El travesticidio de la dirigente de Derechos Humanos llega hoy al tribunal oral. Cómo avanzó la investigación, con perspectiva de género.   Hoy lunes empieza el juicio por el travesticidio de Amancay Diana Sacayán. La defensora de Derechos Humanos fue asesinada en octubre de 2015, en un departamento del barrio porteño de Flores, que compartía con una amiga. Tenía 39 años: había sobrevivido cuatro años al promedio de vida de travestis y trans en América Latina: apenas 35. Y había trabajado en la conquista de derechos para ese colectivo, de los más violentados y criminalizados. Será la primera vez que se juzgue un crimen de odio por identidad de género, en esos términos. El juicio –que sufrió diversas demoras– será ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de la Ciudad. Lo integran Adolfo Calvete, Ivana Bloch y Julio Cesar Báez. Por el Ministerio Público Fiscal estará Ariel Yapur, después de que la Comisión de Justicia por Diana Sacayán pidiera el apartamiento de Marcelo Saint Jean (hijo de Ibérico Saint Jean, exgobernador de facto de la provincia de Buenos Aires entre 1976 y 1981) por sus antecedentes como defensor de condenados por delitos de lesa humanidad, quien luego se excusó. El proceso tiene motivos para pasar a la historia. «El juicio de Diana Sacayán es el primero donde desde el principio, ya desde la escena del crimen, se intervino con perspectiva de género», explica Mariela Labozzetta, titular de la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia contra mujeres y personas LGBTI. Durante la investigación, la UFEM se reunió con referentes y organizaciones de la diversidad sexual, entre ellxs con Lohana Berkins. La investigación se trabajó en conjunto con la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 4, a cargo de Matías Di Lello. La autopsia reveló que Diana había recibido 27 lesiones, 13 de ellas con un arma blanca, y varios golpes. Gabriel David Marino, de 25 años, acusado por este crimen, fue detenido días después y sigue con prisión preventiva. La investigación de la fiscalía asume que se trató de un travesticidio y un crimen de odio por género. Al pedir la elevación a juicio, los fiscales acusaron a Marino de asesinar a Diana. Lo hicieron con la figura de «homicidio triplemente agravado por haber sido ejecutado mediando violencia de género por odio a la identidad de género y con alevosía y robo». Labozzetta y Di Lello entendieron que fue un travesticidio. En el requerimiento, expresaron que Diana fue asesinada violentamente por ser «mujer trans y por su calidad de miembro del Programa de Diversidad Sexual del INADI, impulsora de la lucha por los derechos de las personas trans, secretaria de Asociación de Lesbianas, Gays y Bisexuales para América Latina (ILGA-LAC) y líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)». Marino conocía a Sacayán. Y tuvo un cómplice. Pero la investigación sobre este continúa y no integra el presente juicio. Hay dos querellas: la familiar, encabezada por su hermano Say Sacayán, coordinador de MAL, y otra por el Instituto Nacional contra la Discriminación, el Racismo y la Xenofobia (INADI). En la acusación contra Marino se incluyen dos agravantes de homicidio: el 4, que habla de crímenes de odio «por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión». Y el inciso 11, que se aplica en femicidios y refiere a violencia de género. «Diana va a estar muy presente en este juicio –dice Luciana Sánchez, abogada de la querella familiar–. Parte del desafío es que podamos hacer comprender a la comunidad jurídica, en particular a la jueza y jueces del tribunal, que es un travesticidio, por qué es importante nombrarlo así y cuáles son las condiciones de este crimen». El tribunal aceptó como testigo experta a Amaranta Gómez Regalado, una reconocida activista muxe y antropóloga, en un gesto importante para este y otros juicios. El INADI, querellante El juicio marca la primera vez que el INADI se presenta como querellante. «La defensa lo cuestionó y hubo una ratificación del tribunal. Es histórico.Habilita a seguir trabajando en otras causas que involucren derechos humanos y discriminación», explica Juan Correa, jefe de Gabinete del INADI. El abogado del organismo, Juan Kassargian, agrega: «Se trata de un crimen de odio y la base de los crímenes de odio es la discriminación, tema específico de la lucha del INADI. Como en todo crimen de odio, hay dos vulneraciones: una a la propia víctima y otra el mensaje que se envía al colectivo trans». La justicia heterosexista No existen antecedentes de condenas donde se haya aplicado el agravante por odio a la identidad de género.  En el travesticidio de Vanesa Zabala, juzgado en Santa Fe a fines  de 2017, el tribunal condenó con perpetua pero no consideró este agravante. «La Justicia tiene la oportunidad de pronunciarse por primera vez sobre los travesticidios en Argentina. Las muertes de las travestis no se investigan. A la Justicia, que es patriarcal y heterosexista, no le interesa. Y ¿quién las reclama?», pregunta Say Sacayán. «Queremos saber por qué la mataron a Diana, quiénes. Que la hayan asesinado nos interpela a todxs», dice. «Hacer justicia por Diana es seguir luchando para que la vida de las compañeras se transforme.» La primera audiencia será mañana a las 11. La Comisión de Justicia por Diana Sacayán –que trabajó incansablemente para impulsar la causa– convoca a las 9 a acompañar el juicio en la calle, frente a Tribunales (Talcahuano 550). Habrá radio abierta, bandas de música y poesía, entre otras actividades. Las audiencias serán los días 12, 19 y 26 de marzo, y 9 de abril. Liderada por Say y Darío Arias, de Conurbanos por la Diversidad, cuenta con apoyo de otras organizaciones. Diana había nacido en Tucumán, en una familia de 15 hermanos. Su madre, jefa de hogar, se mudó con la prole a Laferrere, donde siguen viviendo algunxs hermanxs. La última conquista de Diana, que también luchó por la Ley de Identidad de Género,  fue la Ley de Cupo Laboral

En una jugada silenciosa y sorpresiva, la denuncia de Alberto Nisman contra Claudio Bonadio quedó archivada en los tribunales de Comodoro Py. El fiscal había acusado al juez federal de aliarse a Jorge “el Fino”, elegido por Mauricio Macri para dirigir la Policía Metropolitana, en una presunta maniobra para apartarlo de la UFI-AMIA, incluso con la posibilidad de ataques contra su seguridad personal. En la causa que acaba de cerrarse también estaba acusado el ex ministro menemista Carlos Corach y su hijo Maximiliano Corach, ex funcionario del Gobierno de la Ciudad. Bonadio había tenido a cargo la investigación por el encubrimiento del atentado a la AMIA, pero fue recusado en 2005 por falta de imparcialidad y haber mantenido un doble rol de magistrado y sospechoso. Bonadio había sido asesor de Corach entre 1990 y 1992. El juez federal Sebastián Casanello firmó el archivo del expediente “porque no se ha podido verificar la hipótesis denunciada”, según revelaron fuentes judiciales al diario Perfil. Palacios, elogiado por el Presidente en reiteradas oportunidades, (“Es un hombre absolutamente honesto y capaz”) irá a juicio oral por el caso de las escuchas ilegales, otra denuncia impulsada por Nisman y en la que Macri fue sobreseído tras su llegada a la Casa Rosada. La causa que se archivó fue iniciada por Nisman en 2010 a partir de un anónimo que recibió e involucró a Bonadio, Fino Palacios, Corach y Maximiliano Corach de pergeñar distintas maniobras para apartarlo no solo de la causa AMIA sino también del Ministerio Público Fiscal. “Ante la gravedad de los hechos que han sido puestos en mi conocimiento -donde inclusive se menciona la posibilidad de realizar actos violentos o intimidatorios contra mis hijas- solicito una amplia y profunda investigación sobre cada uno de los pormenones y personas mencionadas en el relato que he recibido de forma anónima”, exigía Nisman. El anónimo mencionaba una supuesta visita de Bonadio a Palacios a la cárcel de Marcos Paz, reuniones en las que se había hablado sobre amedrentamientos y ataques al fiscal. Nisman también denunció que tenía los teléfonos pinchados y que había gente que planeaba realizar actos violentos contra sus hijas. Ahora la causa quedó archivada para alivio de Bonadio, una semana después que el juez federal decidiera mandar a juicio oral la causa del Memorándum con Irán, una denuncia que también había formulado Nisman contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Kirchner. Fuente: diariopulse.com

Desde el bloque de diputados presentaron un proyecto para la equiparación salarial. Además, buscan que vuelva a tener estado parlamentario la iniciativa de licencias por maternidad y paternidad presentada el año pasado. A horas del 8M, legisladores del bloque FPV-PJ de la Cámara de Diputados desafiaron a Mauricio Macri con dos proyectos de ley: uno para la equiparación salarial y otor con el que buscan que vuelva a tener estado parlamentario la iniciativa de licencias por maternidad y paternidad presentada el año pasado. La presentación del proyecto de iguadad salarial se realizó en el día de hoy en la Cámara de Diputados de la Nación y establece que deberá garantizarse la igualdad salarial entre hombres y mujeres que presten igual tarea. Asimismo, estipula que su incumplimiento dará derecho a la equiparación salarial debida y a las diferencias salariales devengadas, sin perjuicio de la acción de daños y perjuicios que pueda corresponder. Por otra parte, el proyecto presentado por el diputado Máximo Kirchner que fue acompañado con las firmas de los diputados Agustín Rossi, Hugo Yasky y las diputadas Cristina Álvarez Rodriguez, Mayra Mendoza y Silvia Frann, entre otras, dispone que el empleador que vulnere la igualdad salarial tendrá como sanción una multa pecuniaria equivalente a tres salarios mínimos vitales y móviles. En este sentido, indica que lo recaudado se destinará al fomento y ejecución de políticas públicas que promuevan la prevención, sanción y erradicación de la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Por otra parte, desde el bloque FPV PJ se intentará que vuelva tomar estado parlamentario el proyecto de Ley de Protección de la Primera Infancia, presentado en abril del año pasado, que amplía las licencias por maternidad de 90 a 180 días y de paternidad de 2 a 30 días. Esta misma iniciativa crea la figura de la licencia por adopción y, para incorporar a las parejas del mismo sexo, dispone que la licencia por paternidad pase a llamarse “del otro progenitor”. A su vez, el proyecto dispone para las parejas del mismo sexo que ellos podrán decidir quién de los dos toma los 180 días de licencia e incluso se los podrán repartir. Asimismo, las mujeres que se sometan a tratamientos de fertilidad también estarán autorizadas a tomarse 30 días, desde el comienzo de los procedimientos médicos.

El fallo lo emitió la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. El abogado de la joven y el Defensor Adjunto de la Ciudad cuestionaron el fallo por mostrar sesgos lesbofóbicos. Fue justo un día después del Día Internacional de la Mujer. Aún retumban los pasos de las millones de mujeres que este jueves marcharon por todo el mundo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Aún flamean las banderas. Consignas que son derechos y que necesitan de leyes para que se hagan efectivos. Es que se les va la vida en esta empresa. Los femicidios y las muertes por abortos clandestinos en condiciones de altísima precariedad, son sólo dos de los más dramáticos ítems que sirven para ilustrar y explicar la pregunta que muchos aún se hacen: “¿Por qué marchan las mujeres?”. Pues ni 24 horas pasaron de esa movilización –que en la Ciudad de Buenos Aires reunió a más de medio millón de mujeres– para que las estructuras patriarcales y arcaicas que se mantienen en los diferentes estamentos del Estado volvieran a asestar un golpe sobre la lucha feminista: la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó, durante el mediodía de este viernes, el procesamiento por el “delito de resistencia a la autoridad, en concurso real con el de lesiones graves” de Mariana Gómez, en la causa que se le inició en octubre del año pasado cuando estaba abrazando y besando a su esposa en la estación Constitución, antes de ir a su trabajo. En aquella oportunidad, Mariana fue violentamente detenida por efectivos de la Policía de la Ciudad en Constitución. “Me esposaron, me trasladaron a la estación Boedo de la Línea E, me metieron en un calabozo, me ficharon, me sacaron fotos, me desnudaron delante de tres oficiales femeninos, me hicieron levantar los brazos y agacharme para ver si llevaba alguna sustancia en mis partes íntimas, pregunté si podía tener visitas y un policía me dice: ‘Yo te voy a dar un consejo, o calmás a la gente que está afuera o vos dormís adentro’”, dijo a Tiempo aquella vez. Es preciso mencionar que la joven se encontraba junto a su pareja cuando fue interceptada por agentes de la Policía de la Ciudad quienes, al observarlas despedirse, se acercaron y le ordenaron apagar su cigarrillo, a pesar de que otras personas también estaban fumando en el lugar y no existía señalización que indicara la prohibición. Los agentes se refirieron repetidamente a ella como “pibe” y, aunque intentó poner fin a la discusión apagando el cigarrillo y retirándose, la detuvieron de manera violenta. El Defensor Adjunto de la Ciudad, Luis Duacastella, consideró: “El fallo atrasa y no tuvo en cuenta los sesgos lesbofóbicos de la actuación policial. Además, aunque no hubiera habido actos discriminatorios, es una barbaridad que detengan a una persona porque no quiso dejar de fumar, si esto fuera cierto. Me parece una medida desproporcionada y que la Justicia confirme este accionar policial es inaudito”. En ese sentido, Duacastella explicó que “hay 1500 detenciones al año por este delito y cuatro de cada cinco son desestimadas por la Justicia por inexistencia de delito. Es decir que es una práctica policial que no suele tener respaldo judicial. Pero en este caso, lamentablemente, sí”. El Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad y el Colectivo para la Diversidad (COPADI) se presentaron en la última audiencia del caso como amicus curiae (amigos del tribunal), pero a ambos organismos se les negó la posibilidad de explicar su postura en el caso. Luego del fallo de la Cámara de Apelaciones la causa volverá al juzgado de primera instancia y allí se definirá si se investiga algo más o si manda a la fiscalía para definir si se eleva a juicio o no. En ese sentido, el abogado defensor de Mariana, Lisandro Teszkiewicz, adelantó: “Vamos a insistir con el pedido de pruebas que fueron desestimadas inicialmente y vamos a volver a pedir la declaración de Rocío, la esposa de Mariana, a quién se le negó declarar”. En relación a la confirmación del procesamiento, el letrado aseguro: “Creo que este fallo ratifica que la perspectiva de género no tiene lugar en la justicia argentina porque afianza ideas discriminatorias y lesbofóbicas que se esbozan en el fallo de la jueza de primera instancia. Es decir que ratifica un trato discriminador contra mariana y Rocío por su opción sexual”. Foto: MinutoUno