El pasado 21 de noviembre es asesinado Elías Garay Yem de un disparo de arma de fuego en el territorio recuperado Cuesta del Ternero. Comienzan los desalojos y las muertes a horas del vencimiento de la ley 26160. San Juan, 23 de noviembre de 2021 Ante los hechos sucedidos, comunidades indígenas organizadas expresaron: Ante los hechos acaecidos el día 21 de noviembre en el territorio de la Lof Quemquemtrew del Pueblo Mapuche en Cuesta del Ternero en el lugar llamado La Tapera de los Álamos al sur de la provincia de Río Negro, asediado desde hace más de 50 días por las fuerzas de seguridad provinciales de Río Negro, denunciamos el asesinato de un comunero Mapuche.Las organizaciones indígenas que estamos llevando adelante el acampe en Plaza de Congreso decimos BASTA DE REPRESION, DE VIOLENVIA Y DE ODIO.Queremos repudiar el accionar del Gobierno Provincial, el Poder Judicial de Río Negro y las fuerzas de seguridad que frente al levantamiento del campamento humanitario que se llevaba adelante en el Lof Quemquemtrew, han dejado sin ninguna garantía de seguridad jurídica a los miembros del Lof, resultado de esta situación es que ha sido asesinado un joven comunero mientras que otro joven lucha por su vida en el Hospital de El Bolsón. Esta represión violenta engrosa el listado de las MUERTES DE LOS MIEMBROS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A HORAS DEL VENCIMIENTO DE LA PRORROGA DE LA LEY 26160.Llamamos a un Diálogo Intercultural que nos lleve a superarnos como una sociedad diversa y plural.

Hablamos con Juan Manuel Marcó, más conocidx como Cielo Newman, quien nos contó sobre la inauguración de la 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan que dio inicio en el día de ayer, lunes 15 de noviembre, y se extiende hasta el domingo 21 inclusive, con una gran marcha de cierre.   San Juan,16 de noviembre de 2021 La 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan dio inicio ayer lunes por la mañana con el descubrimiento de la placa en la Plaza La Glorieta, sitio declarado por la Cámara de Diputados como “Zona libre de discriminación”. El acto estuvo acompañado por el Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia, por la Subsecretaria de Derechos Humanos, por el Centro Cultural Conte Grand, por Maaanso Encuentro y activistas diversxs de AMMAR, ATTTA y La Glorieta. Durante toda la semana se realizarán actividades como charlas, paneles y debates y la puesta escénica de diferentes artistas. Los sitios donde se desarrollarán las actividades son el CC Conte Grand, el Museo de Historia Urbana, el Museo Franklin Rawson, el Teatro del Bicentenario, el Teatro Municipal, el Teatro Sarmiento, Centro Cultural la Superiora, entre otros. En diálogo con Cielo Newman, miembrx fundante de La Glorieta y parte del equipo organizador de la 5ta Semana de la Diversidad #OrgulloSanJuan, nos contó: “Estamos festejando muchísimos logros, muchísimas leyes, también pidiendo por las que faltan, como la Ley Integral Trans Ya”. Asimismo, remarcó: “Estoy emocionadx. Acabamos de ver una senda peatonal hermosa. Unos escalones, un paseo de no discriminación que venimos luchando hace varios años para que se logre. Y, además, que sea acá en “La Glorieta”, donde se inició todo”. Antes de concluir, Cielo nos recordó la marcha del domingo 21 de noviembre a las 21 horas en la Casa de Gobierno de San Juan (intersección de calles Paula A. de Sarmiento y Av. Libertador J.S. San Martin). “Marcharemos con una plena alegría: carruajes, luces, música, color, drag queen, artistas, bailarines, malabaristas” La marcha concluye en el teatro Bicentenario donde se montará un escenario en el que habran cantantes y músico. “Festejar el cierre de una gran gran semana que seguro va a ser”.

Lautaro Alexander Rosé, de 18 años, era buscado desde la madrugada del lunes 8 de noviembre, cuando la Policía de Corrientes dispersó de manera violenta un grupo de jóvenes que se encontraban en la Costanera General San Martín de la capital provincial. 10 de Noviembre de 2021 Según varios testigos, en la zona del club Boca Unidos se escucharon disparos y hasta hubo golpizas a quienes era alcanzados. En horas de la tarde del lunes, familiares y amigos de Lautaro encontraron sus zapatillas, secas, tiradas en la orilla del río. Cerca de ellas, identificaron también vainas de balas de goma. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que “Lautaro junto a un menor de edad que lo acompañaba se arrojaron a las aguas del río Paraná. Luego, el menor de edad salió del agua, pero no así Lautaro”. Además, indicaron que en el lugar “actuaron efectivos de la Policía de Corrientes, y que a causa del incidente suscitado no se labraron actuaciones, por lo cual se trataría de un procedimiento irregular“. “Lo extraño es que fueron sus hermanos, quienes recorrieron la zona del Boca Unidos, a la siesta, y encontraron y reconocieron sus zapatillas en la costa del río. La policía recién se acercó al lugar después de las 18 hs. Hasta pasadas las 22 hs no habría aparecido Prefectura para patrullar o custodiar la zona ribereña. El fiscal de turno no se apersonó en el lugar donde se encontraron estos elementos, sólo tomó declaraciones, en base a los dichos policiales, desde su despacho (…) Todo muy confuso, con un fuerte tufillo a fusilamiento extrajudicial, a persecución policial con el peor de los desenlaces. No sería el primer caso”, expresaron desde la Red de Derechos Humanos de Corrientes. Este miércoles por la mañana, el cuerpo de Lautaro Rosé fue encontrado en la zona costera de Corrientes, en el Barrio Virgen de los Dolores. Según las primeras averiguaciones fue divisado por unos pescadores que estaban en la zona. La familia fue hasta el lugar del hallazgo y reconoció el cuerpo. El abogado de la familia, Hermindo González, indicó que ahora “se va a poder determinar la causa y el horario de la muerte de Lautaro”. El hermano del joven indicó: “Lo encontraron unos malloneros y les doy las gracias. Ellos le dieron el aviso a mi familia. Si la policía hacía las cosas a tiempo lo encontraban con vida (…) Fueron los malloneros los que lo buscaron de noche. Su búsqueda fue más intensa que otra. Ellos escucharon que esa noche Lautaro pedía auxilio y también tiros”, resaltó. Mientras trasladaban el cuerpo del joven, la familia pidió justicia con gritos y aplausos. Fuente: La tinta

La prórroga por cuatro años fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición. La iniciativa pasará a ser tratada en Diputados. San Juan, 2 de Noviembre de 2021 El Senado aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que prorroga por cuatro años la emergencia territorial indígena y evita los desalojos, durante una sesión en la que el oficialismo reclamó a la oposición «no mezclar» el accionar de grupos vandálicos en el sur del país con las necesidades de las comunidades aborígenes. La prórroga por cuatro años de la emergencia territorial fue votada por 43 votos afirmativos, dos negativos y siete abstenciones de senadores de la oposición, durante la segunda sesión con presencialidad plena que se desarrolla hoy desde el levantamiento de las restricciones por la pandemia de coronavirus. Los senadores del radicalismo, Ernesto Martínez y Julio Martínez, votaron en contra del proyecto con el argumento de que perjudica la resolución judicial de ocupaciones ilegales de tierras en estas comunidades, mientras que otros siete legisladores de Cambiemos se abstuvieron de emitir su voto. Se trata de los senadores de PRO, Humberto Schiavoni, Laura Rodríguez Machado, y sus pares de bancada por el radicalismo Pamela Verasay y Oscar Castillo, así como de Roberto Basualdo, Juan Carlos Romero y la santafesina Alejandra Vucasovich. El texto aprobado prorroga los plazos de los artículos 1, 2 y 3 de la ley 26.160 hasta el 23 de noviembre de 2025, que declaran la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspenden los desalojos y disponen el relevamiento catastral de las tierras. También se dispone la asignación, para los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad a la sanción de esta ley, de un crédito de 290 millones de pesos destinados al fondo especial creado por la citada ley de comunidades indígenas. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas deberá presentar un informe anual que detalle el estado de avance de estados catastrales. Cuando promediaba el debate, senadores del oficialismo rechazaron acusaciones de sus pares opositores sobre supuestas posiciones permisivas hacia grupos vandálicos a los que algunos vinculan con la comunidad mapuche en el sur del país y les reclamaron que «dejen de mezclar las cosas» para obtener «réditos electorales». El senador del Frente de Todos (FdT) por Chubut, Alfredo Luenzo, cruzó a su par de Juntos por el Cambio (JxC) Ernesto Martínez al asegurar que «la derecha necesita de un enemigo en un escenario electoral» y reclamó a la alianza opositora dejar de utilizar las palabras «terrorismo y subversivos» para referirse al conflicto en el sur, que, dijo, «son, conceptos muy caros en Argentina». Martínez, que lo había antecedido en la palabra, denunció que el Estado «se la pasa retrocediendo en la defensa de su integridad territorial, asustado porque un grupo de disfrazados lo saca de la categoría de bienpensante o sensible de las causas bellas». El jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, consideró que «esta reparación está bien» y que en un Estado de derecho rigen la Constitución y las leyes y que esta ley «no es ningún factor de impedimento» para que la Justicia actúe en el caso de usurpaciones ilegales de tierras. «No hay que mezclar. Hay gente que está oprimida y en la pobreza, no podemos seguir indefinidamente (con las prórrogas) pero no podemos echarle la culpa a toda la comunidad aborigen lo que hace un grupo de delincuentes», subrayó. La autora de la propuesta, la senadora del Frente de Todos por Salta, Nora Giménez, consideró que se trata de «una deuda histórica y una responsabilidad como política de Estado» así como «una herramienta de pacificación» para evitar conflictos por tierras. La legisladora explicó que se trata de «una responsabilidad garantizar la paz social y que no se reabran estos conflictos (por las tierras) a lo largo y ancho del país y que esta sea la última prórroga que se otorga». «Otorgamos esta herramienta para completar los relevamientos técnicos» sobre la cantidad de tierras de comunidades aborígenes en el país y abogó en favor de que «la próxima discusión sea el debate sobre la definición de la tierra comunitaria para garantizar la entrega definitiva de la tierra». «Será -dijo- un acto de profunda justicia social» y recordó que la ley fue aprobada en 2006 durante la gestión de Néstor Kirchner como «una clara respuesta al clamor de pueblos originarios frente al riesgo de la pérdida por acciones judiciales y por la ocupación efectiva de sus tierras». La legisladora destacó la importancia de completar los relevamientos catastrales de las comunidades y dijo que gracias a esta iniciativa de 950 comunidades se terminó relevando unas 988. En representación de Juntos por el Cambio, el senador por Chaco Víctor Zimmerman propuso modificaciones al texto original, algunas de las cuales fueron aceptadas por el oficialismo. La oposición proponía fijar una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades, un tope para que no se sigan constituyendo comunidades después de aprobada la norma, para que se termine el diagnóstico y a partir de ahí diseñar políticas públicas, explicó Zimmerman. También sugirió dar «mayor participación a los gobiernos provinciales». Fuente: Télam

La norma que promueve medidas urgentes para enfrentar la epidemia de enfermedades no transmisibles fue aprobada en la Cámara baja luego de largos meses de lobby empresarial. El voto contundente de todos los bloques mostró la consistencia de las razones que la impulsaron. El rol de las organizaciones sociales y lo que viene: “Ahora vamos por la promulgación y la reglamentación”. San Juan, 2 de Noviembre de 2021 Por Nahuel Lag Once meses después de la media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó por 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones la Ley de Promoción a la Alimentación Saludable, popularizada como Ley de Etiquetado. La norma fue impulsada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y Unicef en toda la región e impulsada, a nivel local, por las organizaciones de la sociedad civil y profesiones de la salud y la nutrición —reconocimiento presente en los discursos de un debate de más siete horas—. La Ley obligará a las empresas alimenticias a informar de forma clara los excesos en nutrientes críticos; promueve la educación alimentaria y los entornos escolares saludables y recomienda al Estado a la compra de alimentos frescos de economías regionales y de la agricultura familiar. La promulgación y la reglamentación son los próximos pasos, ya en manos del Poder Ejecutivo, y las organizaciones advierten que serán claves para que se respete lo debatido durante años hasta la aprobación de anoche.  Una ley demorada, pero indiscutible   Los meses de demora parlamentaria, las campañas en redes sociales por #EtiquetadoClaroYA, el pedido de frenar el “Exceso de Lobby”, que se popularizaron en las redes sociales y en las calles desde la media sanción en el Senado parecieron quedar atrás en pocas horas, incluso tras la experiencia de hace solo quince días, cuando el bloque de Juntos por el Cambio se negó a dar quórum. Los 200 votos a favor borraron las grietas en las posiciones de los bloques que, incluso con disidencias parciales, respaldaron la norma que busca impulsar políticas públicas para enfrentar la epidemia de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles —diabetes, obesidad, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares— que tienen la mala alimentación como punto de partida y provocan en la Argentina 140 mil muertes al año.  La advertencia con un octágono negro sobre “Exceso en” los nutrientes críticos de azúcar, sodio, grasas y calorías; y la advertencia especial para niños y niñas en los que contengan edulcorantes o cafeína, comenzará a ser una realidad en las góndolas por “la mejor evidencia científica sin conflicto de intereses”, una frase repetida por las organizaciones de la sociedad civil durante todo el debate —con base en estudios de la OPS, el Ministerio de Salud y organizaciones de profesionales— y llevada al recinto ayer por los legisladores.  “La ley de etiquetado va a subir un escalón en la prevención de la salud y en la garantía de los derechos de todos los argentinos y argentinas«, valoró en la apertura del debate la diputada del Frente de Todos Cecilia Moreau, quien encabezó los audiencias de debate de la norma al frente de la Comisión de Legislación General. «El 66 por ciento de la población argentina tiene exceso de peso, el 32 por ciento tiene obesidad, el 40 por ciento padece presión arterial elevada, el 30 por ciento tiene colesterol elevado y el 41 por ciento de los niños y adolescentes tiene exceso de peso», enumeró Moreau y dio cuenta de la emergencia sanitaria por la cual precisaba una norma que mejore los hábitos alimenticios.  Desde la bancada de Juntos por el Cambio, después del faltazo de principios de octubre, la radical Brenda Austin valoró que se dejara de lado la grieta y se priorice la «defensa del derecho a la salud». «Esta ley es necesaria porque estamos frente a una gran epidemia: la del sobrepeso«, sostuvo Austin y agradeció a organizaciones de la sociedad civil que «ayudaron a respaldar con evidencia, información y acciones que derribaron mitos«. En ese misma línea se expresó el diputado radical Alejandro Cacace, a cargo del cierre del debate por Juntos por el Cambio, quien defendió que se elija «el derecho a conocer qué se consume y el impacto que tiene en la salud» y destacó el nivel de información científica que avala la norma: “Hay 14 estudios a nivel internacional y todos ellos concluyen que la mejor alternativa es la del etiquetado frontal de alimentos. De 2016 hasta la actualidad más de 30 países implementaron o están en proceso de adopción del etiquetado”.  La norma se popularizó por el etiquetado frontal —la medida más inmediata, visible y combatida por el lobby de la industria alimenticia local, con la Copal, la misma que se opone al congelamiento de precios, a la cabeza—, que ya se implementa en Chile, Uruguay, Perú y México. Pero también impulsa al Estado a que realice las licitaciones de compra para comedores escolares y planes alimentarios priorizando a las economías regionales y productos frescos de la agricultura familiar.  La diputada del Frente de Todos Florencia Lampreabe, a cargo del cierre del debate, valoró la reforma integral propuesta por la ley, el “empoderamiento” de la sociedad al conocer “la verdad de qué hay detrás de esos paquetes coloridos y esos sabores adictivos”; y se animó a señalar la ley como «una herramienta de soberanía alimentaria”. “Detrás de lo que consumimos está también el modelo de producción que alentamos”, indicó Lampreabe poniendo el acento en un tema que está en tensión dentro del Gobierno con el impulso a la agroindustria y la defensa del actual sistema agroalimentario.   Los argumentos en favor de la Ley también se notaron en el agradecimiento del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, a las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la norma, luego de que lo señalaron como uno de los responsables de la demora del tratamiento. También estuvo presente el reconocimiento y respaldo a la norma del diputado oficialista y presidente de la Comisión de Salud, el tucumano Pablo Yedlin, a pesar de la influencia del sector azucarero. Y la presencia en el recinto de la ministra

La CIDH solicita información en un plazo de siete días al estado argentino, sobre la medida cautelar presentada por el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro Orlando Carriqueo y el Dr. Juan Manuel Salgado referidas al hostigamiento del gobierno de Rio Negro sobre la Lof Quequemtrew. 26 de Octubre de 2021 La secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH pidió que Argentina informe sobre la situación de la comunidad mapuche de Cuesta del Ternero, Lof Quequemtrew reprimida y aislada desde hace más de un mes por orden de la gobernadora Arabela Carreras a la policía de Rio Negro, quienes mantienen un acampe que impide acceder al territorio desalojado por la fuerza el pasado 24 de septiembre. El Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro y el abogado Juan Manuel Salgado presentaron una medida cautelar para pedir la intervención del tribunal internacional porque la vida de las y los integrantes del Lof Quemquemtrew está en riesgo por falta de abrigo y alimentos. La secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Internamericana de Derechos Humanos (CIDH), Marisol Blanchard solicitó formalmente al ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Santiago Cafiero, información en un plazo de siete días al estado argentino, sobre la medida cautelar presentada por el Werken del Parlamento Mapuche Tehuelche de Rio Negro Orlando Carriqueo y el Dr. Juan Manuel Salgado referidas al hostigamiento del gobierno de Rio Negro sobre la lof Quequemtrew. El werken de la coordinadora del parlamento mapuche-tehuelche Orlando Carriqueo en dialogo con originarios.ar informo que tomo conocimiento de la notificación del estado argentino y se comunicó con la secretaria de derechos humanos de la nación para conocer las medidas que se van adoptar a fin de cumplir con la solicitud realizada por la CIDH. Carriqueo además se refirió a la campaña mediática de estigmatización, racismo y criminalización hacia el pueblo mapuche por parte de gran parte de los medios de comunicación, principalmente de buenos aires contra quienes también realizara presentación en la ciudad de capital federal. Fuente: Originarios.ar

La Municipalidad de Rivadavia inauguró el «Paseo Universitario Lic. Mónica Coca», Avda. Ignacio de la Roza y Bellas Artes. San Juan, 26 de Octubre de 2021 Participó gran cantidad de público, la familia de la Lic. Mónica Coca y las autoridades municipales, de la Universidad Nacional de San Juan, de las Facultades de Ciencias Sociales, de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, cuyas Unidades Académicas están ubicadas en el CUIM de la UNSJ. El acto comenzó con la inauguración del «Paseo Universitario Lic. Mónica Coca» con el corte de cinta. Luego, las autoridades se trasladaron a la Escultura «Pilares de la Educación», donde se descubrió la placa. Posteriormente, las autoridades realizaron un recorrido por el Paseo. Seguidamente, se ubicaron en los lugares asignados y la Banda del RIM 22 acompañó el Himno Nacional Argentino. Para luego dar lugar al Coro Arturo Beruti bajo la dirección de la M° María Elina Mayorga, quien interpretó tres canciones. A continuación, la Diputada Dra. Nancy Picón, expresó un testimonio de los que significó la Lic. Mónica Coca, en ámbitos universitarios. A continuación la Vicerrectora de la UNSJ, Dra. Analía Ponce, destacó el significado de la Lic. Mónica Coca como vicerrectora de la UNSJ y el camino que dejó marcado en la comunidad universitaria. El Intendente de la Municipalidad de Rivadavia, Dr. Fabián Martín junto a los integrantes del Concejo Deliberante municipal entregaron la resolución de imponer al Paseo el nombre Lic. Mónica Coca como homenaje y unas placa a la familia. En la previa, el Intendente de la Municipalidad de Rivadavia, Dr. Fabián Martín, ofreció a la prensa el trabajo que se realizó en el espacio y explicó la imposición del nombre al Paseo Universitario Lic. Mónica Coca. Fuente: Voces Paralelas

La antropóloga Diana Lenton, docente de la UBA e investigadora de CONICET, analizó los pormenores del conflicto sucedido en Río Negro tras el incendio de un club andino en El Bolsón, al aire de Radio Nacional San Juan, en diálogo con «Ni Los Chocos». San Juan, 26 de Octubre de 2021 «Esto tiene que ver con este avance de la derecha y los discursos de odio que se dan en toda la región. Es tan peligroso porque es un discurso muy irresponsable, que crea un enemigo, a la idea de ‘horda de salvajes que atacan’, lo cual no tiene nada que ver con la realidad», dijo Lenton al respecto de los discursos que intentan asociar estos hechos de vandalismo con las comunidades mapuche de la zona de la Comarca Andina. «Presentan una idea de apartheid. Una vuelta a esa visión de las sociedades donde están los blancos por un lado y los que no son blancos por otro lado, cuando en realidad vivimos todos mezclados, especialmente en la Comarca Andina», explicó la especialista. Además, hizo referencia a otros hechos de suma gravedad, que no fueron tratados de la misma manera, como es el caso de los incendios en esa zona durante 2020: «Todo ello está ligado al mercado inmobiliario y nadie mando a Gendarmería a reprimir. Entre quienes perdieron todo en esa zona está la comunidad mapuche también». «Habría que investigar seriamente y dejar de tirar acusaciones tan gratuitas pasando por encima de los tiempos de la Justicia. Pareciera que hay mas interés en culpabilizar rápido que en saber los resultados de la investigación» dijo Lenton al respecto de los pedidos de la gobernadora rionegrina, quien no tardó en pedir el apoyo de Gendarmería Nacional para reprimir en la zona. Además, hizo referencia al asedio contra el pueblo mapuche durante el gobierno macrista: «Esto viene con un modos operandi muy similar a lo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel». Fuente: Radio Nacional San Juan

Los tiempos corrientes denotan movilizaciones indígenas en todo el territorio que hace a la Argentina. Desde el sur hasta el norte, los conflictos por los territorios, la defensa de recursos naturales y las denuncias por escases de los mismos en algunas geografías donde habitan comunidades, lleva a la constante movilización de pueblos naciones indígenas. En Salta, diferentes pueblos naciones llegaron este lunes a la capital de la provincia a exigir y denunciar por condiciones de vida dignas. San Juan, 25 de Octubre de 2021 Las Comunidades Indígenas llegaron a la capital de Salta, la marcha inició el lunes 18 desde diferentes comunidades y parajes de Tartagal, con una clara misión: dar a conocer los reclamos territoriales, falta de agua, acceso a la salud y viviendas entre otras problemáticas que afectan el desarrollo de las Comunidades. Solicitan al gobierno de la provincia soluciones urgentes. Al respecto, habló con Radio Nacional Salta Marcela Calermo, dirigente de la Comunidad La Mora, del Pueblo Wichi de Tartagal. Fuente: Radio Nacional

Qué hay detrás de los conflictos con las comunidades mapuches. San Juan, 25 de Octubre de 2021 Desde hace poco más de un mes la ruta 6 que atraviesa la Cuesta del Ternero, en Río Negro, está bloqueada por la policía provincial y un grupo especial de esa fuerza para impedir la llegada de alimentos y abrigo a la comunidad mapuche Lof Quemquemtreu, que protagoniza un proceso de recuperación de sus tierras ancestrales. Una denuncia penal sin acusados/as (NN) desembocó en un violento allanamiento: algunas personas quedaron en el cerro, otras en la ruta, donde se gestó un acampe solidario con gente de otras comunidades que a la vez opera como resguardo. En los operativos fue agredido un niño de 8 años, que hoy duerme con su madre en ese camino militarizado. Los policías que le clavaron una rodilla en la espalda ahora vigilan en su trayecto ida y vuelta a la escuela todos los días. Hasta ahora todos los habeas corpus y recursos judiciales fueron rechazados sin más. La judicialización, y en ocasiones los allanamientos ilegales, promovidos por los estados, lejos de lograr una salida empeoran la conflictividad y se han cobrado vidas, como la de Rafael Nahuel y Santiago Maldonado.  «Terrorismo», de Patricia Bullrich a Arabela Carreras El del Lof Quemquemtreu es uno entre decenas de conflictos similares que hay en la provincia que gobierna Arabela Carreras (Juntos Somos Río Negro), quien ha decidido asociar una serie de incendios intencionales recientes al pueblo mapuche y reflotar su estigmatización bajo la acusación de «terrorismo», como hizo el gobierno de Mauricio Macri a través de la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad. Otra práctica que la mandataria quiere replicar es la intervención de fuerzas federales, por lo que hizo un reclamo al gobierno de Alberto Fernández que se resistía a mandar gendarmes porque no observa un peligro para la seguridad nacional (como requiere la ley de Seguridad Interior) lo que fue utilizado por la oposición para castigar al oficialismo. Ahora Carreras, en la misma línea de acusaciones pretende que actúe la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).  A su vez, el interés empresario que pretende desacreditar los reclamos territoriales fue sincerado, este semana, por el llamado Consenso Bariloche, que nuclea a cámaras empresariales, de turismo y entidades varias, todos defensores de la propiedad privada, que se montaron a la escalada de violencia simbólica y material con impronta racista contra los indígenas, recurriendo también al término «terrorismo» y haciendo que se multiplique en medios de comunicación. El resultado es una gran fake news: como si el problema fuera la «violencia mapuche», y no otra cosa.   «El proceso de recuperación territorial que lleva adelante el pueblo mapuche toca fibras íntimas vinculadas a los negocios inmobiliarios, mineros, ganaderos. Hay territorios en recuperación que están en manos de privados y de Parques nacionales. Existen élites que se han beneficiado y apoderado de la Patagonia, que mantienen un poder político e influencia directa sobre el aparato judicial, lo que genera una vulneración derechos sobre el pueblo mapuche tehuelche, que habita acá de por siempre», explica a Página/12 Mauro Millán, lonko de Pillán Mahuiza. En mapuzungun, la lengua mapuche, se llama «lonko» a quien encabeza una agrupación territorial, familiar, política. «El conflicto viene de larga data. Pero es un error hablar de la comunidad mapuche: de la provincia de Buenos Aires para abajo somos más de mil comunidades rurales más organizaciones y gente que vive en las ciudades. Somos un pueblo con multiplicidad de expresiones», pide distinguir Millán.  Propiedad originaria Un Informe del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que conduce Magdalena Odarda, muestra que Río Negro es la única provincia que no aplica la Ley 26.160 o Ley de Tierras, vigente desde 2006 que obliga a los estados nacional y provinciales a hacer un relevamiento de las comunidades originarias, las tierras que habitan y su relación histórica con ellas, para que algún día se les entreguen los títulos de propiedad originaria. Apunta a cumplir con el artículo 75 inciso 17 de la Constitución que dice que atañe al Congreso «reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos». Pero en la provincia se han exacerbado las disputas con denuncias judiciales y la línea de conducta de jueces/zas y fiscales les ha sido funcional, al no propiciar instancias de diálogo o hacerlo sin las representaciones adecuadas (como el INAI y el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas). Sólo dos comunidades fueron relevadas, la Lof Buenuleo y la Lof Quijada cuando iban a ser desalojadas.  En las provincias donde existen mesas de negociación y organismos especializados, la conflictividad disminuyó de manera notoria o está neutralizada, como –por ejemplo– en Neuquén. En Río Negro –zona favorita del magnate Joe Lewis– ninguna comunidad indígena tiene título comunitario; en Neuquén ya se hizo el trámite con más de 500.000 hectáreas. En esa provincia, además, la justicia objetó los allanamientos ilegales y citó a indagatoria al exjefe de gabinete de Bullrich, Pablo Nocetti, mientras que ella está imputada. De más de 2000 comunidades indígenas identificadas en el país hasta 2019, solo 100 tienen título de propiedad comunitaria, aunque no se aplicó la ley indígena.  El INAI impulsa un programa de «tierras aptas y suficientes» y que sea declarado sitio sagrado indígena el lugar donde la Prefectura asesinó a Rafael Nahuel, en Villa Mascardi. Allí radica uno de los conflictos más duros. En Chubut, donde las comunidades reivindican muchos terrenos de la Compañía Tierras del Sud Argentino SA (Grupo Benetton), recién ahora avanzan tratativas para retomar el relevamiento territorial. En el Lof en Resistencia de Cushamen fue donde murió Maldonado tras una cacería de Gendarmería habilitada por directivas el entonces ministerio de seguridad para supuestos casos de «flagrancia». Salta, Chaco, Formosa y Santiago del Estero son otras provincias donde hay alta tensión, pero en las dos primeras ya se iniciaron los relevamientos territoriales y eso modera la confrontación.  «Hay un andamiaje de derechos indígenas que no son aplicados porque el aparato judicial está colmado de jueces racistas y supremacistas. Hay un listado interminable de gente imputada, procesada, entre ellos yo, con

En un escenario de expulsiones con escrituras truchas y compras masivas de tierra hasta por príncipes árabes, las protestas «en defensa de la propiedad privada» se ensañan con los reclamos de las comunidades. Un análisis de un conflicto de 140 años. San Juan, 25 de Octubre de 2021 “Al individualismo nosotros le oponemos lo solidario, y ante los emprendimientos de barrios privados proponemos una mirada más justa sobre la distribución de la tierra” sostiene Orlando Carriqueo, desde la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro. Habla desde las afueras de Bariloche, al concluir la actividad que el sábado a mediodía incluyó una olla popular bajo la consigna “Tierras aptas y suficientes para las comunidades y acceso a la tierra para los barrios populares”. Para el dirigente indígena la problemática plantea una paradoja: “Mientras hay comunidades que reclaman por 30 hectáreas y son cuestionadas, Lewis tiene todo un lago y Benetton tiene un millón de hectáreas, no hay una misma mirada sobre los territorios ni las personas, y lo que intentamos es poner foco en la tierra como un problema social que nos abarca a todos”. “En la Patagonia, desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días, la tierra es un espacio de conflicto” define Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en relación al conflicto que involucróa las organizaciones indígenas desde que hace una semana, un grupo de vecinos salió a protestar contra una comunidad asentada a orillas del Lago Mascardi con el reclamo “en defensa de la propiedad privada y para que todos podamos disfrutar del lago”. “Pero no van a reclamar a Lewis, que ocupó las orillas del Lago Escondido comprando a precio vil”, esgrimen desde las organizaciones. “Lo de Bariloche es mínimo en relación a las manifestaciones violentas que se viven en las ciudades grandes, pero hay xenofobia y discriminación racista en su composición social”, plantea Odarda. Esa protesta expresó una necesidad “por excluir al otro, desde una mirada racista” sostiene la funcionaria. La problemática involucra la extranjerización de tierras y el uso de los recursos naturales. En paralelo, muestra la desprotección a la que vuelve a quedar expuesto el poblador originario ante el avasallamiento del Estado, expulsado por la conquista y desalojado por los terratenientes que adquieren tierras de manera fraudulenta.Pero el conflicto, que volvió a escena con la protesta contra la comunidad Lafken Huincul Mapu, incurre en una doble falsedad, señala Odarda: “El avasallamiento a la propiedad privada no es tal, porque se trata de un Parque Nacional, no es privado”, especifica. “Y se quejan por Bariloche, pero no dicen nada de otros setecientos predios que ocupan privados en otras fracciones de otros parques, ni de Lewis, ni del príncipe de Qatar que también tienen propiedad sobre espejos de agua, que compraron a precios irrisorios”, declara. Y se preocupa, porque “se mira con otros ojos al pueblo mapuche, que es preexistente, y tiene derechos consignados en la constitución”. Las comunidades suman a la disputa por el espacio físico, un valor simbólico, el que implica culturalmente una pertenencia. Esas tierras integran la vida comunitaria, hasta el genocidio ejecutado por la campaña militar de 1879. Y no fue sino hasta la reforma constitucional de 1994 que el Estado reconoce la preexistencia y los derechos ancestrales de estos pueblos. Y con esto, la propiedad comunitaria de la tierra, sostienen quienes investigan la problemática, como la antropóloga Laura Kropff, quien dirige el exhaustivo Relevamiento Territorial en Río Negro. La primera avanzada de ese trabajo, realizada entre 2012 y 2015, dio como resultado una publicación bajo el título: “La tierra de los otros”, editada en 2019 por la Universidad Nacional de Río Negro. “Hoy estamos trabajando para ordenar la información y las denuncias, y reactivar el Relevamiento Territorial”, asegura a Página/12, el Secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks. En la documentación relevada la zona andina se presenta como de alta conflictividad. “El departamento de Bariloche concentra casi la mitad –el 43 por ciento— de las denuncias recibidas entre 2012 y 2015 por la comisión que abordó el relevamiento” consigna el informe. “Son irregularidades en la transferencia de tierras fiscales a manos privadas –sostiene la antropóloga Valeria Iñigo, en esa investigación–, y son conflictos sobre la propiedad de la tierra, pero también sobre el uso de los recursos naturales”. Algunos de ellos se visibilizaron por las protesta y demandas colectivas que tomaron estado público nacional. “El caso emblemático a fines de los ‘90 fue por el acceso a Lago Escondido que involucra al magnate ingles Joseph Lewis, y se reactivó cuando la empresa Laderas –que en la zona se adjudica también a Lewis-, intenta un desarrollo turístico que involucra la naciente de cursos de agua. Esto generó una movilización masiva –con diez mil personas– en El Bolsón y un acampe en defensa del agua y de la tierra”. Cuatro días después de ese evento, multitudinario para la zona, se desato la represión sobre Cushamen, en Chubut, a 70 kilómetros de El Bolsón, y cuyo desenlace inmediato fue la desaparición de Santiago Maldonado. La mirada discriminadora se instala desde que el Estado determinó el exterminio indígena para correr las fronteras sobre la Patagonia y el Gran Chaco. A partir de entonces “surgen dos maneras de tratar la legitimidad de la propiedad de la tierra, porque claramente hay actores considerados más legítimos que otros”, explica Kropff sobre la entidad que el Estado concede a un extranjero, al avalar la adquisición “a precio vil”. “El Estado se constituye definiendo un ciudadano ideal –detalla Kropff— y se distingue de aquellos externos a la Nación y también de otros internos, que no cumplen los requisitos”. En función de eso se ejerce la soberanía. Pero Kropff advierte sobre la traza histórica: “Paradójicamente los extranjeros que no pertenecen a la Nación, parecen estar más legitimados para hacerse de las tierras, que aquellos que fueron sometidos y ocupaban libremente el territorio con anterioridad”. Hoy existe un sentido común que admite que los extranjeros se adueñen de esas tierras y tengan más derechos que los que fueron subyugados