» que operó durante la dictadura, padece problemas de salud derivados de su diabetes y afecciones cardíacas. El ex jefe de Inteligencia de la Policía santiagueña permaneció los últimos meses internado en el Hospital Neumonológico provincial y, previamente, cumplía condena en el Instituto Penal Federal Colonia Pinto, al que había sido trasladado desde el Hospital Penitenciario Central I del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Los organismos de derechos humanos locales rechazaron lo dispuesto por el mismo Tribunal, que el 11 de noviembre pasado le había concedido la prisión domiciliaria pero que, a las 24 horas, la anuló por el reclamo de las querellas. «En una clara maniobra de otorgarle este privilegio al genocida y haciendo caso omiso a nuestras presentaciones y a los plazos pautados el tribunal oral federal integrado por (los jueces) Domingo Batule, Carlos Lascano y Abel Fleming, son los responsables de que el genocida más grande de Santiago del Estero esté suelto», expresó hoy una declaración de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El abogado Pedro Orieta, de esa querella, dijo que Batule emitió el 3 de enero la resolución favorable a Asar, «adelantándose a los fundamentos de la sentencia, porque nosotros hemos conocido el veredicto el 29 de diciembre y han quedado los fundamentos para el 26 de marzo próximo». «Batule incurrió en esta canallada judicial desde Salta», agregó. «Es una resolución arbitraria, antojadiza, en la que se autoadjudica la jurisdicción de los otros tribunales, porque Musa Azar tiene tres condenas a perpetua (en causas federales) y otra perpetua en tribunales de provincia», apuntó. «Nosotros hemos presentado un recurso contra esa resolución del 3 de enero y hoy, sin tener en cuenta nuestra presentación, el Tribunal ha terminado ejecutando la domiciliaria, cuando ni siquiera la sentencia está completa», deploró Orieta. Las querellas de los organismos de derechos humanos se oponen a la prisión domiciliaria por entender que la salud del represor puede ser atendida en el Hospital de Ezeiza, donde existe una unidad de alta complejidad y en la que permaneció varios meses internado. Actualmente, Azar cumple cuatro condenas a prisión perpetua, tres de ellas por crímenes de lesa humanidad bajo su condición de jefe de Inteligencia de la Policía de Santiago del Estero, cargo que ocupó antes, durante y después de la última dictadura. La cuarta condena fue en 2008 en la causa conocida como «Doble crimen de la Dársena», los asesinatos en Santiago del Estero en 2003 de las jóvenes Patricia Villalba y Leyla Nazar. En ese tiempo, Azar era secretario de Seguridad de la gestión de la ex gobernadora Mercedes Marina «Nina» Aragonés de Juárez. En 2008, fue juzgado y absuelto en primera instancia por el robo seguido de muerte del ganadero santiagueño Oscar Seggiaro, pero la Cámara del Crimen de la Tercera Nominación lo condenó a cinco años de prisión por utilizar personal policial para tareas domésticas. El beneficio de la prisión domiciliaria había sido solicitado por la defensa del represor en varias oportunidades durante los procesos orales que afrontó, pero siempre, hasta la Megacausa 3, le había sido denegado. Fuentes judiciales indicaron que Musa Azar cumplirá prisión domiciliaria en su casa céntrica de avenida Moreno, entre Andes y Rivadavia, la misma en la que funciona el estudio jurídico de su hijo Moisés y en la que el represor contaba con una apreciable cantidad de pájaros y aves en cautiverio en jaulas de metal. El caso Barreiro El juez en feria Fermín Ceroleni dispuso la prisión domiciliaria para el ex militar Rafael Barrerio, condenado a prisión perpetua en 2008 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el ex Regimiento de Infantería 9 de Corrientes, durante la última dictadura. La resolución del magistrado, con fecha de ayer y publicada en el Centro de Información Judicial, determina que Barreiro deberá cumplir la pena en su domicilio de la calle Cuba, en el barrio de Belgrano, de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado fundamenta la medida en el estado de salud del ex militar, que, según se desprende de la conclusión médico legal, padece cáncer de próstata, problemas pulmonares y deterioro neurocognitivo severo, entre otras patologías, y que requiere tratamiento oncológico. El escrito menciona fallos anteriores por situaciones similares y acude al artículo 10 del Código Penal y 32 de la ley 24.660, “optando por la prisión domiciliaria para aquellos casos de internos enfermos cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no corresponde alojamiento en un establecimiento hospitalario”. La resolución de Ceroleni dispone que “el interno Rafael Julio Manuel Barreiro continúe el cumplimento de la condena en

El Informe llamado «Achicar el Estado para agrandar la Nación» es del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) y analiza los despidos y suspensiones del último mes del 2017. El informe señala que “el incremento de los despidos en el mes de diciembre ha sido impulsado por las cesantías en el sector público, que representan casi el 60 por ciento de los casos del mes (1.904 casos)” y que “si se compara respecto del mes anterior, se observa un fuerte incremento (1.412 casos en noviembre de 2017)”. El director del Centro de Economía Política de Argentina (CEPA), Hernan Letcher, en diálogo con nuestros compañeros de Radio Ahijuna, explicó que de los despidos del mes de diciembre están relacionados con la cantidad de despidos del sector público: “En el mes de diciembre se suman 1904 despidos relacionados con el sector público, es el dato característicos porque es más de la mitad y además es lo que ha sucedido en los dos diciembres previos”. Entre los despidos, como los que sufrió Radio Nacional, o los cientos de trabajadores despedidos de Fabricaciones Militares de todo el país, ayer se confirmaron los 18 despidos de las señales públicas Encuentro, Pakapaka y DeporTV. Estos se suman a los 89 retiros voluntarios y 22 contratos a febrero no renovados en esos mismos canales y a los 160 trabajadores cesanteados en la TDA. Por este motivo el Sindicato Argentino de Televisión,Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) se movilizaron en el día de ayer.

La imagen del primer mandatario sintió los sacudones tras las polémicas de diciembre en torno a las reformas previsional y tributaria. Las últimas medidas llevaron a Macri al nivel más alto de desaprobación desde que asumió. El recorte de haberes a jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, perceptores de AUH y otras asignaciones no estaría siendo gratuito para la imagen del presidente Macri. Según informó la consultora Ipsos Argentina, el descontento que provocaron las últimas medidas, a las que se sumaron los hechos de represión y violencia institucional, impulsaron hacia abajo los niveles de aprobación del mandatario, alcanzando el nivel más bajo desde su asunción, con un 44 por ciento. Los autores del sondeo puntualizaron que el sondeo se realiza a nivel nacional contemplando 1000 casos, y que ese 44% de aprobación reúne a los que respondieron que «aprueban mucho», «aprueban algo» y también a quienes «se inclinan hacia aprueba». El descenso en la aprobación del jefe de Estado enciende una alarma en el oficialismo, habitualmente a salvo de estos vaivenes gracias al blindaje mediático y judicial que posee. El punto más alto de popularidad de Macri fue el primer trimeste de 2016, con un índice del 71 por ciento. Antes del 44 por ciento actual, el valor más bajo al que había llegado era el 46% del segundo trimestre de 2017.

La idea es dejar de contar con 120 operarios del total del personal que tiene en la actualidad. Los trabajadores pidieron el pago de la indemnización como indica la ley. El miércoles próximo vuelven a reunirse.   La situación para los trabajadores de Itec no mejora, esto teniendo en cuenta que la autopartista de Santa Lucía presentó el plan para retomar la producción en febrero próximo, pero dejó en claro que necesita la desvinculación de 120 trabajadores. Actualmente el plantel es de 359 personas. El miércoles próximo, las autoridades de la Subsecretaría de Trabajo citaron a las partes para un nuevo encuentro de conciliación. Analizando el panorama, los trabajadores pidieron ser despedidos para cobrar el 100 por ciento de las indemnizaciones. “La empresa presentó el plan de trabajo que tiene hasta finales de año. Quieren dejar en la calle a cerca de 150 familias. En tanto que el personal que continuaría debería hacerlo sin Categoría, Antigüedad y el pago de ninguno de los derechos que hoy tenemos. Además pretenden contratos renovables cada tres meses”, dijo uno de los trabajadores. En el mismo sentido añadió que “hemos pedido el despido para los 359 operarios con la intención de cobrar la indemnización. Si la empresa quiere seguir, que luego nos contrate. No podemos permitir que atropellen nuestros derechos”. Desde el Gobierno, Walter Escudero, director de la Policía de Trabajo a cargo de la Subsecretaría, expresó al respecto que “el plan nuevo que presentó la empresa necesita la desvinculación de 120 personas. De todas formas el pedido está condicionado a un pago que debe realizar la automotriz Peugeot. Esto que ellos pretenden no quiere decir que se haga así. Han presentado este plan ante la Subsecretaría de Trabajo y el Juzgado Comercial. Ahora, el miércoles próximo nos volvemos a reunir para continuar con la negociación”. En el encuentro, además de Escudero estuvo presente Fabiola Aubone, en representación del Ministerio de Gobierno y el ministro de Producción, Andrés Díaz Cano.

A pesar de que aún no sufrieron despidos, desde el Sindicato de Prensa de San Juan señalaron que están «atentos y preocupados» por la situación de sus colegas en todo el país. «Quieren cerrar todos los medios públicos», indicaron. Trabajadores y trabajadoras de Radio Nacional de distintos puntos del país fueron notificados, al entrar a sus puestos de trabajo, que estaban despedidos. Por esta razón, en la provincia de San Juan, que aún no hubo despidos, sus trabajadores están en alerta y desde el Sindicato de Prensa de San Juan expresaron su solidaridad con los colegas despedidos en el resto del país. Liliana Oviedo, Secretaria General del Sindicato de Prensa de San Juan, contó sobre la situación de los trabajadores de Radio Nacional San Juan: “En 2016 pasó lo mismo, a fin de año no avanzaron con grandes despidos pero si en la Capital Federal”, y agregó: “Ahora a fines del 2017 nos enteramos que le hicieron una propuesta a los de planta permanente de Radio Nacional, dónde les decían que les darían una suma de dinero por la separación del cargo”.  Oviedo afirmó que “quieren cerrar todos los medios públicos” y por esta razón están“preocupados por aquellos compañeros que no se le renueve, porque están con la Ley de Contrato de Trabajo”. Fuente: La Lechuza/ Farco