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En vísperas del 24 de marzo, “La Marquesita” vuelve a ser el centro de la opinión pública y objeto de debates. Entrevista a Carina Jofré

Archivo fotográfico del CEIAA

San Juan, 20 de marzo 2021

Redacción de elCimbronazo.com

Como todos los años, la semana del 24 de marzo, reconocido en el calendario nacional como “día de la memoria”, despliega una agenda de actividades desde las organizaciones sociales y desde el sector estatal. En San Juan, se conoció la próxima visita del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien llegará a la provincia para acompañar una agenda relacionada a la fecha, entre las cuales se destaca el descubrimiento de un nuevo cartel de señalización del ex Centro de Detención Clandestino conocido como “La Marquesita”. En esta oportunidad dialogamos con la Dra. Carina Jofre sobre este ex Centro Clandestino de Detención.

Consultada por el Cimbronazo.com, la Dra. Carina Jofré, investigadora del CONICET con sede de trabajo en el IRPHA-FAUD de la Universidad Nacional de San Juan, presidenta del CEIAA, y una de las peritos arqueólogas a cargo de las investigaciones en La Marquesita, explica cuáles son, desde su punto de vista, los problemas de la administración, preservación de este sitio de memoria, a propósito de algunas controversias en torno al caso.  La investigadora se explaya sobre los peritajes arqueológicos-antropológicos forenses que se realizaron y realizan en el marco de las investigaciones referidas al terrorismo de Estado en San Juan, y describe las dificultades que enfrentan las investigaciones forenses en una coyuntura de desfinanciamiento del sistema judicial y científico, y ausencia de políticas estatales provinciales en sitios de memoria.

La Marquesita fue señalizada como “sitio de memoria” en el año 2013, por una iniciativa liderada por H.I.J.O.S y el Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos San Juan, una asociación civil en la cual colaboran antropólogos/as, arqueológos/as, historiadores/as, entre otros profesionales, y familiares de detenidos/as desaparecidos/as en San Juan. Posteriormente, desde 2014, estas organizaciones junto al Centro de Estudios e Investigaciones en Antropología y Arqueología (CEIAA), iniciaron tareas de investigación que devinieron en una colaboración con el Juzgado Federal Nº2, Secretaría Penal Nº4 de San Juan, y con la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de San Juan dependiente del Ministerio Publico Fiscal. Al igual que la ex Legislatura Provincial, La Marquesita integra la Red Federal de Sitios de Memoria, red administrada a nivel nacional por la Dirección de Sitios y Espacios de la Memoria, actualmente dirigido por Lorena Battistiol.

Estas semanas se conoció una convocatoria liderada por Jorge Rodríguez, ex Director de la Secretaria de Derechos Humanos de San Juan, en las redes sociales, la solicitada lleva el título “Actividad Colectiva en desagravio a La Marquesita”. Posteriormente, se supo a través de algunos medios periodísticos locales (Tiempo de San Juan), que “La Marquesita” está siendo objeto de tareas de limpieza con obreros y que el Director de Promoción y Protección de Derechos Humanos de San Juan, Carlos Goya, emprenderá un proyecto de revalorización en el sitio. ¿Por qué se habla de desagravio a La Marquesita, y que participación tienen los sectores civiles e investigadores en este proyecto de funcionarios provinciales?

Siempre que se acerca del 24 de marzo suelen haber estos “choques de visiones” respecto a cuestiones que considero son de fondo, y que tienen que ver con la “ausencia de una política seria en materia de derechos humanos” en la provincia de San Juan. A mucha gente le asombra el visible deterioro que este sitio de memoria presenta actualmente. Y sí, coincido en que los sectores de Estado, tanto provincial como nacional, deben hacerse presente para preservar La Marquesita. El problema es que no suelen hacerlo de manera informada, y mucho menos coordinada.

Hay que tener en cuenta que, aquí en San Juan, los funcionarios y funcionarias no conocen y tampoco poseen herramientas, ni legales, ni conceptuales, para administrar “sitios de memoria”. Para eso existe la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria que debe articular y asesorar a los funcionarios provinciales. Lamentablemente esa articulación a veces no es tan eficiente como se podría esperar.

Luego, está el orden de lo judicial. La Marquesita, como muchos ex CCD reconocidos por el Estado como sitios de memoria, desde el 2006 en adelante en nuestro país, tienen sobre ellos medidas judiciales. Se conocen como medidas de no innovar. Esto es así porque estos sitios, además de ser espacios para la memoria son, sobre todo, lugares que “todavía aportan a las investigaciones judiciales en curso”. Por lo tanto, no se puede ingresar en ellos para realizar modificaciones que pudieran poner en riesgo estas pruebas con valor judicial en las causas en curso. Recordemos que en San Juan aún se lleva adelante la III Mega Causa por crímenes contra la humanidad, muchos cometidos en este ex CCD.

En el caso de La Marquesita, desde 2014, pesa sobre ella una medida de no innovar librada desde el Juzgado Federal Nº2, Secretaria Penal Nº4, a cargo del Juez Leopoldo Rago Gallo. Esa medida ha sido renovada por pedido de nuestro equipo de peritos de este juzgado, dado que todavía no han concluido las investigaciones arqueológicas-antropológicas-históricas sobre el lugar. Estas investigaciones no terminan por varios motivos, principalmente por tres razones: por la falta de fondos; otra cuestión es que allí sigue habitando una familia en extremas condiciones de pobreza, y eso limita los estudios a realizar en estructuras que aún no han podido ser peritadas adecuadamente; otro tema de fondo es que el lugar sigue siendo dominio del Ejército Argentino, más precisamente del actual Destacamento de Infantería de Montaña Nº22 (antes conocido como RIM22), institución que tiene otros intereses sobre el lugar. Luego de la señalización del sitio, no se hicieron las gestiones políticas necesarias para que se expropiara este lugar, y poder, de este modo, orientar una política más clara respecto a su administración y preservación como sitio de memoria. Ninguno de los directores de Derechos Humanos y funcionarios provinciales se interiorizó debidamente en el asunto.

Luego de la señalización realizada en 2013, y donde participé activamente, nadie más se interesó en La Marquesita, y el lugar se sumió en un profundo abandono por parte del Estado. Y nos tocó buscar, en soledad, fondos y apoyos para iniciar investigaciones en el lugar. Así nos convertimos en peritos del Juzgado Federal Nº2 y se abrió un expediente judicial para contener todo lo investigado.

Entonces, regresando a tu pregunta, creo que esa convocatoria en desagravio de La Marquesita está teñida de intereses políticos mezquinos de parte de personas que cuando pudieron hacer algo no lo hicieron, y que hoy buscan prensa o quizás convertirse en el norte moral de las agrupaciones sociales para ganar el capital político que hoy no tienen. Por otro lado, es cierto que Carlos Goya ha emprendido tratativas con la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria de la Nación para renovar el cartel deteriorado que señaliza el sitio de memoria de La Marquesita. Celebro esa iniciativa. Ahora bien, como lo destaqué y se lo plantee al propio funcionario, esto no puede hacerse desconociendo que en el lugar existe una medida judicial que lo preserva para las investigaciones forenses. Creo que no se llegará a buen puerto si se sigue trabajando desarticuladamente, como siempre ha sido costumbre en las administraciones del Estado provincial.

¿Cómo investigadora perito judicial a cargo de investigaciones arqueológicas forenses, han tenido apoyo de la Secretaria de Derechos Humanos de San Juan?

La verdad es que no, de parte de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia, no hemos tenido buena recepción, y ha sido difícil que nos tengan en cuenta. De hecho, tampoco hemos sido consultados por la provincia para las iniciativas que quieren realizar en La Marquesita, aunque conocen que trabajamos en colaboración con el juzgado federal y que podríamos aportar visiones informadas al respecto.

Una vez, Fabiola Aubone nos dijo: “nosotros no le damos plata a ONGs, traigan un oficio del juez y ahí podremos darles alguna ayuda específica”. Y así lo hicimos. Recuerdo que esa vez solicitábamos colaboración con un vehículo 4×4 de la policía provincial, para poder realizar una prospección arqueológica en un sector alejado de la ciudad de San Juan en el marco judicial. En otra oportunidad solicitamos acceso al archivo que trajo la Secretaría desde el Archivo de La Memoria, y no tuvimos respuesta concreta ni permiso para accederlo. Aunque el Juzgado Nº2 envió varios oficios, no accedimos al archivo, bajo la excusa de que aún todavía no está inventariado. Es decir, no se tiene noción del valor e importancia de la investigación desarrollada en colaboración con el sistema judicial. Cuesta mucho que te valoren como investigadora local. En el fondo es un desmerecimiento de las capacidades humanas que tenemos localmente. En estos tiempos en que se habla mucho de la revalorización de les científicos/as argentinos, en San Juan esto cuesta mucho en la práctica.

Todo esto sumado también a que, en general, los y las funcionarios provinciales tienen un imaginario construido alrededor del EAAF (Equipo Argentino de Antropología Forense) y desmerecen otros equipos de trabajo e investigadoras locales. Muchos fiscales y jueces también suelen hacerlo. Aunque es justo reconocer que eso sucede en muchas otras provincias, no solamente aquí. Es bueno que vayan conociendo que, en nuestras universidades argentinas, la experiencia del EAAF también ha servido para estimular la formación de muchos y muchas investigadores/as que realizamos aportes en el campo forense, entendiendo como tal a toda práctica científica que contribuye con el sistema judicial. De hecho, actualmente se ha constituido una red argentina que nuclea a la gran mayoría de equipos de arqueología y antropología forense, muchos de ellos colaboran con el Ministerio de Seguridad, con Cortes de Justicia provinciales, etc. Nosotros/as, desde el CEIAA formamos parte de esa red porque consideramos que estos equipos debemos apoyarnos mutuamente, dado que no es fácil abrirse paso en las provincias.

La identificación del cuerpo de un/a detenido/a desaparecido/a no es la única tarea que les antropólogos/as o arqueólogos/as forenses realizamos, existe una cadena de múltiples tareas y actividades de investigación que incluyen desde el trabajo con archivos del Estado represivo, pasando por el diseño y ejecución de prospecciones arqueológicas y excavaciones en terreno, entrevistas y estudios de la memoria, hasta llegar a la detección recuperación e identificación de restos y cuerpos humanos. El campo de las investigaciones forenses en la arqueología y la antropología argentina se ha renovado y ampliado a ámbitos que requieren la formación de equipos que trabajen sostenidamente colaborando con los sistemas de justicia locales.

Regresando a tu pregunta por el apoyo de la provincia, en 2019 concursamos en una convocatoria de proyectos de la Investigación Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) del Gobierno de San Juan. Proyecto que conseguimos con nuestros propios méritos académicos y científicos. Con ese financiamiento sostenemos parte de las investigaciones que actualmente realizamos en colaboración con el Juzgado Federal de San Juan. El problema es que son escasos recursos y cuotificados para desarrollar proyectos de envergadura que, actualmente, el Consejo de la Magistratura de la Nación no está financiando con fluidez. Ese es otro gran problema que aún no tiene solución, y que tampoco capta la atención de los/as funcionarios/as locales en materia de derechos humanos. El desfinanciamiento del sistema judicial argentino para causas relacionadas a crímenes de lesa humanidad es grave y se agudizó en los últimos 5 años.

Se trabaja en condiciones muy limitadas, y hay que ingeniárselas. Así, también en 2019 aplicamos a otro fondo de proyectos CICITCA de la Universidad Nacional de San Juan, donde los montos no superan los 40mil pesos argentinos para proyectos de 2 a 3 años. En un sistema científico empobrecido, insisto, hay que ingeniárselas. Como científica me acostumbré a “rebuscármelas”, eso me ha enseñado mi experiencia en San Juan.

¿Cómo trabajaron ustedes en La Marquesita?

En la Marquesita se inició con un estudio antropológico con metodologías etnográficas y arqueológicas en las barriadas aledañas al ex CCD. Esto se realizó entre 2012-2018, en diferentes etapas. Así se fue consolidando un metodológica de tipo híbrida como lo describimos en algunas publicaciones nuestras, y que contempla no sólo métodos arqueológicos en terreno, sino también métodos de tipo histórico sobre archivos de hemerotecas provinciales, archivos del Estado como el de la morgue del Poder Judicial, y cementerios, sumado a los expedientes judiciales que contienen investigaciones realizados por juzgados y fiscalías federales en San Juan. Nos tocó reconocer y estudiar los testimoniales de los juicios realizados en San Juan, con detalle y mucho aplomo se fue conformando un archivo muy completo que nos permitió ir generando hipótesis de trabajo sólidas. En el camino se fueron formando nuevos y nuevas investigadoras, algunas egresados/as de la UNSJ.

Las investigaciones forenses no han concluido en La Marquesita, y se han ampliado también a otros lugares relacionados a la represión de la última dictadura cívico militar y a períodos inmediatamente previos. Seguimos trabajando en un libro que compilará varios avances de estas investigaciones en La Marquesita. También sostenemos un proyecto de corto documental que se fue postergando por falta de fondos. Sumado a esto, una tesis doctoral sobre La Marquesita, realizada por Bruno Rosignoli, integrante del CEIAA y también perito judicial, espera ser concluida próximamente.

Todo ese cúmulo de materiales podría ser consultado por las autoridades para llevar adelante una buena administración y preservación de este sitio de memoria. Esperamos sinceramente que los y las funcionarias provinciales no cometan los mismos errores que sus predecesores, y que tengan la sabiduría de mirar más allá de su propia gestión. Se necesitan articulaciones honestas e informadas entre reparticiones de incumbencia en el Estado provincial, nacional, y también municipal, haciendo parte y reconociendo también, como en este caso, el valor e importancia de las investigaciones judiciales y el rol significativo de los equipos y peritos que contribuimos desde nuestras experticias en estos campos. Hay muchos sitios de memoria en el pais que no corren con la misma suerte de tener desarrollo de investigaciones como sucede en La Marquesita.

También creo que las organizaciones civiles deben comprometerse más fuertemente con las políticas de memoria sobre estos sitios en nuestra provincia, generando propuestas integrales y no segmentarias. Las mesas multisectoriales y colectivas como sucede en Córdoba, y en otros sitios y espacios de la memoria en otras provincias, son buenos ejemplos para mirar. Confío en que en algún momento habrá madurez política y social para que puedan concretarse iniciativas colectivas de este tipo en sitios de memoria del Terrorismo de Estado en San Juan.

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