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Por cumplir el protocolo ILE denunciaron a los médicos

Federico Bazán es médico y Paola Miers es abogada. Ambos,  referentes del espacio Provida San Juan, desconocen el protocolo Iterrupción Legal del Embarazo  se presentaron este lunes ante la Justicia para denunciar al médico y autoridades del Hospital Rawson por practicarle el fin de semana último un aborto a una nena de 14 años que sufre un retraso mental y que habría sido violada.

Si bien el aborto se practicó bajo el amparo de la ley, por el artículo 86, Inciso 2, del Código Penal Argentino, los denunciantes procedieron igual. El tema es que en la misma presentación darían cuenta de haber incurrido en varios delitos ellos, que son extraños al Hospital Rawson, y dejan constancia de haber sin autorización ingresado a habitaciones, usado aparatología médica y accedido a historias clínicas, según dijeron a Tiempo de San Juan fuentes judiciales. Por eso, los denunciantes serían investigados por haber incurrido en varios delitos, que “confiesan” en la presentación, aparentemente para justificar su denuncia.

La acción de Bazán y Miers recayó en el fiscal Daniel Galvani, quien es quien tendrá que averiguar si ambos denunciantes cometieron tales delitos.

Por otro lado, la presentación de Miers y Bazán tendrá que ser analizada a la luz de la jurisprudencia que no le da cabida, ya que la Corte Suprema ya se expidió al respecto en 2012 en el llamado “Fallo FAL”. Allí, ante un caso de una joven de 15 añosde Chubut que había sido abusada por su padrastro policía, el máximo tribunal argentino resolvió por unanimidad que las mujeres violadas, sean normales o insanas, podrán practicarse un aborto sin necesidad de autorización judicial previa ni temor a sufrir una posterior sanción penal; y que también estará exento de castigo el médico que practique la intervención.

El caso de la nena sanjuanina se da justo en momentos de amplio debate sobre el aborto no punible en Argentina. El proceso se inició el 21 de agosto último cuando una vecina del Médano de Oro llamó al 911 para informar que una menor de 14 años era sometida a abusos sexuales. La denuncia fue derivada al Centro de Abordaje Integral de Niños Víctimas de Abuso (ANIVI) y los profesionales tomaron intervención del caso. Tras corroborar lo que pasaba se ocuparon de la menor y por el caso quedó detenido un hombre de 32 años, de nacionalidad boliviana, que sería el dueño de la finca donde los padres de la niña trabajan. Intervino además la Dirección de la Niñez y la causa recayó en el Segundo Juzgado de Instrucción.

El 24 de agosto la madre de la menor pidió en la Justicia la interrupción del embarazo, según lo establece el artículo 86, inciso 2 del Código Penal. Allí se contemplan situaciones de aborto no punible entre las que la nena cumple al menos una que es la de la discapacidad mental, además de la violación que está en investigación.

En el momento del pedido de la madre, el juez penal en turno, subrrogante en el Segundo Juzgado de Instrucción, se hizo presente con las autoridades del Rawson para cotejar lo solicitado en el contexto de la investigación penal por violación. Se tomaron muestras histopatológicas para ADN, las cuales deberán ser reservadas como prueba para la Justicia.

En las primeras horas del domingo se practicó el aborto en el Hospital Rawson y la niña está siendo contenida tras la intervención.

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