La Comunidad Warpe del territorio del Cuyum se hizo presente en la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan. Luego de 6 años de espera se produjo el diálogo entre las partes, acordaron una serie de medidas tendientes a lograr las restituciones de cuerpos humanos a Pueblos Originarios y asegurar la participación indígena en los órganos de consulta de la universidad.
«Los cuerpos de nuestros ancestros son parte de la memoria de un territorio milenario avasallado por más de quinientos años, su derecho al descanso eterno en su morada sagrada forma parte de los “derechos de la madre tierra” de acoger a sus hijos en el útero materno. Cuidar, respetar y defender la memoria de nuestros ancestros, y con ello de nuestra madre tierra, es cuidar, respetar y defender nuestros propios derechos como Pueblos Originarios avasallados, violentados, expropiados y diezmados forzosamente por proyectos moderno-coloniales de territorios fundados en el derecho impuesto por el capital. El reclamo por la restitución a la tierra de los cuerpos de nuestros ancestros tiene un profundo significado identitario, significa un acto de reafirmación de nuestra pre-existencia en el territorio milenario, la renovación de un compromiso de unidad entre nuestro cuerpo y el territorio, uno sin el otro no se reconocen, son parte de una totalidad indisociable. Desde este saber, nuestro saber originario, proclamamos el derecho a honrar la memoria de nuestros muertos que todavía viven a través nuestro y gracias a quienes hoy somos y estamos en el territorio».
Así reza la introducción del petitorio presentado por la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum al Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan en octubre del año 2011. Seis años después, y luego de largas idas y venidas del expediente que contiene la demanda, en el día de ayer, 3 de agosto de 2017, finalmente se realizó un nuevo tratamiento del caso en el ámbito de las sesiones ordinarias del Consejo Superior de la UNSJ presidido por su Rector Ingeniero Oscar Nasisi. Esta vez, las demandantes indígenas pudieron expresarse por primera vez en estas mesas de debate del órgano máximo de decisión universitaria, donde fueron gratamente recibidas y escuchadas. El debate se prolongó por más de dos horas y media resultando en la aprobación unánime de dos mociones importantes, surgidas en respuesta de las demandas planteadas. La primera medida aprobada fue la creación, dentro del Consejo Superior, de una comisión especial encargada del tratamiento específico de la temática y que tenga por objetivo asegurar la implementación de la Ley Nacional Nº 25.517 en el ámbito universitario, atendiendo también a la aplicación de los protocolos establecidos en su decreto reglamentario Nº 711/10. Por otra parte, se propuso la creación de alguna figura en el ámbito superior universitario que contemple la participación indígena y el asesoramiento en temáticas que atañen a los pueblos y comunidades originarias que habitan el territorio provincial.
Los antecedentes de la demanda y la discusión
Como bien lo explicó Nadia Gómez, Integrante de la Comunidad Warpe del Territorio del Cuyum, en la sesión de debate del Consejo Superior, el petitorio que contiene una amplia justificación y ocho puntos de demandas específicas, entre ellas la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.517 sobre Restitución de Cuerpos Humanos a Comunidades Originarias, fue presentada originalmente en un acto público efectuado en octubre de 2011 en el rectorado de la UNSJ y con el acompañamiento del Honoris Causa -por la UNSJ- Osvaldo Bayer, durante la gestión del ex Rector Benjamín Kuchen. No obstante esto, los reclamos por la restituciones de cuerpos humanos y sitios sagrados vienen expresándose desde hace varias décadas atrás en San Juan, dijo Nadia Gómez. Muchas de estas demandas se hicieron públicas en eventos y reuniones indígenas y otras se visualizaron también los medios de comunicación. La Comunidad del Territorio del Cuyum entabló de esta manera una demanda colectiva comprendida en este expediente iniciado en 2011, el cual contiene el espíritu de todas estas demandas expresadas en distintos departamentos y comunidades de San Juan por medios no formales.
La demanda contenida el Exp. Nº 01-7750/11 siguió un largo derrotero hasta que en 2013 quedó en un punto muerto luego de las negativas de la Directora del Museo Arqueológico Mariano Gambier, Dra. Teresa Catalina Micheli -dependiente de la FFHyA de la UNSJ-, y del Ministerio de Turismo y Cultura de la Provincia de San Juan, quienes esgrimieron que, la Universidad no tiene, según este punto de vista legal, potestad para realizar las restituciones demandadas, dado que los bienes arqueológicos son patrimonio provincial y solo la autoridad de aplicación puede decidir sobre los mismos. Ellos sostuvieron además, la no obligatoriedad de acatar la ley de restituciones debido a la no adhesión de la provincia de San Juan a dicha ley. Estos informes negativos contenidos en el mencionado expediente adoptan una postura legalista que defiende la potestad del Estado provincial por sobre los bienes arqueológicos dejando inhabilitada la discusión sobre el avance actual en el estado de derechos humanos de los Pueblos Originarios en Argentina luego de la reforma del art 75, inc. 17 de la Constitución Nacional Argentina, reforma que además posibilitó una nueva generación de leyes conducentes a la reparación histórica de los pueblos indígenas. La Dra. Carina Jofré, warpe descendiente e investigadora del CONICET, explicitó en la sesión del consejo las debilidades de estas lecturas jurídicas que, además fueron puestas en cuestión por la propia defensoría del pueblo de la Nación y el director general de Asuntos Legales de la Universidad Nacional de San Juan, Dr. José Luis Miolano, quienes señalaron en los expedientes, entre otras cosas, que no existe impedimento para aplicar la ley nacional en la esfera de las universidades nacionales, y que además, la ley Nacional 25.517 se ajusta mayormente al espíritu de la constitución nacional argentina y de los convenios y tratados internacionales acordados por nuestro país, tales como el Convenio 169 de la OIT y La Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Desde estas críticas antes dichas, los consejeros superiores expresaron sus puntos de vista, mostrando seria preocupación por el incumplimiento de estas normas vigentes en materia de derechos humanos en las cuales incurre la UNSJ al no aplicar la ley requerida y las demandas de participación de los pueblos. Cristina Nacif, consejera superior por la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, pidió perdón en nombre del consejo por la dilatación de 6 años de espera para dar respuesta a esta temática, que consideró urgente. El Consejero Estudiantil, Rodrigo Tejada, pidió al Presidente del Consejo Superior, Ingeniero Nasisi, consecuencia con la política de derechos humanos asumida por la UNSJ y señaló: “nos encontramos ante una oportunidad histórica de hacer un cambio”.
Los momentos más provocadores y emocionantes de la sesión celebrada fueron a partir de las intervenciones de la Amta Paz Argentina Quiroga, guía espiritual de la Nación Warpe, quien hizo un repaso de la lucha indígena y de la misión warpe de recuperar los sitios sagrados y exigir el respeto por los ancestros, abuelas y abuelos encerrados en los museos. El debate también se centró en el rol de las prácticas disciplinarias del Museo Arqueológico Mariano Gambier, y sobre la ausencia de diálogos entre esta institución y los pueblos y comunidades originarias. Todos los presentes, incluyendo el rector de la UNSJ, quien también se hizo eco del pedido de perdón, coincidieron en la necesidad de un cambio que debe ser promovido desde la modificación de las políticas tendientes a respetar los derechos humanos básicos, como son el derecho a la identidad y a la memoria de los pueblos respetando su tarea de reconstrucción social, cultural y política, después de una larga historia exterminio y expoliación.
