A través de la firma del decreto 365/2017, el presidente Mauricio Macri delegó en el Ministerio de Modernización la creación de un registro único de empleados estatales. En consecuencia, toda dependencia del estado deberá informar datos identificatorios, laborales, salariales y académicos de sus trabajadores en un plazo no mayor a tres meses. Lo lesivo de la medida radica en la obligatoriedad de denunciar también la afiliación sindical de cada trabajador, resultando la norma a toda vista inconstitucional y violatoria de la Ley de Protección de Datos Personales. Cabe señalar que esta última ley (25.326) establece que ninguna persona puede ser obligada a proporcional datos sensibles. Y define –en su segundo artículo- a los datos sensibles como aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Se entiende que este tipo de datos resultan especialmente protegidos, pues podrían producir –por su naturaleza o contexto- algún trato discriminatorio a la persona titular. Mal podrían, entonces, ser recolectados por un ente de la magnitud del Ministerio de Modernización. Resulta indudable que un tratamiento poco prudente de dicha información por parte del estado, devendría en un perjuicio irreparable para los individuos eventualmente afectados. Debemos tener presente que no es la primera vez que el gobierno se atribuye facultades de recolección de datos contraviniendo las leyes que rigen la materia. Meses atrás, la Jefatura de Gabinete logró celebrar un suspicaz acuerdo con la ANSES (la base de datos más completa del país), haciéndose de los datos de 32 millones de personas con el fin de “llegar a la población con información de acciones de gobierno”. Hoy, esa base de datos es utilizada indiscriminadamente como una plataforma más de marketing electoral por parte del gobierno de Cambiemos. Por estas razones, resulta apremiante intentar poner un freno judicial al decreto 315/17, que persigue a los principios de privacidad y libertad sindical en un permanente afán violatorio de intimidades. La medida judicial que correspondería interponer se conoce como “habeas data” (cuyo proceso rige bajo las normas de la acción de amparo). Y debería materializarse con una celeridad tal que impidiera que el gobierno disponga de los datos sensibles de este enorme colectivo de trabajadores. Aunque, si los jueces que han de dirimir la constitucionalidad del decreto siguiesen la escuela de quienes aplicaron recientemente el 2×1 a genocidas, una vez más, estaríamos parados frente a un abismo del que sólo es posible salir mediante la protesta y el castigo electoral. Hace click en el link de abajo y mira el decreto: https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/164281/20170529 Fuente: Agencia Paco Urondo

Docentes universitarios todavía sin aumento, CONADU Histórica profundiza el plan de lucha en el marco de los 99 años de la Reforma Universitaria El Plenario de Secretarios/as Generales de la CONADU Histórica, reunido este viernes en Buenos Aires, resolvió la profundización del plan de lucha con un paro de 48 horas, con tomas, carpas y actos para los días 14 y 15 de junio en el marco de los 99 años de la Reforma Universitaria. La decisión se tomó ante la persistente negativa del Ministerio de Educación y de la Secretaria de Políticas Universitarias en ofrecer un incremento salarial satisfactorio. Asimismo, el plenario resolvió llamar a una Consulta Nacional para decidir la no toma de exámenes en el mes de julio y el no inicio del segundo cuatrimestre de continuar la falta de respuestas y el congelamiento salarial de hecho. En tanto que, caracterizó al Plan Maestro Educativo y al Reconocimiento de Trayectos Académicas, y el ajuste presupuestario como una verdadera Contra Reforma Universitaria. Finalmente, el Consejo Directivo Nacional ratificó que la convocatoria a movilizar en todo el país mañana 3 de junio bajo las consignas “Ni Una Menos”, “Vivas y con derechos nos queremos”.

La desocupación entre los jóvenes aumentó en 2016. De acuerdo al último reporte de CEPA, entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016, la tasa de desempleo en jóvenes se incrementó en más de 3 puntos porcentuales al 21,2%. Llegó a un máximo de 23,63% en el segundo trimestre de 2016. Estas cifras van a contramano del proceso previo experimentado por los jóvenes. En el segundo trimestre de 2004 el desempleo juvenil se ubicó en 27,86% y se redujo sensiblemente a 17,12% para el segundo trimestre de 2008. La crisis de 2009 lo elevó a 19,94%, pero luego se evidencia una nueva reducción que ubica en un 17,86% a la tasa de desempleo juvenil en el año 2015. Es ostensible el salto a 23,63% en 2016, en línea con el aumento de la desocupación en el conjunto de los estratos etarios Con la Presidencia de Mauricio Macri se acentuaron los programas de inserción laboral bajo condiciones de precarización, en detrimento de los programas que incentivaban la formación profesional y universitaria de la juventud. En julio de 2016, ANSES deliberadamente deja de brindar información sobre el programa PROGRESAR y varias universidades comenzaron denunciar la baja arbitraria de alumnos que cumplían con los requisitos académicos para continuar dentro del programa. Este le brinda un apoyo económico a los estudiantes, que perdió poder adquisitivo con las alzas de precios. A la par, en marzo de 2017, el Gobierno propició una serie de convenios con empresas para la generación de empleo en jóvenes de hasta 24 años de edad. Estos convenios incluían el pago de salarios por debajo del salario mínimo ($ 4.500 en el caso de McDonald’s), el aporte de $ 1.000 por trabajador por parte del Estado, y un curso rápido de formación laboral a cargo del Ministerio de Trabajo. Como el acuerdo violaba derechos laborales básicos, el programa fue dado de baja luego de un año de funcionamiento sin demasiados resultados. También envió el proyecto de ley el Plan Primer Empleo, para estimular la creación de empleo formal y favorecer la formalización de trabajadores para personas entre 18 y 24 años. Esta reintroduce la política de reducción a las contribuciones patronales aplicada en el pasado que el Estado ofrezca a las empresas una transferencia monetaria directa, en calidad de subsidio al salario del trabajador. Fue rechazado por la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. Por último, lanzó el plan Programa de Inserción Laboral que tiene por objetivo “empalmar” los planes sociales existentes en una relación de dependencia o nueva contratación. Estos tres últimos programas “son ejemplos de la planificación de políticas laborales que ponen el foco sobre la flexibilización de la mano de obra para aumentar la demanda del empleo. De esta manera, se piensan planes de acción que focalizan en las necesidades de los empleadores cercanos al Gobierno nacional más que en proteger los derechos de uno de los sectores más vulnerables del mercado de trabajo, los jóvenes”, cuestionó CEPA. Fuente: El Destape Web

Son 10 mil hectáreas en Campo Los Andes, cuya venta frenó la Justicia Federal. El hombre asegura que lo hicieron pasar por muerto La investigación judicial para buscar cuerpos de desaparecidos en los terrenos del Ejército en Valle de Uco se inició hace casi tres meses, pero ahora un ex militar pateó el tablero al asegurar que él sabe todo. Esta mañana denunció en los juzgados federales de Mendoza que debajo de las 10 mil hectáreas de Campo Los Andes sí hay cadáveres. El ex militar, se llama Jesús Villegas y declaró junto a su abogado Marcelo Romano que él denunció el hecho varias veces, primero en los 80 y después en 2013. Es más, dijo que estuvo detenido por hablar y que lo hicieron pasar por muerto, con certificado de defunción de por medio. Villegas habló y recordó cuando era chofer, agregó que sus jefes militares le pidieron que los llevara hasta lo que es hoy el Haras General Las Heras, donde se cría la mula argentina, dentro de La Remonta «Yo me bajé a fumar un pucho y estirar las piernas. Después de caminar un poco, vi en la celda 5 del haras a un detenido atado y encapuchado”, contó el hombre que fue capturado y hasta dado por muerto por sus propios colegas militares.  Ahora, el fiscal Dante Vega investiga si funcionó como un centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico militar argentina. El testimonio de Jesús se suma al de otras víctimas, que antes ya habían señalado este punto del Valle de Uco como centro de detención y enterramiento.  Villegas se retiró del Ejército y denunció en el ‘84 que había encontrado restos óseos en el Puesto Alvarado, camino a la Laguna del Diamante. Después de esto, según dijo a la justicia hoy, una mañana fue secuestrado por militares en la estancia Tierras Blancas de San Carlos, donde vivía con su padre. Para probar lo que denuncia, Villegas presentó fotos con las leyendas que los detenidos dejaron en el lugar.  Hasta ahora, la investigación judicial se había mantenido en el hermetismo para no afectar el proceso y porque los denunciantes temen represalias o que las pruebas puedan ser alteradas o erradicadas del lugar. Cabe aclarar que sólo tienen acceso a las tierras del Establecimiento de Campo Los Andes los habitantes históricos del lugar, los militares y las personas a las que éstos autoricen ingresar. Las tierras de la polémica El 23 de mayo, la justicia federal mendocina ordenó frenar la venta de los terrenos del Ejército en Tunuyán, hasta que no se resuelva el amparo presentado por 20 vecinos de la zona que se oponen a entregar a manos privadas los terrenos del Estado en pleno Valle de Uco y que lindan con la cordillera. De esta manera, se dejó sin efecto el decreto 255/17 firmado por Mauricio Macri el 4 de abril, que autoriza la venta de bienes del Estado en diversas partes del país, al menos en lo que respecta a unas 10 mil hectáreas en Tunuyán. La medida la tomó el juez subrogante del Juzgado Federal número 2 Marcelo Garnica, quien al mismo tiempo se declaró incompetente y mandó el litigio a Buenos Aires, donde se firmó el decreto.  Fuente: Diario «Los Andes»

La suba de 1,7% registrada por Elypsis se ubicó apenas una décima por encima de la proyección que manejan las autoridades nacionales, del 1,6%. La inflación de mayo marcó un avance de 1,7%, según la medición preliminar realizada por la consultora Elypsis. De esta forma, en los doce últimos meses el índice de precios al consumidor acumuló un incremento de 24,5%. La suba de 1,7% registrada por Elypsis se ubicó apenas una décima por encima de la proyección que manejan las autoridades nacionales, del 1,6%. De confirmarse estos datos, el IPC de mayo se ubicaría casi un punto porcentual debajo respecto a la medición de abril pasado, cuando mostró un avance de 2,6% impulsado por las subas de los precios de los alimentos, indumentaria y el rubro viviendas, por el incremento de las tarifas de servicios públicos. La medición oficial del Índice de Precios al Consumidor de mayo elaborada por el Indec se conocerá dentro de una semana, el jueves 8 de junio. Fuente: Consultora Elypsis

El ministro de Producción explicó que el Gobierno está “avanzando en medidas para mejorar los costos energéticos y logísticos y la presión tributaria”. Además volvió a mencionar que “están empujando al Mercosur” para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. El ministro de Producción, Francisco Cabrera, aseguró hoy que “la Argentina necesita inversiones”, pero afirmó que “no llegan porque la rentabilidad no es la esperada respecto del riesgo”, por lo que el Gobierno está avanzando en medidas para mejorar los costos energéticos y logísticos y para bajar la presión tributaria. Al disertar en el Foro Argentina-Unión Europea, Cabrera sostuvo que la perspectiva de la Argentina en cuanto a “integración al mundo” no es para generar una apertura que haga “perdedores” a la industria local, “sino para ser ganadores” a partir del incremento de las inversiones. Cabrera también subrayó que el Gobierno “está empujando al Mercosur” para lograr un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y sostuvo que “en Vaca Muerta va a haber fortísimas inversiones”.

Alberto Rodríguez Saá tomó la decisión para asegurar la continuidad de la producción, luego del cierre que habían decidido los dueños empresarios. El Gobierno de San Luis expropió la fábrica Cerámica San Lorenzo en Villa Mercedes para asegurar la continuidad de la producción luego del cierre que habían decidido los dueños empresarios. En redes sociales el gobernador Alberto Rodríguez Saá explicó que ahora  a la empresa hay que llamarla «Cerámica San Luis», porque ahora «es de la provincia  para que los trabajadores la administren y la pongan en funcionamiento». La administración de Rodríguez Saá informó que la empresa mantenía una deuda con el Estado provincial que fue utilizada como pago de la expropiación. “Es un suceso histórico en San Luis, donde el movimiento obrero, apoyado por el gobierno provincial, hoy tiene el privilegio de recuperar sus fuentes de trabajo”, explicó a Página 12 Juan Vega, secretario general del Sindicato de Ceramistas.