La discusión de proyectos de ley en Uruguay y el avance de la marea verde en América Latina son algunos temas que marcarán el año.
Todo comienzo de año sirve como oportunidad para evaluar qué cosas dejamos atrás, en qué situación nos encontramos y qué podemos esperar de los siguientes 12 meses. Si bien hay muchas cosas que no se pueden prever, en algunos casos ya hay un camino trazado que marca posibles definiciones. En materia de derechos de las mujeres, 2022 dejó un mapa de luces y sombras en distintas partes del mundo, que va desde el histórico fallo de la Corte Constitucional de Colombia que despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, a la derogación de Roe vs. Wade en Estados Unidos, o la inédita revolución que lideran las mujeres en Irán.
En muchos países, los procesos o debates inconclusos podrían definirse en el correr de 2023. En algunos casos, con proyectos de ley que están en el tapete desde hace un tiempo y que este año podrían ser aprobados o rechazados. En otros, se trata de luchas o de situaciones que podrían fortalecerse más, diluirse completamente o transformarse.
La marea verde en América Latina
La “ola verde” que desataron los feminismos de Argentina en 2018 para lograr la legalización del aborto –que finalmente se aprobó a fines de 2020– motivó a activistas y organizaciones de otros países de la región a movilizarse para conquistar este derecho. Desde entonces, se aprobaron iniciativas en distintos puntos del continente y todo indica que en 2023 la marea seguirá avanzando.
México es uno de los países donde podría haber novedades si más estados deciden armonizar sus leyes con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de setiembre de 2021 que declaró inconstitucional la penalización del aborto. Algunas iniciativas ya están en marcha: el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), una de las principales organizaciones que trabaja en México por el aborto legal, lanzó el año pasado junto con otros colectivos una estrategia jurídica para eliminar el delito de aborto en varios estados, en base a la sentencia de la Suprema Corte. Según informó el GIRE en octubre, ya presentaron amparos contra los códigos penales de Puebla, Aguascalientes, Chihuahua, Chiapas, Morelos, San Luis Potosí, Sonora, Jalisco, Querétaro y en contra del Código Penal Federal.
Hoy en día, el aborto es legal en nueve de los 32 estados mexicanos: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur. Seis de estos nueve estados aprobaron las iniciativas en 2021 y 2022.
Este año también podría ser decisivo para Chile, cuando se reactive el proceso constituyente, tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito del 4 de setiembre. Gracias al impulso de colectivos feministas, ese primer intento proponía que la nueva Constitución chilena contemple la responsabilidad del Estado de “reconocer y garantizar a todas las personas sus derechos sexuales y reproductivos, en condiciones de igualdad y sin discriminación, incluyendo el derecho al aborto sin interferencia de terceros, instituciones o agentes del Estado”.
En Venezuela, la plataforma Ruta Verde está juntando firmas desde el año pasado para poder presentar ante la Asamblea Nacional, por iniciativa popular, una propuesta de Ley Orgánica sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos que, entre otras cosas, busca derogar cuatro artículos del Código Penal que criminalizan el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país. La plataforma sigue en campaña para alcanzar las 21.000 firmas necesarias, por lo que en los próximos meses podría haber noticias.
Por otra parte, está Colombia, que a principios de 2022 hizo historia cuando la Corte Constitucional definió retirar del Código Penal el delito de aborto hasta las 24 semanas de gestación, después de la campaña que lideró el movimiento Causa Justa. Si bien la decisión marcó un avance inédito en la región, el delito de aborto sigue estando en el Código Penal colombiano, por lo que el horizonte de las activistas es la despenalización total y es a lo que se abocan ahora.
¿Y en Argentina? A dos años de la aprobación de la ley de ILE, la lucha por su correcta implementación sigue latente, encontrándonos en el reclamo fervoroso que también incluye la presencia efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los niveles del sistema educativo nacional.
Cupo laboral trans y de diversidad funcional (4% de planta garantizada para personas con discapacidad en puestos de trabajo impuestos por el Estado); son también, deudas para con el colectivo feminista diverso de nuestro país que ya constan «en papeles» pero faltan en la praxis. que no es más que falta de voluntad y desición política en acciones.
Las entidades para la efectividad de dichas medidas, para la escucha de todas las voces, existe. Por tal caso, podemos hablar de una Agencia Nacional de Discapacidad que, si en tren de deudas continuamos, también dice presente.
Y es que nos debe, por ejemplo, la publicación de los resultados de los exámenes de llamado a concurso para puestos de trabajo en sus filas que, data de 2019. Esto para mujeres, hombres y también personas del colectivo LGTBIQ+
Nunca antes estuvimos todas, nunca antes nos vieron a todas. Ahora que acá llegamos, ahora que sí nos ven porque nosotras nos empujamos, el Estado ¿qué va a hacer? ¿qué va a hacer?
Si querés, léelo cantando, como en las calles, como en la marcha, la lucha también es en casa.
