Se trata de la transportadora eléctrica Transener. La UCR envió una carta al ministro Aranguren manifestando su rechazo y las sospechas de corrupción. En el último día hábil de 2017, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la disposición 527-E que inició el proceso de privatización de la participación de Enarsa en la Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica Sociedad Anónima (Citelec), que controla el 52 por ciento de la transportadora eléctrica de alta tensión Transener. La disposición se basa en el decreto 882/2017 en el que se dispone que el Estado se desprenda de su participación accionaria en una serie de empresas del sector energético. La disposición pasó prácticamente inadvertida durante dos semanas hasta que la UCR hizo público su malestar por la decisión del gobierno que se realizó sin consultar a sus pares radicales que integran Cambiemos. Mediante una carta al ministro de Energía, Juan José Aranguren, la conducción de la UCR manifestó su oposición a que continúe el proceso de venta de las acciones que el Estado posee en Transener. El escrito está firmado por el presidente del Comité Nacional de la UCR, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo; el presidente de la Convención, Jorge Sappia, y los presidentes de los bloques legislativos del partido, el senador Angel Rozas, y el diputado Mario Negri. La UCR llamó la atención que la Disposición Administrartiva lleva la firma del subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Energía, Marcelo Pedro Blanco, «quien en su hoja de antecedentes indica que ha sido miembro del Directorio de Pampa Energía» hasta diciembre de 2015, empresa que se vería beneficiada con esta privatización ya que también es accionista de Transener. La conducción de la UCR advirtió que «cabría analizar si esta empresa pudiera beneficiarse de la salida de Enarsa de Transener», luego que el Estado adquiriera en septiembre de 2016 el 13 por ciento de las acciones de la empresa de transporte eléctrico a la empresa Electroingeniería. «La UCR impulsó la compra por parte del Estado nacional por razones económicas, por razones estratégicas y por razones de política energética», subrayó el escrito de los dirigentes radicales. La carta también refiere a que el decreto 882 que instruye al Ministerio de Energía para que Enarsa (la que se conformará bajo una nueva denominación como Integración Energética Argentina SA- EASA) proceda a “la venta, cesión u otro mecanismo de transferencia según corresponda” de la participación en Citelec. «Llama la atención entonces por qué la decisión administrativa 527 E-2017 solo se limitó a analizar la venta y no la cesión ni otro mecanismo de transferencia según claramente expresa el artículo 6 del decreto 882», alertaron los firmantes. En ese sentido, cuestionaron además que «el Ministerio de Energía toma a su cargo esta operación, previo a la conformación de IEASA y sin la aprobación explícita de Enarsa». «¿Cuáles son los fundamentos técnicos, económicos y jurídicos que ha evaluado el ministerio para iniciar y ejecutar en plazos perentorios la operación de enajenación de las acciones del Estado nacional en Transener?», insistió el escrito conocido esta tarde. Por último, los radicales pidieron que se informe «de dónde surge el presupuesto de 24 millones de pesos para la contratación de consultoría para la enajenación que determinó la disposición administrativa», conocida en los últimos días de 2017 y que abre el camino a la salida accionaria de Enarsa. Los cuestionamientos se suman a lo expresado a comienzos de semana por el ex diputado Ricardo Alfonsin, quien a través de la red social Twitter manifestó su expectativa en «que la UCR persuada al Gobierno de que sería un grave error privatizar Transener». «Se trata de un monopolio natural en un sector estratégico para la economía de los argentinos. No hagamos algo de lo que, como en el caso de la venta YPF en los ’90, nos vanos a arrepentir», afirmó Alfonsín hace unos días. Transener es operadora de la red nacional de transporte de energía eléctrica en extra alta tensión, integrada por casi 8.800 kilómetros de líneas de transmisión, a los que deben adicionarse los aproximadamente 5.500 kilómetros de líneas que componen la red de su controlada, la Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución Troncal de la Provincia de Buenos Aires Sociedad Anónima Transba S.A.

Por decreto, se eliminaron las excepciones que les permitían a los funcionarios estacionar en cualquier lado y moverse por las ciudades sin apego a la ley de tránsito; se aplicará en todas las provincias que adhieran a la norma. En una semana  llena de  DNU, uno de ellos estipula que hoy se eliminaron los privilegios de circular y estacionar que tenían los autos oficiales. La norma seguramente le despertó una sonrisa al Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En las últimas semanas se lo escuchó quejoso por el uso y abuso de los autos oficiales que se colaban por los carriles exclusivos del Metrobus. Desde 1995, cuando se reglamentó la ley de tránsito nacional, en su artículo 63 se redactaban ciertos privilegios o excepciones a las reglas generales. Médicos en emergencia, sacerdotes, medios periodísticos en coberturas de exteriores y jueces en medio de diligencias estaban autorizados a ciertas franquicias, sean de circulación (las emergencias) como de estacionamiento, la mayoría de los otros casos. Pero en medio de esos incisos había uno, algo más amplio que los anteriores. Aquella norma de 1995 sostenía que «el derecho de uso de la franquicia especial implica la exención de una obligación en virtud del cumplimiento de una función o servicio destinado al bien común». Luego, entre quienes podían utilizar ese régimen especial estaban los «funcionarios superiores del Gobierno, sean nacionales, provinciales o municipales, para el ejercicio exclusivo de su función». Pero la nueva redacción, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, eliminó a los funcionarios como beneficiarios de aquel sistema. Mantuvo todos los demás, especialmente los de estacionamiento, pero ya no los que tenían los funcionarios. La modificación de la reglamentación de la ley de tránsito nacional será de aplicación automática en todas las provincias que hayan adherido a normativa, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, las cuestiones de tránsito son materia de legislación local, por lo tanto, hay muchas provincias que tienen sus propias leyes. Ahora, tienen tres vías: adherirse a esta modificación, adecuar la norma o mantener los privilegios. El decreto de 1995 establecía que «la franquicia es de carácter excepcional y debe ser ejercida conforme los fines tenidos en mira al reconocerla». Pero el abuso que se hizo en la Argentina de los privilegios para circular de los autos oficiales generó la necesidad de este cambio. Solo queda respetarla y hacerla respetar.

Mediante  un Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el Presidente, y publicado este jueves en el Boletín Oficial.   Ya es oficial. El extenso Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) publicado este jueves en el Boletín Oficial reduce las multas previstas para las empresas con trabajadores no registrados. La flamante norma contempla una modificación integral de la Ley 26.940 sancionada por la administración anterior y que creó el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal). El cambio prevé una reducción de las multas dinerarias establecidas en el régimen y también de los tiempos de permanencia de las compañías inspeccionadas dentro del registro, considerado una suerte de «veraz laboral». En la actualidad hay 22.000 empresas incorporadas en ese registro. La Ley 26.940 que alumbró el sistema vigente estipula que las compañías sancionadas no pueden «acceder a programas, acciones asistenciales o de fomento, beneficios o subsidios administrados, implementados o financiados por el Estado nacional, líneas de crédito otorgadas por bancos públicos», celebrar contratos de diversa índole ni participar de concesiones o acceder a beneficios económicos de parte del sector público. Uno de los artículos del decreto reduce de 90 a 30 días el plazo de permanencia en el Repsal de los infractores que acrediten «la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción». Y limita al propio Gobierno a un período de «no más de 30 días corridos para efectivizar la inscripción en el Repsal» una vez constatada la irregularidad. Además, deroga un artículo que condenaba a las empresas infractoras que hubiesen incurrido en «obstrucción a la labor de la inspección del trabajo» a permanecer en el registro por 180 días más una vez regularizados sus pagos pendientes. Fuente: Iprofesional.

La madida fue tomada en el marco del paquete de reformas impulsado por decreto desde la Rosada. Si bien el Banco Central difundió presuntos beneficios de la medida como «aumentar la calidad crediticia» de los titulares de cuentas, desde la Asociación de Abogados Laboralistas advirtieron que el beneficio es exclusivamente para los bancos. El extenso DNU que anunció el gobierno nacional incluye varias medidas en contra de los trabajadores. Una de ellas es que termina con la inembargabilidad de las cuentas sueldo. Hasta el momento, los bancos sólo podían embargar parte de sus ingresos a los asalariados, pero ese monto se calculaba sobre los ingresos mensuales (podía embargarse hasta el 20 por ciento sobre el excedente de dos salarios mínimos) y no sobre el total depositado en la cuenta. Si bien el Banco Central difundió presuntos beneficios de la medida como «aumentar la calidad crediticia» de los titulares de cuentas sueldo, desde la Asociación de Abogados Laboralistas advirtieron que el beneficio es para los bancos. Por su parte, Matías Cremonte, titular de la entidad,, explicó a Página/12: “El salario no era inembargable. Una parte podía ser usada para que los bancos y las financieras se cobren las deudas. Pero lo que si era inembargable era la cuenta sueldo. Con la nueva medida entran a jugar los bancos y todo el sistema financiero de préstamo”, “Ahora se podrá retirar cifras mucho mayores a las del 20 por ciento de un salario desde las cuentas sueldo, en el caso que el asalariado tenga dinero guardado por algún motivo en esa cuenta”, agregó.

La Cámara desestimó un pedido de excarcelación del genocida, previo a la domiciliaria que le fue otorgada. La Cámara Federal de Casación Penal desestimó hoy el pedido de excarcelación del genocida Miguel Etchecolatz, al resolver sobre un planteo de libertad distinto de la solicitud de prisión domiciliaria admitido a fines de 2017 por el Tribunal Oral Federal 6 de la Capital Federal y que, recurrida, también llegará al máximo tribunal penal. Al rechazar ese pedido, la Sala de Feria de la Casación argumentó “las particulares características y trascendencia de los graves delitos” cometidos por Etchecolatz y la presunción de “la existencia palpable de un peligro de fuga o un entorpecimiento en el desarrollo de la causa”, en cuyo debate deben declarar más de cien testigos. El fallo de la Sala de Feria -presidida por Alejandro W. Slokar e integrada también por Carlos A. Mahiques y Juan Carlos Gemignani-, al que tuvo acceso Télam, confirmó el rechazo de la libertad de Etchecolatz en la causa en la que el TOF 6 lo está juzgando por delitos de lesa humanidad cometidos en centros clandestinos bonaerenses de la última dictadura. El mismo Tribunal Oral Federal 6, el pasado 27 de diciembre, leotorgó a Etchecolatz la prisión domiciliaria en una resolución que llegará también a Casación después de que interpongan recursos las querellas y el Ministerio Público Fiscal, que se habían opuesto al beneficio. La resolución del TOF 6 permitió a Etchecolatz -que además purga cuatro condenas a prisión perpetua y otras penas impuestas en juicios anteriores- pasar estos días de enero en su casa del Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata, pese a masivas protestas de vecinos e integrantes de organismos de derechos humanos. En el fallo de hoy, la Casación aludió al riesgo procesal entre los argumentos de los jueces del propio TOF 6 que, en su momento, rechazaron la excarcelación y los que invocaron para prorrogar la prisión preventiva. Consideró también que se encuentra en pleno desarrollo el debate oral y público, en el que todavía deben declarar más de un centenar de testigos de los delitos imputados a Etchecolatz y cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en la comisaría de Monte Grande y en la División Cuatrerismo de la Policía bonaerense.

Luego de los reclamos por parte de los diferentes sectores, los estatales cobrarán un 2,8 por ciento por el mes de enero. Como se preveía, el porcentaje de inflación del INDEC superó el porcentaje de incremento acordado con los gremios y ya preparan el decreto que autoriza el aumento. Lego de que desde nación corrieran las metas de inflación y el porcentaje obtenido sea del 24,8 por ciento de inflación relevado por el INDEC superó el porcentaje de incremento acordado entre el Gobierno Provincial y los estatales por lo que se activa la cláusula gatillo, la cual era la garantía de que los trabajadores no perdieran ante la inflación. Desde Hacienda y Finanzas, confirmaron que la cláusula se hará efectiva y la formalizarán la próxima semana. De esta manera, los empleados estatales podrán percibir el incremento del 2,8 por ciento en los haberes de enero. Por el mes de marzo, fue que Gobierno y los gremios que representan a los trabajadores del Estado cerraron un aumento salarial del 22 por ciento con la condición de que si superaba ese porcentaje el excedente se aplicaba directamente a los sueldos. Por ello, esta cláusula se activa de inmediato y se prepara la Provincia para realizar un importante esfuerzo monetario para cumplir con los trabajadores.

La información se basa en un Oficina de Inteligencia Naval de los EE. UU. Silencio en la Armada ante esta revelación. Según el diario Le Monde de Francia afirmó que la implosión que hundió el submarino ARA San Juan fue tan fuerte que los 44 tripulantes que iban en la nave murieron sin sufrimiento. En base a un informe de la Oficina de Inteligencia Naval de los EE. UU. (ONI), el matutino asegura que la detonación se dio a una profundidad unos 400 metros, liberando energía equivalente a la producida por una explosión de casi seis toneladas de TNT. El informe de los Estados Unidos analizó la señal acústica detectada el miércoles 15 de noviembre, día en que los tripulantes del submarino ARA San Juan se comunicaron por última vez para alertar por el ingreso de agua a la sala de baterías. Por la presión de la profundidad, el casco del submarino quedó pulverizado en «40 milisegundos» ,según comunicó el informe de la Oficina de Inteligencia Naval citado por el medio extranjero. Además se hundió «verticalmente» a una velocidad de 10 a 13 nudos. Por lo tanto, es imposible, según la organización estadounidense, que los 44 marineros argentinos a bordo del San Juan sintieran la implosión. «No sufrieron, no se ahogaron. Su muerte fue instantánea «, dice la ONI. De acuerdo a Le Monde, la ONI se basó en los datos recopilados por la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, institución de Austria que dio a conocer la implosión del submarino por primera vez. Voceros de La Armada  informaron que sólo se limitarían a dar datos mediante el comunicado oficial que envían vía mail luego del mediodía.

La Iglesia publicará un libro con la lista de bautismos realizados entre 1975 y 1979 en la capilla de la ex Esma. En el predio funcionó una maternidad clandestina utilizada para el plan sistemático de robo de bebés. La iniciativa del obispo castrense Santiago Olivera, que cuenta con el apoyo del papa Francisco, dará a conocer 127 nombres que pasaron por la iglesia Stella Maris. El obispo castrense, Santiago Olivera, anunció que recuperó el libro de bautismos de la capilla Stella Maris de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), un documento cuya existencia no se conocía. La Iglesia aseguró que hará pública la información referida al centro clandestino de detención durante la última dictadura, luego de un encuentro que mantuvieron con el Papa Francisco en El Vaticano. «En este libro figuran los 127 bautismos realizados en la ESMA entre los años 1975 y 1979. Tenemos que investigar, puede ser que algún marino haya bautizado allí a su hijo, pero puede ser que otros no», afirmó Olivera a la agencia Noticias Argentinas. El prelado, que fue designado por Francisco obispo castrense en marzo del año pasado, anunció su intención de dar a conocer y «poner a disposición» este documento inédito en las próximas semanas. Antes de ello, será tratado con el resto del episcopado y con la Comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que la primera semana de febrero será recibida por el Papa. «No sé si habrá mucha información en el libro de bautismos de la ESMA , pero por lo pronto es un dato que se pueda conocer a los niños que fueron bautizados allí entre el 1975 y 1979, para alguien que necesite saberlo», dijo Olivera. El prelado contó que Francisco le dio su aval tras ponerlo al tanto de la novedad. El obispo castrense explicó los detalles de su encuentro con el Sumo Pontífice: «Al Papa le pareció muy bien, le pregunté por los modos, y él me dijo de socializarlo a la prensa. Cuando vuelva (a Argentina) lo hablaré con (el presidente del Episcopado, monseñor Oscar) Ojea, con la comisión ejecutiva y buscaré el modo de presentarlo en la línea de disponibilidad, apertura y transparencia que él ha impulsado».

El IPC oficial de diciembre rondará el 2,8 por ciento. Así, 2017 habrá cerrado con una suba de precios cercana al 25 por ciento. Quedó muy lejos de la meta de 17 por ciento que se había fijado el Gobierno. La nueva pauta para 2018 está en duda. El INDEC blanqueará hoy el dato de inflación de diciembre, sobre el cual se concentraron las expectativas de los agentes económicos, sobre todo desde que el Gobierno revisó las pautas inflacionarias para este año y el Banco Central reformuló levemente las tasas de interés de referencia. Más allá del dato preciso (entre 2,5 por ciento y 2,8 por ciento), se descuenta que habrá sido el mayor aumento del índice de precios de todo 2017. Y que el año terminó con una suba cercana al 25 por ciento. Lo relevante es que será la confirmación de que el Gobierno de Mauricio Macri incumplirá sus propias metas de inflación por segundo año consecutivo. En 2016 la pauta que se fijó el oficialismo fue de 24 por ciento y el año cerró en 40 por ciento. Y el año pasado había apostado al 17 por ciento que quedará lejos del porcentaje que se publicará hoy. Esta performance es la que alimenta las dudas de los analistas sobre el cumplimiento de las pautas de 2018, a pesar de que fueron elevadas en 5 puntos porcentuales respecto del objetivo original que se había incluido en la ley de Presupuesto. Ahora la referencia se fijó en 15 por ciento, pero tampoco se logró credibilidad en esta cifra pese a los esfuerzos que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, hicieron el 28 de diciembre pasado para convencer a la opinión pública de que esta vez se podrá cumplir con la política antiinflacionaria. Casi en el mismo momento en que se hacía el «recalibrado» de metas, desde otras áreas del Gobierno se anunciaban los aumentos para el Año Nuevo. Suba de las tarifas de transporte a partir de febrero, más los incrementos en los precios de la energía que ya se volvieron habituales, sea gas, electricidad o combustibles, todos los meses alguno de ellos golpea los bolsillos. A esto se sumaron subas previstas -y autorizadas por los organismos correspondientes- en prepagas y telefonía celular. Y el impacto estacional del turismo en el comienzo del año. Los porteños además comenzaron a recibir las boletas del ABL con aumentos de 50% contra el año pasado. Y también llegaron las patentes con subas diversas. Estos ajustes ya pusieron en jaque las pautas flexibilizadas, porque empujan la suba de precios -según los cálculos previos de los consultores- hasta cerca del 5% apenas en el primer bimestre. De esta forma, sin paritarias previstas en lo inmediato (la mayoría se concentra en el segundo trimestre) y con el aumento de las jubilaciones programado para marzo, los sectores de ingresos fijos arrancarán el año con una fuerte pérdida de poder adquisitivo que se sumará al que ya resignaron en 2017. Esa carrera es el escenario en que se moverá la discusión paritaria de este año. El recálculo de la pauta no sólo capturó la atención de los financistas preocupados por el futuro del arbitraje (carry trade) entre dólar y tasas. También fue analizado con seriedad por los sindicatos que esperan turno para comenzar a negociar los salarios de 2018. Si en algún momento alguien consideró en un despacho oficial que el 15 por ciento también podría instalarse como una pauta salarial, el escenario actual debería regresarlo a la realidad. Los gremios ven más realista pensar en un cauce de 20% como piso para los reclamos. El desfase entre los deseos oficiales y las expectativas del resto de los actores económicos (sindicatos, empresarios, financistas) alienta en los gremialistas la idea de volver a pactar cláusulas gatillo como ya hicieron en 2017. Una opción que ni la Casa Rosada ni las cámaras empresariales ven con buenos ojos, porque no permite desactivar la carrera indexatoria de la economía.

Los empleados que renovaron sus contratos en la empresa estatal que desafectó a una gran cantidad de trabajadores sufrirán clausulas de flexibilización como la reducción de su salario y las horas de trabajo. “También figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad”, denunciaron desde ATE. Los trabajadores que no fueron despedidos de fabricaciones militares sufren las primeras consecuencias producto de la flexibilización laboral que la empresa estatal aplicó en sus contratos. La denuncia de ATE es acompañada de un reclamo con cortes en la ruta 36 en la provincia de Córdoba donde se ven afectados trabajadores de Villa María y Río Tercero. Entre las nuevas cláusulas, asombra la que fija que “el contratado acepta que su jornada laboral y su remuneración” sean reducidas en hasta un 50 por ciento cuando “a criterio de la empresa se produjera una variación en las necesidades operativas o productivas”. Desde ATE se cuestionó la modalidad “inédita” y señaló que sus abogados evalúan los pasos legales. “También figura que ahora los contratados son polifuncionales y pueden ser derivados a otras tareas, y que tienen hasta 30 en vez de 45 días de licencia anual por enfermedad”, marcó Damián Albornoz, de ATE Río Tercero al diario La Voz. Aunque el mayor ajuste de personal se dio en la localidad de Azul, la empresa que depende del Ministerio de Defensa achicó su personal en sus cinco plantas y en su sede central. No renovó 354 contratos de los 1.674 que mantenía. La empresa quedaría hoy con unos 1.700 agentes entre contratados y estables (casi 950 de ellos en Córdoba). ATE organiza hoy un corte de ruta sobre la nacional 36, a la altura del cruce Piedras Moras (Almafuerte), desde las 8. El propósito es reclamar por la reactivación de Fabricaciones Militares y la reincorporación de los despedidos. El gremialista Albornoz señaló que subsiste una enorme incertidumbre entre el personal que quedó, ante la falta de inversiones, y que subsiste el temor de que el achicamiento prosiga. El interventor Luis Riva, aseguró que no “hay un plan para desactivar ni vaciar” la empresa. En declaraciones a La Nación, dijo que “se está planificando para que sea viable”. Según manifestó en 2017 la fábrica de Villa María trabajó al 45 por ciento de su capacidad y la de Azul, al 10. Ambas producen diferentes explosivos, la mayoría hoy para el uso civil en minería. “Nos dejaron una empresa no viable. De cada peso que se vende, se pierden tres. Es una situación que no se puede cortar abruptamente, por lo que diseñamos un plan a tres años”, señaló Riva.

La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) se refirió a la avanzada del Ejecutivo sobre los trabajadores de prensa y advirtió: «Buscan intimidar a quienes desarrollan la tarea de informar a la sociedad en democracia». Además, el organismo condenó la represión a comunicadores y pidió «respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta». Desde la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (REDCOM) se refirieron a la avanzada del Ejecutivo sobre los trabajadores de prensa y advirtieron acerca de lla grave situación que atraviesa el periodismo y las medidas que tomó el Gobierno durante los últimos dos años, que significaron un ataque a la libertad de expresión y el libre ejercicio del periodismo. En esa línea, detallaron: «La autorización de ENACOM a la fusión Telecom Cablevisión o la nueva prórroga para la presentación del proyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes, vino acompañado de una serie de acciones gubernamentales de extrema gravedad para el ejercicio del derecho a comunicar que no pueden pasarse por alto». Además, advirtieron acerca de «la represión indiscriminada con gases y balas de goma a cronistas y reporteros gráficos en diversas movilizaciones» como la ocurrida el 18 de diciembre, que «culminó con 36 trabajadores de prensa heridos y 4 detenidos con inicio de causas judiciales». «Es más que clara la búsqueda de intimidación de parte del gobierno para quienes desarrollan la tarea de informar a la sociedad en democracia», sostuvieron. En cuanto a la reciente ola de despidos y retiros voluntarios en las señales educativas Paka Paka, Encuentro y DeporTV, actualmente bajo la órbita del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Hernán Lombardi. y el anuncio de 180 despidos en la producción de contenidos de TDA y Radio Nacional» fueron contundentes: «Observamos una política que busca disminuir a su mínima expresión a los medios públicos para que la producción de contenidos sea nuevamente monopolizada por el capital privado». «Las carreras de periodismo y comunicación social nucleadas en la REDCOM decimos basta de represión a las y los trabajadores de prensa, basta de despidos y retiros inducidos, basta de un estado que regula a la medida de los requerimientos de las principales empresas de comunicación. Abogamos por leyes que emerjan del debate social participativo, por el respeto a la libertad de expresión y al derecho a la protesta, por la defensa del paradigma de una comunicación verdaderamente democrática», concluye el comunicado.