El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que ese fue el resultado de la medición de los últimos seis meses. También revelaron que en Argentina hay 11.6 millones de personas pobres. Según el Indec, la pobreza bajó en el primer semestre del 2017 al 28,6 por ciento del país. Esto implica que en Argentina hay 11,6 millones de personas pobres. Con relación a la medición de la pobreza, la información que se publica está producida con la metodología de cálculo que se ha estado utilizando desde 1992, es decir, con una valorización de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) comparada con los ingresos de los hogares relevados por la Encuesta Permanente de Hogares, aclaró el INDEC. El organismo recordó que, desde el año pasado, la medición introdujo la actualización de la línea de indigencia y de pobreza en base a la composición de la CBA resultante de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.

Los datos presentados por el Ministerio de Trabajo reflejan una constante caída de la ocupación en el sector manufacturero y un crecimiento del registro de monotributistas. Los aumentos de tarifas, los nuevos mecanismos de intervención estatal en los conflictos laborales y la caída en la demanda interna fueron los principales desencadenantes de la desoladora situación. Los datos de empleo presentados por el Ministerio de Trabajo reflejan la continuidad de la caída de la ocupación en el sector manufacturero. Durante la gestión de Cambiemos se perdieron 66 mil puestos y creció el registro de monotributistas. En la comparación contra el mismo mes del año pasado la caída alcanza a 30.300 posiciones. A partir del análisis de los datos oficiales, se desprende que hubo bajas mensuales en dieciséis de los veinte registros publicados desde que Jorge Triaca y Francisco Cabrera asumieron. Cuando se analiza la evolución desde el comienzo del nuevo Gobierno las pérdidas afectaron a 66.400 asalariados industriales, lo que representa alrededor del 5,5 por ciento del empleo manufacturero total. El crecimiento de las importaciones de bienes de consumo con la destrucción de puestos de trabajo en sectores industriales se sumó a los aumentos de tarifas, la política monetaria contractiva, los nuevos mecanismos de intervención estatal en los conflictos laborales y la caída en la demanda interna. Estos son los principales factores que explican el desempeño de la ocupación manufacturera desde finales de 2015. A pesar del sostenido deterioro industrial, los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran una paulatina mejora en el empleo asalariado del sector privado total. Sin embargo, la mejora interanual para el sector privado asalariado no compensa la caída registrada desde que Mauricio Macri asumió la presidencia. “Los datos de empleo no están volando, pero son relativamente satisfactorios”, indicó ayer el subsecretario de Estudios Laborales de Trabajo, José de Anchorena a Cronista.com. Los datos publicados por el Ejecutivo reflejan cómo la destrucción de puestos calificados con remuneraciones por encima de la media es compensada por la creación de ocupaciones precarias con ingresos por debajo del promedio.  

El organismo internacional de Derechos Humanos convocó al Gobierno a dar explicaciones por la avanzada contra trabajadores y jueces. En la audiencia programada para el 24 de octubre, se tratará el “debilitamiento de los mecanismos de protección de trabajadores y de sindicatos”, así como la criminalización de los mismos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tratará la situación de los derechos laborales en Argentina durante una audiencia convocada para el 24 de octubre. Allí se dará lugar a la denuncia de un conjunto de organizaciones que advirtieron acerca del avance del Gobierno sobre los derechos de los trabajadores.   El organismo internacional decidió hacer lugar a las numerosas denuncias acerca de la vulneración de derechos en distintos planos y hechos durante el gobierno de Mauricio Macri. La lista incluye: ataques y criminalización de sindicatos, pedidos de juicio político contra jueces del fuero laboral cuyos fallos contradicen las expectativas del Gobierno, la desacreditación pública de la actividad de los abogados laboralistas equiparada con un “mafia”, así como la demonización de la actividad de ese fuero de la Justicia como si de allí emergieran las razones del desempleo creciente. Entre las organizaciones que hicieron la presentación inicial y que están convocadas para el 24 de octubre figuran la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma, la Ctera, Suteba, la Asociación Bancaria (de la CGT), Conadu (docentes universitarios), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Asociación Civil Corriente Laboralista 7 de Julio, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). La lista sigue. Aparte hizo una presentación que luego se unificó la Asociación de Abogados Laboralistas. La audiencia tratará el “debilitamiento de los mecanismos de protección de trabajadores y de sindicatos”. Además, tendrán la posibilidad de exponer las organizaciones y deberán presentarse representantes del Estado argentino. Foto: BlogEduca

Por unanimidad fue aprobada la prórroga de la Ley 26.160, que será tratada el 4 de octubre en diputados. De ser ratificada habrá cuatro años de plazo para finalizar el relevamiento territorial indígena y se mantendrá la prohibición de desalojos en tierras en disputa. La plaza del Congreso se llenó de organizaciones políticas y sociales que acompañaron el reclamo indígena. Una jornada histórica. Aunque este calificativo suele utilizarse en las movilizaciones indígenas, la concentración de hoy en el Congreso Nacional -la más importante desde la marcha del bicentenario- quedará marcada en los calendarios de los pueblos originarios en Argentina. Desde temprano fueron llegando distintas delegaciones de comunidades al acampe indígena ubicado en la plaza del Congreso. A partir de las 10 de la mañana comenzaron a hacerlo distintas organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos, sindicales, piqueteras, entre otras, que fueron copando la plaza hacia el mediodía, aunque el tema se comenzó a tratar en el Senado recién hacia las 17:00. Desde el inicio de la sesión, los distintos bloques fueron explicitando su intención de aprobar la prórroga por cuatro años. El senador Fernando Pino Solanas, sostuvo que la ley es un impertivo; “son 23 años de postergaciones, porque cuando se llega a un acuerdo para introducir en la Constitución Nacional la batería de derechos indígenas, se hizo en nombre de una reparación histórica. ¿Reparar qué? Reparar una historia de injusticias, de despojos”. Durante el debate se fueron sumando las voces de distintos senadores y senadoras que demostraron por qué esta Cámara es uno de los enclaves más conservadores del país. El premio, otra vez, se lo llevó el jefe de la bancada peronista, el senador por Río Negro Miguel Picheto. Refiriéndose a la acción de algunas comunidades mapuche señaló que “en mi provincia hay un grupo identificado con violencia extrema, y con no reconocimiento al territorio nacional ni a la nacionalidad y tampoco a la ley ni a a la Justicia argentina. Entonces yo quiero decir acá, y esto lo digo de manera personal, no expresando al bloque: para mi no hay tierra sagrada en la Argentina. No puede haber ningún espacio de tierra en territorio argentino, que no esté bajo la jurisdicción de las autoridades, de la Justicia y de las fuerzas de seguridad argentina, si es que tienen que ingresar con orden judicial. Quiero clarificarlo este tema porque hace a una mirada de soberanía”, señaló obviando el reconocimiento internacional y nacional a la autodeterminación de los pueblos. Finalmente, y más allá de los debates, fue aprobada por unanimidad la prórroga de la ley por cuatro años. Con esta media sanción, la prórroga será efectiva si es ratificada en la Cámara de Diputados, que en principio la trataría el 4 de octubre. Aunque existe un acuerdo entre las bancadas, una posible reacción mediática y empresarial en contra, podría abrir el espacio para un retroceso. La 26.160 y el camino que sigue Promulgada en 2006, la ley 26.160 establece la emergencia territorial indígena. Prohíbe los desalojos de comunidades en reivindicación territorial y determina que debe hacerse un relevamiento técnico-jurídico-catastral en las tierras ocupadas por las comunidades. Tuvo un plazo inicial de tres años y fue prorrogada sucesivamente durante el kirchnerismo. El evidente conflicto que generaba el relevamiento con los poderes provinciales, muchas veces aliados al gobierno nacional de entonces, hizo que su aplicación fuera marginal. A once años de su promulgación, dos tercios de las comunidades aún no han sido relevadas. Si a esto sumamos las comunidades que no se encuentran registradas en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el número final de relevamientos es ínfimo a nivel nacional. Con el nuevo gobierno y la ofensiva mediática, policial y judicial que atraviesan los pueblos indígenas en la actualidad, la posibilidad del fin de esta ley -insuficiente, pero importante- se transformó en una realidad. En la sesión del 7 de octubre solo once senadores estuvieron a favor de discutir la prórroga a la ley, encendiendo todas las alarmas. Si la ley no era prorrogada antes de finales de noviembre, los desalojos -que ya son una práctica corriente en todo el país- podían multiplicarse. ¿Qué pasó entre el 7 de octubre y hoy, que, de 11 senadores a favor de la ley, pasaron a ser 63? Las organizaciones indígenas y sus diversos aliados, comenzaron a realizar diversas acciones, negociaciones y particularmente la masiva movilización que hoy se concentró en el Congreso y que demostró que los pueblos indígenas no están solos. Esa demostración de fuerzas fue una señal para todos los sectores políticos. Analizando la jornada, el Werken de la Confederación Mapuche de Neuquén, Lefxaru Nawel sostiene que “nosotros estamos conformes con la aprobación en el Senado, pero es solo un paso. Hasta que no se apruebe en diputados creemos que hay que seguir movilizados, sobre todo ante el marco de represión en todo el país. Sabemos que esto ha sido un logro no solo de la lucha reciente, sino de décadas de los pueblos originarios defendiendo sus derechos, pero sobre todo defendiendo sus territorios”. Pino Solanas coincidió en la mirada crítica; “no basta la prórroga, porque no fija límites, no fija el requisito perentorio de fecha, ni el presupuesto para hacer el relevamiento catastral. Y lo que ha habido es un pedaleo constante del tema central: dar la titularidad a quienes tradicionalmente vienen ocupando esas tierras, que son los pueblos originarios”. “Lo que falta es la voluntad de desprenderse de lo que para algunos es una oportunidad de negocios. Esas tierras no nos pertenecen, hay que entregarlas”, agregó durante el debate en el Senado. Efectivamente la titularización de las tierras es el próximo objetivo que se fijan las organizaciones indígenas. El relevamiento debe ser acompañado por una ley que regule la propiedad comunitaria de las tierras. Quizás este debate en el Congreso pueda estimular esas iniciativas, aunque la nula política indígena del gobierno macrista -que hasta hoy solo había sido tratar de coptar el mayor número de dirigentes- no invita precisamente al optimismo. Queda, sin embargo, como aprendizaje político la

Tras aprobar de la ley que marca el regreso de los «feriados largos» para el 2018, la ministra de Turismo se mostró a favor de la medida. Finalmente el Congreso de la Nación aprobó el regreso de los feriados puente para el 2018. La medida fue muy bien vista por la ministra de Turismo y Cultura, Claudia Grynzpan, quien explicó que siempre estuvo a favor de la medida. “Desde la hora cero siempre apoyamos la implementación de los feriados puente ya que esto, a provincias como la nuestra, se vuelven fundamentales para el mercado turístico», expresó en diálogo con Radio Light. Para Grynzpan «si se suman los feriados, es como una temporada alta».

El juez federal de Rawson pondrá marcha su trabajo en el juzgado para continuar la investigación en el caso de habeas corpus que dejó inconcluso su antecesor con quien se reunirá en su primer día. Lleral ya se comunicó con la familia de Santiago Maldonado y evitó dar cualquier tipo de declaración. Gustavo Lleral ya está en el juzgado federal de Esquel para ponerse al frente de la causa por el habeas corpus presentado para saber dónde está Santiago Maldonado, desaparecido el primero de agosto durante una brutal represión de Gendarmería a la comunidad mapuche en la Ruta 40 en Chubut. «Voy a mantener, primero, una reunión con el juez Otranto para empezar a trabajar», afirmó Lleral a los medios presentes en la puerta del juzgado pasadas las 7:30 de la mañana. Consultado por el diario La Nación si había tenido acceso al expediente, el magistrado solo respondió que había leído «algo». El equipo que acompaña a Lleral está compuesto por los secretarios Gustavo Fabián Latorre y Leonardo Jorge Barzini; el prosecretario interino Juan Carlos Araujo, y el escribiente interino José Daniel Scocco. Ayer, los cinco integrantes del máximo tribunal concedieron la creación de ocho cargos nuevos en el Tribunal N° 2 de Rawson, para evitar que el equipo quede diezmado. Lleral ya se comunicó con la familia de Santiago, según señaló Sergio -hermano del joven- en una entrevista. En Esquel, la fiscal Silvina Ávila continúa con el otro expediente, caratulado «desaparición forzosa».