La Fundación Huésped realizó un minucioso análisis de las afirmaciones de los voceros antiabortistas en los plenarios en el Congreso. Más de la mitad se comprobó que eran falsas y sólo el 15 por ciento resultaron verdaderas. Expositores que hablaron en contra de la despenalización y legalización del aborto en las audiencias informativas de la Cámara de Diputados se cansaron de mentir. Sesenta voluntarios convocados por la Fundación Huésped en la Facultad de Derecho de la UBA, analizaron la veracidad de 51 afirmaciones escuchadas en ese ámbito, a favor y en contra. El resultado es demoledor: apenas el 15 por ciento de los datos que dieron los voceros “antiderechos” son verdaderos: el 52 por ciento son falsos, el 7 por ciento, dudosos, y el 26 por ciento, inchequeables. Entre quienes aportaron datos falsos se destacan Mariana Rodríguez Varela, “la loca del bebito”; el padre Pepe Di Paola; Gustavo Volpe, presidente de la ONG Rosario ProVida; Gabriel Pedro Flores, director de Bioética de la Federación Pentecostal de la República Argentina; Ernesto Berutti, jefe de Obstetricia de la Universidad Austral y Mónica del Río, integrante de Notivida, entre otras caras de la llamada campaña “Por las dos vidas”. En cambio, de acuerdo con el monitoreo, entre quienes defendieron la necesidad de aprobar una ley de interrupción voluntaria de embarazo, el 92 por ciento de sus fundamentaciones son verdaderas, ninguna es falsa ni dudosa, y apenas un 8 por ciento resulta difícil de chequear “Las decisiones sobre salud pública se deben tomar apoyadas en argumentos basados en evidencia. Cuando esto sucede no hay lugar para dogmas y sentimientos personales. Porque lo que se busca es el bien común”, señaló, el director Científico de la Fundación Huésped, reconocido infectólogo, Pedro Cahn. La comprobación de la información se realizó el 2 de junio, con 60 voluntarios convocados por la Fundación Huésped. Se analizaron exposiciones escuchadas en el marco del debate a lo largo de las sucesivas reuniones plenarias de las comisiones de Legislación Penal, Legislación General, Mujer y Salud. Voces a favor y en contra. Se usó un método propuesto por la organización Chequeado, según informó Cahn. Después de un posterior re-chequeo se alcanzaron a verificar 51 datos, todos ellos con referencias a fuentes confiables: 27 correspondieron a oradores que se opusieron a la despenalización y legalización del aborto, y 24 que defendieron la reforma legal. Entre las afirmaciones analizadas que rechazan la despenalización del aborto; 14 son falsas; 7 no chequebles; 2 dudosas y solo 4, verdaderas. Entre las aseveraciones que fundamentaron la necesidad de legalizar esta práctica médica, 22 son verdaderas, 2 no chequeables y no se encontró ninguna falsa ni dudosa. La diferencia es significativa. Las que siguen son algunas frases falsas que sostuvieron los voceros “antiderechos”:  “Sabemos que por el orden jurídico en Argentina esto que estamos tratando es totalmente anticonstitucional”, Alejandro Geyer, organizador y coordinador de la llamada marcha “a favor de la vida”. La respuesta correcta según el operativo organizado por la Fundación Huésped es: “En el fallo F.A.L la Corte Suprema determinó que la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos firmados por la Argentina e incorporados en la Constitución no son un obstáculo para la despenalización del aborto. Si el aborto es legal en las causales previstas en el artículo 86, no hay un impedimento constitucional para interrumpir el embarazo”.  “Ya en 2005 la Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos francesa prohibió terminantemente dicha aplicación [misoprostol], especialmente combinada con la mifepristona, ya que el riesgo de sepsis se vuelve altísimo”, dijo Camila Duro, referente de la ONG Frente Joven. Es falso. La respuesta correcta es: “Francia no prohibió el uso del misoprostol. Se dejó de comercializar el Cytotec, elaborado por Pfizer, un medicamento, que incluye esa droga, indicado para ‘la prevención o el tratamiento de la úlcera y lesiones gastroduodenales inducidas por fármacos anti-inflamatorios no esteroideos’ y que tenía un uso no indicado (off-label) para inducir partos y para realizar abortos con medicamentos vía vaginal. La Agencia Nacional de Seguridad de Medicamentos de Francia expresó ‘con el fin de garantizar el acceso a estos tratamientos para las mujeres, la ANSM asegura, en conjunto con los laboratorios interesados, la disponibilidad de cantidades suficientes de estos medicamentos [misoprostol]’.”  El trauma postaborto existe y está tipificado en el DSM V como estrés postraumático”, señaló Juan José Cuadro Moreno, profesor de la UCA, médico gastroenterólogo, clínico y psiquiatra, de la Red Sanar. Es falso. La respuesta correcta es: “El trauma postaborto no existe como entidad médica oficializada, el DSM V tipifica el estrés post traumático pero no menciona trauma post aborto. Tampoco está comprobado que el aborto inducido aumente el riesgo de síntomas de estrés postraumático. La Asociación Psicológica Americana (2009) concluyó que el riesgo de síntomas psicológicos de una mujer después de optar por un aborto legal en el primer trimestre es igual a la de aquella que tiene el parto”.  “Quieren eliminar a los niños con discapacidad, a los niños con síndrome de down”, dijo Mariana Rodríguez Varela. Es falso. La respuesta correcta es: “El proyecto propuesto por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito no hace referencia a la discapacidad o el síndrome de down como causal para el aborto.”  “Francia lo está retirando [al misoprostol], el laboratorio Pfizer lo está retirando, por los daños que genera en las mujeres”, afirmó María Marta Rodriguez, directora del Frente Joven. Es falso. La respuesta correcta es: “La afirmación es falsa porque incluye información engañosa. En Francia, el laboratorio Pfizer retiró del mercado el Cytotec que es un medicamento que incluye misoprostol y está indicado para tratar la úlcera gástrica, pero que se utiliza con más frecuencia fuera del marco reglamentario de su autorización de comercialización. Por ese uso no indicado se han identificado efectos adversos graves que llevaron a retirarlo del mercado”.  “Las muertes por infecciones puerperales fueron 41, las defunciones por trastornos hipertensivos fueron 34 y las muertes por aborto, 31. Esto quiere decir que el aborto provocado es la tercera

Las cifras de mortalidad materna y embarazo adolescente y el retraso en la implementación de la educación sexual integral, centrales para comprender la necesidad de legalizar el aborto. Por Maby Sosa @mabicita La democracia argentina podrá escribir un nuevo capítulo este miércoles cuando Diputados comience a debatir el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, una ley imprescindible para la salud pública, si se la considera a la luz de los más sensibles datos de la política sanitaria. De acuerdo a un informe elaborado por Amnistía Internacional, se estima que en la Argentina se realizan en promedio entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año (uno por cada dos nacimientos). En 17 de las 24 provincias, esa práctica es la principal causa individual de mortalidad materna. Algunos distritos (Salta, Jujuy y Chaco) duplican la tasa a nivel nacional. Las cifras varían sustancialmente de acuerdo a la desigualdad en el acceso a la salud pública. Entre los datos más impactantes está el que refiere a niñas y adolescentes. El informe de Amnistía afirma que, cada día, 298 adolescentes de 15 a 19 años son madres en la Argentina, 50 de ellas por segunda vez, y diez por tercera vez. El 70 por ciento de estos embarazos no son planificados. «Cada tres horas, una niña de entre 10 y 14 años es madre en nuestro país», expresa el estudio. El argumento que más se repite entre quienes están en contra del aborto es el de un supuesto «aluvión» de interrupciones de embarazos en adolescentes, si no están penalizadas. Sin embargo, en España, donde la práctica del aborto fue legalizada en 2010, se produjo un descenso de la tasa de embarazo adolescente: de 12,71 cada mil mujeres menores de 20 años que ese año se realizaron un aborto, la tasa se redujo en 2016 a 8,97 cada mil. La educación, clave Amnistía se sumó al reclamo de que la despenalización del aborto debe ir acompañada de políticas integrales que garanticen la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), «el acceso a servicios de salud amigables, la provisión de métodos anticonceptivos y la implementación de un plan de prevención del embarazo no intencional en la adolescencia, como así también de la asignación de recursos financieros y humanos necesarios». Destaca, además, que a pesar de que hace 12 años que la Argentina cuenta con una ley modelo de ESI, hay una gran distancia entre la norma y su efectiva implementación. La ley reconoce el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir educación sexual en los establecimientos educativos públicos, de orden estatal y privado, confesionales y laicos. Sin embargo, en 2017 únicamente nueve provincias sancionaron leyes de educación sexual y otras dos emitieron resoluciones locales estableciendo la implementación del Programa Nacional. Incluso en estas jurisdicciones, existe fuerte resistencia a la integración curricular. Sólo 14 provincias habían completado la capacitación en ESI hasta 2017, tres se encuentran en proceso de implementación, mientras que Catamarca y San Luis interrumpieron la capacitación masiva. La Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y San Juan no la iniciaron. Por otra parte, el Presupuesto 2018 para la implementación de la ESI se redujo, en términos nominales, un 50 por ciento respecto del año anterior. Criminalización La penalización desalienta que, en caso de sufrir complicaciones debido a un aborto, las mujeres concurran a servicios de salud sexual y reproductiva, por temor a ser criminalizadas, obligadas de esa manera a exponer su vida frente al riesgo de ir presas. Una situación a la que la gran mayoría queda expuesta, dadas las condiciones de precariedad en la que suelen realizarse las prácticas abortivas. Vida o vida No existe consenso en ningún campo ni disciplina científica sobre el momento considerado como el comienzo de la vida humana. Por ende, el derecho tampoco está en condiciones de definirlo. La ley sí regula el comienzo de la existencia de la persona solamente a los efectos civiles. Pero de acuerdo a los estándares internacionales de Derechos Humanos, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para garantizar que la vida y la salud de la mujer o niña tengan prioridad sobre la protección del embrión. Socorristas en red La organización que desde el año 2010 se ocupa de realizar acompañamientos a las mujeres que quieren abortar presentó en mayo último los datos que recolectó durante 2017. Los resultados arrojaron que de un total de 5871 mujeres entrevistadas que acudieron a la red, el 58,3 por ciento era creyente (de alguna religión) y el 57,2 por ciento ya eran madres. Otro dato sensible que surge de ese informe es que el 62,2 por ciento de esas mujeres manifestó haber sido víctima de algún tipo de violencia, aunque sólo el 28,9% realizó una denuncia. Entre los motivos por los cuales las mujeres deciden abortar, el informe de Socorristas indica que el 43,4% lo hace porque no desea procrear, y un 26,1 por ciento por motivos económicos. En cuanto al momento de practicarse un aborto, el 62,3 por ciento de las mujeres está acompañada por otra persona y el restante 37,7 por ciento tiene como única compañía a la activista socorrista de la red. «