Dos manifestantes murieron en medio de los enfrentamientos con la policía. Con graves incidentes, una gran manifestación con participación mayoritaria de ciudadanos provenientes de los Andes se inició este jueves 19 de enero en Lima para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Mientras tanto, las autoridades desplegaron un operativo de seguridad masivo en la capital peruana para evitar disturbios y vandalismo. Al mismo tiempo, la región sureña de Arequipa fue el escenario de una batalla campal mantenida entre las fuerzas de seguridad y miles de manifestantes, que a punta de pedradas intentaron tomar por asalto el aeropuerto, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de la terminal aeroportuaria de manera preventiva. El ministerio de Transporte y Comunicaciones anunció por Twitter la suspensión de las operaciones de la terminal aeroportuaria de manera preventiva. Diversos negocios aledaños a la ruta de la marcha fueron cerrando conforme avanzaba la jornada y algunos de ellos cubrieron con maderas las vitrinas para evitar ser blanco de eventuales ataques de vándalos. El jueves se conoció la muerte de un segundo manifestante herido de bala horas antes en el tórax cuando se manifestaba en Macusani, en la región de Puno. El miércoles una mujer murió también de un balazo en el marco de las protestas en Macusani, donde una multitud quemó una comisaría y un local judicial. Tras los fallecimientos reportados, se registraron más de 50 muertes desde que estalló la crisis y se multiplicaron las protestas contra el Gobierno de Boluarte. En las regiones de Puno, Huánuco y Tacna centenares de campesinos se movilizaron por la vía pública. El aeropuerto de Cusco, al igual que el de Arequipa, suspendió sus operaciones por seguridad. El servicio de ferrocarriles entre Cusco y la ciudadela inca Machu Picchu también quedó momentáneamente suspendido, según informó la compañía operadora. Las marchas seguirán. Todas las regiones del país han dicho que no regresarán a su lugar de origen mientras no renuncie Dina Boluarte», explicó a la agencia AFP Gerónimo López, líder sindical que convocó a la huelga. Aunque el gobierno decretó el domingo un estado de emergencia por 30 días en Lima, Cuzco, Callao y Puno, el dirigente sindical precisó que los organizadores no solicitaron autorización para la concentración. «No hay autorización de la policía, nunca se pide autorización para una manifestación social, no es una obligación que nos autoricen», puntualizó, a pesar de que el estado de emergencia suspende las libertades de reunión y circulación, además de permitir la intervención del ejército para el mantenimiento del orden.
Victoria Tolosa Paz»San Juan se desarrolla de manera equitativa»
La Ministra de Desarrollo Social de nación visitó la provincia con una agenda cargada de compromisos. Este jueves la provincia de San Juan recibió la visita de la Ministra de Desarrollo Social de la nación; Victoria Tolosa Paz. La funcionaria fue recibida por el Gobernador Sergio Uñac y después del saludo oficial junto a otras autoridades locales, fueron a conocer el Camión Oftalmólogo ubicado en Av. José Ignacio De La Roza, entre Las Heras y España, donde hicieron una entrega de anteojos. Luego visitaron colonias de verano en Angaco para conocer sus instalaciones y metrologías de trabajo. Sobre la presencia de Tolosa Paz en San Juan, Sergio Uñac remarcó: «Hay un agradecimiento profundo, porque la Ministra puso al día todos los retrasos y además incrementó partidas, lo que permitió asistir a muchos chicos, que la emergencia sea una realidad.» A su turno la Ministra agradeció la calidez con la que se la recibió en la provincia y resaltó la importancia del alcance de las medidas de su cartera. «Sin el gobierno nacional y provincial y sus medidas, los chicos de las colonias no hubiesen pasado el maravilloso verano que ahora se les está brindando». Señaló. 25.000 son los chicos que cada mañana asisten a las colonias de verano del ministerio, donde también tienen acceso a sus políticas públicas. «Lo más importante que se llevan son nuestros valores, lo que siempre soñamos, la igualdad de oportunidades.» Dijo la funcionaria. Sobre la situación con el plan Potenciar Trabajo, que recientemente vió muchas bajas, Tolosa Paz puntualizó que en la provincia, son 19.000 las personas que lo perciben y se va a hacer un fuerte trabajo para seguir acercando a todos ellos la educación pública, según sus palabras. «La Validación del Potenciar Trabajo nos trajo certezas sobre pasos a seguir y capacitar a las personas en sus potencialidades; la vitivinicultura es muy fuerte.»
El gobierno suspendió a 154 mil titulares del Potenciar Trabajo
La decisión se tomó porque no completaron la validación de datos. Los afectados son mayormente trabajadore no organizados. El gobierno nacional suspendió a 154 mil titulares del Potenciar Trabajo que no validaron su identidad por internet. Así lo anunció la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, en lo que es el mayor recorte en el programa desde su asunción, en octubre pasado. Los suspendidos tendrán, de todas formas, un mes para presentar reclamos, durante el que cobrarán la mitad del plan. Si terminado ese plazo continúan sin validar sus datos, serán dados de baja. 154 mil planes es más del diez por ciento del padrón, un número claramente alto. En los movimientos populares señalan que la cantidad se debe a que muchas personas no pudieron realizar el trámite debido a su situación de pobreza, por no tener celular, o vivir en zonas con mala o nula conectividad. Desde que se anunció el reempadronamiento, hace dos meses, los movimientos hicieron campañas para que sus integrantes validaran sus datos. Los referentes consultados por este diario consideran que los suspendidos son personas que no están organizados, que no integran los movimientos y que entraron al Programa Potenciar a través de los municipios, por ejemplo, o de las ongs. De hecho, ayer no se escucharon críticas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular a las suspensiones, en contraste con la fuerte reacción que protagonizaron, con protestas callejeras, cuando Tolosa Paz intentó dar de baja 200 mil planes en diciembre pasado, en base a un informe de la AFIP sobre consumos en dólares y billeteras virtuales. La Unidad Piquetera (UP) sí salió a cuestionar el anuncio. “La ministra Tolosa Paz está aplicando un ajuste salvaje. Para empadronarse hay que tener un teléfono, hacer una validación de rostro, contestar preguntas… nosotros ayudamos a hacer el trámite a mucha gente en los barrios, gente que no pertenece a nuestra organización. No es un trámite sencillo, porque tenés que mandar un mail, responder el mail que te manda el ministerio… Imaginate en Pampa del Indio, en el fondo del Chaco… Esto es una cosa que el ministerio hizo en menos de 60 días, rápido, con el objetivo de realizar bajas”, señaló su referente Eduardo Belliboni. El dirigente de la izquierda piquetera acusó además a los movimientos sociales más cercanos al gobierno de convalidar el recorte social. “El ajuste se va a usar para mandar más fondos a las organizaciones oficialistas, lo que es horrible porque le están sacando la plata a una persona para dársela a una cooperativa. Yo no digo que no le den fondos a las cooperativas de Grabois o de Pérsico, pero sacársela a un tipo que no tiene nada es una barbaridad”, azuzó. Claramente, fue una chicana para molestar a sus adversarios en la interna piquetera, hoy distanciados entre sí. Porque hoy la UTEP no tiene una postura homogénea. El Movimiento Evita decidió moderar sus salidas a la calle. “No es momento de complicarle el panorama al gobierno”, definió a Página/12 uno de sus referentes. En cambio, en el Frente Patria Grande, de Juan Grabois, están exponiendo públicamente sus reclamos y críticas a Alberto Fernández. En la conferencia de prensa que ofreció para anunciar la medida, Tolosa Paz le dio un giro al discurso sobre la política social del gobierno, anunció un cambio en su dirección. La ministra dijo que va a impulsar que más titulares del Potenciar terminen sus estudios o hagan cursos de capacitación. ¿Por qué esto es novedoso? Porque el Potenciar, si bien siempre dio la posibilidad de estudiar como contraprestación, nació enfocado en desarrollar emprendimientos productivos (polos textiles, agricultura familiar, sistemas de reciclado) o tareas de cuidado comunitarias (comedores, espacios para la primera infancia). El discurso de Desarrollo Social proponía ese camino, el de la producción popular. Sin embargo, es un hecho que pasados tres años de gestión del Frente de Todos, muchas de las medidas propuestas para avanzar en esa dirección no se concretaron: no se habilitó un monotributo productivo para los trabajadores del sector, ni fueron creados créditos blandos para el acceso a la tierra (como el proyecto de un Procrear Rural), la promesa de una participación de las cooperativas de la construcción en la pequeña obra pública tuvo su decreto, pero se concretó en casos que se cuentan con los dedos de una mano; el proyecto de ley de envases, que fija una tasa a las empresas para mejorar el trabajo de cartoneros y recicladores quedó sin impulso. Al mismo tiempo, los proyectos productivos o comunitarios aprobados dentro del programa Potenciar Trabajo encontraron dificultades para recibir sus herramientas y pagos. Avanzaron, sí, pero no en la escala comprometida. De hecho, ayer Tolosa Paz mencionó que con este “ahorro” por la suspensión de 154 mil planes, el ministerio pagará proyectos del Potenciar que adeuda. La ministra sólo hizo esa mención a los productivos del Potenciar. En contraste, dedicó la mayor parte de la conferencia a hablar de la capacitación. Anticipó que este será el direccionamiento que tendrá el programa en los próximos tiempos: en lugar de dar una contraprestación de 4 horas de trabajo diarias, sus beneficiarios podrán presentar un certificado de alumnos del sistema educativo nacional. La opción va a tono con la época y con los pedidos del FMI, ya que requiere de menos inversión en partidas sociales. Al validar su identidad, los titulares del Potenciar debieron responder una serie de preguntas. Así el ministerio reunió datos interesantes. Algunos son conocidos, como que la mayoría de quienes cobran Potenciar son mujeres y también la mayoría son jóvenes. Es decir, los segmentos de la población que más dificultades tienen para conseguir trabajo formal están sobrerrepresentados en el Potenciar. El dato que no se conocía hasta ahora es que el 59% por ciento de quienes cobran un Potenciar son madres con hijos menores de 18 años. Al leerlo, vale la pena tener presente que dentro del Programa Potenciar tienen un fuerte peso los trabajos sociocomunitarios, en comedores y merenderos, en grupos de promotoras de
Sesiones extraordinarias: Se prepara el retorno a la actividad, con el foco en el juicio a la Corte Suprema
La Cámara baja retomará su agenda el 23 de enero. No se sabe si podrá sesionar ante la negativa de Juntos por el Cambio a discutir proyectos mientras se mantenga el pedido de juicio político. La Cámara de Diputados retomará el lunes 23 su actividad parlamentaria con el tratamiento de casi 20 temas incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, mientras referentes del oficialismo y de Juntos por el Cambio (JxC) intentan retomar el diálogo tras las fallidas convocatorias de diciembre pasado y en el marco del cuestionamiento opositor al proyecto de juicio político a la Corte Suprema. La inclusión en el temario de sesiones extraordinarias -convocadas para realizarse entre el próximo lunes 23 y el 28 de febrero- del pedido de Juicio Político a los miembros de la Corte Suprema, del proyecto sobre la composición del Consejo de la Magistratura y del que establece la ampliación numérica del máximo tribunal judicial pusieron en alerta a JxC, que los rechaza de manera tajante a los tres proyectos. La principal bancada opositora se niega a tratar el resto de los temas debido a lo que consideran «un ataque a la Corte y a la institucionalidad» por parte del Gobierno, a partir de las profundas diferencias que separan a ambos espacios en relación a los temas relacionados con la Justicia. Desde el sector parlamentario del Frente de Todos (FdT) sostienen, en cambio, que «la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento», y recuerdan que «en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional», según manifestaron La oposición no puede paralizar el Congreso. Mi sensación es que la polémica va a serenarse y se tratará el juicio político así como los otros proyectos de ley previstos en el llamado a extraordinarias», auguró, sin embargo, el diputado oficialista Eduardo Valdés
RedTulum: Instalarán20 totems que funcionarán con energía renovable
Estarán ubicados en puntos estratégicos y usarán energía solar. La cartera de Gobierno, a través de la Secretaría de Tránsito y Transporte, Dirección de Coordinación de RedTulum, dio detalles acerca de la instalación de 20 nuevos totems informativos en diferentes departamentos de la provincia de San Juan. En esta primera etapa, está previsto instalarlos en Capital, Rawson, Santa Lucía, Rivadavia, San Martín, Caucete, Pocito y Sarmiento. El director de Coordinación de RedTulum, Alberto Castro, comentó que se encuentran evaluando la factibilidad de la instalación de totems ya que se ubican en un espacio público que debe ser aprobado por los municipios. El funcionario comentó que tras un zondeo de campo y a través de los concejos comunitarios del transporte público, el equipo de RedTulum detectó que una parte de la franja etaria adulta tenia la necesidad de acceder a más información acerca del servicio. «Estos 20 nuevos totems funcionarán con el sistema de tiempo real y 12 de ellos serán ubicados en la zona de la Ciudad de San Juan». En tanto el funcionario comentó que 11 de ellos funcionarán con energía solar. Además, explicó que el usuario no sólo encontrará información visual, sino también información audible.
Una nueva ley de discapacidad con perspectiva de género
La nueva ley de discapacidad busca adaptarse, modernizarse y atender las necesidades actuales de más de cinco millones de personas en nuestro país. En 1981 se sancionó la ley 22.431 de “sistema de protección integral de las personas discapacitadas» la cual entiende a la persona con discapacidad como un sujeto de cuidado y protección y asegura a éstas su atención médica, su educación y su seguridad social. Si bien esta ley fue una ley ejemplar que brindó un marco regulatorio para las personas con discapacidad, en la actualidad sus disposiciones no son suficientes y no se ajustan a los nuevos paradigmas sociales. Ante la necesidad de una adecuación a las nuevas realidades, se proyecta la nueva ley de discapacidad, la misma será una ley de derechos humanos con perspectiva de género la cual permite analizar cómo operan las representaciones sociales, los prejuicios y estereotipos en cada contexto social. La nueva normativa sobre el temaentiende a la persona con discapacidad como sujeto activo y autónomo de la vida en sociedad. A los fines de crear esta nueva normativa, el gobierno convocó a participar de la Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad, una convocatoria abierta, participativa, plural y federal donde los interesados brindaron aportes al proyecto que reemplaza a la antigua ley de discapacidad, con el fin de recibir aportes, opiniones, e información por parte de la sociedad civil, personas con discapacidad y sus familias, organizaciones para personas con discapacidad, organismos públicos entre otros. La consulta estuvo a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) la cual fue creada con la finalidad de garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y fomentar el desarrollo y la aplicación de políticas que consoliden sus derechos. Las Audiencias Públicas se llevaron a cabo teniendo en cuenta diferentes estrategias de accesibilidad, como el lenguaje de señas, canales online como YouTube y espacios con estructuras edilicias con características que aseguran el acceso y participación de todas las personas interesadas en el proceso. Las mismas contaron con la participación de todas las provincias del país y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La nueva ley mejorará diferentes aspectos de la problemática que trata, incluyendo entre otras una mejora en los niveles de desempleo que padecen las personas con discapacidad, mejorando sus posibilidades de acceso a un trabajo digno, logrará cambios en las estructuras edilicias incluyendo señalizaciones que especifican qué espacios cumplen con las condiciones necesarias para un correcto desenvolvimiento de las personas con discapacidad en la vida social, así como también en los servicios, bienes y productos.
Fondo Saudí visita Argentina para definir inversiones
Buscarán consensuar iniciativas. Prioridades para el Gobierno, la energía y las economías regionales. El 23 de enero próximo una delegación del Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD) visitará Argentina. Según anticiparon fuentes oficiales a Ámbito, durante ese viaje la comitiva aspira a “definir las prioridades en materia de inversión”. La semana pasada un equipo del Ministerio de Economía encabezado por el secretario de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal, Jorge Neme y la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, realizó una gira “relámpago” por Arabia Saudita. Ya hay una lista de obras que cuentan con el aval del canciller Santiago Cafiero y también del ministro de Economía Sergio Massa en donde figuran proyectos vinculados a la energía y las economías regionales. Hay expectativas por un nuevo salto en las exportaciones. El Gobierno acelera la búsqueda de financiamiento para proyectos productivos y de infraestructura. De esta manera, busca concretar dos objetivos en simultáneo. Hacerse de dólares frescos que puedan reforzar las reservas del Banco Central y al mismo tiempo impulsar la capacidad y la diversificación de la matriz exportadora en sectores considerados “estratégicos” por la demanda a nivel global. Como contó este medio la semana pasada, un equipo del Ministerio de Economía viajó a Arabia Saudita, donde participó de una feria relevante en el sector minero, pero además sostuvo reuniones con los principales funcionarios del gobierno del país árabe, entre ellos los titulares del Fondo Saudí para el Desarrollo. Jorge Neme, que integró la comitiva sostuvo que: “la reunión fue muy positiva y los directivos manifestaron su interés de estrechar vínculos comerciales y de cooperación con la Argentina”. Fuentes del Gobierno detallaron que “el Fondo Saudí ya está analizando la información de los proyectos de energía e irrigación que les había enviado previamente el Ministerio de Economía”. Sobre este punto, sostuvieron que “en el viaje que realizarán al país a fines de enero aspiran a definir junto a las autoridades del Gobierno las prioridades en materia de inversión”. En noviembre de 2022 Cafiero también visitó Arabia Saudita. En coordinación con Massa y su equipo, impulsó un nuevo listado de obras a financiar que es el que se encuentra en negociación. Por lo que el incremento de esta fuente de financiamiento que ya tiene un proyecto activo en Córdoba, es un objetivo que viene trazado desde hace meses. Desde el inicio de sus operaciones en 1975, el SFD financió más de 650 proyectos con una inversión promedio de u$s25,2 millones por iniciativa. ”Hablamos de un fondo que opera en más de 80 países. Es un instrumento de cooperación muy sólido que tiene Arabia Saudita con el resto del mundo. En el marco de la gira que se realizó la semana pasada, el Gobierno avanzó en un posible acuerdo a largo plazo y de “importantes volúmenes” para que Argentina se transforme en proveedora de forrajes, alimentos, frutas y aceites para el Reino de Arabia. En esa línea, se barajó un esquema para que la contraparte comprometa las inversiones necesarias para prefinanciar, con acuerdos de 25 a 30 años de plazo, el desarrollo de nuevas regiones productivas bajo riego para favorecer la exportación de alimentos. Según señalaron desde Economía, estos avances se traducirán en obras y programas para favorecer el desarrollo productivo e hídrico de distintas regiones del país. Las exportaciones a Arabia Saudita durante los primeros once meses del 2022 ascendieron a u$s1.114 millones, un 42% más que en el año 2021.
Se creará una unidad de prevención de Delitos Ambientales
Será pertinencia del Ministerio de Seguridad. Hoy, el Gobierno oficializó la creación de una Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales a través del Ministerio de Seguridad. La misma funcionará en el marco de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal.Dicha decisión se comunicó a través del Boletín Oficial en la Resolución 19/2023 publicada este lunes 16 de enero. La normativa explicó que su objetivo será «coadyuvar en la detección y prevención de las diferentes manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional».Esta nueva área recolectará y sistematizará información sobre este tipo de delitos, ya sea de fuentes abiertas como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, para así desarrollar indicadores y elaborar informes sobre los que trabajará una Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales.La Unidad estará a cargo de elaborar un mapa de situación que defina y detecte las «zonas calientes», individualizando de esta forma los delitos por zonas con el objetivo de proponer medidas tendientes a la prevención de los mismos.En su lista de ocupaciones, la nueva Unidad también realizará la coordinación del intercambio de información entre las áreas competentes en materia ambiental de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para así generar indicadores de alerta temprana con respecto a la comisión de ilícitos ambientales. La Secretaría de Seguridad y Política Criminal será el organismo que designe al titular de esta nueva división que tendrá bajo su cargo la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales, conformada por «todo personal de entidades estatales, nacionales o provinciales y/u organizaciones de la sociedad civil competentes en la materia cuya invitación se encuentre fundada conforme a la problemática tratada».Entre los miembros que integrarán dicha mesa se encontrarán representantes de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, de la Dirección de Investigación de Delitos Federales, de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y de las áreas especializadas en materia ambiental de las fuerzas federales.En este sentido, cada fuerza deberá designar dos representantes para formar parte de la mesa. Uno será el titular, debiendo tener un rango no inferior a Oficial Jefe o su equivalente, y otro que será el suplente, el cual podrá tener un cargo inferior. ?
Paritarias 2023: El gobierno especificó la pauta de aumento
Con el apoyo mayoritario de la CGT, según el Ministerio de Trabajo. El Gobierno busca cerrar paritarias por el 60% en 2023, al tiempo que descartó que esté pensando en implementar una reforma laboral. Así lo dejó saber en la mañana de hoy la Ministra de Trabajo de nación, Raquel «Kelly» Olmos. Al ser consultada respecto a declaraciones del designado jefe de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, sobre la necesidad de revisar algunas normas laborales, Olmos afirmó que el futuro funcionario reconoció que «era una idea personal» ya que «que el Gobierno no contempla esa iniciativa». La funcionaria aclaró que «lo que tampoco negamos, porque de hecho sucede, es una permanente incorporación a los convenios de novedades que tienen que ver con la evolución, con las nuevas condiciones tecnológicas». En este sentido, citó que en la paritaria de los trabajadores estatales se incorporó «el protocolo 190 contra toda forma de violencia en el ámbito laboral». En tanto, sobre las conversaciones mantenidas en los últimos días por el ministro de Economía, Sergio Massa, con sectores gremiales sobre los incrementos salariales de 2023, Olmos indicó que en esas charlas el eje fue plantear que «la reducción de la inflación también mejora la capacidad adquisitiva de los salarios». En sus palabras, Olmos también remarcó que «las modificaciones en los convenios colectivos automotriz o petrolero se han dado por la perspectiva de desarrollo de nuevos negocios, como las exportaciones del sector automotriz, o en el caso del petróleo, con Vaca Muerta». «Lo que impulsamos siempre es que haya un acuerdo entre los trabajadores y empresarios y así es posible incluir una revisión», aseguró la ministra
Las luchas feministas que nos esperan en 2023
La discusión de proyectos de ley en Uruguay y el avance de la marea verde en América Latina son algunos temas que marcarán el año. Todo comienzo de año sirve como oportunidad para evaluar qué cosas dejamos atrás, en qué situación nos encontramos y qué podemos esperar de los siguientes 12 meses. Si bien hay muchas cosas que no se pueden prever, en algunos casos ya hay un camino trazado que marca posibles definiciones. En materia de derechos de las mujeres, 2022 dejó un mapa de luces y sombras en distintas partes del mundo, que va desde el histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos, o la inédita revolución que lideran las mujeres en Irán. En muchos países, los procesos o debates inconclusos podrían definirse en el correr de 2023. En algunos casos, con proyectos de ley que están en el tapete desde hace un tiempo y que este año podrían ser aprobados o rechazados. En otros, se trata de luchas o de situaciones que podrían fortalecerse más, diluirse completamente o transformarse. La marea verde en América Latina La “ola verde” que desataron los feminismos de Argentina en 2018 para lograr la legalización del aborto –que finalmente se aprobó a fines de 2020– motivó a activistas y organizaciones de otros países de la región a movilizarse para conquistar este derecho. Desde entonces, se aprobaron iniciativas en distintos puntos del continente y todo indica que en 2023 la marea seguirá avanzando. México es uno de los países donde podría haber novedades si más estados deciden armonizar sus leyes con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de setiembre de 2021 que declaró inconstitucional la penalización del aborto. Algunas iniciativas ya están en marcha: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las principales organizaciones que trabaja en México por el aborto legal, lanzó el año pasado junto con otros colectivos una estrategia jurídica para eliminar el delito de aborto en varios estados, en base a la sentencia de la Suprema Corte. Según informó el GIRE en octubre, ya presentaron amparos contra los códigos penales de Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Querétaro y en contra del Código Penal Federal. Hoy en día, el aborto es legal en nueve de los 32 estados mexicanos: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. Seis de estos nueve estados aprobaron las iniciativas en 2021 y 2022. Este año también podría ser decisivo para Chile, cuando se reactive el proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de setiembre. Gracias al impulso de colectivos feministas, ese primer intento proponía que la nueva Constitución chilena contemple la responsabilidad del Estado de “reconocer y garantizar a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”. En Venezuela, la plataforma Ruta Verde está juntando firmas desde el año pasado para poder presentar ante la Asamblea Nacional, por iniciativa popular, una propuesta de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que, entre otras cosas, busca derogar cuatro artículos del Código Penal que criminalizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. La plataforma sigue en campaña para alcanzar las 21.000 firmas necesarias, por lo que en los próximos meses podría haber noticias. Por otra parte, está Colombia, que a principios de 2022 hizo historia cuando la Corte Constitucional definió retirar del Código Penal el delito de aborto hasta las 24 semanas de gestación, después de la campaña que lideró el movimiento Causa Justa. Si bien la decisión marcó un avance inédito en la región, el delito de aborto sigue estando en el Código Penal colombiano, por lo que el horizonte de las activistas es la despenalización total y es a lo que se abocan ahora. ¿Y en Argentina? A dos años de la aprobación de la ley de ILE, la lucha por su correcta implementación sigue latente, encontrándonos en el reclamo fervoroso que también incluye la presencia efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo nacional. Cupo laboral trans y de diversidad funcional (4% de planta garantizada para personas con discapacidad en puestos de trabajo impuestos por el Estado); son también, deudas para con el colectivo feminista diverso de nuestro país que ya constan «en papeles» pero faltan en la praxis. que no es más que falta de voluntad y desición política en acciones. Las entidades para la efectividad de dichas medidas, para la escucha de todas las voces, existe. Por tal caso, podemos hablar de una Agencia Nacional de Discapacidad que, si en tren de deudas continuamos, también dice presente. Y es que nos debe, por ejemplo, la publicación de los resultados de los exámenes de llamado a concurso para puestos de trabajo en sus filas que, data de 2019. Esto para mujeres, hombres y también personas del colectivo LGTBIQ+ Nunca antes estuvimos todas, nunca antes nos vieron a todas. Ahora que acá llegamos, ahora que sí nos ven porque nosotras nos empujamos, el Estado ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer? Si querés, léelo cantando, como en las calles, como en la marcha, la lucha también es en casa.
Alberto Fernández recibió al canciller japonés para avanzar en una «asociación estratégica global»
Para reforzar vínculos bilaterales en agenda. En el marco de los 125 años de la relación diplomática con Japón, Alberto Fernández y Santiago Cafiero se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Yoshimasa Hayashi. La jornada en Casa Rosada consolidó una serie de actividades conjuntas en el último mes, como las que llevó adelante el ministro Sergio Massa con el embajador Yamauchi Hiroshi y con el CEO de Toyota Latinoamérica y Caribe, Masahiro Inoue. «Estamos dando un paso más en la relación diplomática: significa la posibilidad de ampliar el comercio bilateral, de US$ 1.862 millones en 2021, fortalecer la agenda bilateral en cuestiones comerciales, económicas y financieras y mayor coordinación en organismos multilaterales», escribió el Presidente en su cuenta oficial de Twitter. En declaraciones registradas por los canales oficiales de Casa Rosada, Cafiero remarcó que Japón tiene «una comunidad de 65.000 personas que se han integrado a la cultura argentina y que la han enriquecido», situación que Yoshimasa Hayashi destacó en el encuentro con Alberto Fernández. Ese es uno de los argumentos para consolidar la «coordinación en organismos multilaterales, parte de lo que es la agenda global que este mundo de incertidumbre está arrojando», agregó. El canciller argentino remarcó que «hemos recuperado los niveles de producción después del golpe de la pandemia», detallando que el intercambio creció de «los 1.700 millones de dólares en comercio a casi 2.000 millones de dólares». En ese sentido, consideró que el vínculo con Japón «es muy importante por la silla que ocupa en el FMI y los organismos multilaterales de crédito donde la Argentina tiene todavía programas vigentes, así que es importante que se lleve un panorama de la recuperación de la economía Argentina». Finalmente, Santiago Cafiero informó que se llevará a cabo una segunda reunión con su par japonés en el Palacio San Martín, y destacó el caso de la empresa Toyota «que está llevando adelante su tercer turno y eso habla a las claras de las potencialidades que ha encontrado y del desarrollo en nuestro país», señalando que «el 70% de la producción aproximadamente se exporta». «Con Japón nos unen diferentes miradas fundamentalmente de coordinación con respecto al Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, vínculos desde el punto de vista científico y tecnológico, la industria aeroespacial, la industria de tecnología nuclear con fines pacíficos y el desarrollo que tenemos en la Antártida». cerró
