Daniel Gollán advirtió que el objetivo del nuevo programa de acceso a la salud impulsado por el oficialismo implica una “seudoprivatización” del sistema, con el cual se cobrarán servicios que desde 1946 son de acceso gratuito. El ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán, médico sanitarista, criticó la Cobertura Universal de Salud (CUS) que impulsa el Gobierno nacional y que se pondrá en marcha hoy, cuando el ministro Jorge Lemus haga entrega de las primeras 120 mil credenciales de la CUS en la provincia de Mendoza. “La gente va a tener que pagar por servicios que hasta ahora no pagaba”, denuncia. En diálogo con PáginaI12, Gollán hizo hincapié en que el objetivo del Gobierno es que se duplique el gasto de bolsillo en salud para financiar un sistema que, asegura, es promovido por la Organización Mundial de la Salud “de la mano de los grandes laboratorios”. Y advierte que se está adoptando un sistema “enfocado en la atención y no en la prevención de la salud”. –¿Cuál es el principal cambio que impulsa el Ejecutivo con la CUS? –Está basado en un decreto del año pasado. Es un sistema de aseguramiento que parte de una falacia: ya teníamos cobertura universal de salud. Desde 1946 todo el mundo puede atenderse en los hospitales públicos y la cobertura es total. Es gracioso porque se piensa que éste es un sistema para 15 millones de personas que no tienen obra social o prepaga. No es así. La mitad de los partos se hace en hospitales públicos, con gente que tiene obra social: de 450 mil partos por año, 320 mil son de personas con obra social y prepaga. Y en accidentología, el 100 por ciento de los casos se atienden en hospitales públicos, en la etapa aguda, por lo menos. El debate es si el acceso es equitativo o no. –¿Entonces cuál es el cambio que propone el Gobierno? –La gente va a tener que pagar por servicios que antes no pagaba. Van a dar una credencial, y la gente va a acceder a una canasta básica de prestaciones. Hasta determinado límite, te paga el Estado. No está definido, pero ya de por sí se pone un límite. Con el sistema actual no hay límite. Los tratamientos de alto costo, oncológicos, reumatológicos o hepatitis… todo lo que hasta hoy en día es gratuito, se empezará a pagar. El Gobierno dice que lo que quede afuera de la canasta básica de prestaciones, se cubrirá luego de que se estudie el caso. Yo creo que habrá una catarata de juicios. Otro punto importante es que limitan la cantidad de tecnologías y medicamentos (rayos, etcétera) que cubre el Plan Médico Obligatorio (PMO) a través de las obras sociales y las prepagas. Ese proceso ya empezó, ya están pagándose coseguros y copagos de consultas médicas, diagnóstico por imágenes y demás. Ahora están negociando con las prepagas otro aumento de los coseguros. El PMO se va a ver disminuido, a través de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que lo determinará. –¿Este plan se aplicó en algún otro país? –En Colombia adoptaron este sistema en 1993. Destruyeron el sistema público y es el país donde más gente se muere por no poder acceder a la atención médica. Allá les prometieron una lluvia de inversiones en prestadores. Pero de una buena cantidad de administradoras privadas de salud se redujeron a cuatro que están cartelizadas, con precios cada vez más altos y la gente cada vez más afuera. –¿Cuál es la situación ahora, cuando todavía no fue aplicada la CUS? –El plan ya está en marcha. Lo primero que hicieron fue desarmar todos los programas de prevención, se los traspasaron a las provincias con el discurso de que quien “puede lo hace, el que no, no”. Lo que está sucediendo es que tenemos derechos a la salud diferentes en cada provincia. El que no tiene capacidad de pago, va a tener una salud cada vez peor. Si podés pagar, una mejor. –¿Cuál es el objetivo, entonces? –Duplicar el gasto directo desde el bolsillo. Es el gran negocio de la privatización. En las provincias que adhieran, formalmente habrá hospitales públicos, pero de autogestión. Es una pseudo-privatización: una ventanilla para los que pagan, y otra para las que no pagan. Es decir, dejan de ser esencialmente hospitales públicos. Otro punto importante es que van a usar los 8 mil millones de pesos que aporta la CGT, que no tiene potestad para aportar dinero de los trabajadores. Los trabajadores van a perder: van a tener peores obras sociales y van a tener que pagar un montón de cosas que hasta ahora no pagaban. La CGT pactó que les bajen los costos de las obras sociales con la AGNET, que les va a transferir los costos al bolsillo de los trabajadores. Es lo que hoy se está discutiendo. Se está instalando una falacia. Además, si dividís ese monto por 15 millones de beneficiarios, son 44 pesos por mes por persona. Eso no alcanza para nada. ¿Cómo se va a financiar este sistema? Es una falta de planificación absoluta, no se sabe cuáles son los recursos que aportará el Estado. Es muy probable que nazca desfinanciado y muera prontamente. Es un agujero muy grande: nadie dice cómo se financiará. Así no se puede planificar la salud de un país. No vaya a ser cosa que le tiren esto por la cabeza a las provincias, que no pueden afrontar ese gasto. Yo creo que el Gobierno aspira a eso: que las provincias se hagan cargo de la prestación de salud porque así creen que lo indica la Constitución nacional. Pero es la Nación la que adhirió a los tratados internacionales que dicen que es el Estado nacional el que tiene que garantizar el derecho a la salud. Para cuando se dé cuenta la gente de la estafa, ya va a ser tarde. –¿Cuál será el efecto a largo plazo en el sistema público? –Esto ya lo vivimos y
La quita de retenciones a la soja le costará al Estado más de 1000 millones de dólares
La reducción de impuestos al campo comenzará en enero y será de 0,5 puntos por mes para descontar otros 6 puntos en 2018. La alícuota bajará a 24 por ciento. Cabe recordar, que el presidente Mauricio Macri ya redujo de 35 a 30 por ciento las retenciones a la soja en 2015. La decisión del Ejecutivo de rebajar las retenciones a los sojeros, le costará al Estado 1039 millones de dólares. La rebaja está prevista para el próximo año y será de 0,5 puntos porcentuales por mes para descontar 6 puntos porcentuales a finales de 2018. Según un informe elaborado por los técnicos de la Bolsa de Cereales de Rosario la transferencia de ingresos a los sojeros será cercana al 1 por ciento de los ingresos fiscales totales. Así, la recaudación en concepto de retenciones pasará del 4,5 por ciento del total al 3,6 por ciento en doce meses. El Ministerio de Agroindustria registra la retención de 20 millones de toneladas de soja. Al postergar los envíos, los productores no solo apuestan a lograr un beneficio impositivo sino también presionan por un tipo de cambio más elevado. El informe de la BCR minimiza el costo fiscal de la medida al señalar que la reducción impositiva incrementará el ingreso disponible de los productores que “procedan a gastar más en bienes de consumo o nuevas inversiones” y “de este modo, es muy probable que esa cifra se compense con mayor recaudación de otros tributos”. El informe, sin embargo, no hace referencia a los peligros de la dolarización y fuga de capitales.7 Foto: Elcronistacomercial.com
Dujovne afirmó que «no hay ningún proyecto de flexibilización laboral», ni ajustes, ni cambios en la edad jubilatoria
El ministro de Hacienda desmintió en Córdoba que esté en marcha un proyecto para flexibilizar las condiciones de trabajo o modificar la edad mínima para acceder a la jubilación. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne afirmó que «no hay ningún proyecto de flexibilización laboral», señaló que tampoco se prevé una modificación en la edad jubilatoria, y negó que después de las elecciones del 22 de octubre vaya a realizarse algún tipo de ajuste. En declaraciones a la prensa formuladas en el aeropuerto de la ciudad de Córdoba, Dujovne aseguró que «no hay ningún un proyecto de flexibilización laboral». En ese sentido indicó que «lo que vamos a hacer es seguir trabajando en mesas sectoriales como lo vemos haciendo hasta ahora, donde nos sentamos el gobierno, los empresarios y los sindicatos, para ver cómo todos juntos podemos encontrar acuerdos para estar todos mejor». Dujovne añadió que «para que los trabajadores estén mejor y los empresarios estén mejor, a veces el gobierno tiene que ceder algún recurso para promover la actividad. Se trata de ir removiendo trabas para que la actividad en la Argentina empiece a despegar todo su potencial». «Vamos a seguir trabajando en acuerdos sectoriales, no por empresas, sino como hicimos con el petróleo para poder destrabar Vaca Muerta; el acuerdo que hicimos con el sector textil, el que se logró en la mesa de la construcción y ese es el esquema en que va a seguir la Argentina y no va a haber ningún cambio respecto de lo que hemos venido trabajando». Consultado sobre si en las próximas paritarias el gobierno aceptará acuerdos de aumentos salariales a cambio de que se modifiquen los convenios colectivos, Dujovne enfatizó: «de ninguna manera. En Argentina las paritarias son libres desde hace muchísimos años». En ese sentido el funcionario nacional aclaró que «el único rol del gobierno en las paritarias, es que la cancha en la cual se discute entre los sindicatos y las empresas esté balanceada, es decir, ordenar la discusión, pero esa discusión es entre empresas y sindicatos, absolutamente libres».
Ecuador: detienen al vicepresidente Jorge Glas por corrupción en el caso Odebrecht
En un avión caza de la Fuerza Aérea del Ecuador (FAE) fue trasladado el vicepresidente de la República Jorge Glas hasta la capital, la noche de este lunes 2 de octubre. La aeronave aterrizó a las 23:05 al aeropuerto de Quito con el detenido, para dar cumplimiento a la orden de prisión preventiva dictada por el juez Miguel Jurado, quien aceptó la solicitud de medidas cautelares planteada la mañana de este lunes, por el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, con base en nuevos indicios hallados en la investigación por supuesta asociación ilícita en el caso Odebrecht. La nave se parqueó detrás de un edificio de la terminal aérea lo que impidió la visibilidad a la prensa. Sin embargo, se observaron dos caravanas de autos que tomaron rutas distintas a la salida de lugar. Rosana Alvarado, ministra de Justicia confirmó que el vicepresidente sería trasladado a la Cárcel 4, ubicada en el sector de El Condado, al norte de Quito, a donde llegó Jorge Glas, a las 23:37 de ayer. Esta misma cartera de Estado tomó la decisión de trasladar a Carlos Pareja Yannuzzelli, hasta el centro de rehabilitación de Latacunga, debido a la llegada del nuevo ‘inquilino’ al lugar donde este permaneció recluido desde el mes pasado. Sobre el paradero final de Ricardo Rivera, se sabe que no vino en el mismo avión en el que fue traído Glas. Luego de ser revisado en el Hospital Universitario, se conoce que fue ya trasladado a un centro de rehabilitación social, en Guayaquil. En la tarde de ayer, el juez Jurado dispuso que se lo lleven primero al hospital Luis Vernaza, de Guayaquil, para ser evaluado por sus problemas cardíacos y solicitó además al Ministerio de Justicia que lo coloquen en un espacio adecuado.
Legislativas 2017: habrá debate de candidatos
Organizado por Conciencia, el Foro de Abogados y la Comisión de Justicia y Paz, los candidatos a diputado nacional harán su presentación el 12 de octubre y un día después, los candidatos a senador. «San Juan-Debate» se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre a las 20.30 en el salón Sarmiento del Foro de Abogados, para conocer las ideas y propuestas de los representantes que ocuparán los cargos de diputados y senadores nacionales en las elecciones del 22 de octubre. Los candidatos a diputado nacional debatirán el jueves 12 de octubre y el temario propuesto está cerrado a cuatro tópicos: reforma educativa, minería y medio ambiente, reforma política y reforma laboral. Quienes se presenten para senador tendrán que debatir el viernes 13 de octubre y sus temas serán: Fondo del conurbano y presupuesto, reforma tributaria, realidad económica y social-Economías regionales, y Justicia y transparencia. La organización del debate está a cargo de la ONG Conciencia, el Foro de Abogados, la Comisión de Justicia y Paz, y el Instituto de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y Derechos Humanos del Foro de Abogados.
Docentes alarmados por descuentos en los sueldos
El ministerio de Educación emitió un comunicado explicando los motivos. Gran parte de los docentes de la provincia, observaron descuentos en el cobro del sueldo de este mes por lo que se pensó que había sido un error del Ministerio de Educación en la liquidacion de los haberes. Pero el gobierno salió a aclarar, desde su página web que «los descuentos realizados en los haberes percibidos el sábado 30/09/201, correspondientes al mes de septiembre 2017, pertenecen a la retención en concepto de Impuesto a las Ganancias y no a liquidaciones erróneas realizadas por el Ministerio de Educación, hecho que puede corroborarse en el recibo de sueldo correspondiente». El comunicado completo: El Ministerio de Educación comunica a los docentes que los descuentos realizados en los haberes percibidos el sábado 30/09/201, correspondientes al mes de septiembre 2017, pertenecen a la retención en concepto de Impuesto a las Ganancias y no a liquidaciones erróneas realizadas por el Ministerio de Educación, hecho que puede corroborarse en el recibo de sueldo correspondiente. Por lo expuesto se solicita a los docentes que verifiquen en su/s recibo/s la retención de AFIP.
El Gobierno argumentó que no dejó participar a la ONU del caso Maldonado por «soberanía»
Lo hizo el ministro de Justicia, Germán Garavano, que intentó fundamentar con increíbles motivos la marcha atrás que ordenó el macrismo en autorizar a expertos del organismo internacional más importante del mundo para brindar asistencia en la investigación sobre el joven desaparecido hace más de dos meses. A más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado durante una violenta represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche en Chubut y a pesar de las múltiples recomendaciones de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, el Gobierno de Mauricio Macri no sólo impidió que expertos de la ONU brinden asistencia en la investigación sobre el joven desaparecido, sino que también lanzó una explicación sobre la negativa que roza con la sorna. Aunque parezca increíble, el ministro de Justicia, Germán Garavano, fundamentó en motivos de «soberanía» y «burocráticos» la marcha atrás que dio el Gobierno en autorizar a expertos del organismo internacional más prestigioso del planeta a sumarse a la investigación por Maldonado a través de asistencia técnica. «La decisión de (dejar participar al) Alto Comisionado (de la ONU) era un tema que a poco de andar se verificó que tenía varias dificultades en términos formales y burocráticos y en términos de lo que es la soberanía y la jurisdicción del propio juez», lanzó como fundamentos el funcionario al participar de un acto oficial en el cual hizo entrega de fondos públicos al Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para los institutos de menores. Garavano, que supuestamente había sido uno de los impulsores dentro del oficialismo de autorizar el desembarco de la ONU, intentó matizar la increíble explicación: «Nosotros seguimos en contacto con el Alto Comisionado (de la ONU, al cual) se manifestó en ese momento que no era el momento para avanzar en esa situación». El 12 de septiembre, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, recibió al representante del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU, Amerigo Calcaterra, con vistas a crear una comisión de expertos externos que «colabore» con la investigación. Esa iniciativa había sido planteada por la familia del joven desaparecido desde el 1 de agosto en Esquel para que «un equipo independiente siga la investigación» para dar con su paradero, del que no se sabe nada luego del desalojo violento de Gendarmería a una protesta de la comunidad mapuche en la ruta 40, en Chubut. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU había expresado su preocupación por la «falta de progreso en las investigaciones que se están llevando a cabo», y pidió a las autoridades «realizar la investigación apegándose a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, en particular a la Convención para la protección de las personas contra las desapariciones forzada». Cuando parecía que el presidente Mauricio Macri no iba a poder eludir la aprobación de esa iniciativa, al día siguiente el Gobierno, a través de Peña, rechazó el plan del que había participado Garavano e informó al Alto Comisionado que «por ahora no se va a avanzar en el pedido de que se sumen a la investigación» ni se conformará un «grupo de trabajo».
Crisis en la industria del cuero y afines: Aumentó un 40 por ciento la importación
Según datos de la cámara de manufacturas del cuero y afines, el sector también se ve perjudicado por la caída de las ventas en un 25 por ciento. La importación de productores de cuero y afines aumentó más del 40 por ciento en los primeros ocho meses de este año. El número alertó a los empresarios y trabajadores del sector, y se suma a una caída en las ventas del 25 por ciento. Ariel Aguilar, de la Cámara Industrial de Manufacturas del Cuero y Afines (CIMA), explicó que “las importaciones de manufactura de cuero y afines no sólo no bajaron, sino que subieron un promedio del 41,5 por ciento, comparando los primeros ocho meses del 2016 con los primeros ocho meses del 2017. Esto sumado a un contexto recesión y de caída de consumo.” Esto explica, sostuvo Aguiar, porque desde Aduana se negaban a darles estos datos antes. Según los datos de la CIMA, en el primer semestre las importaciones de manufacturas del cuero aumentaron un 32,5 por ciento en unidades en relación al mismo período del año pasado, en un contexto de baja de las ventas. Además, aumentó de 406 a 760 las empresas anotadas como importadoras. Aguiar señaló que “los productos de cuero y de vinílico, – como carteras, billeteras, cinturones, y todo lo que sea maroquinería – se fabrica en nuestro país y son de muy buena calidad, pero si hay una política de apertura de importaciones para bajar los precios, afecta nuestra industria. Esto se vio reflejando en el cierre de fábricas y la pérdida de 1400 puestos de trabajo en los últimos dos años.” Fuente: Farco
Después de la liberación de precios, YPF subió más del 13 por ciento
Tanto Aranguren como Marcos Peña habían asegurado que, pese a la cuestionada decisión de suspender el convenio, las tarifas no iban a incrementarse significativamente. De todos modos, aún si se retomase el acuerdo para fijar el precio del combustible, el Ejecutivo aplicará un aumento de entre un 6 por ciento y un 7 por ciento que está previsto para después de las elecciones. Debido a la liberación del mercado del petróleo y combustibles, la acción de YPF subió más del 13 por ciento desde el cierre del lunes de la semana pasada cuando se conoció la decisión oficial. El significativo aumento contradice las predicciones del Gobierno, que había asegurado que los precios no iban a incrementarse. En apariencia, los inversores descuentan que YPF saldrá beneficiada en un contexto de libertad de mercado, y aun cuando la medida recién se aplique desde principios de año porque ya constataron la decisión política de concretarla. Cabe recordar que según explicó el ministro Juan José Aranguren, quien junto al jefe de Gabinete Marcos Peña había asegurado que no subirían las tarifas, el acuerdo con lo productores de petróleo y las refinadoras está en suspenso debido a que al 13 de setiembre se cumplieron 10 días seguidos en que el Brent superó el valor local del crudo. Si esa situación se revierte, el convenio retoma su vigencia hasta el 31 de diciembre, con precio sostén para el petróleo por encima del internacional. Aún si se retomase el acuerdo, el Ejectutivo tiene previsto un aumento de los combustibles al público de entre un 6 por ciento y un 7 por ciento que se aplicará después de las elecciones. Por el contrario, si el precio del Brent vuelve al ascenso y hay liberación del mercado, la suba podría superar el 10%, sobre todo para las naftas y con menor incremento para el gasoil.
