La mujer podía practicarse un aborto ya que estaba en riesgo su salud, pero el hospital de Paraná se lo negó.
La Justicia ordenó al Estado de Entre Ríos a indemnizar a una mujer a la que se le negó un aborto legal en el 2011.
En el caso de ella, la mujer de 36 años sufría unapatología cardíaca congénita, que le ocasionaba un cuadro de deficiencia de oxígeno crónica y su estado se agravó cuando quedó embarazada.
El 4 de agosto de 2011, en un ateneo interdisciplinario en Paraná se decidió interrumpir el embarazo. Pero una semana después, cuando se le iba a realizar la intervención a la mujer en el Hospital San Martín, un médico que no trabajaba en ese hospital y que tenía una militancia en contra de los abortos legales, amenazó a sus colegas con denunciarlos si le practicaban el aborto.
Ante las amenazas, la intervención se suspendió, la mujer debió continuar adelante con el embarazo y en noviembre nació la bebé por cesárea, en el Hospital Posadas del conurbano bonaerense. Una semana después, sufrió un accidente cerebrovascular y quedó con una parálisis en la parte izquierda del cuerpo.
Con el paso del tiempo, la mujer pudo recuperar la movilidad con tratamientos de rehabilitación y demandó al Estado provincial. Finalmente, la Justicia ordenó una reparación económica por los daños causados ya que consideraron que fueron causados por haberle impedido el aborto legal.
En su fallo, el juez Martín Furmann confirmó la relación entre el ACV y el hecho de no haber interrumpido el embarazo. “Lo concreto y no controvertido es que el embarazo continuó y que la actora sufrió el ACV en el séptimo día post cesárea, y estando todavía internada. No lo sufrió antes de estar embarazada ni tampoco un año después del parto, sino, insisto, siete días después”, explicó.
