El gobierno busca eliminar los gremios que se conformaron durante el mandato de Néstor y Cristina Kirchner. El Ministerio de Trabajo de la Nación tiene a la firma una resolución para avanzar el próximo viernes con la eliminación de 450 gremios que no cumplieron con los requisitos previstos en la ley de asociaciones gremiales (23.551). Como autoridad de aplicación, la cartera que conduce Jorge Triaca instará a estos sindicatos flojos de papeles a regularizar su situación en un plazo perentorio de 60 días ya que, de lo contrario, serán excluidos del registro de asociaciones sindicales. La resolución, a la que tuvo acceso en exclusiva Ámbito Financiero, establece en su artículo 1°: «Actualícese el Registro Especial de Asociaciones Sindicales que registra las inscripciones gremiales en el ámbito de esta Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, excluyéndose del mismo a aquellas entidades sindicales que no hayan acreditado en el plazo de 3 años a la fecha de publicación de la presente , su actividad operativa y el cumplimiento de sus obligaciones periódicas establecidas en la ley 23.551». La resolución que busca depurar el lote de casi 3000 gremios inscriptos ante el Ministerio de Trabajo está a la firma de Karina Palacios, la Directora Nacional de Asociaciones Sindicales, quien completaría el trámite este viernes. El Gobierno nacional intentará así normalizar el macro cosmos sindical después de un aluvión de sindicatos y «sellos de goma», de acuerdo a la evaluación de las autoridades, inscriptos durante la gestión del kirchnerista Carlos Tomada. Más allá de la eficiencia en la gestión y la consonancia con los principios de celeridad, economía y sencillez previstos en el artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en términos políticos la resolución apunta a fortalecer a las principales ramas gremiales de la CGT que sufrieron una merma de afiliados, y aportes, durante los gobiernos de Néstor y Cristina de Kirchner a través del reconocimiento de asociaciones gremiales disidentes y con base de militantes de partidos de izquierda. Por ejemplo, en 2013, Tomada inscribió como asociación gremial al Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) que salió a competir con la UOCRA de Gerardo Martínez, uno de los caciques de la CGT más cercanos a Mauricio Macri. Durante el kirchnerismo, Tomada también procedió a la inscripción de la Asociación Gremial de Trabajadores de Subterráneo y Premetro (AGTSyP), un sindicato nuevo que le disputa poder y representación a la UTA de Roberto Fernández. De acuerdo a la información que trascendió ayer, estarían a salvo gremios ortodoxos y «oficiales» como camioneros de Pablo Moyano o gastronómicos de Luis Barrionuevo, luego de la paranoia sindical desatada por el arresto de Juan Pablo «Pata» Medina y, antes, de Omar «Caballo» Suárez. De hecho, la resolución reforzará el poder de los gremios tradicionales asociados a la «burocracia sindical» hoy nucleados en la Confederación General del Trabajo que se reunieron el lunes y ayer para blindar el proyecto de reforma laboral que impulsa la Casa Rosada. Hoy el sector de Pablo Moyano y las dos CTA marcharán al Congreso de la Nación para rechazar junto al kirchnerismo la iniciativa que acordó el Ministerio de Trabajo con la CGT. En el sexto considerando de la resolución a la firma de Palacios se menciona que «la asociación sindical que no mantenga los requisitos que le permitieron acceder al registro o que no cumpliera con los deberes impuestos (…) por un período prolongado de tiempo, pierde, por propia conducta, el derecho a integrar ese registro y por lo tanto debe ser dada de baja de dicho instrumento de control y publicidad». Esos deberes se refieren a obligaciones como la presentación de balances, memorias, la celebración de asambleas para la elección de autoridades, el mantenimiento de la sede social y la actualización de del registro de afiliados, entre otras. De acuerdo a la disposición del Ministerio de Trabajo que se firmará el viernes, están en la mira los gremios que «en el plazo perentorio de 3 años contados a partir del comienzo de su inactividad o inoperatividad» no puedan demostrar su efectiva voluntad asociacional de mantenimiento de su vida institucional y cumplimiento de sus obligaciones legales». En ese universo de sindicatos flojos de papeles es de casi 450 asociaciones gremiales que serán dadas de baja del Registro que lleva el Ministerio de Trabajo de la Nación. El artículo 2° de la Resolución a la firma ordena además la intervención de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio y, en artículo 3° otorga un plazo de gracia de 60 días extra para «acreditar el cumplimiento de los requisitos de funcionamiento exigidos por la ley 23.551 que hacen al mantenimiento de su vida institucional y así procurar su mantenimiento en el Registro mencionado». Transcurrido ese plazo, el ministerio ordenará la baja del registro y el traslado a la Justicia para proceder a la quita de la personería gremial. La embestida de la cartera de Triaca se enmarca en la decisión del presidente Mauricio Macri de avanzar contra «las mafias de los juicios laborales» que, de acuerdo al oficialismo, lucran a partir de la constitución de nuevos sindicatos que, a su vez, promueven nuevos litigios en el fuero del trabajo. A pesar del rechazo de Pablo Moyano, Sergio Palazzo (Bancarios) y las CTA, el proyecto de ley de reforma laboral podría avanzar en el Congreso y convertirse en ley antes de fin de año. Tras el aval oficial del Consejo Directivo de la CGT a la reforma laboral, a través de Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña, ahora sólo falta que Miguel Pichetto, jefe de los senadores del Frente para la Victoria, se muestre en condiciones de ordenar a su tropa.

Sindicatos y agrupaciones sociales se movilizarán al Congreso en rechazo a los proyectos del Ejecutivo. Se espera una gran cantidad de marchas al Congreso contra las reformas que impulsa el Gobierno en materia laboral, previsional y tributaria. Después del mediodía, desde diferentes puntos de la Ciudad, sindicatos, agrupaciones sociales y políticas marcharán hacia el palacio legislativo, con fuertes críticas al Gobierno de Mauricio Macri. En  la provincia la convocatoria es a las 18:30 horas en Plaza 25, donde organizaciones sociales, partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos serán los encargados de llevar los reclamos contra la reforma que pretende instalar el gobierno nacional.

Macri usó la reunión de Gabinete que encabezó esta mañana para respaldar a Bullrich y el accionar de Prefectura durante la represión contra la comunidad mapuche que culminó con la muerte por un balazo de plomo desde atrás de Rafael Nahuel. «¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas?», se preguntó indignado Macri. Si las cuestionadas frases de la vicepresidenta Gabriela Michetti; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el titular de Justicia, Germán Garavano, respecto del asesinato del joven Rafael Nahuel de un tiro por la espalda por efectivos de la Prefectura cuando ingresaron violentamente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche, parecían insólitas, eso sólo fue así porque todavía no había hablado el presidente Mauricio Macri. Es que según publicó Clarín, el jefe de Estado aprovechó la reunión de Gabinete que encabezó hoy por la mañana para hacer que sus ministros oigan su voz respecto del tema. Allí, el Gobierno reconoció que fue la cartera que conduce Patricia Bullrich quien autorizó el uso de armas con balas de plomo, consideró «lógico» en la misma línea que su ministra que las fuerzas de seguridad no deban ser investigadas ni tengan que dar explicaciones y, por si fuera poco, cuestionó indignado el hecho de que los agentes de estas últimas requieran permiso de sus superiores para disparar plomo contra manifestantes. «Pará ahí, Patricia», la frenó en seco a la titular de Seguridad, que daba una detallada explicación ante sus colegas ministros sobre el operativo en Villa Mascardi. «¿Cómo que en medio del operativo llamaron para ver si podían usar sus armas? ¡Esto no pasa en ningún lugar del mundo!», cuestionó el Presidente sin ponerse colorado. El jefe de Estado se sorprendió cuando la ministra contó que en medio de los enfrentamientos y al verse acorralados por los supuestos RAM, según la versión de los mismos prefectos que asesinaron a Nahuel, los efectivos intentaron comunicarse por radio con las autoridades que estaban al pie de la montaña para pedir instrucciones y corroborar si podían utilizar sus armas, dado que, hasta ese momento -y siempre según la funcionaria- habían usado las pistolas tipo «paintball» para disuadir a los mapuches. Según el artículo del matutino, el mandatario, furioso, reivindicó «el papel de las fuerzas como herramienta del Estado para garantizar el orden y el cumplimiento de la ley», aunque siguió escuchando la exposición de su ministra. Luego, tras una reflexión del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que analizó que, «por el pasado» oscuro que tuvieron, «hasta ahora las fuerzas de seguridad eran tan sospechadas como los delincuentes», Macri volvió a colocarse en una postura más reaccionaria que sus propios funcionarios y sostuvo que en la Argentina es necesario entonces hacer «un cambio cultural» respecto a las fuerzas de seguridad: «Necesitamos correr esa raya. Por eso formamos, entrenamos y les damos armas a las fuerzas». «Por supuesto hay que investigar» el accionar de las fuerzas, reconoció el líder PRO, pero nuevamente insistió en la reinvidicación del operativo que llevó a un asesinato al exigir que se debe devolver el rol institucional en la sociedad. «Hay que volver a la época en la que dar la voz de alto significaba que había que entregarse». Al contrario, a las críticas que ayer se volcaron sobre la ministra, que había advertido que el Gobierno «no tiene que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad», Macri reforzó esa afirmación al sostener que se trata de una cuestión de «lógica». «Ocurrió todo dentro de un operativo pedido por una fiscal y un juez», argumentaron cerca del Presidente. Fuente: APDH/Politica Argentina

La textil Sedamil cerró su planta de la ciudad chubutense de Trelew, en la que se hiló el poliéster con el que fue confeccionada la camiseta que la selección argentina de fútbol lucirá en el Mundial de Rusia 2018, informó el sindicato del sector. La hilandería, instalada en el parque industrial de Trelew, cerró luego de mantener suspendidos durante once meses a sus 107 trabajadores, con quienes negocia ahora «retiros voluntarios» a cambio de reconocerles el 110 por ciento del salario en el cálculo de las liquidaciones. «Fue muy difícil hacer frente a los trabajadores para semejante noticia que nos transmitieron los empresarios», dijo a la agencia Télam el secretario adjunto de la Asociación Obrera Textil (AOT), Sergio Cárdenas, al informar sobre el cierre de la planta. Cárdenas dijo que «no nos sorprende, pero nos duele» la noticia, ya que «hacía once meses que venían con suspensiones y todos sabemos que es imposible tener una planta sin producir y con los obreros cobrando casi la totalidad del sueldo». El sindicalista culpó de este desenlace a la política económica vigente, que a su juicio «no atiende las desventajas comparativas de los parques industriales alejados de los centros urbanos», donde se concentra el consumo. En tanto, el ministro de Producción de Chubut, Pablo Mamet, consideró que «lo ocurrido es parte de la falta de respuesta sobre la competitividad que venimos reclamando desde la provincia». De los 107 trabajadores despedidos, hay 77 representados por la AOT y 30 afiliados al Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA). Este último gremio, cuyo secretario general es Juan Edgardo París, presentó una nota a la Secretaría de Trabajo en la que pide una audiencia de conciliación obligatoria. «Cabe recordar que el trabajador hace más de 10 meses se encuentran suspendidos y a efectos de clarificar la situación planteada y proteger los derechos de los afiliados involucrados en pos de la preservación de la relación laboral, es que solicito vuestra intervención de manera inmediata», dice la nota. Franco Andrada, uno de los trabajadores afectados, dijo a Télam que el cierre de la planta no sorprendió porque «desde hacía varias reuniones era la misma música, la misma cantinela, que la cosa estaba mal y que seguía la suspensión». «La empresa lo que quiere ahora es que firmemos un retiro voluntario ofreciendo algún beneficio extra, porque si nos despide seguro que a nivel nacional le quitarán los subsidios por el empleo que benefician a otras plantas que tiene la misma empresa», comentó.

El juez Leopoldo Rago Gallo le concedió la eximisión  de prisión al ex cortista Juan Carlos Caballero Vidal, y dió lugar a la opinión afirmativa del fiscal que estaba de acuerdo con la medida. Con esta resolución, el magistrado no irá preso mientras dure el proceso donde se deberá investigar y juntar pruebas en su contra. La carátula de la causa se encuadra en una presunta participación necesaria en los delitos de Lesa Humanidad, enmarcada en la privación ilegítima de la libertad y en maniobras indebidas durante su paso como juez de primera instancia, en época de dictadura militar. Este fallo no es definitivo, ya que Caballero Vidal podría enfrentar un juicio oral al respecto de este delito federal. Si es encontrado culpable, irá preso porque las penas que comprenden son las más severas y no permiten la libertad del acusado. La Justicia Federal ha comprendido que el magistrado no presenta peligro de fuga, ya que se ha mostrado colaborador con el proceso, que ha renunciado a su función como autoridad de la Corte de Justicia para comparecer ante el titular del 2do Juzgado Federal y por haberse quedado sin fueros antes de que se proceda al juicio político en su contra. Es que Rago Gallo había solicitado a la Cámara de Diputados que lo dejen sin protección judicial (fueros) para que pueda ser indagado en el marco de estos delitos. Según confirmaron fuentes judiciales, el juez llamará a declaración indagatoria a Juan Carlos Caballero Vidal, a mediados de diciembre, antes del comienzo del receso judicial. Esto puede producirse luego de haber quedado sin la protección constitucional que prohíbe a la Justicia interrogar a los jueces. Si bien, Rago Gallo cree que el sospechoso no entorpecerá el camino del proceso, su situación procesal no será permanente. Luego, el juicio ante el Tribunal Federal podría detonar en su culpabilidad y traducirse en prisión efectiva. Este viernes, Caballero Vidal deja de ser miembro de la Corte de Justicia, de manera oficial, luego de su renuncia presentada ante el presidente de la Corte, Ángel Humberto Medina Palá y aceptada –posteriormente- por la Cámara de Diputados. Esta decisión se tomó en el marco de un proceso inminente de destitución que fue cancelado por su renuncia voluntaria. Con esa destitución se concretaba, habría perdido su posibilidad de acceder al derecho del 92 por ciento móvil, con su jubilación.

La División Epidemiología de Salud Pública recuerda que la vacuna está disponible para todas las niñas y niños que tengan 11 años. La División de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, con el objetivo de completar el esquema de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano –VPH- realiza una campaña de concientización y sensibilización sobre la importancia de la vacunación dirigida a toda la comunidad sanjuanina, para aumentar la cobertura de vacunación en niños y niñas. En marzo de 2017, se incorporó a los varones de 11 años en el Calendario Nacional de Vacunación. “En números estadísticos al mes de Octubre se debería haber llegado a un 74 por ciento en el mes de septiembre en las dos dosis.  Sin embargo, hemos llegado a un 72 por ciento en las niñas en la primera dosis, casi llegamos a la meta, y en los varones solo tenemos un 46 por ciento.  Es importante lograr completar el esquema de vacunación a los 6 meses de ser colocada la primera dosis”, dijo la Jefa de Epidemiología Dra. Mónica Jofre. “Lo que más preocupa, es que todos los niños y niñas se coloquen la segunda dósis porque es la única manera de completar el esquema y que el organismo pueda defenderse y reaccionar ante la presencia del Virus Papiloma Humano. De la segunda dosis, un 23 por ciento de las niñas cuentan con el esquema completo y solo el 5 por ciento en varones”, agregó. En Argentina cada año se diagnostican 5000 casos de cáncer cervical y 1800 mujeres mueren por esta causa. La infección persistente por el VPH es el causante del 100 por ciento de cáncer. La vacuna es una herramienta fundamental en la prevención de esta enfermedad que constituye un problema para la salud. El Estado garantiza la vacunación de manera gratuita y obligatoria a todas las niñas y niños de 11 años. La campaña de comunicación se diseñó para reforzar las actividades de vacunación y buscar concientizar a los padres y niños sobre la importancia de la vacunación contra el VPH, y que los niños exijan a sus padres a que los vacunen y resalten que la vacunación es un derecho.

Graciela Salvo contó que el joven asesinado durante la represión de la Prefectura había ido hasta la comunidad mapuche para acompañar a sus familiares que estaban en el lugar. «El asesino de mi hijo tiene que pagarla», sostuvieron los padres de Rafael y aseguraron que no van a bajar los brazos que se haga justicia. Graciela Salvo, la madre de Rafael Nahuel, contó que el joven asesinado durante la represión del Grupo Albatros había ido hasta la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu para acompañar a sus familiares que estaban en el lugar. «El asesino de mi hijo tiene que pagarla», sostuvieron los padres de Rafael y aseguraron que no van a bajar los brazos hasta conseguir que se haga justicia con los responsables. La madre del joven de 22 años que fue asesinado de un tiro por la espalda por efectivos de la Prefectura cuando ingresaron violentamente a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche, pidió justicia por el asesinato de su hijo y exigió que se investigue quienes fueron los responsables. “No voy a bajar los brazos. No puedo creer cómo me lo trajeron de esa manera. Sólo quiero justicia para mi hijo”, lamentó Graciela Salvo. «Nadie del Estado se contactó conmigo» criticó Graciela y adelantó que hoy irá hasta el juzgado a hacer las averiguaciones de la causa. “Queremos hablar con el policía que lo mató”, afirmó el padre de Nahuel, que aclaró que su hijo nunca tuvo armas de fuego. El hombre dijo que Rafael había ido hasta la comunidad, donde vive su hermana –tía del joven fallecido- para hacer una “changuita”. “El asesino que mató a mi hijo tiene que pagarla”, insistió. Según la autopsia realizada por la Justicia rionegrina, la bala que terminó con la vida de Nahuel le ingresó por el glúteo izquierdo y dañó órganos, causando una hemorragia interna.  Cabe destacar que la autopsia confirmó que Nahuel fue asesinado con una bala 9 milímetros, compatible con las de Prefectura. Por su parte, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó el actuar represivo de la fuerza e insistió con que se trataba de “grupos de violentos”, en referencia a las comunidades mapuches que resistían el desalojo. “El juez necesitará elementos probatorios, nosotros no. Nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad. Le damos a la versión que nos da la Prefectura carácter de verdad”, afirmó Bullrich en la conferencia de prensa. Antes la vicepresidenta Gabriela Michetti había afirmado que “el beneficio de la duda siempre lo tienen que tener las fuerzas de seguridad».

Así lo anticipó el secretario de Tránsito y Transporte, Ariel Palma. El valor del pasaje escolar quedaría 3,20 pesos. A su vez, la provincia exigió cambios en los recorridos ya que en 2018 se plantean crear nuevos barrios. La Subsecretaría de Tránsito y Transporte tiene prácticamente definido el valor del nuevo aumento del boleto de colectivo de corta y media distancia en San Juan. Su titular, Ariel Palma, explicó que se busca un nuevo marco tarifario a Nación para que sea homologado por el sistema SUBE entre esta semana y la próxima, para que entre en vigencia desde enero de 2018. “Los empresarios han pedido casi 14 pesos con su análisis de costos, pero el nuestro nos dio mucho menos. Estamos discutiendo en los ítems de mayor incidencia, por ahí los más significativo como el combustible, salarios y mantenimiento de las unidades”, expresó el funcionario. Así las cosas, tras las negociaciones con ATAP los nuevos valores quedarían en 11,20 pesos para la primera sección -hoy en 8,20 pesos- y el escolar llegaría a los 3,20 pesos -actualmente en 2,50 pesos-. Si bien el aumento llegará a todas las secciones, no se terminaron de definir las restantes. “Nosotros estamos pidiendo que los aumentos de tarifas no sean porque sí, sino que puedan ir generando beneficios para la sociedad. Los empresarios pedían aumento porque tiene derecho por la licitación y porque cada vez se les quitan más subsidios, este año tuvieron una quita del 60% en el subsidio de combustible y el año que viene lo tendrán con el de los salarios. El gobernador nos ha pedido más kilómetros de recorrido, porque se seguirá en 2018 con las viviendas nuevas. Y  la RTO, que empiecen a pasar todas las unidades”, añadió Palma sobre las exigencias por parte de la provincia.

Como parte de una estrategia para bajar el gasto público, desde el Ejecutivo Intimarán a los que puedan jubilarse y limitarán los contratos. Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades, especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde trabajan más de 600 jóvenes médicos comunitarios. El Gobierno planea recortar el 18 por ciento de la planta estatal, es decir unos 35.000 puestos. Según publicó Clarín, el Ministerio de Modernización ya envió una planilla a cada dependencia con un examen exhaustivo de cuánto personal es deseable que ocupe cada área. Según el relevamiento oficial, al que accedió ese diario, para el Gobierno hay 19.119 trabajadores «de más». Modernización planteó un esquema denominado «de adecuación». El mismo consiste en intimar a jubilarse a todo trabajador en condiciones de hacerlo, cortar contratos a aquellos que hayan tenido ausencias reiteradas y la no renovación de contratos que culminan a finales de diciembre. Cabe destacar que en diciembre culminan contratos para 80.000 empleados (65.000 con contratos directos, el resto con convenios con Universidades). En Modernización niegan una reducción masiva de personal, sin embargo, los gremios estatales fueron notificados por los propios empleados. Otra forma de recorte que se busca es la conclusión de los convenios con universidades. Especialmente esos contratos se registran en el Ministerio de Salud donde hay más de 600 jóvenes médicos comunitarios, y de especializaciones como salud mental, que prestan servicios al Estado mediante esos convenios.

En un comunicado, el gremio con mayor representantividad en la provincia, declaró el estado de alerta y movilización, además de un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo en todos sus niveles y modalidades. Los privados, técnicos y UDA no adhieren El Plenario de Delegados, el gremio UDAP se sumó al paro convocado por CTERA en rechazo a la reforma laboral, fiscal y previsional que pretende tratar el Gobierno Nacional una vez conformadas las nuevas cámaras. Según detallaron en un comunicado, declararon el estado de alerta y movilización, además de un paro de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para este miércoles 29 de Noviembre en todos sus niveles y modalidades, tanto de gestión pública como privada. De acuerdo a lo expuesto, habrá una movilización en Capital Federal y representantes del gremio docente local participarán. A pesar de la convocatoria, los colegios privados, las escuelas técnicas y el gremio UDA no adherirán.